EQUIPO NIZKOR |
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22nov07
El pueblo debe tomar la batuta de la paz
Mientras la coalición que apoya y promueve la política de guerra de Uribe Vélez insiste en otorgarle estatus de delito político a las alianzas del paramilitarismo, el gobierno nacional descalifica y cancela la mediación de Hugo Chávez y Piedad Córdoba en su facilitación del acuerdo humanitario.
La ruptura del diálogo evidencia el cinismo de un gobierno que, de un lado, da un portazo al acuerdo humanitario y la negociación de la paz por su obstinada negación del carácter político del conflicto armado mientras, de otro, evidencia un afán por idear artificios jurídicos que permitan que conductas como el concierto para delinquir simple puedan ser consideradas como delitos políticos.
Mientras las gestiones para la paz de Hugo Chávez son entendidas como intervencionismo, el gobierno nacional celebra las alianzas con el gobierno norteamericano que desarrolla operaciones militares ofensivas y apoya sin atenuantes la política de guerra. Mientras la facilitación por un acuerdo que reclama el país se denuncia como intervencionismo, el gobierno se la juega por la laxitud de las instituciones frente a las fuerzas del paramilitarismo y los intereses políticos, económicos y militares norteamericanos.
Nuevamente el gobierno obra en conformidad con su política de guerra. Se equivocan los que creen que la ruptura de la mediación se debió a que las FARC-EP no entregaron las pruebas, o a la llamada de Chávez a un alto mando militar o a las palabras de la posible reunión Uribe-Chávez-Marulanda. La decisión de Uribe se tomó hace mucho tiempo, sólo esperaba un pretexto para la ruptura. La decisión se toma cuando el acuerdo humanitario deja de ser una fórmula para cercar a las FARC, y gracias a la participación de los gobiernos de Venezuela y de Francia, cobra una vigencia como asunto de interés internacional.
Si hay algo que verdaderamente molestó a Uribe fue la posibilidad de ver a Simón Trinidad en un posible canje con los rehenes estadounidenses. Ese hecho y el aplazamiento de la audiencia para fallar demostró que el intercambio iba por buen camino, tanto más cuando se estaban asomando incluso los inamovibles, a la espera de noticias del canje. A Uribe no le interesa el canje o el intercambio, pero no es políticamente correcto decirlo.
Nos hemos equivocado todos al concentrar nuestros esfuerzos en intentar convencer al actual gobierno del intercambio y porque no de un camino de negociación de la paz. Esta claro que Uribe no hará un intercambio, no por su voluntad, así ya no haya exigencia de zona de despeje, así no hayan muchas exigencias, sencillamente porque hacer el intercambio implica el reconocimiento de un conflicto interno y en ese sentido la necesidad de reconocer a los actores del mismo. Estamos convencidos que el gobierno de Uribe no abrirá ninguna puerta de negociación política con las FARC porque pierde su botín, su fuerza y su poder.
Teniendo en cuenta lo anterior, el papel de los sectores populares es abrir caminos inmediatos de paz, dialogo y hechos concretos, la constitución nos cobija y si no fuese así, la vida misma nos justifica que la paz antes que un derecho es un deber de la sociedad colombiana.
Hoy la iniciativa no puede seguir en manos de un gobierno al que antes que interesarle la negociación política esta le incomoda, o de unas FARC autistas políticamente y perdidas en sus propias dinámicas de mantenerse como fuerza militar. No, la iniciativa debe estar hoy en el pueblo, el pueblo organizado, los sectores populares debemos asumir la iniciativa de la Paz, y ese es el inamovible del pueblo: no renunciamos a la paz negociada.
Propuestas:
- Habilitar escenarios regionales de dialogo de paz, y revivir los diálogos regionales allí donde sea posible de manera inmediata.
- Despejar simbólicamente a pradera y florida y convocar una gran cumbre nacional por el acuerdo humanitario y la paz en estos municipios.
- Convocar una cumbre internacional por la paz en Colombia en la ciudad de Caracas que genere un apoyo a las labores que ha desempeñado el hermano pueblo venezolano y que siente un precedente.
- Acoger la propuesta de los países facilitadores de 2005 cuando plantearon una ruta de zona de encuentro por cuarenta y cinco días.
Por laz paz, no más ruegos: es nuestro derecho es nuestro deber.
Noviembre 22 de 2007
Dirección Nacional Colegiada
Red de Justicia Comunitaria y Tratamiento del Conflicto
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