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12ago08
Conspiración Paramilitar en toda Colombia
En el día de hoy, quiero denunciar ante la Plenaria de la Corporación y la opinión pública nacional e internacional, en mi condición de ciudadano y Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, la existencia en Colombia, de una conspiración nacional, de acciones simultaneas de grupos encubiertos y de paramilitares al servicio de grandes bloques de poder, ligados a los intereses de transnacionales, grandes terratenientes y empresarios, legales e ilegales, que en este último periodo, se han atrevido de forma temeraria y criminal a amenazar de forma muy grave a las comunidades indígenas, campesinas, mineras, a las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, a los trabajadores y sus organizaciones gremiales y sindicales, en toda la geografía nacional.
El lunes 11 de Agosto de 2008, mientras sesionaban las Comisiones Conjuntas de Derechos Humanos de Cámara y Senado en el Municipio de Barrancabermeja, fue conocida una cobarde amenaza en contra del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN que representan a todas las autoridades tradicionales de los pueblos Nasa, en la región de la zona norte del departamento del Cauca. La comunicación no oficial y firmada por una sigla autodenominada "campesinos embejucaos de Colombia" plantea una abierta amenaza de muerte, desolación y terror, en contra de las comunidades indígenas en los departamentos de Cauca, Valle, Tolima, Putumayo y el Huila, utilizando un lenguaje sinuoso y traicionero, que reproduce y se legitima en declaraciones del comandante de la 3ra Brigada del Ejercito Nacional, General Jaime Esguerra Santos y que aparece en un contexto en el cual, el propio Presidente de la República y voceros de su bancada en el Congreso de Colombia, se han referido a las comunidades indígenas en el departamento del Cauca y sus autoridades tradicionales que además ejercen jurisdicción con rango constitucional en sus territorios, como "invasores". Esta amenaza abierta contra estas comunidades y sus autoridades tradicionales en el departamento del Cauca revela una conspiración de sectores encubiertos, de terratenientes y paramilitares en el departamento del Cauca que se escudan en un insólito discurso anti indígena que se desprende de declaraciones oficiales del Gobierno Nacional y que solo puede albergar las más peligrosas y criminales de las intenciones.
En este mismo sentido, en el día de ayer en sesión conjunta en Audiencia Pública, de las comisiones conjuntas de Derechos Humanos de Cámara y Senado en el municipio de Barrancabermeja, ha sido denunciada una nueva toma del municipio de Barrancabermeja por parte de tres avanzadas paramilitares y de grupos de narcotráfico, que han amenazado e intimidado a las organizaciones sociales, sindicales, campesinas, de derechos humanos y de mujeres en el puerto petrolero. En medio de un clima de violencia creciente en el cual la cifra de muertes violentas en el puerto petrolero se han duplicado respecto de las ocurridas el año pasado. En este marco de violencia, se han presentado serias amenazas de grupos paramilitares que utilizan el nombre de "Águilas Negras"; "Héroes de Castaño" y autodenominados "Comandantes paramilitares" contra la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, la Organización Femenina Popular, la Unión Sindical Obrera, la Corporación Sembrar, Credhos, y la Asociación de Familiares de Víctimas deL 16 de Mayo de 1998. Igualmente se ha denunciado ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la presencia en los últimos 60 días de operativos de grupos paramilitares en los barrios populares de Barrancabermeja, quienes realizan operativos irregulares e intimidan de forma permanente a las comunidades y víctimas de estos sectores.
Esto se conjuga con un clima de impunidad asfixiante en los casos de numerosos asesinatos contra ciudadanos y ciudadanas en la región del sur de Bolívar, perpetrados en muchas ocasiones por integrantes de la fuerza pública. En la audiencia pública en Barrancabermeja fueron denunciados hechos muy graves que presuntamente comprometen la responsabilidad de unidades adscritas a los Batallones, Nueva Granada, Nariño, Calibio y las brigadas 15 y 4ta del Ejército Nacional. En hechos que serán puestos en conocimiento del Sr. Fiscal General de la Nación para su investigación y esclarecimiento. Denuncias que se han presentado en un periodo y una región en la cual se han concesionado 200.000 has. a la trasnacional Anglo Gold Mine Ashanti, para la explotación de las reservas de oro más importantes de América latina. En un largo conflicto con los pequeños mineros y las comunidades campesinas de esta región, que luchan por sobrevivir en su territorio, cercado, por narcotráfico, megaproyectos en carbón, petróleo y agro combustibles y el resurgimiento de grupos paramilitares. Sin que exista una política de seguridad por parte del Estado que pueda contener y garantizar los derechos de la población en medio del conflicto.
Así mismo, en el municipio de San Onofre, Sucre, han sido gravemente amenazados los activistas del movimiento de Víctimas, Adil Meléndez y Adriana Porras, quienes han sido activos defensores del proceso de resistencia de la población de este municipio por lograr efectivas respuestas del Gobierno Nacional en materia de reparación integral a los graves crímenes cometidos en este municipio por grupos paramilitares. Estas dos personas han sido amenazadas por paramilitares que hoy enfrentan investigaciones en la jurisdicción de Justicia y Paz, por graves crímenes cometidos durante los años 2002 -2005 en esta localidad. De la misma forma, estas amenazas contra la población se producen en un periodo en el cual la Comisión Nacional de Reparación adelanta en esta zona del departamento de Sucre, un intento por desarrollar un proceso piloto de reparación.
Adicional a esto, en el municipio de Palmira, departamento del Valle del Cauca, el pasado 4 de Agosto de 2008, se perpetró un grave hostigamiento por parte de dos hombres armados, que se movilizaban en dos motocicletas en el sector del barrio Zamorano, en contra de mi asesor e integrante de mi Unidad Técnica Legislativa, Juan Pablo Ochoa, en momentos en que se aprestaba a terminar una reunión con un grupo de trabajadores de la caña de azúcar, que adelantan el proceso de presentación del Pliego Único de Exigencias por parte de los trabajadores de la industria de la Caña de Azúcar, ante los gremios del sector. Este hecho, que ha sido puesto en conocimiento de las autoridades, no solo es una muy grave provocación en contra de los trabajadores de la caña de azúcar que luchan por sus reivindicaciones en el Valle del Cauca sino además una grave agresión en contra de las funciones propias del Congreso de Colombia y de sus funcionarios.
Finalmente, quiero señalar que el sociólogo, cronista y columnista ALFREDO MOLANO puede resultar siendo un chivo expiatorio en el proceso que se le adelanta ante el juzgado 4 to penal de Bogota, por parte de la familia Araujo. Lo que ha sucedido con el periodista ALFREDO MOLANO es un grave atentado a la libertad de expresión en Colombia. La judicialización de su columna Araújos (El Espectador, Bogotá, 25 de febrero de 2007) podría lograr que Alfredo Molano pierda la libertad de escribir en Colombia. La demanda por calumnia e injuria contra Molano busca obtener una jurisprudencia que restablezca el delito de opinión en Colombia.
Hago un llamado al Gobierno Nacional para que se actúe para proteger a las comunidades indígenas en todo el territorio nacional y en particular para que se tomen todas las medidas que garanticen la integridad de los cabildos indígenas y la población en el norte del departamento del Cauca. Y se logre prevenir las acciones que se han anunciado en contra de los cabildos indígenas, sus voceros y las comunidades, con especial énfasis en la zona norte del departamento del Cauca.
De la misma forma, para que se tomen todas las medidas que permitan garantizar la protección de los movimientos sociales, de derechos humanos y de víctimas, en Barrancabermeja, Santander, San Onofre, Sucre y en Palmira, Valle del Cauca. De la misma manera, se garantice la integridad de las comunidades campesinas y mineras, en toda la región del sur de Bolívar.
Hago igualmente un llamado público al Sr. Fiscal General de la Nación para que se investiguen las amenazas en contra de las organizaciones indígenas sociales, de derechos humanos y de víctimas en el sur de Bolívar, el departamento del Cauca y la localidad de San Onofre, Sucre.
Igualmente, hago un llamado a la comunidad internacional, el sistema de protección de los derechos humanos de Naciones Unidas y la delegación de la Organización de Estados Americanos en Colombia, para que se pronuncien ante el Gobierno de Colombia, exigiendo se tomen acciones eficaces en contra de la continua presencia de grupos y acciones encubiertas de origen paramilitar que hoy amenazan a las comunidades y movimientos sociales en toda Colombia.
Firmado.
Alexander López Maya
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la RepúblicaPlenaria del Senado de la República
Martes 12 de Agosto de 2008
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