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28ago08
Fuera de control
Arremetió contra la Corte Suprema, el ex presidente César Gaviria, el Partido Liberal y los medios de comunicación.
El presidente Uribe atraviesa por el momento más difícil de su mandato. Una crisis que afecta sus relaciones con las otras dos ramas del poder -la Justicia y el Congreso- y hasta su imagen internacional. Un ambiente de zozobra política que no se había sentido en mucho tiempo y que gira en torno a la figura presidencial y que editoriales de los principales diarios han registrado con preocupación.
El Tiempo llamó a "desarmar los espíritus", El Espectador pidió "actuar con mayor serenidad", El País instó a "la búsqueda de una solución para el funcionamiento armónico de las ramas del poder" y El Nuevo Siglo dijo que "todo huele mal y no puede sepultarse en la cantinela de la popularidad".
Todo comenzó el sábado 23 en un Consejo Comunal en Pereira. El Presidente la emprendió contra la Fiscalía de Medellín a la que calificó de "vergüenza". El escándalo lo desató CAMBIO con la publicación de comprometedoras conversaciones entre el, en ese momento, fiscal Guillermo León Valencia Cossio y el empresario Juan Felipe Sierra, enlace entre la organización criminal de Daniel Rendón, 'Don Mario', con funcionarios judiciales de la capital antioqueña y Montería. "¿Por qué me dejaron votar corriente en Consejos de Seguridad y pedirle apoyo a unos fiscales que no nos iban a apoyar porque estaban protegiendo a la delincuencia?", preguntó Uribe indignado.
El escándalo le costó el puesto a Valencia Cossio, a una fiscal de Montería, lo mismo que el retiro al general Antonio Pedreros, comandante de la Policía de Antioquia, Córdoba y Chocó.
La tempestad arreció el domingo, cuando El Tiempo y Semana revelaron que el secretario jurídico de la Presidencia Edmundo del Castillo y el secretario de prensa César Mauricio Velásquez se habían entrevistado el 3 de abril en la Casa de Nariño con delegados de 'Don Berna', porque supuestamente tenían información que comprometía a la Corte Suprema.
El lunes, la tormenta se convirtió en huracán cuando el presidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte, dijo en La W que el alto tribunal acudiría a la Corte Penal Internacional para denunciar "un complot entre funcionarios de la Casa de Nariño y paramilitares" contra el alto tribunal. Quienes estaban al lado del Presidente a esa hora -6:57 a.m.-, dicen que pocas veces lo habían visto más iracundo. "No puede ser que un magistrado de la República dé crédito a todo tipo de consejas y no se esmere por conocer la realidad de los hechos", dijo Uribe en voz alta y sin ocultar su indignación, y de inmediato llamó al secretario de Prensa para que convocara a los medios en la que, según sus palabras, "iba a hacer claridad sobre los hechos".
A las 12:30 p.m., el Presidente abrió la rueda de prensa y le puso el pecho a la situación. Frentero como es, reconoció que, en efecto, funcionarios de Palacio se habían reunido no una sino tres veces con el abogado de 'Don Berna' y Antonio López, 'Job', vocero de los desmovilizados -fue asesinado el 28 de julio y según las autoridades seguía delinquiendo-. Luego hizo llamar al encargado de seguridad de Palacio para que mostrara que las visitas estaban registradas y pidió un computador con las imágenes de los visitantes.
Todo esto ocurría en momentos en que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno, estaba de visita en el país y advertía sobre la gravedad de que los crímenes de los paramilitares y sus aliados políticos quedaran en la impunidad.
Perdigones
Uribe reeditó en la rueda de prensa la vieja fórmula que le ha permitido salir avante en otras situaciones críticas: la mejor defensa es el ataque. "El Presidente disparó con escopeta de regadera, repartió mandobles a diestra y siniestra sin importar quiénes resultaran víctimas de sus ataques", le dijo a CAMBIO el ex fiscal Alfonso Gómez Méndez.
El primer blanco fue la Corte Suprema. La acusó de estar involucrada en un complot para buscar testigos que lo comprometan con parlamentarios vinculados a la parapolítica, y habló de "tráfico de testigos". Acto seguido, enfiló baterías contra quien ha sido su blanco predilecto: el magistrado auxiliar Iván Velásquez Gómez, coordinador de la Unidad Especial de Investigación encargada del proceso de la parapolítica, a quien acusó de "emborracharse con los testigos", y fustigó a la Corte por no tomar medidas al respecto.
Luego el turno fue para el Partido Liberal. Acusó a su jefe único, el ex presidente César Gaviria, de haberse aliado con 'Los Pepes' para acabar con Pablo Escobar y de haber permitido que la Constituyente del 91 prohibiera la extradición, y al Partido como institución lo responsabilizó por el crecimiento tanto del paramilitarismo como de la guerrilla, con el argumento de que sus gobiernos no los habían perseguido. También se fue de frente contra el senador Juan Fernando Cristo, de quien dijo que debía explicaciones sobre el manejo de dineros del narcotráfico en 1991.
Cristo, quien recibió el respaldo de la junta de parlamentarios liberales, reaccionó diciendo: "El Presidente me inspira miedo y es el único responsable de cualquier daño físico o moral que me pueda ocurrir a mí o a mi familia".
Por su parte, el ex presidente Gaviria emitió un comunicado en su calidad de jefe del Partido Liberal. Señaló que su gobierno se opuso a la eliminación de la extradición y que si la Constituyente votó en contra de lo que pensaba el Gobierno "no fue por influencia del narcotráfico, sino porque la mayoría ciudadana compró la tesis de que el terrorismo era igual a extradición".
Destacó que la Constitución del 91 tiene un origen limpio en sus decisiones, dijo que el presidente Uribe no puede enlodarlo con "sus rabietas" y agregó: "Nunca escuché en aquellos años un solo comunicado o una sola declaración o intervención del entonces senador Álvaro Uribe a favor de la extradición de narcotraficantes colombianos". Para finalizar, le exigió a Uribe explicaciones sobre el ingreso a la Casa de Nariño de "reconocidos delincuentes del paramilitarismo, con el fin de realizar maniobras contra la Corte Suprema de Justicia".
Según el ex ministro de Defensa Rafael Pardo, "los ataques del Presidente contra los gobiernos liberales y los voceros del liberalismo son parte de un plan sistemático de desestabilización y solo tienen el propósito de convertir en político un escándalo judicial que lo envuelve cada vez más".
También hubo perdigones contra los tribunales de justicia internacional, aunque de más bajo calibre. Al juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional de Madrid, y al fiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo (que hace poco le envió una carta al Presidente en la que llama la atención sobre la posibilidad de que queden sin castigo los autores de crímenes de lesa humanidad y sus aliados políticos), les advirtió que el Gobierno no tiene nada que ocultar y que "todo obedece a una simple conjura contra la Política de Seguridad Democrática".
No se refirió, sin embargo, a los interrogantes planteados por el fiscal Moreno sobre cómo podría asegurarse el juzgamiento de los máximos responsables de crímenes de las Auc y sus aliados políticos, y sobre las extradiciones de los jefes paramilitares que podrían ser un obstáculo para el avance del proceso de Justicia y Paz, y la reparación de las víctimas.
Tampoco se salvaron de los ataques presidenciales los medios de comunicación. Nuevamente el chivo expiatorio fue el director de Noticias Uno, Daniel Coronell, a quien tiene graduado de enemigo desde la primera campaña presidencial.
La reelección
El ambiente está caliente y revuelto. Acusaciones y recriminaciones van y vienen. Hay sensación de crisis institucional y el Presidente, símbolo de la unidad nacional, lejos de jugar un papel de catalizador está haciendo de agitador, basado en sus altos índices de popularidad que, sin embargo, no le dan patente de corso para deslegitimar a la Corte y a la oposición sin grave riesgo para el Estado de derecho.
Más aún, podría costarle caro a su imagen el hecho de estar casando peleas con todo el que se le atraviese, en momentos en que la opinión pública se pregunta por qué funcionarios de Palacio reciben abogados de jefes paramilitares para obtener información, en lugar de remitirlos a las autoridades competentes, y por qué ad portas de la discusión en el Congreso de las reformas política y de la Justicia mantiene al Ministro del Interior, a quien la oposición no reconoce como interlocutor válido en el tema. Todo esto se suma al escándalo de la 'Yidispolítica' que ha puesto entre los palos a ministros y ex ministros, a funcionarios y ex funcionarios de la Casa de Nariño y que llevó ya al propio presidente a comparecer ante la Comisión de Acusación de la Cámara.
El clima de polarización política y los ánimos caldeados, además, se convierten en una amenaza para la buena marcha de la legislatura que está en curso, y que tiene la responsabilidad de tramitar importantes proyectos, en especial las reformas política y judicial, que fueron radicadas el martes por parte del ministro del Interior. La gobernabilidad puede verse afectada.
No deja de ser una paradoja que el Presidente enfrente el peor momento de su mandato justo cuando el proyecto para su segunda reelección avanza hacia la fase final. ¿Afecta la viabilidad de la reelección el evidente desgaste del Presidente en estos días, cuando se ha visto más alterado que nunca, intentando desviar la atención de los escándalos que tocan las entrañas de Palacio? ¿Quieren los colombianos más de lo mismo?
La respuesta no es tan evidente, aunque la crisis de los últimos días deja el mensaje de que convendría oxigenar las más altas instancias del Estado. La continuidad de la tensión entre los poderes, la pugnacidad del Gobierno con la oposición y sus críticos, además de la eventual parálisis legislativa serían insostenibles durante seis años más -los dos que restan del actual período y los cuatro del 2010 al 2014.
Los riesgos del desgaste institucional podrían ser muy graves. La alarma que han generado las últimas reacciones del Presidente han hecho pensar, incluso a seguidores suyos, que convendría buscar un relevo que permita asegurar la continuidad de la política de seguridad democrática y la confianza inversionista sin tantos sobresaltos y en un ambiente de mayor armonía con los órganos de la Justicia. Es evidente que al Presidente se le nota lo que en aeronáutica llaman la fatiga del metal y que su Gobierno está pasando por momentos muy críticos.
Sin embargo, cabe otra lectura. La del uribismo más radical, que considera que solo la permanencia de Uribe en el poder garantiza la continuidad de la seguridad democrática. Y que considera, además, que ante la confusión de los últimos días no existe una carta mejor que la de Uribe, porque a una mano blanda se le podría salir la situación de las manos. Parecería, desde luego, una contradicción: que se necesita la reelección para superar una situación que gira en torno al propio Uribe. Pero, para algunos de sus seguidores, el 'despelote' actual es una hecatombe creada por los enemigos del Gobierno, que solo se supera con la permanencia de Uribe en el poder.
Parlamentarios de la coalición gobiernista le han oído al Presidente frases que denotan sus intenciones. Refiriéndose a los cinco millones de firmas que hoy revisa la Registraduría, Uribe ha preguntado en repetidas oportunidades: "¿Qué les vamos a decir a esos cinco millones de compatriotas que esperan que sigamos gobernando?" Y en relación con los éxitos de la seguridad democrática y las dudas que tiene sobre su continuidad, en los últimos tiempos ha repetido el mismo interrogante: "¿A quién le vamos a dejar esto?"
Sin embargo, analistas consultados por CAMBIO sostienen que en el Gobierno existe preocupación por los pasos de animal grande de la Corte Penal Internacional en Colombia y que, en consecuencia, Uribe necesita aferrarse al poder para defenderse de una eventual persecución. Un escenario poco probable y que parece ilógico, pero que curiosamente figura en la mente no solo de los amigos más cercanos del Presidente, y del Presidente mismo, sino en la de sus contradictores.
"El temor de Uribe es a los tribunales internacionales, porque está demostrado que la Comisión de Acusación de la Cámara jamás se ocupará de las denuncias en su contra -le dijo a CAMBIO el senador liberal Héctor Helí Rojas-. Esto lo lleva a pensar en la reelección y por eso piensa convertir la Casa de Nariño un búnker para dispararles a sus enemigos" .
¿Quién tiene la razón? Sólo el tiempo lo dirá. Por ahora lo único cierto es que el ambiente político está caliente y los ánimos alterados, y que el debate en el Congreso sobre la reelección será uno de los más intensos y agitados de la historia reciente.
[Fuente: Revista Cambio, Bogotá, 28ago08]
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