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23sep12
Excongresista reaparece a través de una fundación que creó
"Del expresidente Álvaro Uribe es mejor que no me pregunte, porque no tendría nada bueno que decir. Defendió a unas personas que estoy segura que no son inocentes. Mi único pecado fue acercar a las autodefensas para un proceso de paz y me abandonaron. Pero eso ya es asunto del pasado. Desde hace un año llevo reuniendo a casi 1.100 desmovilizados que están desorientados porque el gobierno pasado les incumplió. Hoy, a través de una fundación que presido, quiero convertirlos en gestores de paz y los estoy acompañando para que no vuelvan a delinquir".
Son las expresiones de la excongresista Rocío Arias Hoyos, quien después de pasar las duras y las maduras, por sus probados vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia y luego de mantener un silencio sepulcral, decidió volver a la escena pública para contar que después de estar en prisión creó en Medellín la Fundación Semillas de Paz. Allí cientos de exparamilitares encuentran un nuevo refugio, piden asesoría jurídica para saber qué hacer dentro del proceso de Justicia y Paz, buscan un blanco diferente a las armas y escuchan temas de reconciliación.
A sus 43 años, con tres hijos, varias cirugías estéticas a cuestas, una actividad intensa y un bajo perfil, la comunicadora social y excongresista Rocío Arias parece reiniciar su vida a través de esta iniciativa. Emprendió otra titánica gestión para el beneficio de viejos conocidos o compañeros de lucha, que desde ya puede causar ampolla. Su paso por la cárcel El Buen Pastor extrañamente parece haberla fortalecido. Allí, purgando una pena de 45 meses, hasta se casó con un empresario del sector de las confecciones que conoció en una feria de moda en Medellín. El jueves, hasta la madrugada del viernes, celebró el cuarto aniversario de su unión marital y pocas horas después le contó a El Espectador los detalles de lo que define como un proyecto que cuenta con el apoyo de la empresa privada, claro, aún no identificada.
De Caucasia (Antioquia), un territorio en conflicto y estratégico para el negocio del narcotráfico, Arias no cesa en recordar que cuando cursaba tercer año de primaria en la escuela rural, guerrilleros de las Farc la sacaron junto con sus compañeros de clase para ver cómo asesinaban a dos maestros. Igual no olvida que en su pueblo natal también miembros de la guerrilla entraron a la casa de sus primos y los asesinaron a sangre fría.
Una situación que la hizo migrar a Medellín con su familia, en donde se graduó de periodista e hizo varias corresponsalías para noticieros de televisión. Un pasajero periplo mediático que cambió luego de conocer a los paramilitares del bloque Central Bolívar, Ernesto Báez, Julián Bolívar y Javier Montañez, jefes de la estructura económica y militar más fuerte del desaparecido grupo armado ilegal. Y, por supuesto, de tratar al jefe, el temible Carlos Castaño.
Incursionó en la política como candidata a la Asamblea de Antioquia, pero no fue elegida. Luego con su movimiento Colombia Viva en 2002 llegó al Congreso de la República. Por esa misma época, como lo recordó en su momento el exministro de Transporte Andrés Uriel Gallego, "adhirió a la campaña del candidato Álvaro Uribe, lo acompañó en periplos por el Bajo Cauca". Al final juntos salieron elegidos.
Los evidentes vínculos de Arias con las autodefensas derivaron en que el 16 de julio de 2008 un juez la condenara a 45 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir. Casi dos años después hizo lo propio la Procuraduría, que la destituyó e inhabilitó por 20 años. "Trabajé en el proceso de paz del expresidente Uribe, todos saben lo que eso me costó a nivel personal, no quiero recordarlo, pero eso sirvió para que 37 mil miembros de las autodefensas se desmovilizaran, sé que valió la pena", afirma Arias.
Salió de la cárcel hace poco más de un año y, según ella, encontró que en Medellín, en Antioquia y otras regiones del país: "El proceso de paz con las Auc tuvo graves secuelas por su ruptura. Hubo una gran desilusión de los desmovilizados, los programas no funcionaron, muchos se fueron a integrar las bandas criminales y otros quedaron solos y sin saber qué hacer. Allí me di cuenta de que con mi experiencia podía iniciar un proyecto de acompañamiento, capacitación y no violencia", afirma la excongresista Arias Hoyos.
Según cifras de la Unidad Nacional para los Desmovilizados de la Fiscalía, actualmente los fiscales especializados, en casos de concierto para delinquir, han ordenado la apertura de instrucción en 7.096 procesos, escuchando en diligencia de indagatoria a 1.240 desmovilizados, resolviendo 752 situaciones jurídicas e imponiendo 49 medidas de aseguramiento. De igual manera, se han realizado 24 diligencias de formulación de cargos para sentencia anticipada y generado 11 sentencias condenatorias.
Por eso, parece que la noticia de la creación de la Fundación de Arias se regó en el bajo mundo de los desmovilizados. Desde mediados del año pasado empezaron a llegar a las oficinas de la entidad exintegrantes de los bloques Cacique Nutibara, Mineros, Central Bolívar, Calima, entre otros. "Todos ellos se acercaron a mí porque saben del trabajo que hice en el anterior proceso, por eso confían plenamente en la gestión que hago", destaca Arias.
Al tiempo que crece la iniciativa se hizo una alianza con la Fundación Compromiso Colombia, según la exparlamentaria, el proyecto va de la mano con esta ONG y sus gestores Michel Pineda y el sociólogo Jaime Oviedo. Para Arias esta ONG tiene una experiencia en el manejo de este tipo de iniciativas de más de seis años. Por ahora se han efectuado varios talleres en donde lo fundamental es el acompañamiento jurídico.
Según Arias, "aquí en Medellín hubo exterminio de la Corporación Democracia, muchos de sus miembros fueron asesinados, otros no saben qué hacer y varios están delinquiendo. Los hemos podido agrupar a través de la Fundación Semillas de Paz y la Fundación Compromiso Colombia, vienen de la región del Bajo Cauca, Urabá, el Valle y los Santanderes. Como no tenían programas claros, la idea es acompañarlos como una iniciativa para aportar a la paz".
Y mientras se reafirma en las bondades de su nueva iniciativa, les da un espacio a quienes fueran parte de la organización de las autodefensas y que fueron extraditados a Estados Unidos: "Me gusta que por fin hayan empezado a hablar de todo lo que saben, pero lo importante es que realmente digan la verdad, pero toda, aún queda mucho por conocer".
La más reciente iniciativa de Arias está hace cerca de dos meses en las oficinas de la Agencia Colombiana para la Reintegración. Se trata de un proyecto que busca que parte de los desmovilizados se conviertan en gestores de paz en las regiones. Una petición similar a la que Arias hizo en marzo de 1999, cuando se encontraba en la cárcel El Buen Pastor. De inmediato el presidente Álvaro Uribe negó la solicitud.
Arias está a la espera de una decisión del Gobierno, entre tanto, tiene en la Fundación 34 proyectos propuestos por los propios desmovilizados para crear microempresas. También están en ciernes otras iniciativas en materia ambiental, para la creación de un observatorio y un laboratorio de cifras sobre la desmovilización de las autodefensas.
Es el proyecto que desde hace pocos meses y sigilosamente está manejando la controvertida excongresista antioqueña Rocío Arias, quien insiste en el apoyo que se les debe dar a los desmovilizados ante el crecimiento desaforado de las bandas criminales; en la asesoría jurídica frente a la Ley de Justicia y Paz; en hacer alianzas con otras fundaciones; en buscar apoyo del Gobierno Nacional, y en la claridad de su animadversión al expresidente Uribe, a quien idolatró durante muchos años.
El primer revés ante la justicia
El 16 de julio de 2008 el juez primero especializado de Antioquia condenó a la excongresista Rocío Arias Hoyos por haber cometido el delito de concierto para delinquir. En el juicio admitió que formó parte del ala política de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Arias Hoyos se entregó a la justicia el 22 de enero de 2008 al conocerse la medida de aseguramiento en su contra. Para el momento de la condena se supo que la exparlamentaria no recibió rebajas adicionales de su pena, en razón a que decidió no firmar un acuerdo de colaboración efectiva con la Fiscalía General de la Nación.
La decisión de la Procuraduría
El 17 de marzo de 2010, el Ministerio Público destituyó e inhabilitó a la exparlamentaria Rocío Arias por 20 años. En consideración de la Procuraduría, se detectó que para las elecciones correspondientes al período 2002-2006, las autodefensas diseñaron un programa político que consistió en dividir el territorio de varios departamentos, con importante presencia paramilitar, para facilitar el triunfo electoral de los candidatos cercanos al grupo armado ilegal.
La institución encontró en su investigación que, comparadas las proyecciones oficiales, se evidenciaron cambios fundamentales en los resultados de los comicios cuyo efecto fue la elección de personas desconocidas en el ámbito político, entre ellas Rocío Arias.
[Fuente: Por Norbey Quevedo H., El Espectador, Bogotá, 23sep12]
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