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30may11
El botín del paramilitarismo
Un informe enviado a Washington señala cómo las Auc se apropiaron hasta del 50% de ingresos de gobernaciones. Seis alcaldes del departamento del Casanare contaron cómo fueron obligados a entregar los dineros públicos.
En la década de los años 90, al cobrar forma la descentralización administrativa, el paramilitarismo vio en las alcaldías y gobernaciones una oportunidad para saquear los recursos públicos. Entonces empezó una historia conocida: las autodefensas, haciendo uso de las finanzas locales —especialmente en la costa norte del país—, saquearon dineros de la salud y la educación. Una realidad no muy lejana a lo que se acentuó después y convirtió el erario público en botín de los grupos paramilitares.
La evidencia de cómo se financiaron los paramilitares, a partir de las confesiones de seis alcaldes del departamento de Casanare obligados a ceder recursos públicos al grupo armado ilegal, también quedó manifiesta en un cable de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá fechado en julio de 2007, apenas dos años después de la expedición de la Ley de Justicia y Paz. Con el argumento de que o “daban plata o recibían plomo”, los paramilitares hicieron del desarrollo social de las regiones su feudo personal.
La Embajada concluyó que, en buena medida, esta situación derivó de la descentralización creada en la Constitución de 1991. Este hecho, que se concretó a través de la elección popular de alcaldes y gobernadores, según el cable, motivó que los sistemas legales de contratación se alteraran con la captura de los recursos públicos. En el cable se citó como ejemplo específico al municipio de Soledad (Atlántico), donde el líder de las autodefensas, Édgar Fierro, alias ‘Don Antonio’, en nombre de ‘Jorge 40’, alcanzó a apropiarse de más de cuatro millones de dólares pertenecientes a los recursos públicos de la región.
Seguidamente, quedó escrito en el cable que, según expertos consultados, las autodefensas alcanzaron a robar, año por año y desde 1990, del 10 al 50% del total de los ingresos de las gobernaciones en donde lograron establecer contactos. Y se reportó que los paramilitares sólo se quedaban con el 5 o el 10% del dinero que robaban, pues el resto se destinó a comprar oficiales del gobierno y pagar a sus aliados. “Por medio del robo de recursos locales, los paramilitares coartaron la habilidad del gobierno de repartir servicios básicos e infraestructura”, agregó el cable.
Además quedó registrado, después de un encuentro de un oficial de la Embajada con seis exalcaldes de municipios del Casanare, que éstos fueron amenazados por integrantes del bloque comandado por alias ‘Martín Llanos’, al punto de firmar un acuerdo secreto para entregarles una cuota de los recursos públicos. Los pagos se hacían a través de “contratos” de servicios que nunca eran proveídos y, aunque los alcaldes manifestaron que después de la elección de Álvaro Uribe contaron su situación a la Fiscalía, después enfrentaron cargos por parapolítica.
De cierta manera, el reporte de la Embajada de Estados Unidos dejó plasmada una situación muy parecida a la crisis que hoy vive el sector de la salud pública. Las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), en ocasiones se convirtieron en fuente para que los paramilitares se apropiaran de los recursos de los más pobres en sus zonas de influencia —la tercera parte del país—. Además, a través de coacciones a oficiales locales y a funcionarios de las compañías contratadas, se apoderaron de un alto porcentaje de los ingresos, dejando escasamente un cuarto de los mismos para arrendar oficinas, contratar doctores y comprar medicinas.
Hace seis años que se aprobó la Ley de Justicia y Paz, después de que unos 30.000 paramilitares se desmovilizaran. Desde entonces, lo que ha venido develando el poder judicial fue el mismo diagnóstico que en su momento documentó la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Es decir, que gracias a la desviación de recursos públicos, el paramilitarismo multiplicó sus arcas. El saqueo a los dineros de la salud o de la educación fue la práctica más usada. También intervinieron los servicios públicos y las obras de infraestructura. Antes que la sociedad, el primer lucrado con la descentralización fue el fenómeno paramilitar.
Paradójicamente, más allá de haberse convertido en botín de las autodefensas, su práctica para apropiarse de los recursos de la salud terminó convirtiéndose en un mal ejemplo. La prueba es el escándalo de la salud que hoy sacude a la sociedad colombiana, probándose que a través de defraudaciones por pacientes falsos, equivocados procedimientos, engañosas tutelas o la intervención directa de empresas de fachada para gestionar recobros ante el Estado, millonarios recursos para la salud de los colombianos terminaron en manos de terceros, muchas veces con la omisión o complicidad de autoridades públicas .
[Fuente: El Espectador, Bogotá, 30may11]
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