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04sep08
Por nexos con paramilitares, capturan al general retirado Rito Alejo del Río
La Fiscalía señaló al general en retiro como uno de los responsables de la muerte de un líder chocoano ocurrida a comienzos de 1997. Justamente esta semana, la Procuraduría pidió reabrir las investigaciones en contra del oficial por sus supuestos nexos con el paramilitarismo.
A las 2 y 25 de la tarde de este jueves, cuando el general (r) Rito Alejo Del Río se encontraba reunido con otros oficiales retirados en el restaurante principal del Club Militar, al occidente de Bogotá, fue sorprendido por miembros del CTI que llegaron con una orden de arresto en su contra por su presunta participación en la muerte de Marino López, un líder chocoano que fue asesinado en febrero de 1997, dos días después de la Operación Génesis que realizó la Brigada 17 en la zona del río Cacarica, al noroccidente del país.
El fiscal 14, de la unidad de Derechos Humanos, señaló al general Del Río por homicidio agravado en persona protegida.
El caso del general del Río siempre ha suscitado polémica desde que se desempeñó como comandante de esta brigada con sede en Carepa, en el Urabá antioqueño. Su caso, en el que había indicios de nexos con paramilitares, ya había llegado a la Fiscalía mucho antes de que empezara el proceso de desmovilización de las Auc, en 2001. Sin embargo, después de que llegó el nuevo fiscal Luis Camilo Osorio, y fue despedido el coordinador de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, el proceso se se frenó. Finalmente el mismo Osorio lo precluyó en 2004.
La decisión fue muy polémica y criticada, puesto que Del Río era señalado por diversas personas de haberle abierto las puertas a los jefes paramilitares para que hicieran su guerra sucia. Entre las denuncias más graves estuvo la del coronel Carlos Alfonso Velásquez, subalterno de Del Río en Urabá, quien denunció la presunta complicidad que él estaba presenciando a sus superiores y en lugar de actuar contra Del Río, despidieron a Velásquez del Ejército.
En los procesos de Justicia y Paz, varios ex jefes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, José Ever Veloza, alias HH y Jorge Iván Laverde, alias ‘El Iguano’ ‘aseguraron que Del Río había sido colaborador permanente de su gesta criminal.
Con semejantes hechos denunciados públicamente, el lunes pasado la Procuraduría solicitó a la Corte Suprema de Justicia reabrir el caso en vista de las nuevas evidencias.
La Fiscalía, según informó la revista Cambio, ha venido acumulando muchas evidencias en su contra.
si la Corte da su visto bueno, el caso de Del Río será investigado por la Fiscalía y si encuentra méritos para acusarlo, el fallo será emitido por la propia Corte Suprema de Justicia por tratarse de un general.
Es de esperar que la decisión judicial de ponerlo en prisión traerá otra ronda de críticas al gobierno de Álvaro Uribe, que de por sí ya atraviesa una tormenta desatada por las denuncias del ex presidente César Gaviria, puesto que mientras Del Río estuvo en Urabá, Uribe no sólo era gobernador de Antioquia, sino que elogió la labor del general como "pacificador" del Urabá a donde las guerrillas habían empobrecido y llenado de luto a los habitantes. Incluso lo condecoró.
En abril de 1999, poco después de que el Presidente Andrés Pastrana ordenara la salida de Del Río del Ejército y Estados Unidos le quitara su visa, varios empresarios y líderes políticos homenajearon al general Del Río en el Hotel Tequendama y Uribe fue el principal orador.
"En la mente civilista de quienes concurrimos a este acto no reposan dudas sobre el respeto a la competencia presidencial para remover a los oficiales de las Fuerzas Armadas , pero, destituir a los generales por solicitud de la guerrilla es traspasar a los insurgentes la prerrogativa presidencial", djo entonces el hoy presidente Uribe. Del Río fue nombrado al inicio de este gobierno como asesor del DAS, pero luego salió.
Con la captura de este oficial, se suman tres medidas que comprometen en hechos graves a militares activos y retirados: el martes pasado, Semana.com informó sobre la destitución del coronel Luis Francisco Medina, actual comandante de las Fuerzas Especiales del Ejército, por parte de la Procuraduría General, al señalarlo como presunto responsable de la muerte de tres sindicalistas en Saravena, Arauca. Y este miércoles se conoció que la Fiscalía General cobijó con medida de aseguramiento a cuatro militares (entre ellos a un coronel y un mayor) por una masacre en San José de Apartadó ocurrida en 2005.
[Fuente: Revista Semana, Bogotá, 04sep08]
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