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22ago10
Entrevista de Cecilia Orozco: "Ahora tendremos mayor acceso a los extraditados"
El fiscal general (e), Guillermo Mendoza Diago, revela que acaban de entrar en vigencia dos planes para aumentar el acceso de los funcionarios judiciales colombianos a los jefes de las Auc presos en cárceles norteamericanas.
Cecilia Orozco Tascón.- Es evidente que después de que se extraditaron los jefes paramilitares a Estados Unidos, la justicia colombiana tuvo problemas para acceder a ellos cuando necesitaba interrogarlos. Hubo varias reuniones para tratar de solucionar el asunto. ¿Ha habido resultados?
Fiscal Guillermo Mendoza Diago.- Sí. Se concretaron procedimientos más fáciles y rápidos para que podamos interrogar a los extraditados que se habían acogido a la Ley de Justicia y Paz, y que ahora se encuentran en cárceles de Estados Unidos.
C.O.T.- ¿En qué consisten los nuevos procedimientos?
G.M.D.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos concretó dos planes diferentes para aumentar el acceso de nuestros fiscales e investigadores a los ex jefes de las Auc extraditados. El primero se aplicará con quienes ya fueron condenados y sentenciados por jueces norteamericanos. El segundo, con un número de acusados que están esperando sentencia.
C.O.T.- ¿Cuáles son las características del plan de acceso a los condenados?
G.M.D.- Los cinco cabecillas de las autodefensas que ya fueron sentenciados allá, y si están dispuestos a participar en Justicia y Paz y a colaborar en otros procesos pendientes en Colombia, serán transferidos al centro del Sistema de Penitenciarías de Miami para que el acceso de los fiscales a ellos sea ágil y productivo. También se dispusieron 21 horas de acceso por semana para las entrevistas o bien para que ellos rindan declaraciones en video, por ejemplo cuando la Corte lo requiera. Hay un cambio sustancial en la cooperación, porque ahora tendremos tiempo para interrogarlos, mientras que antes podía suceder que no podíamos ni verlos.
C.O.T.- ¿Quiénes son los condenados que serán transferidos al Sistema Penitenciario de Miami?
G.M.D.- Guillermo Pérez (alias Pablo Sevillano), Diego Ruiz (El Primo), Ramiro Vanoy (Cuco Vanoy), Diego Fernando Murillo (Don Berna) y Francisco Javier Zuluaga Lindo (Gordolindo).
C.OT.- ¿Las 21 horas de acceso semanal serán suficientes?
G.M.D.- Con ese tiempo podemos obtener una gran cantidad de información sobre el fenómeno paramilitar; por ejemplo, quiénes estuvieron detrás de la comisión de los delitos, quiénes fueron los testaferros, en manos de quiénes se encuentran hoy los bienes que van a servir para reparar a las víctimas, etc. En todo caso, 21 horas es un período muy superior al de dos o máximo tres horas que les daba la justicia norteamericana a nuestros investigadores.
C.O.T.- ¿Qué diferencia el plan de acceso a los condenados con el que se contempla para los extraditados que todavía esperan sentencia?
G.M.D.- El Departamento de Justicia llegó a un acuerdo con el Centro de Detención de Northern Neck, Virginia, para incrementar nuestro acceso a los antiguos jefes de las autodefensas que están recluidos allí mientras esperan que les dicten sentencia. En este caso, los fiscales tendrán ocho horas diarias de acceso durante cinco días a la semana, es decir, 40 horas semanales para llevar a cabo las entrevistas o las declaraciones en video.
C.O.T.- ¿Quiénes están en Northern Neck?
G.M.D.- Salvatore Mancuso, Hernán Giraldo (El Patrón), Juan Carlos Sierra (El Tuso), Miguel Mejía Múnera (El Mellizo), José Gregorio Terán (El Pipón) y Norberto Quiroga (Cinco Cinco).
C.O.T.- Los extraditados que no estén en Miami o Virginia, ¿no podrán ser interrogados por autoridades colombianas?
G,M.D.- El Departamento de Justicia ha dicho que los acusados que estén esperando sentencia en otros centros podrán ser incorporados a este plan tan pronto como sea posible.
C.O.T.- ¿Estarán todos dispuestos a colaborar por retener los beneficios de Justicia y Paz, y en consecuencia, a revelar delitos cometidos por ellos mismos o por otros?
G.M.D.- Depende totalmente de ellos. Lo importante es que si no contribuyen, no obtendrán los beneficios estipulados en Justicia y Paz, el principal de los cuales es la imposición de una pena máxima de ocho años en prisión, cuando si se les juzga por la norma ordinaria, podrían ser condenados aquí por hasta 60 años de cárcel.
C.O.T.- ¿Los dos planes de aumento en el acceso a los extraditados se mantendrán indefinidamente?
G.M.D.- No. Por el contrario, serán de tiempo limitado.
C.OT.- ¿Por qué? ¿Quién definirá la duración: las autoridades colombianas, las de Estados Unidos o ambas?
G.M.D.- Según nos explicó el subprocurador general, Lanny Breuer, los sistemas penitenciarios de Miami y Virginia tendrán que destinar personal y recursos asignados a otras funciones para atender nuestros requerimientos. El procedimiento que hemos establecido para determinar la duración de estos planes de acceso es que nosotros, la Corte Suprema y el Ministerio del Interior, le tendremos que proporcionar al Departamento de Justicia los cronogramas de las entrevistas y declaraciones, así como las fechas límite en que concluirán.
C.O.T. ¿Cuáles funcionarios de Estados Unidos y de Colombia realizaron este acuerdo?
G.M.D.- Los que ya mencioné, pero la coordinación se hará a través de las oficinas de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y de la Fiscalía.
C.O.T.- ¿Cuándo se activarán los planes de acceso?
G.M.D.- Ya comenzamos con el envío a la Embajada de Estados Unidos de los nombres de nuestros funcionarios de enlace con ellos, que se encargarán de la parte organizativa y logística. Pertenecen a las unidades de Justicia y Paz, a la de Derechos Humanos y a la de fiscales delegados ante la Corte. Muy pronto se iniciarán las diligencias. La Corte Suprema tendrá su propio grupo de enlace porque sus necesidades son distintas.
C.O.T.- ¿Se podría concluir que este mejoramiento en el acceso de la justicia colombiana a los ex paramilitares extraditados es una respuesta a la posición de la Corte que ha emitido concepto negativo en varias peticiones de extradición de Estados Unidos?
G.M.D.- No se puede mirar como si un proceso fuera consecuencia del otro ni se podría decir que estos planes tendrán incidencia directa en los criterios futuros de la Corte. Por supuesto, las declaraciones que rindan los ex jefes de las Auc pueden facilitar la reparación y si ésta se da, también se haría más viable que la Corte emita conceptos distintos. Pero, como le digo, no se debe concluir que una cosa derivará en la otra.
C.O.T.- Cambiando de tema, una fiscal acaba de ordenar la nulidad de todo lo actuado contra los dos enlaces del narcotraficante alias Don Mario con el hermano del ex ministro del Interior Fabio Valencia Cossio. ¿Es así de poderosa la capacidad de corrupción que tienen ellos o se cometieron errores insalvables en el proceso?
G.M.D.- Fue una decisión de una fiscal de segunda instancia que no compartimos. He dispuesto que se le investigue y que se haga lo necesario para recuperar el proceso. Lamentablemente en este caso que usted menciona, se han tomado decisiones que podrían indicar que se han cometido ilicitudes o que los funcionarios que han participado no saben Derecho. Pero tiendo a creer lo primero, porque el juez que los dejó libres, cuando les concedió una tutela, está detenido.
C.O.T.- Una pregunta recurrente: ¿por qué no hay decisiones en los procesos de la yidispolítica contra los ex ministros Sabas Pretelt y Diego Palacio?
G.M.D.- En el proceso del ex ministro Sabas Pretelt hay una resolución de acusación que fue objeto de recurso de reposición y está por resolverse. El caso del ex ministro Diego Palacio está para definición de cierre de la investigación. Ambos son procesos muy extensos y los términos son de dos años, pero le puedo decir que pronto se conocerán las decisiones.
C.O.T.- Cuando el fiscal Mendoza y el vicefiscal Pareja se vayan, ¿ya habrán resuelto lo pertinente a estos casos o le dejarán el 'chicharrón' a los que vengan?
G.M.D.- Pienso que habrá decisiones.
C.O.T.- Tanto en la yidispolítica como en las investigaciones por las 'chuzadas' del DAS es válida la siguiente inquietud: Si un funcionario se mantiene como embajador o a otro se le nombra en un cargo diplomático, a los dos los cobija el fuero. ¿Ese fuero es útil para demorar el desarrollo del proceso?
G.M.D.- El fuero no entorpece la investigación por sí solo. Lo que dificulta las cosas es la ruptura de la unidad procesal, cuando ésta existe. Me explico: si se viene investigando a varias personas, las pruebas que las comprometen son comunes y se rompe la unidad procesal porque cambia la competencia de quien investiga debido a que nace un fuero, hay dificultad y demoras porque se le tiene que dedicar esfuerzo exclusivo al aforado y se duplica el trabajo con respecto a los otros investigados. Otro problema está en que los procesos contra funcionarios que tienen fuero constitucional deben ser asumidos directamente por el Fiscal General. Si en el caso del ex director de Fiscalías de Medellín (Guillermo Valencia Cossio) llevamos ya un año en juicio y todavía no hemos terminado, imagínese lo que se esperará en procesos más complejos. Pero esos son mandatos constitucionales y legales que hay que cumplir.
C.O.T.- ¿Cuántos ex funcionarios involucrados en las interceptaciones ilegales y en el complot del DAS contra la Corte han manifestado su deseo de acogerse a los beneficios por colaboración o al principio de oportunidad?
G.M.D.- Hay dos figuras que se han contemplado en ese caso: una es la de los preacuerdos que implican la aceptación de cargos y rebaja de penas. Eso fue lo que se acordó con el ex director de Contrainteligencia del DAS, Jorge Lagos. La otra figura es la del principio de oportunidad que se otorga sobre la base de una colaboración eficaz que permita no sólo imputar, sino acusar con solidez a otra persona. Es decir, quien se beneficie con el principio de oportunidad deberá ser testigo de cargo en el juicio oral contra el que vaya a delatar. A cambio de esa colaboración, la Fiscalía se compromete a abstenerse de continuar las investigaciones contra el beneficiado o de reanudarlas en el futuro. En la figura del preacuerdo la persona queda condenada, pero con rebaja de penas. En el principio de oportunidad no se inicia ninguna acción penal. Se le otorga inmunidad al que colabore. Por eso es un mecanismo excepcionalísimo que sólo se utiliza en caso de ser estrictamente necesario.
C.O.T.- ¿A cambio de cuáles delaciones que valgan la pena se le concede inmunidad total a un delincuente?
G.M.D.- Quien se acoge al principio de oportunidad es partícipe del delito, pero a nosotros nos interesa ir por el delincuente mayor. Vale la pena otorgarle ese beneficio si aporta información decisiva sobre la responsabilidad en determinados hechos, de personas con responsabilidades superiores.
C.O.T.- En el caso de la operación de espionaje del DAS, muchos involucrados están pidiendo que se les dé el principio de oportunidad. ¿Todos lo obtendrán?
G.M.D.- No, de ninguna manera, porque hay autores materiales que participaron en esos hechos y sin los cuales no hubiera sido posible armar ese operativo. Nosotros no vamos a ignorar la responsabilidad que les corresponde a los ejecutores. Para otorgar el principio de oportunidad podríamos pensar en partícipes menores que recibieron órdenes, pero si vamos a seguir la cadena y el que dice que le ordenaron tiene inmunidad; luego ése que ordenó también afirma que otro lo mandó, y se le da inmunidad y así hasta llegar al último nivel, quedarán impunes los delitos y no sería un criterio serio de justicia.
C.O.T.- ¿Lo inquieta el nuevo Código Penal Militar?
G.M.D.- No, porque el Código no afecta las investigaciones ni tampoco constituye un factor de privilegio para los militares. El fuero militar existe porque así lo determina la Constitución.
C.O.T.- Se va a nombrar Fiscal General Militar, jueces militares de control de garantías, jueces militares de ejecución de penas, CTI militar, etc. No se trata de que se acabe el fuero que existe en todo el mundo. Pero, ¿cómo puede interpretar la sociedad la expedición de un nuevo Código Penal para los uniformados en momentos en que se están investigando hechos tan complicados como los falsos positivos?
G.M.D.- El Código Penal Militar es aplicable a quienes cometan delitos con ocasión del servicio. Ni el Código nuevo ni ninguno de los anteriores cobijaban a los militares que cometían delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o los que son propios del Estatuto de Roma. El hecho de que se cree una Fiscalía Militar no va a hacer que los procesados tengan más garantías que las que nacen de las leyes ordinarias. Sólo van a separarse las funciones.
C.O.T.- ¿El Código fortalece el fuero y la exclusión de los investigadores civiles para los uniformados, como lo pretendían abiertamente algunos comentaristas?
G.M.D.- No creo, porque los códigos no pueden modificar, de fondo, los principios básicos que maneja la Corte Constitucional. Las interpretaciones que vayan en contra de los fallos constitucionales y legales no van a poderse aplicar y van a ser descartadas rápidamente.
Intercambio judicial
El 19 de julio pasado, el subprocurador general de Estados Unidos, abogado Lanny Breuer, cuyo cargo equivale al de Vicefiscal General de Colombia, le informó al fiscal (e) Guillermo Mendoza que el Departamento de Justicia adoptó dos iniciativas para mejorar la cooperación con la Rama Judicial colombiana, en cuanto a los procesos que dependen de las declaraciones de los paramilitares presos en ese país.
"El plan de acceso… se concentrará en los que han sido condenados y sentenciados en Estados Unidos, así como en los acusados que esperan que se dicte su sentencia". Según afirma Breuer, los presos descritos arriba, "representan la mayoría de los líderes de las Auc que han sido extraditados y, si el plan tiene éxito, podrá expandirse al resto de los acusados (en otras penitenciarías) una vez que hayan sido sentenciados".
El 12 de agosto, Mendoza Diago le contestó al subprocurador aceptando entusiasmado la propuesta y le anunció que nombró como grupo coordinador con la embajada y el Departamento de Justicia, la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía y a los fiscales de las unidades que tienen procesos pendientes con las ex autodefensas. La Sala Penal de la Corte Suprema también podrá sacar provecho de este convenio para imprimirles agilidad a los casos de la parapolítica.
De la pensión al 'virreinato'
Hace un año, cuando el entonces vicefiscal Guillermo Mendoza Diago asumió el cargo de Fiscal General debido al retiro, por tiempo cumplido, de Mario Iguarán, nadie se imaginó que doce meses después el cartagenero, que estaba a punto de jubilarse, todavía se encontraría sentado en la segunda silla más preciada de Colombia.
Antiguamente se creía que el poder público se concentraba en el despacho del Presidente de la República y que le seguía en importancia la oficina del Alcalde de la capital. Hoy nadie duda de que el virrey no es el mandatario bogotano, sino la cabeza del ente investigador. Volviendo a Mendoza, éste sólo aspiraba, como se indicó, a vivir de su pensión.
Paradójicamente, la crisis político-judicial desatada por el temperamento de confrontación permanente de Álvaro Uribe, que puso en guardia democrática a la Corte Suprema, terminó por atornillar a Mendoza en el último piso del búnker de la Fiscalía porque el plenario del alto tribunal se dividió y ninguno de los candidatos de la terna entusiasma a los magistrados.
Pero los rumores corren: se insiste en que el presidente Santos nombrará, mínimo, a dos nuevos aspirantes. Y que, en cuanto lo haga, la Corte elegirá al Fiscal. Sobre Mendoza se insiste en que tiene encima de su escritorio la oferta de la embajada en Chile y que lo está pensando.
[Fuente: Por Cecilia Orozco Tascón, El Espectador, Bogotá, 22ago10]
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