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01jun05
Denuncian que el Gobierno insiste en extender beneficios de ley de 'paras' a narcotraficantes.
Las comisiones Segunda y Tercera de Senado y Cámara aprobaron el artículo 64 de justicia y paz y revivió el estatus político para las autodefensas.
Sobre la intención de extender los beneficios de la ley, el senador Jimmy Chamorro dijo al término del debate en la Comisión Segunda, que el Gobierno “abrió el boquete para solucionar casos como el de ‘don Berna’.
La movida, a la que Chamorro no dudó en llamar “nuevos micos del Gobierno consiste en excluir dos incisos (10.6 y 11.6) aprobados en las comisiones primeras de Senado y Cámara, propuestos por Germán Vargas y considerados en su momento como una medida de “blindaje” para impedir que los beneficios de la ley cobijara a narcotraficantes puros.
Los textos que podrían desaparecer de la ley rezan que para gozar de esta legislación se requiere “no haber realizado actividades de narcotráfico antes de su ingreso al grupo armado al margen de la ley y que durante su permanencia en el grupo no hubiere incurrido en enriquecimiento ilíicito derivado de narcotráfico”.
Al revisar la ponencia publicada en la Gaceta 221 de 2005, citada en el orden del día para segundo debate en Senado, se constata que evidentemente no aparecen los incisos señalados por Chamorro.
El Tiempo consultó a Vargas, autor de los incisos en las Comisiones Primeras, y respondió que por ninguna razón esos textos pueden desaparecer del articulado para segundo debate y anunció que los defenderá. “Pregúnteles a los otros ponentes por qué los sacaron”, dijo.
El representante Roberto Camacho, coordinador de ponentes del proyecto en la Cámara de Representantes, dijo que no conocía el hecho.
La denuncia de Chamorro está reforzada con la tesis, según la cual, el Gobierno fue el verdadero autor de todas las ponencias del proyecto, y no los congresistas, como lo exige el reglamento. Chamorro mostró a los periodistas unos diskettes y unas impresiones a las que llamó “pruebas” de su afirmación.
El ministro del Interior, Sabas Pretelt, negó que el Gobierno hubiera elaborado las ponencias. “Eso no es cierto, tenemos mucho respeto por los congresistas”, expresó.
Esta afirmación de Chamorro está dirigida a demostrar que el proyecto ha sido dirigido por el Gobierno a “facilitar preferentemente las negociaciones con los paramilitares”.
“El artículo 64, tal como está, abre un boquete sumamente peligroso”, dijo de manera reiterada durante el debate sobre el tema.
Chamorro dijo, además, que el Gobierno presentó un proyecto “fachada” para mostrárselo a la comunidad internacional”, pero que en realidad la iniciativa que sirvió de base para expedir la ley fue el texto elaborado por el alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, presentado a través del representante Armando Bennedetti.
Las comisiones también aprobaron la apelación del artículo 61 que habla de la rebaja general de penas a todos los colombianos privados de la libertad, con excepción de los autores de delitos sexuales y narcotráfico.
El siguiente es el texto de los artículos aprobados:
Artículo 61. Rebaja de Penas.
“Las personas que al momento de entrar en vigencia la presente ley cumplan penas por sentencias ejecutoriadas, tendrán derecho a que se les rebaje la pena impuesta en una décima parte. Exceptúese los condenados por los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, lesa humanidad y narcotráfico.
Para la concesión y tasación del beneficio, el Juez de ejecución de penas y medidas de seguridad tendrá en cuenta el buen comportamiento del condenado, su compromiso de no repetición de actos delictivos, su cooperación con la justicia y sus acciones de reparación a las víctimas”.
Artículo 64. Sedición.
“Adicionase al artículo 468 del Código Penal un inciso del siguiente tenor:
“También incurrirá en el delito de sedición quienes conformen o hagan parte de grupos guerrilleros o de autodefensa cuyo accionar interfiera con el normal funcionamiento del orden constitucional y legal. En este caso, la pena será la misma prevista para el delito de rebelión”.
“Mantendrá plena vigencia el numeral 10 del artículo 3° de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas suscrito en Viena el 20 de diciembre de 1988 e incorporado a la legislación nacional mediante Ley 67 de 1993”.
Habla el Comisionado
La aprobación de la Ley de Justicia y Paz permitirá que los delitos que cometan los paramilitares durante el proceso de diálogo, en violación del cese al fuego, serán cobijados por una ley que fija penas máximas de ocho años de cárcel para los crímenes de lesa humanidad, señaló este miércoles el gobierno colombiano.
El alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, dijo que la ley de Justicia y Paz, propuesta por el gobierno al Congreso, "cobijará los delitos cometidos con anterioridad a su expedición", al referirse al caso del jefe paramilitar Diego Murillo, quien se entregó el viernes a las autoridades sindicado del asesinato de un político y otras dos personas en abril último.
"Todos los delitos cometidos hasta la expedición de la ley, y que tengan que ver con el accionar de la organización, podrán ser cobijados siempre y cuando se cumplan los criterios establecidos" en la norma, declaró Restrepo a Radio Caracol.
El funcionario precisó que tales condiciones son "que haya juzgamiento y condena; que se repare a las víctimas y éstas queden satisfechas; que se establezca una pena alternativa privativa de la libertad, que suplirá la condena máxima; y que la persona desmonte el grupo bajo su mando y entregue los bienes ilícitos".
"Si se cumplen todos esos requisitos la persona podría recibir el beneficio, y por su puesto el señor Murillo también", añadió. Restrepo negó que tal criterio suponga "dar vía libre" a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para que delincan y violen el cese de hostilidades que declararon a fines de 2002, como paso previo al proceso de paz con el gobierno de álvaro Uribe.
"Lo normal cuando se expiden las leyes es que rijan a partir de su vigencia. Nosotros hemos tenido interés en que esta ley salga con rapidez. El gobierno la puso a discusión desde septiembre de 2003 y muchos dijeron entonces que era prematuro, que se estaba comenzando por el final", anotó.
El comisionado también negó que el gobierno esté promoviendo la impunidad al haber cobijado a Murillo, alias 'Don Berna', con otra ley que concede beneficios a los irregulares involucrados en negociaciones de paz, a cambio de que el jefe paramilitar se desmovilizara con 4.000 de sus hombres.
"No hay impunidad. La hay cuando no se aplica la justicia. El gobierno no la está obstruyendo, la está favoreciendo. Hoy Murillo está a disposición de las autoridades", afirmó.
Restrepo dijo igualmente que el pacto con 'Don Berna', procesado en Estados Unidos por narcotráfico, fue una "buena fórmula para salvar el proceso" de paz y avanzar en el desarme de los 20.000 combatientes de las AUC este año, de los cuales ya lo han hecho unos 5.000.
Murillo fue recluido el martes en una finca del departamento de Córdoba -bastión de los paramilitares-, donde fue interrogado por fiscales y se halla bajo custodia de la fuerza pública.
El procurador general, Edgardo Maya, cuestionó por su parte el acuerdo, al señalar que 'Don Berna' debe ser trasladado a una cárcel convencional.
Consideró que los privilegios que se le han concedido vulneran el principio de igualdad en la administración de justicia.
Fuente: Agencia AFP, El Tiempo, Bogotá, 01jun05]
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