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13oct13
El prontuario del gobernador 'Kiko' Gómez
Barrancas (La Guajira) es cuna y fortín del cuestionado gobernador de La Guajira, José Francisco Gómez Cerchar, mejor conocido como Kiko Gómez. En ese municipio, fronterizo con Venezuela, Gómez ha sido concejal y alcalde en dos ocasiones. El gobernador es investigado --entre otras cosas-- por un crimen cometido allí: el asesinato del concejal Luis López Peralta, ocurrido en febrero de 1997. Y en Barrancas, precisamente, Gómez fue capturado este fin de semana tras meses de señalamientos en su contra y en medio de un operativo del CTI, al parecer obstaculizado por el esquema de seguridad del mandatario.
El gobernador de La Guajira se encontraba celebrando el Festival del Carbón cuando agentes del CTI se le acercaron a notificarlo sobre la orden de captura en su contra por sus supuestos vínculos con paramilitares y bandas criminales y por su presunta participación en tres homicidios, uno de ellos el del concejal Peralta.
Cuando los agentes del CTI notificaron al gobernador sobre la orden de captura, él les dijo que no había problema, que entraran a su casa, que allí firmaba el acta correspondiente y se ponía a disposición de las autoridades. Cuatro agentes entraron a la residencia de Gómez en Barrancas, y en ese momento él les dijo a los miembros de su esquema de seguridad que lo iban a capturar. Entonces entre 14 y 15 uniformados se pusieron a golpear a los agentes del CTI hasta que los sacaron a patadas de la casa.
El gobernador no salió de la casa hasta entrada la noche. Lo hizo en una ambulancia porque, supuestamente, estaba enfermo y rodeado de miles de simpatizantes. "Lo que estaba era tomado", le dijo a este diario una fuente del CTI que con indignación contó los pormenores de la captura. De Barrancas fue trasladado a una clínica de Valledupar, donde es custodiado por agentes del CTI.
Funcionarios y periodistas que han intentado ingresar al centro de salud han señalado agresiones por parte de familiares y simpatizantes de Gómez. Por su parte, el CTI de la Fiscalía analiza la posibilidad de que las personas que obstaculizaron la captura sean procesadas, por lo menos por lesiones personales. Se espera que Gómez sea trasladado hoy a Bogotá y que mañana rinda indagatoria ante la Fiscalía por todos los delitos que se le endilgan.
El pasado 4 de mayo, la revista Semana recordó que Gómez había tenido problemas con la justicia incluso antes de iniciar su carrera política. En 1991 estuvo preso dos meses tras encontrársele varias armas sin salvoconducto y ocho gramos de cocaína. Pocos meses después fue elegido concejal de Barrancas y en 1995 dio el salto a la Alcaldía de ese municipio que recibe cerca de $30.000 millones anuales en regalías.
En 1997, cuando ya terminaba su mandato, Gómez fue señalado por el concejal Luis López Peralta (quien aspiraba a reemplazarlo) de haber quemado la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Barrancas para esconder irregularidades cometidas durante su administración. El 27 de febrero de ese año Peralta fue asesinado en un hotel de su propiedad.
Mientras Gómez acrecentaba su poder, al Cesar y al sur de La Guajira llegaban los paramilitares, al parecer apoyados por un familiar suyo: el diputado Jorge Gnecco Cerchar, asesinado en 2001, supuestamente por órdenes de Carlos Castaño. Por otra parte, el 6 de junio de 1998 un tal Marcos Figueroa García, alias Marquitos, un criminal en ese entonces procesado por receptación --es decir, por comercializar objetos robados--, se escapaba de la cárcel Rodrigo de Bastidas, en Santa Marta, junto con otros criminales de La Guajira.
Ahora, 15 años después, Kiko Gómez es investigado por sus presuntos vínculos con los hombres del excomandante paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y con Marquitos, que de delincuente común se convirtió en amo y señor de La Guajira, donde, de acuerdo con las autoridades, controla el negocio del narcotráfico y el contrabando de gasolina. Los supuestos vínculos de Gómez con Marquitos (quien se encuentra prófugo de la justicia y no se descarta que haya salido del país) fueron dados a conocer por la Corporación Nuevo Arco Iris y por la revista Semana. Los periodistas Gonzalo Guillén, Claudia López y León Valencia fueron amenazados tras revelar los vínculos non sanctos de Gómez. El gobernador es investigado también por estas amenazas.
Pero los procesos en su contra no acaban allí. A Kiko Gómez se lo investiga, además, por los homicidios de los ciudadanos Luis Alejandro Rojas Frías y Rosa Mercedes Cabrera Alfaro, perpetrados el 7 de julio de 2000 en Mamonal, zona rural de Fonseca (La Guajira). Igualmente es investigado por las muertes del dirigente Henry Ustáriz Guerra, perpetrada el 2 de abril de 2008; la de su esposa, la exalcaldesa de Barrancas, Yandra Brito Carrillo, cometida el 28 de agosto de 2012, en Valledupar, y la de Dinora Hernández Sierra, mejor conocida como La Chachi Hernández, el 20 de noviembre pasado.
Respecto a este crimen, el gobernador le dijo a Semana que nunca tuvo negocios ni relación alguna con "esa delincuente", en referencia a Chachi, viuda del cuestionado empresario Víctor Ojeda e hija de la dirigente wayuu Francisca Sierra. La Fiscalía se apresta a definir si le imputa cargos a Gómez por estos hechos.
Además de la Fiscalía, la Procuraduría también ha puesto sus ojos en el gobernador de La Guajira. Gómez fue citado para que el 30 de octubre responda por cinco faltas disciplinarias en las que supuestamente ha incurrido durante su administración. Al parecer, cometió varias irregularidades en la asignación de tres jugosos contratos: la construcción de la primera etapa de las vías priorizadas en el plan vial de La Guajira, por $49.000 millones; el servicio de vigilancia y seguridad privada en los bienes muebles e inmuebles de la Gobernación, y la licitación para la pavimentación de vías en el municipio de Fonseca. De ser encontrado responsable, Gómez sería inhabilitado por un lapso de entre cinco y diez años.
Kiko Gómez fue calificado por la revista Semana como un gobernador de miedo, ya no cuenta con el apoyo de su partido, Cambio Radical, y los procesos en su contra lo tienen muy cerca de una celda. Sus simpatizantes siguen abogando por su inocencia.
Es la Fiscalía la que debe demostrar si José Francisco Gómez es el socio de alias Marquitos, uno de los mayores criminales de su departamento, el hombre tras la ola de violencia que azota a La Guajira, o si todos estos señalamientos son otro escollo en la cuestionada carrera política de este gobernador que estuvo en una cárcel antes que en una curul.
Trinos por captura de 'Kiko' Gómez
Tras la captura del gobernador de La Guajira, José Francisco Gómez, los periodistas Gonzalo Guillén, Claudia López y León Valencia, al parecer amenazados por Gómez por revelar sus supuestos vínculos con el capo Marcos Figueroa, alias 'Marquitos', se mostraron satisfechos. "A @Kikogomezc lo esperan cerca de 35 años de cárcel. Pasará a la historia como el genocida del desierto", escribió Gonzalo Guillén en su cuenta de Twitter.
"Un abrazo para mis compañeros de investigación y denuncia de narcopolitica @HELIODOPTERO @ArielArcoIris y @LeonVaLenciaA ¡Rendirnos jamás!", escribió en Twitter la investigadora Claudia López que, además, advirtió que "como todos los bandidos cuando los capturan, 'KiKo también se va a declarar enfermo, perseguido y víctima de complot de 'justicia politizada'".
Gómez, un gobernador de miedo
El 4 de mayo pasado, la revista 'Semana' publicó un artículo titulado "Un gobernador de miedo", en referencia al gobernador de La Guajira, José Francisco 'Kiko' Gómez. En el texto se asegura que "nunca un mandatario regional había sido objeto de cargos tan graves". Y, al final, se exhorta a las autoridades a que esclarezcan estos hechos. "Por el bien del país es importante aclarar pronto la situación. Si es inocente, para que de una vez por todas se despejen todas las dudas. Y si no, para que no se repita aquella historia". Poco tiempo después, los periodistas Gonzalo Guillén, Claudia López y León Valencia fueron amenazados. López se fue del país por seguridad.
Ahora la Fiscalía se apresta a escuchar en indagatoria a este mandatario local, cuestionado por sus supuestos vínculos con los paramilitares y con el capo Marcos Figueroa.
[Fuente: Redacción judicial, El Espectador, Bogotá, 13oct13]
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