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19dic04
Michael Frühling dice que hace falta un marco legal.
En 2004 el cumplimiento de las 27 recomendaciones de la ONU en materia de Derechos Humanos se convirtió en la agenda común de la comunidad internacional para condicionar la ayuda a Colombia. El representante de la Oficina en Colombia, Michael Frühling, hace el balance y anticipa que en el informe para 2005, a pesar de los avances, persisten las violaciones de los grupos ilegales y agentes del Estado.
P. ¿Cuál es el balance de las recomendaciones que hizo su oficina para 2004?
Es un poco temprano para hacerlo, porque es un proceso de implementación de las recomendaciones. No se hacen las cosas de la noche a la mañana. Durante el segundo semestre del año ha habido mayor interés en las diferentes instancias del Estado, y esperamos que ese interés siga transformándose en medidas concretas para avanzar en las recomendaciones.
P. Una de esas recomendaciones era la revisión de los archivos de inteligencia, ¿se ha hecho?
Sí. Vemos que han comenzado a tomar ciertas medidas y nos parece alentador. El Procurador ha aceptado participar en un proceso de revisión de estos archivos y sabemos que ha habido contactos entre la Procuraduría, el Ministerio de Defensa y las organizaciones defensoras de DH.
P. ¿Cómo es hoy la situación de los defensores de DH?
El cuadro es variado y hay que enfatizar en la necesidad de que el Gobierno y el Estado tengan una política coherente. Por un lado tenemos los programas de protección de defensores de DH y de sindicalistas, allí se han tomado medidas, pero la recomendación incluye evitar que haya riesgos para ellos. Por eso insistimos en que las declaraciones oficiales de altos funcionarios del Gobierno sean cuidadosas para no ponerlos en riesgo.
P. ¿Ha bajado o subido el nivel de tensión entre el Gobierno y las ONG?
Como mencioné, en el segundo semestre del año se ha visto más interés, y parte de este interés ha sido expresado en una serie de reuniones (hasta el momento 7) de representantes del Estado y las organizaciones de DH en el seguimiento del proceso de implementaciones de las recomendaciones.
Hemos estado presentes y también los representantes del grupo de los países que firmaron la Declaración de Londres. Este ejercicio de valoración ha sido muy positivo porque ha habido respeto mutuo y claridad.
P. El gobierno Uribe dice que no hay conflicto interno, que sólo existe una amenaza terrorista. ¿En este contexto es fácil hacer su trabajo?
Sabemos muy bien en la Oficina que el país está padeciendo un conflicto armado interno desde hace cuatro décadas. Incluso, ese reconocimiento se refleja en documentos oficiales y está incluido en leyes. Sabemos que existe ese conflicto en formas muy tristes. Por eso enfatizamos en que se aplique el Derecho Internacional Humanitario. Por parte de la Oficina siempre nos dirigimos a quienes participan en las hostilidades.
Si se trata de caracterizar la situación que padece el país de otra forma, se corre el riesgo de deshacerse de un instrumento valioso como es el DIH. Esta guerra es tan inútil y tan triste, que francamente no sirve para nada. Los métodos son degenerados e incluye actos de terrorismo como parte del conflicto.
P. ¿Cómo evalúa el acatamiento de sus recomendaciones por parte de los actores ilegales?
Los grupos alzados ilegales, guerrilleros o paramilitares, lamentablemente no han tomado en cuenta las recomendaciones que están dirigidas a ellos. Pero tenemos elementos para pensar que sí los están leyendo.
P. ¿A la larga se van a sentir las consecuencias de no haber cumplido las normas del DIH?
Definitivamente. Un ejemplo de esto es la discusión candente sobre un marco legal adecuado que tenga que ver con honrar debidamente el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación a las víctimas. Y se trata no sólo de los grupos ilegales, se aplica también a los agentes del Estado.
P. En el proceso con las autodefensas se producen hechos sin marco legal. ¿Qué puede pasar con esa nebulosa?
Hemos dicho que sería aconsejable tener cuanto antes un marco jurídico adecuado, porque da más claridad y transparencia y ayuda al país a recibir ayuda internacional para las desmovilizaciones, negociaciones y reinserciones.
P. ¿Qué garantía hay hacia adelante de estos procesos frente a la justicia internacional?
Si uno hace bien el marco jurídico, tiene un buen blindaje. Colombia tiene la posibilidad de beneficiarse de anteriores experiencias, no para copiar, pero sí para tomar en cuenta lo positivo y evitar las que no eran tan positivas y que han permitido que en otros países tengan que ser revisadas años después.
P. ¿El Gobierno puede tener a los ex paramilitares en una zona sin saber qué pasará con ellos?
Nuestro consejo muy respetuoso: se debe tener cuanto antes ese marco jurídico.
P. En el acuerdo humanitario, ¿ve avances?
Las Farc tienen la obligación de liberar a todas las personas secuestradas, sanas y salvas. En la ausencia de que esto se dé, le compete al Gobierno por las normativas de los derechos humanos, buscar opciones. Se necesita mucha discreción y ser muy novedosos. La comisión de la Iglesia ha hecho un trabajo valioso y lo puede seguir haciendo.
P. ¿Siente frustración por hacer tantas recomendaciones y no ver muchos resultados?
Yo suelo bromear al decir que el trabajo por los derechos humanos es parecido a correr una maratón. Uno necesita tener perspectiva, utilizar bien las energías constantes en el tiempo, saber que es un largo tramo, donde lo importante es lograr recorrer toda la distancia y juntos alcanzar el fortalecimiento de los derechos humanos. Claro está que uno quisiera ver resultados más rápidos, pero forma parte del oficio que necesita más paciencia y constructividad.
P. ¿Qué situación específica le preocupa más ahora que termina este año?
A pesar de los esfuerzos para mejorar la situación de los derechos humanos, hay varias situaciones difíciles. La alta comisionada, en su próximo informe va a detallar eso, con mucha claridad, como debe ser. Durante el año 2004 hemos visto que han seguido las detenciones y los allanamientos masivos con fundamentos muy débiles, hemos tratado de decirle al Gobierno que no siga con eso. Hemos visto también que hay números altos de desapariciones forzadas y hay ejecuciones extrajudiciales.
P. ¿Se refiere a ejecuciones por parte del Estado?
Por definición, las ejecuciones extrajudiciales se refieren a servidores públicos, o de grupos armados ilegales en connivencia con miembros del Estado. Hemos visto también problemas en la administración de justicia, casos de maltrato y de tortura. La población carcelaria ha aumentado mucho en corto tiempo, llegando a grados de hacinamiento del 40%. Las comunidades indígenas y afrocolombianas padecen más que otra gente. Dentro del conflicto armado interno, los que están cometiendo las peores violaciones son los grupos armados ilegales.
[Fuente: El Espectador, Bogotá, Col, 19dic04]
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