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03may12
La hicieron barrer el pueblo y luego comer estiércol
El 'agarrón' entre dos jóvenes mujeres por un fulano en una discoteca no habría sido más que la comidilla del pueblo si 'Los Rastrojos' no hubieran estado presentes. Pero lo estaban. Al siguiente día sentenciaron a quien creyeron culpable del enredo, Natalia*, a barrer todas las calles del municipio, no sin antes golpearla. Cuando Natalia terminó, el comandante que vigilaba el castigo se apareció con un caballo. El animal defecó y a Natalia le exigieron limpiar de nuevo. Tras recibir un "no" de la joven, el hombre armado le rasgó la ropa y la obligó a comer estiércol.
Al enterarse de que alguien le había avisado a la Cruz Roja, el comandante de 'Los Rastrojos' citó a todo el pueblo en el polideportivo. Agarró del pelo a Natalia, le disparó en la cabeza y se dirigió a la multitud: "Si informan a gente de afuera los acribillo. Sus teléfonos están intervenidos". Los habitantes de esa localidad de Nariño, aquel día de marzo de 2011, no pronunciaron palabra mientras una enfermera lavaba la sangre y su esposo, junto con cuatro hombres, levantaban el cuerpo para enterrarlo en una fosa común. "Todo el pueblo fue cómplice de esa muerte", le diría casi un año después un testigo a la Fiscalía.
Gobierno y autoridades sostienen que el paramilitarismo es periódico de ayer. Pero en las regiones sometidas por las llamadas bacrim (bandas al servicio del narcotráfico) la violencia sólo parece haber cambiado de dueño, no de forma. De eso dan cuenta varios informes de riesgo de la Defensoría del Pueblo a los que tuvo acceso este diario, como uno elaborado en octubre del año pasado acerca de la situación en el alto, medio y bajo Baudó (Chocó). Las comunidades indígenas o negras que allí habitan se ven confinadas o se desplazan en medio de enfrentamientos, reciben amenazas y los suyos son desaparecidos.
La desaparición se ha convertido "en una de las principales prácticas de los grupos armados ilegales, en especial de los grupos armados posdesmovilización", alerta la Defensoría. Esa fue la suerte que corrió Gustavo Marín, un agricultor afrocolombiano que quiso oponerse a que miembros de una bacrim le hicieran daño a su esposa. Se lo llevaron y de él no se supo nunca más. Lo mismo sucedió con Edelmo Barrigón, un indígena de 35 años que fue sacado a empellones de la comunidad de Sirena Berrecuy (Chocó) hace 15 meses. O con Heyler Córdoba y Carlos Mena, de 25 y 24 años respectivamente, quienes transportaban pasajeros en moto y fueron acusados de ser miembros de las 'Águilas Negras'.
En Chocó se dice que cualquier mototaxista puede ser miembro de una bacrim. Igual sucede en el Caribe. "No es que todos lo sean, pero a algunos sí los usan para hacer inteligencia", cuenta el general Leonardo Pinto, comandante de la XI Brigada que opera en toda la Costa Atlántica. El alto oficial señala una y otra vez que las bacrim son "la tercera generación de narcotraficantes" y que no tienen "característica ideológica ni antisubversiva". Admite, no obstante, cuánto desestabilizan las regiones donde se encuentran: "Aquí hay un problema grande de desempleo y las bacrim se aprovechan de la pobreza de la gente. Como no hay industria y el ganado no genera empleo, los muchachos no tienen qué ponerse a hacer".
Las Fuerzas Militares, la Policía y la Fiscalía las combaten con todos los recursos que tienen a la mano, ejecutando un plan que bautizaron 'Troya'. La orden presidencial es "limpiar los municipios de Colombia de esas bandas". El general Ricardo Restrepo, comandante de la Policía en la Costa Atlántica, asevera que para estos grupos ilegales el asunto es el control territorial. "Así manejan la distribución de droga, el microtráfico, los boleteos. Todo está vinculado con la droga. Extorsionan a tenderos y transportistas por sumas desde $5 mil diarios. Atemorizan diciendo que son los mismos paramilitares. Son una amenaza", expone el alto oficial.
Sin embargo, al igual que en los tiempos del paramilitarismo, la lucha de la Fuerza Pública contra estos grupos ilegales se ve de vez en cuando empañada por la complicidad de algunos uniformados o servidores públicos con la ilegalidad. Por ejemplo, en mayo de 2011 fueron capturados en Nuquí un concejal, nueve patrulleros de la Policía, el jefe de la unidad del CTI de Bahía Solano, un investigador de ese cuerpo y la asistente de un juzgado, señalados de cooperar con 'Los Rastrojos'. En diciembre del año pasado la Fiscalía arrestó al coronel que comandaba el Batallón Bárbula, a un coronel de la Policía y a cinco uniformados más del Magdalena Medio, aquella zona que se autoproclamó hace muchos años la cuna de la antisubversión.
La Fuerza Pública dice desconocer que existan control o limpieza social por parte de las bacrim. Otra cosa, sin embargo, dicen las investigaciones de la Fiscalía o la Defensoría del Pueblo. El caso de Natalia es un ejemplo. Otro es el homicidio de una indigente de Cartago (norte del Valle) a manos de 'Los Rastrojos', a quien asesinaron con toda frialdad en noviembre de 2010, como se evidenció en las interceptaciones telefónicas. "¿Ya camellaron a esa gamina?", preguntaba un alias García. En marzo de 2011, en las afueras de Cúcuta, la Fiscalía exhumó el cuerpo de un hombre. La Policía concluyó que posiblemente lo habían acusado de violador, pues su cuerpo no tenía genitales.
La violencia sexual y el reclutamiento son igualmente prácticas comunes de las bacrim. En julio de 2010 se conoció el caso de una odontóloga de Caprecom que fue retenida y violada durante dos meses por un comandante de 'Los Rastrojos'. En Chocó, Urabá, Nariño o los Llanos varias mujeres han sido acosadas sexualmente por no permitir que sus hijos sean reclutados, pero en algunos casos los hijos terminan siendo llevados a las filas como retaliación ante la resistencia de las mujeres a tener sexo con los hombres armados. De la misma manera, autoridades locales han detectado que las bacrim están fomentando el consumo de drogas entre los jóvenes para volverlos miembros de sus estructuras.
En el peor de los casos, se están convirtiendo en lo que los paramilitares representaron alguna vez: la seguridad que no provee el Estado. Así fue como resultó condenado hace poco José Napoleón Rodríguez, un próspero empresario de lácteos del Cesar que, extorsionado por un integrante de 'Los Rastrojos', le pidió ayuda a 'Los Urabeños' para acabar con su problema. Rodríguez citó al extorsionista a su empresa, de donde fue llevado a la fuerza por miembros de 'Los Urabeños' a una finca. Sin el menor de los escrúpulos se escucha en las interceptaciones telefónicas cuando un alias Cristian pregunta: "¿Quedó bien ahorcada la gallina?". Su interlocutor, entre risas, replica: "Quedó morada de la ahorcada que le pegamos".
"Colombia ha superado el paramilitarismo", afirmó triunfante el 20 de julio de 2007 el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez ante el Congreso y, dos meses más tarde, ante la ONU. El presidente Juan Manuel Santos insiste en que las bacrim son carteles de droga, mientras organizaciones como Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierten notables similitudes entre sus acciones y las de los 'paras'. Estos asuntos del lenguaje, sin embargo, poco importan para la gente que vive en las regiones subyugadas por las bacrim. Con las Farc intentando recuperar terreno y los carteles haciendo lo suyo, el conflicto para ellos tiene hoy el mismo color de antaño.
[Fuente: Por Diana Carolina Durán Núñez, El Espectador, Bogotá, 03may12]
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