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Sep07
Manifiesto de las FARC
Compatriotas:
1. La dignidad nos está convocando a la resistencia en unidad frente al gobierno forajido, ilegítimo e ilegal que se ha tomado el Palacio de Nariño, a la convergencia y al Acuerdo Nacional para superar la profunda crisis institucional y de gobernabilidad que abate al país, y para concertar caminos ciertos hacia la paz duradera.
Colombia merece respeto. No podemos tolerar más esa mafia narco-paramilitar de latifundistas y ganaderos, narcotraficantes y empresarios que, con el apoyo militar del gobierno de los Estados Unidos y el bombo de los medios de información, convirtieron a Colombia en un infierno de la guerra, las masacres, las detenciones masivas de ciudadanos, las desapariciones, la miseria y el saqueo, y de todos los desafueros del terrorismo de Estado.
2. El gobierno de Uribe marcha al compás de las directrices de Washington y de las exigencias de poderosos capos narco-paramilitares como Salvatore Mancuso, Jorge 40, Castaño, Cuco Vanoy, Isaza, Báez, Macaco, Don Berna, El Alemán, Giraldo, El Tuso, Gordo Lindo y otros siniestros personajes de motosierra y cocaína, socios del Presidente. Esa mafia financió con maletas repletas de dólares las dos campañas presidenciales de Uribe.
Sí; ellos lo eligieron, y son ellos los que están mandando.
Impusieron a punta de fusil, de terror y de fraudes electorales a decenas de congresistas, gobernadores y alcaldes que han actuado como peleles del paramilitarismo en la política y en el gobierno. Como se creían los dueños del país no tuvieron reparo en proclamar con clarines de victoria que habían logrado elegir el 35% del actual congreso, lo que equivale a unos 80 representantes y senadores. Esos mismos votos contaminados llevaron a Uribe a la Presidencia de la República, y por eso y mucho más, su mandato es ilegítimo e ilegal.
Este gobierno está erigido sobre miles de fosas comunes y masacres, sobre tierras despojadas y millones de desplazados, sobre lágrimas y luto… Nada se hizo sin el visto bueno o sin la participación de las fuerzas armadas oficiales.
Toda la cúpula del Estado, empezando por el propio Uribe, cabecilla principal de los "paracos", está invadida por el monstruo de la narco-para-política que se tomó a Colombia. El Vicepresidente fue el inspirador del bloque paramilitar que actuó sobre la capital. La comandancia del ejército y la policía no puede negar que siempre actuó en concierto para delinquir con ellos. El Ministro de Defensa conspiró con Carlos Castaño.
La ex canciller Araújo era cuota de Jorge 40. El ex jefe del DAS Jorge Noguera, además de montar con ellos el conocido fraude electoral a favor de Uribe, les suministraba la lista de los dirigentes sindicales y populares que debían asesinar.
Al país se lo estaban robando los mandamases paramilitares y Uribe no decía nada. Se robaron los recursos de la salud. Mordieron cuanto contrato aparecía. Saquearon los presupuestos departamentales y municipales. Se les permitió cobrar impuestos…El acuerdo de Ralito, pacto de las tinieblas entre el gobierno y sus paramilitares, fue el pacto de la impunidad, en el que el gobierno se comprometió a garantizarles penas irrisorias y simbólicas, participación en política, la no extradición, el respeto a sus riquezas mal habidas amasadas con el despojo, el narcotráfico y el lavado de activos.
Esa es la razón que ha compelido al Presidente Uribe al desacato y al desafío insólitos frente a la providencia de la Corte Suprema de Justicia que dictaminó que paramilitarismo y concierto para delinquir no es sedición. Él entiende que sin el rótulo artificial de delito político que pretendía colgarle al paramilitarismo para santificarlo, se le cierra la más importante opción de impunidad con que contaba, no sólo para favorecer a los paramilitares, sino para exculpar al Estado, genitor de esa inhumana estrategia contrainsurgente en la que también están involucradas la CIA y la DEA.
Es que Uribe se ha merecido el repudio de los pueblos que en sus giras internacionales lo recibe con gritos de asesino; que renuncie por paramilitar, por ilegítimo y por ilegal.
Cualquier gobierno del mundo en tales circunstancias ya habría caído sin remedio. Y los colombianos no somos menos para tolerar semejantes gobernantes, así cuenten con el respaldo del gobierno de los Estados Unidos.
3. Colombia está siendo violentada además por la política de Seguridad Democrática diseñada por Washington como desarrollo de la vieja Doctrina de Seguridad Nacional y como estrategia del predominio del imperio sobre los pueblos de Nuestra América. En esencia esta política-explicada por el general Craddock del Comando Sur busca en el marco de la recolonización neoliberal, asegurar la inversión y el expolio de las transnacionales mediante la aplicación de leyes severas y la fuerza, para reprimir y aniquilarla resistencia de los pueblos y la inconformidad social.
No podemos permanecer impasibles frente a esta política que ya empieza a ser ejecutada también por otros gobiernos del hemisferio.
Para el caso de Colombia la Seguridad Democrática tiene como componente militar el Plan Patriota, cuyo objetivo principal es la derrota militar de la guerrilla de las FARC, o en su defecto, la reducción de su voluntad de lucha para llevarla doblegada a la mesa de negociaciones. Desde luego no se sienten tranquilos con esta alternativa de poder construida por el pueblo como resistencia a décadas de violencia estatal y de opresión.
Con ese objetivo de derrotar a la guerrilla movilizaron decenas de batallones y brigadas móviles hacia el sur y lanzaron grandes y sostenidas operaciones en otras áreas del país. Instalaron puestos de mando con oficiales gringos en Larandia y Tres Esquinas, Caquetá, en los umbrales de la Amazonía que codician. Activaron satélites espías y aparatos con tecnología militar de punta.
Desplegaron cercos estratégicos, bloquearon zonas campesinas, desplazaron a la población, asesinaron y desaparecieron civiles, incendiaron parcelas, robaron ganados, bombardearon día y noche, trillaron selva y cordilleras, y no han podido en cinco años mostrar un resultado contundente. Sólo el desgaste inútil y el resquebrajamiento de la voluntad de lucha de las tropas oficiales que mueren en la selva o salen lisiados de ella, porque así lo quiere un loco guerrerista que vocifera en Bogotá y echa generales por ausencia de resultados o partes de victoria.
De la pólvora y el fragor de los combates está surgiendo una fuerza guerrillera de nuevo tipo, fogueada en las maniobras enemigas y en el choque con las nuevas tecnologías de la operatividad contrainsurgente, guerrilla que es verdadero poder de fuego político y militar al servicio de la causa popular.
Pero paralelamente al desarrollo del Plan Patriota en los distintos teatros de operaciones, el gobierno iba entronizando el delito de opinión, la represión de la conciencia, hasta llegar a encarcelar a más de 150 mil ciudadanos acusándolos de simpatizar con la guerrilla. En aras de disuadir el respaldo al proyecto político y social de la insurgencia se está cercenando a Colombia el derecho universal a la opción política. No le bastó eliminar físicamente a toda una generación de revolucionarios que se incorporaron a la Unión Patriótica como alternativa legal de cambio; ahora quieren imponer un pensamiento, el de la nueva inquisición, de la derecha y el fascismo. Un pensamiento que criminaliza la protesta social con el cuento que detrás de toda movilización popular contra las políticas del gobierno está la guerrilla. Un autoritarismo que quisiera barrer con la autonomía y la independencia de las otras ramas del poder público para establecer sin sobresaltos constitucionales el reino de la tiranía, que solo tolera las oposiciones que no se propongan el cambio del statu quo, de las estructuras de la opresión.
4. Esa derecha fascista activó el presupuesto de la nación en función de la guerra y el resultado es el desastre social. Niños que mueren de hambre, crecimiento de la pobreza y del marginamiento, abandono total de los proyectos de construcción de vivienda popular; la mayoría de la población sin servicios de agua, luz y alcantarillado.
Indiferencia del gobierno frente a la carencia de escuelas, colegios y maestros porque optó por la privatización de este servicio, lo mismo que el de la salud. Recorte de las transferencias que paraliza el desarrollo de las regiones. Venta de empresas rentables del Estado para allegar más recursos a la guerra. Privatización paulatina de empresas estratégicas como ECOPETROL. Incremento de los índices de desempleo y subempleo al impulso de la flexibilización laboral que pisotea los derechos de los trabajadores y dispara las ganancias de los empresarios. Hambre y alto costo de la vida es lo que general las políticas del Estado contra la masa popular. Perspectivas de agudización de la crisis social con la aprobación del TLC que atenta contra la patria, la soberanía y la calidad de vida de los colombianos.
La perfidia con que actúa el Estado debe ser respondida con la movilización de pueblo en acciones de calle y bloqueo de carreteras que paralicen el país en demanda de los derechos conculcados para constatar en la lucha de masas la fuerza de los de abajo y para buscar la convergencia de todos los sectores democráticos bajo una sola bandera política y social con miras a conformar un nuevo gobierno que trabaje por la paz, la justicia social y el rescate de la dignidad y la soberanía del pueblo de Colombia.
5. Para la construcción de esta alternativa ponemos a consideración del país, de sus organizaciones políticas y sociales, de todo el pueblo, la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia para abrir la discusión y el intercambio en torno a las banderas y programa de un nuevo gobierno que sugerimos patriótico, democrático, bolivariano, hacia un nuevo orden social, comprometido en la solución política del grave conflicto que vive el país.
Un nuevo gobierno que materialice el proyecto político y social del Libertador, que conforme un nuevo Ejército Bolivariano para la defensa de la patria y las garantías sociales. Un nuevo orden edificado sobre la democracia y la soberanía del pueblo, que agregue a las ramas del poder público los poderes moral y electoral, que instituya el congreso unimercal y la revocatoria del mandato. Un nuevo sistema de gobierno que castigue con severidad la corrupción y la impunidad, que ponga fin a la política neoliberal, que estimule la producción en sus diversas modalidades, que asuma el control de los sectores estratégicos, que haga respetar nuestra soberanía sobre los recursos naturales y que implemente políticas eficaces de preservación del medio ambiente. Un gobierno que trabaje por la gratuidad de la educación en todos los niveles, que instruménte la redención social, la justicia agraria, que renegocie los contratos con las trasnacionales que sean lesivos para la nación, que deje sin vigencia los pactos militares, tratados y convenios que mancillen la soberanía de la patria, que no extradite nacionales, que objete el pago de la deuda externa en aquellos préstamos viciados de dolo en cualquiera de sus fases. Un gobierno cuya divisa en política internacional sea la Patria Grande y el socialismo y que prioríce las tareas de la integración de los pueblos de Nuestra América. Por eso la política de fronteras de FARC opta por la hermanación y no por la confrontación con los ejércitos de los países vecinos. Nuestra lucha es de resistencia y liberación frente al régimen opresor colombiano.
Es hora de analizar y seleccionar la ruta que nos conduzca a la paz, a la independencia, la justicia social, la democracia, y la unidad como camino para sobrevivir y enfrentar con éxito las políticas de los imperios.
6. La paz es un proceso, un bien común que requiere de todos la preparación del terreno para que germine. No se logra de la noche a la mañana. Necesita nuevas estructuras económicas, políticas y sociales que la sustenten, cambios como los que sugiere la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia.
No habrá paz de los sepulcros. Todos los planes militares de las oligarquías y el imperio para exterminar a la insurgencia, desde LASO ejecutado en Marquetalia, hasta el Patriota, han fracasado porque el alzamiento armado por causas sociales, económicas y políticas, no se derrota ni con bombas, ni con plomo, ni tecnologías recién creadas.
Por chifladura o demagogia electorera, Uribe ha anunciado estar dispuesto a oficializar una zona de encuentro para firmar la paz en tres meses. 43 años de confrontación no se superan en tan corto tiempo. La problemática política, económica, social, cultural, ambiental y de soberanía del país no se puede resolver en 3 meses, a no ser que alguna de las partes haya derrotado al contendor, y este no es el caso. Uribe no es el hombre para la paz de Colombia. No está programado por los gringos para eso. Un tipo que ni siquiera reconoce la existencia del conflicto armado no logrará la paz por ninguna vía. Sólo un nuevo gobierno patriótico y democrático, soberano, podrá lograr la paz negociada, no un gobierno títere de la Casa Blanca. Se necesitaría un gobierno compenetrado con la necesidad de la paz, que apoyado en el pueblo y el interés nacional tome la decisión de regresar las tropas a sus cuarteles, de reducir drásticamente el presupuesto de la guerra a favor de la inversión social y de exigir la salida del país de las tropas y asesores estadounidenses entrometidos en el conflicto interno y factor atizador de la guerra, para darle paso resuelto a los diálogos de paz.
7. La paz merece todos los esfuerzos y sacrificios del país y empieza con el consenso de sus fuerzas fundamentales, de sus organizaciones políticas y sociales, para crear entre todos una nueva alternativa política de poder que se convierta en gobierno soberano y digno, altivo frente a Washington, empeñado en la mayor suma de felicidad posible para el pueblo según el mandato del Libertador.
Es necesario empezar cuanto antes el intercambio y el reencuentro de todos los actores de la transformación social y la paz, incluida la guerrilla, en torno a esta perspectiva. Aquellos que desde la servidumbre del establecimiento pregonan la exclusión de la insurgencia con rebuscados argumentos, lo hacen para inducir a la formación de una alternativa enclenque que sea presa fácil de los poderosos explotadores de siempre.
Proponemos despegar lo más pronto posible con los primeros contactos clandestinos, sin darle importancia al gobierno, para convenir un derrotero y para ir esbozando colectivamente algunos trazos programáticos para la redención de Colombia.
Invitamos a este diálogo a los dirigentes revolucionarios, a los sectores democráticos de los partidos, a la gente avanzada del clero, a los militares patriotas y bolivarianos, a los lideres obreros y campesinos, estudiantiles, comunales, indigenas, a las negritudes, a los educadores, a las mujeres... a todos los liderazgos populares, para juntar anhelos y emprender juntos el camino hacia la Nueva Colombia.
8. El objetivo es la creación de una alternativa para el cambio, surgida de un Gran Acuerdo Nacional por la paz, la justicia, la soberanía y el decoro de la nación, que se proponga un nuevo gobierno para salvar a Colombia del abismo, para recuperar la dignidad mancillada por el gobierno forajido de fascistas narco-paramilitares bendecidos por Washington, una nueva conducción de los destinos de la patria que proscriba la represiva y expoliadora Seguridad Democrática del imperio y la política neoliberal, que rescate la soberanía del pueblo, reestructure el Estado con el fin de garantizar el bien común y conforme un Ejército Bolivariano guiado por el amor al pueblo, la justicia social y la defensa de la patria. En fin, un gobierno que convoque una Asamblea Nacional Constituyente para darnos una nueva Constitución que refrende los cambios a favor del pueblo, hacia la paz y la convivencia, la verdadera democracia, la soberanía y la integración solidaria de los pueblos, como mandatos emanados de ese gran Pacto Social.
No nos queda otra alternativa que buscar unidos el camino para salir de la oscura noche orientados por la vislumbre de la justicia y la alborada nueva de la Gran Colombia.
Hacia la Nueva Colombia, Acuerdo Nacional por la Paz
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC
Montañas de Colombia, Septiembre de 2007
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