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Proceso de paz entre paramilitares y gobierno: ¿Con quién, qué y Cómo se negociará?
Por Claudia Julieta Duque.

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En Barrancabermeja "puerto petrolero al oriente de Colombia, una de las ciudades más convulsionadas por el conflicto armado que vive el país" han impuesto normas de convivencia entre adultos, castigos y sanciones para los niños y niñas que incumplen sus tareas académicas o pelean con sus hermanos, penas que incluyen el exilio forzado para los homosexuales y la violación sexual para las mujeres que usan minifalda o para aquellas que se niegan a ser sus novias. A una de ellas, después de violarla, le dejaron en los senos las siglas AUC tras marcarla con un puñal. Y, al tiempo que en el último año han incrementado en más de un 90 por ciento la práctica de las desapariciones forzadas en la región, se han dedicado a impulsar escuelas de liderazgo político dirigidas a líderes comunitarios que deseen aspirar al concejo municipal o a la alcaldía en favor de los intereses paramilitares.

Es allí donde el 7 de abril fue asesinado el periodista Emeterio Rivas, director de la emisora comunitaria Las Fuerzas Vivas de Barrancabermeja, días después de haber denunciado al alcalde de la ciudad, Julio César Ardila, por la adjudicación de contratos para la ejecución de obras públicas que habrían favorecido a los dos principales comandantes paramilitares de la región. Es allí también donde la Organización Femenina Popular (OFP) lucha por sobrevivir entre las amenazas, intimidaciones, hostigamientos y asesinatos de sus miembros, mientras continúa denunciando que los paramilitares del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) manejan en el puerto desde las bolsas de empleo hasta las contiendas electorales, y que las zonas vecinas al Río Magdalena se han convertido en cementerios públicos de restos humanos. "Los cadáveres allí recogidos casi siempre están en estado de descomposición y mutilados", afirman las integrantes de la OFP.

Y aunque el poder paramilitar en Barrancabermeja no es nuevo "entre 1991 y 1993 operó en el puerto la Red 07 de inteligencia y exterminio, integrada por paramilitares, militares y miembros de la armada nacional, responsable de múltiples crímenes de sindicalistas y dirigentes del movimiento social; y en los años 80 se extendió hasta allí el accionar del MAS (Muerte a Secuestradores), primer movimiento paramilitar del país" sí lo es el hecho de que, de acuerdo con la OFP, en la actualidad los paras ejercen "dominio absoluto" territorial, política y administrativamente en la ciudad y sus zonas aledañas: hoy, las AUC son omnipresentes en la región y, pese a ello, son prácticamente nulos los enfrentamientos entre paramilitares y autoridades policiales o militares de la zona, como lo ha denunciado en diversas ocasiones la Defensoría del Pueblo.

El caso de Barranca, como también se le conoce a la ciudad, es paradigmático de lo que viene sucediendo en Colombia: la expansión del poder de las autodefensas no sólo en el ámbito militar sino también en los niveles político y administrativo, sumada a los diálogos exploratorios de paz que casi en completo sigilo adelantan las AUC con el gobierno de álvaro Uribe Vélez, con los cuales buscan lograr su reconocimiento como un "actor armado pro-estatal no pro-gubernamental", como las define Carlos Castaño, principal líder paramilitar.

No en vano a comienzos de junio el Bloque Central Bolívar (BCB) de las AUC anunció, de un lado, el inicio de conversaciones formales de paz con el gobierno nacional y, del otro, su intención de revivir en las próximas elecciones el Movimiento Anticomunista de Renovación Nacional (Morena), que nació y murió durante los 80 bajo el amparo de la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam), y que eligió como parlamentario a Iván Roberto Duque, hoy prófugo de la justicia por homicidio y conformación de grupos paramilitares, mejor conocido como el comandante Ernesto Báez, tercero al mando de las AUC en el nivel central y principal líder del BCB.

En la fase exploratoria para una eventual apertura formal de diálogos de paz con el gobierno se encuentran también los bloques Alianza de Oriente (que opera en los Llanos Orientales y el departamento del Putumayo), Elmer Cárdenas (Antioquia), las Autodefensas de Santander y Sur del Cesar, Cacique Nutibara (Medellín y su zona metropolitana), Calima (Tolima), Cacique Calarcá (departamentos del Eje Cafetero: Risaralda, Quindío y Caldas) y las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (departamentos de Chocó, Córdoba y Antioquia), los cuales constituyen una fuerza cercana a los 15.000 combatientes. Por fuera de las negociaciones están grupos tan importantes como el bloque Ramón Isaza (Tolima y Magdalena Medio), Metro (grupo urbano que opera en Medellín) y las Autodefensas del Casanare (también de los Llanos Orientales).

Negociar ¿Con Quién?

La política de seguridad democrática planteada para Colombia por el presidente álvaro Uribe Vélez desde su llegada al poder en agosto del 2002, ha estado enmarcada por dos temas fundamentales: la lucha contra la guerrilla "o contra el terrorismo, que para Uribe son sinónimos" y el inicio de diálogos de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia.

En el caso de la lucha contraguerrillera, el presidente ha creado el impuesto sobre el patrimonio, con el propósito de recaudar dinero extra para fortalecer a las fuerzas militares; mientras que le ha dado impulso a la conformación de grupos de soldados campesinos, que no son otra cosa distinta a civiles armados y entrenados durante tres meses para realizar actividades militares (a la fecha se han graduado cerca de 5.000 en todo el país), y el programa de un millón de informantes, jocosamente conocido en el país como el plan del millón de amigos o el millón de sapos, que busca involucrar a la población civil en la delación de delitos y delincuentes a cambio de dinero (en la actualidad, han sido reclutadas a la red de informantes cerca de 390.000 personas, de acuerdo con el centro de noticias de la Presidencia de la República).

Recientemente, la ministra de Defensa Martha Lucía Ramírez anunció que en lo que va corrido del 2.003 ha habido "125.778 capturados de las autodefensas, la guerrilla, los narcotraficantes y la delincuencia organizada", cifra escandalosa si se tiene en cuenta que los cálculos más osados hablan de 20.000 combatientes paramilitares y 30.000 guerrilleros, y que obligadamente conlleva dudas respecto a lo que las organizaciones de derechos humanos no dudan en calificar como una "cacería de brujas" contra sindicalistas, líderes comunitarios, funcionarios públicos, educadores, campesinos, y hasta miembros de la iglesia católica.

En el segundo punto, el de los diálogos con los paramilitares, Uribe logró la aprobación de la ley 782, que excluyó la declaratoria del estatus político como condición para adelantar diálogos de paz y abrió las puertas para negociar con un grupo armado sin que éste deba ser reconocido como actor político del conflicto, hecho que benefició directamente a las autodefensas, las cuales no se encuentran en confrontación con el gobierno (son pro-estatales y no buscan subvertir el orden establecido en el país) y cuyo accionar difícilmente podría calificar dentro de la categoría del delito político (ataques indiscriminados contra la población civil, masacres, desapariciones y desplazamientos forzados, etc.).

Asimismo, Uribe conformó una comisión exploratoria para avanzar en la búsqueda de la paz con los paramilitares tras el anuncio del cese al fuego unilateral por parte de las AUC en diciembre pasado, el cual, por otra parte, no se ha cumplido en casi ninguna parte del país: de acuerdo con el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, continúan los asesinatos selectivos de civiles, los reclutamientos, las desapariciones y los desplazamientos forzados, así como los ataques indiscriminados contra la población de las zonas rurales. Entre diciembre de 2002 y marzo de 2003, fueron registradas al menos 21 masacres cometidas por paramilitares.

A finales de junio, mientras la comisión exploratoria recomendaba el inicio de diálogos formales entre el gobierno y las AUC, la embajadora de Estados Unidos anunciaba que su país financiaría con cerca de 3 millones de dólares el proceso de paz entre paramilitares y gobierno. Un mes antes, Uribe Vélez había generado una aguda polémica al anunciar la presentación de un proyecto de ley que les otorgará libertad condicional a los autores de hechos atroces y crímenes de lesa humanidad que firmen un acuerdo de paz. Pero, ¿con quiénes negociará el gobierno nacional?

La respuesta más simple se encuentra entre quienes aseguran que la existencia del paramilitarismo corresponde a una estrategia contrainsurgente del Estado colombiano, diseñada en 1.962 bajo la supervisión de una misión militar norteamericana a Colombia y legalizada mediante decretos y resoluciones hasta 1.989, cuando la Corte Suprema de justicia declaró inconstitucional la creación de grupos civiles de autodefensa y cuando el paramilitarismo fue proscrito por el entonces presidente Virgilio Barco.

No obstante, la realidad es que, como bien lo afirma el congresista Gustavo Petro, en la actualidad el paramilitarismo es una compleja mezcla entre narcotraficantes, autoridades civiles y militares, poderosos empresarios, terratenientes e industriales del orden nacional y local, que ha sido responsable de magnicidios, masacres, desplazamientos y desapariciones forzadas, torturas y genocidios contra los pueblos indígenas y las comunidades negras del país: basta con mirar los reportes que se repiten año a año provenientes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo, las ONG nacionales e incluso del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que sólo ha certificado en derechos humanos a 8 de las 30 brigadas militares del país.

Sólo en el año 2.002, los paramilitares cometieron el 86.8% de las ejecuciones extrajudiciales, el 83.7% de las amenazas; el 78.3% de las desapariciones forzadas, el 70% de las torturas y el 77.8% de las violaciones sexuales. Con respeto a las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, los paramilitares fueron responsables del 39.91% de los casos y las guerrillas del 43.84%, de acuerdo con las cifras del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política.

Y si bien la existencia de nexos entre la fuerza pública y los paramilitares es negada constantemente por el gobierno nacional, la realidad demuestra que las relaciones entre paramilitares y militares aún persisten. Entre julio de 2.001 y marzo de 2.003, la Procuraduría General de la Nación abrió 33 investigaciones disciplinarias contra miembros del ejército, la policía y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía secreta, organismo adscrito a la Presidencia de la República) por sus presuntos vínculos con paramilitares, lo que representa más de una nueva investigación por mes en un ambiente en el cual la impunidad en casos de violaciones a derechos humanos es cercana al cien por ciento.

Las pocas investigaciones que dan resultados confirman la permanencia de dichos vínculos: a mediados de junio fueron condenados como autores de la masacre de 45 personas en Mapiripán (Meta) varios oficiales del ejército y el líder paramilitar Carlos Castaño. En la actualidad, el general Jairo Humberto Uscátegui, quien para la época de los hechos se desempeñaba como comandante de la brigada militar de la zona, está siendo investigado por omisión y complicidad con los asesinos. Asimismo, en el caso del intento de asesinato contra el líder sindical Wilson Borja, hoy representante a la Cámara, cuya autoría se atribuyó el propio Castaño al día siguiente del atentado en diciembre de 2.000, están vinculados un mayor y varios oficiales del ejército.

¿Negociar qué?

Pese al respaldo casi unánime a la gestión del presidente Uribe, muchas voces han expresado su preocupación respecto al eventual inicio de conversaciones formales de paz con las AUC. De un lado, las organizaciones sociales y de derechos humanos han alertado sobre la posibilidad de que los paramilitares sean legalizados a través del programa de soldados campesinos o vinculados a la red de informantes, y por la eventual impunidad con la cual sería sellado un acuerdo de paz con las AUC, dadas las intenciones del gobierno de dejar en libertad a quienes han cometido crímenes contra la humanidad.

De otro lado, los inocultables vínculos entre narcotráfico y paramilitarismo "los dos principales líderes de las AUC fueron solicitados en extradición por Estados Unidos, mientras en los dos últimos años en Nicaragua, Panamá y Honduras han estallado diversos escándalos relacionados con el intercambio de cocaína por armas para los paramilitares, y en Colombia los bloques disidentes de las AUC han denunciado que lo que se está negociando es la entrega de las rutas del narcotráfico" han permitido que algunos analistas llamen la atención sobre el hecho de que un eventual acuerdo de paz serviría para limpiar el historial narcotraficante de algunos miembros de las AUC, entre los cuales se encuentra el actual inspector de los paramilitares, Adolfo Paz, también conocido como Don Berna, antiguo lugarteniente del cartel de Medellín.

Y, finalmente, el total sigilo con que se han manejado los contactos realizados hasta ahora, permiten entrever que en una eventual negociación no serían "tocados" los temas claves del paramilitarismo: sus vínculos con la fuerza pública, sus nexos con la clase empresarial e industrial del país al más alto nivel (vínculos que el propio Castaño ha reconocido en diversas ocasiones) y la concentración de la riqueza que ha generado el accionar paramilitar y ha beneficiado a grandes terratenientes y ganaderos.

Hasta ahora, pocas propuestas se han escuchado por parte de quienes se oponen a los diálogos tal y como han sido planteados. La más importante de todas es la de quienes piden la creación de una Comisión de la Verdad para el esclarecimiento no sólo de los crímenes y las finanzas del paramilitarismo sino también de los nombres de quienes promueven y respaldan la existencia de grupos paramilitares en el país.

Pero, tal y como está planteado el asunto, no es fácil prever que el diálogo permitirá una salida que favorezca a las víctimas del paramilitarismo o a sus sobrevivientes: como bien lo afirma el presidente de la Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazamiento (CODHES), Jorge Rojas, hasta el momento quien gana es Uribe y quien pierde es Colombia

Este documento ha sido publicado el 03ago03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights