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04may13
Ninguno de los 55 congresistas condenados por parapolítica ha pagado nada de la multas judiciales
Como en la fábula de Rafael Pombo, los congresistas sentenciados por sus vínculos con los paramilitares se han declarado, al igual que La pobre viejecita, "sin nadita que comer". Pese a que al momento de ser condenados se les impusieron multas que van de los 1.000 a los 6.000 millones de pesos, todos se dicen insolventes para evadir los pagos, destinados, entre otros, a reparar a las víctimas.
Las multas impuestas por la Corte Suprema de Justicia a los 55 congresistas condenados en el marco de la parapolítica alcanzan los 175.000 millones de pesos. En teoría, deben destinarse a mejorar el funcionamiento de la Justicia y a contribuir con el Fondo de Reparación para las Víctimas del Conflicto Armado. Pero ninguno de ellos ha pagado un solo peso.
Pese a que muchos tienen una situación económica más que holgada y, en varios casos, reputación de ser ricos, el Estado ha sido incapaz de impedir que los excongresistas transfieran o escondan sus bienes antes de las sentencias.
La paradoja llega al extremo de que excongresistas como Mario Uribe Escobar y Miguel Pinedo Vidal, condenados por sus vínculos con los paramilitares en Córdoba y en La Guajira, respectivamente, reciben pensiones de hasta 18 millones de pesos, sin haber aportado un solo centavo a la reparación de las víctimas del paramilitarismo.
El exsenador Uribe, condenado en 2011 a siete años y medio de prisión y a una multa de 3.500 millones de pesos, por años tuvo fama de ser no solo un gran cacique electoral y propietario de tierras en Antioquia, sino de ser uno de los hombres más ricos del suroeste del departamento. SEMANA no pudo verificar que tuviera propiedades a su nombre.
Otros, como el exsenador del Valle del Cauca Juan Carlos Martínez Sinisterra y Carlos Herney Abadía, condenados por nexos con paramilitares y narcotraficantes en el occidente del país, han acumulado importantes fortunas, y también se declaran insolventes ante la justicia.
Abadía, padre del destituido gobernador del Valle Juan Carlos Abadía, fue condenado en 1998 en el Proceso 8.000 y en 2008 la Fiscalía inició extinción de dominio sobre 17 de sus inmuebles en el Valle del Cauca y Bogotá, presuntamente adquiridos producto del lavado de activos del narcotráfico.
El encargado de recolectar estas multas es el Consejo Superior de la Judicatura,pero su capacidad para hacerlo es casi nula. Su División de Depósitos Judiciales, encargada de la tarea, está compuesta por una veintena de abogados, de los cuales tan solo unos pocos se dedican al cobro de las cauciones y multas económicas, no solo de los parapolíticos sino de cientos de miles de sentenciados.
Según el último Boletín de Deudores Morosos del Estado, publicado por la Contaduría General de la Nación en noviembre de 2012, la deuda de todos los condenados del país por este concepto asciende a 16,3 billones de pesos. Esto representa el 43 por ciento de los 37 billones de pesos que componen el total de acreencias del Estado. Por ejemplo, los hermanos Rodríguez Orejuela deben más de 7.000 millones y Fernando Botero Zea, 1.000 millones, pese a que han pasado casi 20 años desde que se profirieron las sentencias en su contra.
El Estado no solo es incapaz de cobrar, sino que las multas a menudo exceden la capacidad de pago de los condenados. En apenas seis meses, entre marzo y noviembre de 2012, la deuda al Estado por este concepto subió 1,8 billones de pesos.
"Las multas son muy altas y desconocen completamente la condición de la persona, para lo cual sería necesario un sistema que pueda imponer sanciones económicas que estén relacionadas con la posibilidad real del condenado de poder pagar", argumenta Francisco Bernate, profesor de derecho penal de la Universidad del Rosario.
"Lo principal es que el Estado pueda tener mayores herramientas para impedir que las personas investigadas puedan transferir sus bienes o sacar del país su capital" afirma, por su parte, el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Agustín Suárez. Este organismo trabaja en una propuesta para tercerizar el cobro y que operadores privados asuman esa función del Estado.
Sin embargo, con la estructura y las falencias actuales, no está para nada claro que la solución al problema de cobrar las multimillonarias sumas que deben los parapolíticos y miles de otros condenados, sea que la Justicia transfiera esa responsabilidad a unos 'chepitos'.
[Fuente: Revista Semana, Bogotá, 04may13]
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