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14may08
Cinco hipótesis sobre móviles de extradición de jefes paras
Los escenarios de razones van desde la tesis gubernamental de corregir un proceso viciado, hasta la que sugiere que se trató de una movida para frenar el proceso de la parapolítica o distraer la atención pública sobre el escándalo por los sobornos para viabilizar primera reelección
1. ¿URIBE NO AGUANTÓ MÁS DILACIONES PARAS?
Según la explicación dada ayer por el Jefe de Estado, las extradiciones de 14 ex cabecillas paras se motivaron en que algunos de ellos "habían reincidido en el delito después de su sometimiento a la Ley de Justicia y Paz, otros no cooperaban debidamente con la justicia y todos incumplían con la reparación de las víctimas al ocultar bienes o demorar su entrega".
Bajo ese orden de ideas, Uribe logra cuatro objetivos clave. Primero, replica con hechos la versión nacional e internacional en torno a que su gobierno es complaciente con los paramilitares, sobre todo con cabecillas que hicieron pactos electorales con muchos congresistas de la bancada oficialista, hoy presos. Segundo, lanza una dura advertencia al resto de los cabecillas y lugartenientes de las autodefensas que siguen presos en Colombia pero no quieren confesar toda la verdad de sus delitos, entregar todos sus bienes y reparar a las víctimas. Tercero corrige un proceso de paz que está en crisis desde hace varios meses y que no ha logrado levantar cabeza pese a las continuas reglamentaciones y decretos. Y cuarto, reafirma su alianza con EU en momentos en que los Demócratas siguen dudando de la voluntad del gobierno Uribe para castigar a los paramilitares.
2. ¿ACUERDO PREVIO ENTRE PARAS, EU Y GOBIERNO?
Desde tiempos de Carlos Castaño se sabe que los jefes paramilitares han tratado de negociar acuerdos de sometimiento a la justicia de EU, bajo la tesis de que por más proceso de paz en Colombia y promesa gubernamental de no ser extraditados, Washington nunca iba a renunciar a juzgarlos. Semanas atrás surgieron versiones en torno a que varios de los jefes paras presos tenían abogados en EU indagando sobre términos de su sometimiento y posibles rebajas de penas, a cambio de entregar bienes, rutas e información para desmantelar otras organizaciones narcotraficantes.
En ese orden de ideas, no sería descartable que varios de los extraditados ayer hayan logrado un acuerdo previo con la DEA y que ésta haya convencido a la Casa de Nariño de entregar a los cabecillas de las autodefensas a la justicia norteamericana. Sería un negocio ‘redondo’ para las tres partes. Uribe lograría quitarse de encima la imagen de complaciente con los paras, éstos podrían alcanzar acuerdos judiciales benévolos con la justicia de EU, y ese país tendría en sus cárceles a objetivos a los que nunca iban a renunciar pero que estaban fuera de alcance debido a que estaban cobijados por el proceso de paz en Colombia.
3. ¿CABECILLAS PARAS APUNTABAN A URIBE?
Días atrás circuló una versión en varios sectores políticos y judiciales en torno a que los cabecillas paras presos se estarían poniendo de acuerdo para involucrar directamente al presidente Álvaro Uribe en el escándalo de la parapolítica.
La decisión se habría tomado en reacción a la extradición a EU de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. Según se rumoró, los líderes de las autodefensas presos vieron ese caso como una premonición de lo que les sucedería en el corto plazo, razón por la cual habrían decidido apuntar directamente sus confesiones a la Casa de Nariño, bajo la tesis de que ‘si ellos caían, también lo haría el Gobierno’.
No hay que olvidar que en semanas recientes el propio Uribe denunció que se estaban preparando montajes para implicarlo en nexos con las autodefensas. También se ha rumorado que desde las prisiones los jefes paras estarían ‘chantajeando’ al Ejecutivo para que no los sacara de la Ley de Justicia y Paz, pese a las evidencias de que seguían delinquiendo. La segunda parte de esta hipótesis indicaría que el Ejecutivo se dio cuenta del plan que preparaba la cúpula de los paras y actuó primero, ordenando su inmediata extradición.
4. ¿MOVIDA PARA BLOQUEAR PROCESO PARAPOLÍTICO?
Es claro que la extradición de los 14 jefes paras implica un golpe directo al ritmo de los procesos e investigaciones que adelantan la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía contra congresistas, ex parlamentarios y ex funcionarios de distintos orden sindicados de nexos con los grupos paramilitares. Mancuso, ‘Jorge 40’, Giraldo Serna, ‘Don Berna’ y otros de los jefes paras entregados a la justicia de EU son piezas fundamentales en los procesos contra varios senadores y representantes -la mayoría uribistas- que hoy están presos y llamados a juicio, o en diligencias de indagatoria o investigación preliminar.
El problema para los procesos no radica en la dificultad que implica que los magistrados y fiscales tengan que ir a EU a interrogar a los jefes paras, sino en el hecho de que éstos hablaban en Colombia presionados por la amenaza de que si no lo hacían perdían los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, se exponían a largas condenas en la jurisdicción ordinaria y quedaban en la mira de la extradición.
Ahora, ya extraditados, esa presión judicial no existe y, dado que los jefes paras tienen sus familias en Colombia y no las van a exponer a riesgos y amenazas, seguramente no seguirán confesando sus nexos con políticos.
5. ¿DISTRAER ATENCIÓN NACIONAL DE ESCÁNDALO DE YIDIS?
Algunos voceros de partidos de la oposición no descartaban ayer que la extradición de los 14 jefes paras pueda ser una gran cortina de humo con la cual el Gobierno busca distraer a la opinión pública de las crecientes y graves dimensiones que está tomando el escándalo judicial y político derivado de la comprobación de que en junio de 2004 altos funcionarios del Ejecutivo ofrecieron sobornos a dos ex parlamentarios para que fuera aprobado el acto legislativo que viabilizó la primera reelección presidencial.
Este proceso estaría preocupando más a la Casa de Nariño que el propio escándalo de la parapolítica, por cuanto ya tiene en la mira de la justicia a un ministro, un ex ministro, un ex viceministro y otros altos funcionarios. Incluso, el expediente de la Corte Suprema contra Yidis Medina, en el cual los magistrados consideran que hay suficientes pruebas sobre la existencia de los sobornos, ya fue enviado a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en donde cursa una denuncia contra el presidente Uribe por presunto cohecho.
Además, es claro que este proceso judicial sí se le podría atravesar a la campaña que impulsan varios sectores gobiernistas para abrirle paso a una eventual segunda reelección presidencial.
[Fuente: Nuevo Siglo, Bogotá, Col, 14may08]
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