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04sep12
Falsa desmovilización
Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la defensa del general (r) Lelio Fadúl Suárez Tocarruncho solicitó que se decrete la nulidad del proceso que se adelanta en su contra por su presunta participación en la falsa desmovilización de la compañía Cacica La Gaitana de las Farc.
En su intervención, el abogado Iván Cancino, quien defiende los intereses del militar, aseguró que la Corte Suprema no es la competente para adelantar este proceso judicial, puesto que fue acusado por hechos relacionados con el servicio por lo que debe ser la justicia penal militar quien lo procese.
En este sentido, señaló el jurista, la Fiscalía no ha sido clara al momento de presentar los hechos por los que es investigado el general Suárez Tocarruncho ni de su participación en los delitos imputados.
"żEl peculado por apropiación que se le imputó es propio de sus funciones y con cuál? No hay ninguna normatividad que me permita pensar que mi cliente tenía manejo directo de los recursos, no lo tenía y el hecho que la acusación sea como cómplice, ratifica este argumento", dijo Cancino.
Igualmente manifestó que es extraño que se le haya imputado en los delitos de fraude procesal y fabricación, porte y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas puesto que no se explica bien su relación o participación en este cargo.
La Sala Penal de la Corte Suprema citó para el próximo 14 de septiembre para resolver la solicitud de nulidad que no fue apoyada ni por la Fiscalía ni la Procuraduría General.
Las víctimas
En el marco de la audiencia celebrada este martes, la Corte Suprema aceptó como víctimas dentro de este proceso a la Presidencia de la República en el juicio, puesto que los 1.139 millones de pesos para la desmovilización salieron del Fondo de Programas Especiales para la Paz del Departamento Administrativo.
Igualmente fue reconocida la Presidencia a través de FondoPaz y a la Agencia Colombiana Consejería para la Reintegración y negó ese reconocimiento de víctimas al Ministerio del Interior y al de Justicia.
[Fuente: El Espectador, Bogotá, 04sep12]
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