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13abr11
¿En la boca del lobo?
Un foro realizado en una finca cuya dueña y su hijo son señalados de apropiarse de tierras en Urabá ha generado polémica en Antioquia. Organizaciones no gubernamentales consideran que se está gestando un movimiento para deslegitimar procesos de restitución de predios despojados de manera forzada.
La presencia de representantes del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr) en un foro realizado la semana pasada en una finca en el Urabá antioqueño, fue cuestionada por organizaciones no gubernamentales por cuanto la propietaria del predio y su hijo al parecer se beneficiaron con la compra irregular y posesión de de tierras en la que tuvieron injerencia paramilitares que operaron en esa región agroindustrial.
El acto, que hizo parte de las activididades del llamado ‘El Gran Foro Social por la Reconciliación de Urabá’, fue realizado entre el 7 de abril pasado en la finca Madrigal, ubicada en el municipio de Turbo, de propiedad de Rosalba Zapata, representante legal de la empresa Bananeras de Urabá S.A., y en cuya convocatoria participaron diversas organizaciones, entre ellas el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (Sintrainagro), la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura) y Corpolibertad, con el apoyo de la Vicepresidencia de la República y diversas entidades estatales.
Los cuestionamientos fueron realizados en Medellín por Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, que acompaña procesos de reclamación de tierras en el Urabá antioqueño.
“Ese foro se realizó en la finca Madrigal, de propiedad de Rosalba Zapata, a quien le estamos reclamando 54 hectáreas de tierra”, aseveró Vega, quien consideró un error que funcionarios del Estado, en particular del Incoder, que debe resolver esta reclamación, “estén presentes en este tipo de encuentros".
De acuerdo con el director de la Fundación Forjando Futuros, Rosalba Zapata y su hijo Felipe Echeverri, se apropiaron en el año 2000 de por lo menos 107 hectáreas pertenecientes a la finca La Niña, ubicada en la vereda La California, después de un proceso irregular de compra en el que participaron miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) por órdenes del jefe paramilitar Raúl Hasbún Mendoza.
Inicialmente, el predio era de propiedad de la Sociedad Emilio Hasbún y Cia, pero luego fue ocupado por campesinos. A través de dos actuaciones del Incora (hoy Incoder) le fue declarada la extinción de dominio. La primera de ellas el 22 de junio de 1989, siendo ratificada en el 24 de septiembre de 2001, lo que demuestra que la compra realizada bajo presión armada fue de un bien del Estado y no de particulares, como lo hizo creer Felipe Echeverri, actuando como representante de la familia Hasbún Mendoza.
Si bien esta situación fue conocida por la Fiscalía General de la Nación y en diversas instancias judiciales quedó demostrado que la compra de tierras se hizo bajo presión armada, el proceso iniciado por el ente acusador concluyó en una sanción por estafa contra Felipe Echeverri, omitiendo delitos como el concierto para delinquir.
“En el año 2006 nos restituyeron 50 hectáreas, pero desde el 2009 hicimos la reclamación por 54 hectáreas más y hasta el momento nadie responde, por eso no entendemos cómo mientras a nosotros nos demoran la reclamación, el jefe de control interno de esta entidad, José Manuel Zabala, asiste a la finca de Rosalba Zapata y participa de los agasajos allí”, denunció Vega y agregó que “los funcionarios públicos no pueden estar metidos en las fincas y en las propiedades en agasajos y en foros con las personas a las cuales se les está reclamando las tierras”.
De acuerdo con Vega, las 54 hectáreas que se reclaman y que son propiedad del Estado están sembradas de banano para la exportación y se lucra de ello la empresa Bananeras de Uraba S.A., por lo que le solicitó a las autoridades investigar el asunto y atender con prontitud la reclamación instaurada por los campesinos.
A su juicio, la reconciliación, que era uno de los temas centrales del foro, no puede servir para tapar los delitos, en particular aquellos que rodean el despojo de tierras. “Primero tiene que pasar primero por un proceso de verdad. En esos foros de reconciliación, donde todos se tapan con la misma cobija, lo que se hace es evitar que se establezcan las responsabilidades de aquellos que cometieron los delitos”, dijo.
Vega fue más allá y expuso que con este tipo de foros e iniciativas de algunos sectores de Urabá, en particular de Sintrainagro y de los empresarios, se está intentando contrarrestar el fuerte movimiento de víctimas que hay en esa región, representado por la Asociación Tierra y Vida, que agrupa a por lo menos 2.500 reclamantes de predios, afectados todos ellos por grupos paramilitares en los últimos quince años.
"A nosotros como fundación no nos invitaron, tampoco a la asociación", indicó el representante de Forjando Futuros. "Ellos están muy preocupados porque embajadores europeos nos visitan a nosotros y no a ellos, lo que podría obstaculizar la aprobación del tratado de libre comercio con la Unión Europea".
La discusión sobre tierras en el Urabá antioqueño no ha sido fácil. Desde el año 2008, cuando las víctimas del despojo de predios por parte de grupos paramilitares se organizaron para reclamar la restitución, han sido asesinados nueve líderes, dos de ellos en lo que va corrido de este año; además, sus voceros están amenazados y varios de ellos han tenido que abandonar la región.
Responden invitados
El primero en responder a esta denuncia fue Arley Muñoz, director regional de la Cnrr en Antioquia. Según el funcionario, se trató de un espacio de diálogo entre diversos sectores del Urabá antioqueño, donde su oficina tiene una presencia significativa en proceso de reconciliación y acompañan la mesa de víctimas sindical, en la que participa Sintrainagro.
“En el foro se habló de varios temas, entre ellos el acuerdo laboral logrado entre los sindicatos de Urabá con los empresarios sin mayores tropiezos; además, se hizo referencia a la historia de Urabá; y el representante del Incoder habló sobre procesos de control interno para mirar unos títulos fraudulentos”, explicó Muñoz.
El funcionario destacó que el foro hizo parte del pacto social que impulsan diversas organizaciones sociales de la región y que promueve alianzas para consolidar procesos de reconciliación que deriven en mayor bienestar para sus pobladores. Acerca del proceso de reclamación sobre tierras que explota Rosalba Zapata dijo desconocer el asunto y admitió que conoció a la empresaria en el evento.
Roberto Hoyos, presidente de Augura y uno de los promotores del foro, dijo que no quería entrar en ningún tipo de debate, pero destacó que en el evento estuvo presente la institucionalidad y resaltó a los convocantes: Vicepresidencia de la República, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Cámara de Comercio de Urabá, Sintrainagro, el gremio bananero, los ganaderos, las alcaldías del Eje Bananero, la Gobernación de Antioquia y la Uita (Coordinadora latinoamericana de trabajadores bananeros).
Al explicar por qué parte del foro se hizo en la finca Madrigal, el líder gremial explicó que fue una decisión colectiva: “y fue un ejercicio de consenso, liderada por Sintrainagro, como un ejemplo de reconciliación, donde esa señora (Rosalba Zapata) ha hecho una labor social importante en Urabá, asunto que algunos no comparten, y ese es el debate que hay”.
Por su parte Guillermo Correa, director de Corpolibertad, una organización que representa víctimas del conflicto armado en Urabá, en particular del sector sindical, destacó que se trataba de un diálogo sobre la reconciliación y tomamos varios ejemplos, entre ellos el de Rosalba Zapata, quien, según él, tiene muy buenas relaciones con sus más de 600 trabajadores.
“Como vamos a seguir promoviendo acuerdos de reconciliación, nos pareció muy importante arrancar por donde hubiera testimonios ciertos, que la gente los pudiera contar”, explicó el vocero de Corpolibertad, quien agregó que en el fondo lo que está en discusión es un modelo “que no le gusta ni le conviene al doctor Gerardo Vega, porque ellos tienen otros intereses”.
Señaló, además, que no hubo nada irregular: "Participaron todas las instituciones, los trabajadores afiliados a Sintrainagro y algunos empresarios bananeros”. Y precisó que en el encuentro también se destacó el proceso de concertación laboral alcanzado a través de los acuerdos sindicales con los empresarios, coincidiendo con la apreciación de Muñoz.
“Lo que nosotros queremos es tomar esos ejemplos de concertación que han habido y los proyectemos para que sirvan de ejemplo a otras regiones del país”, concluyó Correa.
El Incoder reconoció que envió a uno de sus funcionarios, José Manuel Zabala Torres, Jefe de la Oficina de Control Interno del Instituto, quien se limitó a informar a los asistentes sobre los trámites y servicios que actualmente presta el Instituto, que en su mayoría son gratuitos; así mismo, invitó a la comunidad a no pagar ‘ni un solo peso’ a funcionarios o a terceras personas que a nombre de la Entidad prometan agilizar los trámites de tierras.
Lo que pretenden los denunciantes es que este proceso de reclamación sea transparente y las agencias del Estado aceleren los procesos de restitución, cumpliendo un papel neutral en un asunto extremadamente sensible para la región, y eviten ser manipulados por sectores que tienen interés en evitar que los procesos de restitución de tierras avancen como deben ser y sean reparadas las víctimas.
[Fuente: Verdad Abierta, Bogotá, 13abr11]
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