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17ago13
Ya son más de 300 los investigados por 'cartel de falsos testigos'
La Fiscalía ha logrado dos condenas y los investigadores preparan otras cinco imputaciones.
Dentro de menos de dos semanas, el 2 de septiembre, los juzgados de Paloquemao en Bogotá serán escenario del arranque de uno de los procesos más sonados de falsos testigos en los últimos años.
Ese día, la Fiscalía le imputará cargos por falso testimonio (que da entre 6 y 12 años de cárcel) al reconocido ganadero de Casanare Carlos Gabriel el 'Negro' López.
Su nombre aparece repetidamente en las investigaciones de la Procuraduría y la Corte Suprema que absolvieron al exministro Germán Vargas Lleras de cualquier relación con los 'paras'. López apareció ante las autoridades en el 2011 y aseguró que había visto a Vargas en una manga de coleo en compañía del extraditado narco Néstor Raúl Caro Chaparro.
El capo no solo negó esa reunión, supuestamente realizada en el 2002, sino que las investigaciones encontraron que desconocidos intentaron convencerlo, a través de antiguos compañeros del Ejército, de que salpicara al exsenador y exministro.
Con Carlos Gabriel López son ya 314 los falsos testigos judicializados en el último año por la Fiscalía, que en el mismo lapso ha conseguido dos condenas: la de un exguerrillero que intentó salpicar al vicepresidente Angelino Garzón y la de Wílmer Vergara Garzón. Él fue el preso de la cárcel de Valledupar que aseguró que guardianes del Inpec le habían pagado para asesinar, en una visita del 2012, al representante Iván Cepeda. La versión resultó mentirosa
Esos falsos testigos representan además un riesgo para las arcas del Estado, pues quienes han sido detenidos injustamente interponen millonarias demandas.
Aunque las investigaciones contra los farsantes van avanzando, la justicia se queda corta porque los fiscales siguen persiguiendo condenas por calumnia, falso testimonio y fraude procesal, pero ningún caso ha llegado a establecer qué se buscaba con enredar en supuestos arreglos oscuros a congresistas, magistrados, candidatos presidenciales y altos funcionarios.
El caso que ha llegado hasta ahora más lejos es el del conocido paramilitar 'Tasmania', quien en el 2007 acusó al magistrado Iván Velásquez de ofrecerle beneficios a cambio de que enredara al expresidente Álvaro Uribe en un crimen de los 'paras'.
Esa oferta nunca existió y el abogado de 'Tasmania', Sergio González, fue condenado a 5 años de cárcel por el delito de calumnia, pues fue él quien convenció al ex-Auc de participar en el montaje. Aunque el extraditado narco Juan Carlos el 'Tuso' Sierra, cercano a González, dio varias pistas que resultaron ciertas y aseguró que en el plan contra Velásquez habían participado jefes paramilitares y algunos funcionarios de la época, la investigación se estancó.
Versiones prefabricadas
En el caso del guerrillero Diego Fernando Hernández, quien acusó al Vicepresidente, se investiga si el exdirector de una cárcel le dio 2 millones de pesos por decirle a la Fiscalía que Garzón, cuando era gobernador del Valle, había recibido plata para permitir el escape del comando de las Farc que secuestró a los 12 diputados de ese departamento. El cabo suelto que echó por tierra el montaje fue que Garzón llegó a la gobernación casi 2 años después del secuestro. El próximo 3 de septiembre, el testigo, que a pesar de estar condenado por homicidio y rebelión está libre, ajustará una nueva sentencia en contra.
Tras el yerro cometido con el exdiputado Sigifredo López el año pasado, la Fiscalía ha intensificado los esfuerzos para separar las versiones confiables de las prefabricadas por testigos profesionales. Aunque aún no se halla una línea que una diferentes casos, sí hay varias pistas interesantes. Por ejemplo, la coincidencia de falsos testigos, casi todos desmovilizados, en cárceles como las de Picaleña, en Tolima, y varias de la Costa.
Uno de los casos emblemáticos es el de Armando Lugo, el 'Cabezón', 'expara' que, según la Fiscalía, "planeó una estrategia criminal desde la cárcel para extorsionar a algunos políticos y beneficiarse económicamente". Él aparece en al menos 6 casos contra políticos del Valle y el Cauca y fue llamado a juicio por el montaje contra el senador Luis Fernando Velasco, quien fue absuelto por la Corte y la Procuraduría de cualquier nexo con ilegales.
Fuentes de la Unidad de Falsos Testigos dijeron que los procesos van lentamente porque la orden del fiscal Montealegre es garantizar que "ningún inocente termine condenado por un testigo mentiroso, pero que tampoco quede libre un delincuente por acusaciones infundadas contra los testigos".
Lupa a procesos emblemáticos
La Fiscalía investiga desde las denuncias del expresidente Álvaro Uribe y el caso del general Miguel Maza Márquez, enredado en el magnicidio de Luis Carlos Galán, hasta las mentiras de tres de los testigos del caso por la muerte del joven Luis Andrés Colmenares.
Expertos piden mejorar investigación
El exvicefiscal general Francisco Sintura asegura que los falsos testigos constituyen un riesgo creciente para la administración de justicia. Sostiene que los jueces y fiscales deben valorar la veracidad de los testimonios y acudir a otros métodos de prueba, como evidencias documentales y los exámenes de los peritos.
"Sobre todo cuando el caso se basa en un solo testigo, hay que poner en marcha métodos de comprobación para no incurrir en errores que lleven a la cárcel a inocentes", afirma Sintura.
Otro exvicefiscal, Wilson Martínez, dice que siempre han existido falsos testigos, pero que solo ahora se ve un nuevo fenómeno de extorsión en las declaraciones, y esa puerta "la abrió la ley de justicia y paz". "Antes había una parte interesada, que contrataba a un testigo para que mintiera en un caso; ahora hay testigos que mienten de manera indiscriminada para obtener algún tipo de provecho", asegura, porque los que están en justicia y paz, cualquiera sea su crimen, no pagan más de 8 años de cárcel. De allí que haya quienes decidan jugársela por confesar, incluso, hechos no cometidos, si colateralmente pueden obtener un beneficio.
El exdiputado Sigifredo López, que estuvo preso como supuesto cómplice de su propio secuestro y el de sus colegas del Valle, dice que mentir en los procesos debe tener consecuencias penales y económicas mucho más fuertes, tanto para los que mienten como para los funcionarios judiciales que no verifican.
[Fuente: El Tiempo, Bogotá, 17ago13]
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