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05jun12
¿Qué tan lejos está el fin de la parapolítica?
Van 400 procesos de parapolítica abiertos, pero los paramilitares desmovilizados han aportado información suficiente para investigar a 11.179 políticos, funcionarios, empresarios y otros ciudadanos como posibles cómplices de este tremendo capítulo de la historia colombiana. Informe especial.
Desde que arrancó el proceso de Justica y Paz y hasta fin de abril, sus fiscales y magistrados han enviado a la justicia ordinaria más de 11.179 solicitudes de indagación de 943 políticos, 870 militares, 330 servidores públicos y 9.036 personas privadas, entre ellos, a muchos empresarios porque se sospecha contribuyeron de alguna manera con el paramilitarismo.
Este indicador no quiere decir que cada vez que un paramilitar mencione a alguien como su cómplice, éste sea realmente culpable, sí da una idea de a cuánta gente arrastró el fenómeno y cuánto le falta a la justicia para esclarecer quiénes lo hicieron posible y se beneficiaron de él.
Son cuatro las instituciones encargadas de investigar las alianzas entre paramilitares y políticos, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
La Corte Suprema ha condenado a 53 políticos senadores y representantes a la Cámara y a 9 gobernadores, y aún tiene más de 100 procesos por parapolítica pendientes. Entre ellos, contra Dilian Francisca Toro, Nancy Patricia Castañeda, Armando Benedetti, Juan Manuel Corzo, Julio Alberto Manzur y Guillermo Gaviria Zapata.
El camino que tiene que recorrer la Fiscalía en materia de para-política es igualmente largo. La Fiscalía ha concluido exitosamente decenas de casos, y en los que ha pedido acusación, ha logrado sentencias contra varios alcaldes, concejales y diputados de los departamentos de Sucre, Cesar, Magdalena, Casanare, Antioquia y Tolima, y algunos ex funcionarios de alto nivel como, Jorge Noguera, ex Director del DAS y Guillermo Valencia Cossio, ex director Nacional de Fiscalías.
La Unidad Contra el Terrorismo, la estructura de apoyo de parapolítica adscrita a esa oficina, tiene hoy en sus manos 260 investigaciones preliminares, otras 47 en etapa de instrucción y 15 en indagación.
La Unidad delegada ante la Corte Suprema de la Fiscalía, está procesando a 20 gobernadores y ex gobernadores de 15 departamentos, y tiene a su cargo investigaciones polémicas como una contra el ex vicepresidente Francisco Santos porque presuntamente estuvo de acuerdo con la creación de un Bloque Capital, según aseguró Salvatore Mancuso, y otra contra la ex ministra del medio ambiente Sandra
Suárez por supuestos nexos con 'Jorge 40'. Ambas investigaciones están en su etapa preliminar.
Esta Unidad también se encarga de investigar y acusar a: ministros, embajadores, generales y almirantes de la fuerza pública, directores de departamentos administrativos, al Contralor General de la Nación y Procurador General de la Nación.
El asunto de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que tiene el poder de investigar al Presidente de la República, al Fiscal General, a los magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado y a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, no es de volumen. Sólo tiene dos investigaciones pendientes: contra los ex fiscales Mario Iguarán y Luis Camilo Osorio, pero avanzan con dificultad, dado el calibre de los procesados.
El secretario de esta Comisión, Gonzalo Pinzón, dijo a VerdadAbierta.com, que están esperando que el Congreso apruebe viajes al exterior de los investigadores para entrevistar a los ex jefes paramilitares presos en Estados Unidos y otros viajes para entrevistar a otros testigos de los casos.
En marzo de 2012, la Comisión retomó la investigación formal contra el ex fiscal Osorio. Originalmente el proceso contra el ex fiscal se había abierto hace años, a raíz de que en 2002 el entonces senador y actual alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, había asegurado que Osorio era responsable de haber permitido que las autodefensas infiltraran la Fiscalía.
Contra el ex fiscal Iguarán, la Comisión abrió una investigación preliminar por una supuesta colecta que hizo Carlos Mario Jiménez alias 'Macaco' para favorecer su elección como Jefe del ente investigador. Vale la pena aclarar que frente al ex presidente Uribe, quien ha sido señalado en varias versiones libres de los ex paramilitares, (ver Los 'paras que han salpicado a Alvaro Uribe), sólo hay una investigación preliminar en la Comisión por presunta responsabilidad en las chuzadas del DAS, más no por parapolítica.
La Procuraduría, cuya tarea es vigilar a los funcionarios públicos, creó una comisión para el seguimiento de los procesos por parapolítica llamado Grupo de Seguimiento de Procesos Disciplinarios en el Marco de la Justicia Transicional, Ley de Justicia y Paz.
Esta comisión busca impulsar las investigaciones disciplinarias contra funcionarios públicos, iniciadas a raíz de las denuncias e información entregada por los desmovilizados. Inicialmente el grupo tenía vigencia de un año, sin embargo en marzo de 2012, una nueva resolución ordenó su funcionamiento indefinido.
Según la Coordinadora de Justicia y Paz del Ministerio Público y líder del Grupo de Seguimiento, el mayor problema para las investigaciones disciplinarias por parapolítica es que el tiempo de vencimiento que tiene la Procuraduría para procesar a los políticos señalados es de cinco años después de ocurrido el hecho.
Sin embargo, para el caso de investigaciones disciplinarias por infracciones a los derechos humanos el vencimiento para que se inicie un proceso es de 12 años.
En este contexto, muchos de los casos de los políticos que se aliaron con paramilitares para las elecciones parlamentarias del 2002 y regionales del 2003, ya se vencieron.
Entre otros obstáculos para desarrollar las investigaciones disciplinarias, resaltados por la funcionaria consultada por VerdadAbierta.com, están las impresiones en las declaraciones de los denunciantes, lo que dificulta la comprobación de los hechos y las frecuentes renuncias de funcionarios públicos que llevan poco tiempo en su cargo y que cuando tienen abierta una investigación disciplinaria casi de inmediato renuncian a su cargo, para evadir la investigación
En este último caso, el Ministerio Público, pierde su competencia para investigarlo. En la Procuraduría actualmente hay en curso 356 procesos contra funcionarios públicos por presuntas alianzas con grupos paramilitares. Sin embargo esta cifra cambia rápidamente y está sujeta entre otras cosas a las versiones que rinden postulados en Justicia y Paz. La mayoría de los casos abiertos se localizan en los departamentos de Sucre, Antioquía y Cesar.
En la oficina del Procurador General hay 103 procesos por parapolítica, de los cuales 88 están en trámite, 11 tiene fallo con sanción disciplinaria y 4 se han absuelto. Entre los casos más sonados están las investigaciones disciplinarias contra el ex senador y ex embajador en Perú, Jorge Aníbal Visbal Martelo; contra el ex representante Estanislao Ortiz, y varios alcaldes de los municipios de Necoclí, Arboletes, San Pedro de Urabá; contra el ex senador Reginaldo Montes; contra el ex representante Luis Fernando Almario: contra el ex representante a la Cámara Juan Pablo Sánchez; contra el ex senador Guillermo Alfonso Jaramillo y el ex alcalde de Planadas, Tolima, Jhon Jairo Hueje, entre otros.
En etapa probatoria se encuentran los juicios contra, el ex concejal del Magdalena, Carlos Padilla Peña, el ex representante a la Cámara condenado ya por la Corte Suprema, Alfonso Riaño, el ex senador Habig Merheg, entre otros. Investigados con pliego de cargos por la Procuraduría están el ex gobernador de Caquetá, Juan Carlos Claros y el ex senador Ciro Ramírez, condenado ya por la Corte.
Durante el 2011, el Ministerio Público abrió indagación contra el representante a la Cámara Guillermo Rivera, ponente de la Ley de Víctimas, y el ex gobernador del Putumayo, Carlos Palacios Palacios. Por estos hechos, según lo conoció VerdadAbiarta.com, la Procuraduría ordenó el 31 de octubre de año pasado la apertura de indagación.
El para-poder revelado
La más reciente condena contra el ex presidente del Senado, Javier Cáceres, proferida el 12 de abril de 2012, es apenas una muestra de qué tan alto llegaron los paramilitares en el Poder Legislativo (Ver Javier Cáceres, condenado a nueve años por parapolítica). El mapa completo es aún más impactante: siete de los 10 presidentes del Senado entre el 2002 y el 2012 han sido o están siendo procesados por la Corte Suprema de Justicia por presuntos nexos con paramilitares. En febrero de este año la Corte condenó a Miguel Pinedo Vidal, presidente en el periodo 1999-2000 por aliarse con el ex jefe paramilitar Hernán Giraldo (Ver Condenado ex congresista Miguel Pinedo Vidal por parapolítica) y un año antes, en mayo del 2011, el Alto Tribunal profirió condena, por sus nexos con paramilitares del Bloque Tolima, contra el ex senador Luis Humberto Gómez Gallo, presidente del Senado en el 2004,. (Ver La condena a Luis H. Gómez Gallo)
Hoy la Corte también evalúa las pruebas y testimonios para condenar o absolver a los también ex presidentes del Senado: Luis Alfredo Ramos, del partido Alas Equipo Colombia, presidente del periodo 2002-2003; Dilian Francisca Toro, senadora del partido de la U y presidenta de esa corporación entre 2006-2007; Nancy Patricia Gutiérrez, de Cambio Radical y presidenta del Senado entre 2007-2008; Armando Benedetti del partido de la U y presidente del Senado en 2010 y; Juan Manuel Corzo, presidente del Senado en 2011.
Estas investigaciones se encuentran en su etapa preliminar, a la espera de que sean comprobados los testimonios que los incriminan para así poder decidir si se abre una investigación formal o por lo contrario, su casos merecen preclusión porque las denuncias no tienen soporte.
En general, para el caso del Legislativo, según cifras de la Corporación Nuevo Arco Iris, hasta hoy han sido procesados un total de 139 ex congresistas y congresistas elegidos para los periodos legislativos 2002-2006 y 2006-2010.
Contra este grupo de congresistas y ex congresistas, el Alto Tribunal ha proferido 53 sentencias condenatorias, 7 absoluciones y 6 autos inhibitorios. Actualmente, 27 procesos están en etapa de instrucción, 35 en investigación preliminar y 5 ex congresistas han sido llamados a juicio.
Los procesos que están actualmente en etapa de juicio en el alto tribunal son el del ex senador cordobés Mario Salomón Nader, acusado de aliarse con Fredy Rendón Herrera alias 'El Alemán' (Ver Mancuso dice que Nader se alió con los paramilitares) y el del ex representante a la cámara Cesar Pérez García investigado como autor intelectual de la masacre de Segovia y por nexos con paramilitares. (Ver Fuerza Pública y una multinacional aliados en masacre de Segovia)
Entre los llamados a juicio están los ex senadores Oscar Suárez Mira, Estanislao Ortíz y Fuad Rapag, y el coronel retirado Hugo Aguilar, ex gobernador de Santander, a quien la Fiscalía acusó formalmente y a quien la Corte se encargará de condenar o absolver según lo demuestren las pruebas.
Investigaciones por lesa humanidad en el limbo
La Corte Suprema abrió nuevas investigaciones preliminares contra ocho congresistas que ya había condenado por sus vínculos con el paramilitarismo, esta vez por su presunta responsabilidad en delitos considerados como delitos de lesa humanidad, en el Estatuto de Roma que Colombia suscribió en el 2002, como por ejemplo, desapariciones forzadas, desplazamientos, masacres, entre otros graves crímenes.
Por estos hechos, en el 2010, La Sala Penal abrió investigación preliminar contra los ex congresistas Jorge de Jesús Castro Pacheco, Dieb Nicolás Maloof Cuse, José Gamarra Sierra, Luis Eduardo Vives, Alfonso Campo Escobar, Salomón Saade, Jorge Luis Caballero y Mauricio Pimiento, todos procesados por parapolítica. (Ver Los parapolíticos y los crímenes de lesa humanidad)
También el ex congresista Cesar Pérez García está siendo juzgado por el Alto Tribunal por su presunta responsabilidad como determinador en la masacre de Segovia en la que paramilitares asesinaron a 43 personas.
Sin embargo, a excepción del juicio a Pérez, ninguna de las ocho investigaciones contra los condenados por los nuevos procesos reportan avances. Según fuentes judiciales consultadas por VerdadAbierta.com, estos casos van lento pues ha sido difícil para los investigadores de la Corte encontrar pruebas fehacientes de que la complicidad de estos políticos con el paramilitarismo llegó a involucrarlos directamente como cómplices intelectuales de asesinatos, masacres u otros crímenes.
Hasta ahora, por delitos de lesa humanidad han sido condenados el ex gobernador de Sucre, Salvador Arana, a 40 años de cárcel por el asesinato del ex alcalde de El Roble, Edualdo Díaz (Ver Corte Suprema condena a 40 años a Salvador Arana); además el ex congresista Alvaro García, condenado a 40 años de prisión, por ser el cerebro detrás de la masacre de Macayepo, Sucre (Ver Condenan a 40 años a Alvaro 'El Gordo' García); y el ex director del Das, Jorge Noguera Cotes, sentenciado a 25 años de prisión por la muerte del profesor Alfredo Correa D'Andreis. (Ver Los crímenes de Jorge Noguera)
Los pactos regionales
Para las elecciones legislativas de 2002 y las regionales de 2003, varios de los jefes paramilitares sellaron alianzas con un gran número de miembros de la clase política a través de los denominados pactos, que acordaban entre otras cosas, el apoyo de los paramilitares a ex congresistas, gobernadores, alcaldes y concejales.
Hasta hoy, la justicia ha procesado por parapolítica a 41 ex alcaldes, contra los cuales se han proferido 43 medidas de aseguramiento y 22 condenas, según cifras de Nuevo Arcoíris.
De los pactos el más conocido, tal vez por su particular compromiso de "refundar la patria", "crear un nuevo pacto social" y "construir una nueva Colombia", es el de Ralito.
Este acuerdo se firmó el 23 de julio de 2001, en la finca del paramilitar Salomón Feris Chadid, alias '08', en el corregimiento de Santa Fe de Ralito, en Tierralta, Córdoba, por más de 100 dirigentes políticos de la Costa Caribe. Entre los firmantes estaban los ex jefes paramilitares 'Jorge 40', 'Don Berna', 'Salvatore Mancuso' y Diego Vecino' y por la clase política figuraban los gobernadores de Sucre y Córdoba y congresistas, alcaldes y dirigentes ganaderos de los departamentos de Sucre, Córdoba Cesar y Magdalena. (Ver La historia detrás del Pacto de Ralito)
Hasta ahora, por la firma de este pacto han sido procesados: Salvador Arana (ex gobernador de Sucre, condenado a 40 años de cárcel por el homicidio del alcalde del Roble, Edualdo Díaz), Reginaldo Montes (condenado a seis años de cárcel), Alfonso Campo Escobar (ex representante por Magdalena condenado a 6 años de prisión), , Juan Manuel López Cabrales (ex senador condenado a 6 años de cárcel), Eleonora Pineda (acogida a sentencia anticipada y condenada a 3 años de prisión) y Miguel de la Espriella (ex representante a la Cámara por Córdoba condenado a 3 años y 7 meses de prisión).
Sin embargo, las investigaciones por el Pacto de Ralito no sólo han arrojado decisiones en contra de los políticos, en noviembre de 2007, José de los Santos Negrete, fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia al demostrar que asistió a la cita en Ralito, como acompañante del entonces congresista Luis Carlos Ordosgoitia también absuelto. En agosto de 2009, la Fiscalía también archivó la investigación contra el ex senador cesarence, Pepe Gnecco, pues según determinaron los investigadores el único contacto que se le comprobó a Gnecco con los paramilitares fue haber firmado ese Pacto.
En febrero de 2012, la Corte Suprema condenó a siete años de cárcel a los ex congresistas Jorge Luis Feris, José María Imbeth y al ex gobernador Jesús María López por aliarse con los paramilitares al mando de 'Mancuso'. La Corte retomó del proceso que estuvo en manos de juzgados especializados en el 2009, sin que se hubiera dictado sentencia alguna. (Ver Condenados tres políticos por el pacto de Ralito)
El alto tribunal retomó sus casos valiéndose de una jurisprudencia de emitida el 15 de septiembre de 2009, con la que reasumió la competencia para juzgar a políticos con fuero especial como congresistas y gobernadores, así éstos hubiesen renunciado a su investidura.
Sin embargo y aunque han sido judicializados un número importante de políticos aliados de los paras en Ralito, hay casos aún pendientes como del ex senador William Montes, proceso reabierto por la Corte Suprema de Justicia luego de que un Juez de Bogotá lo absolviera. (Ver Corte Suprema reasume el caso de William Montes por parapolítica)
Los aliados políticos del Élmer Cárdenas en Chocó: Durante una versión libre ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, el ex jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias 'El Alemán', dio un listado de 23 políticos que supuestamente hicieron alianzas con los paramilitares. Esa denuncia fue el punto de partida de varias de las investigaciones contra ex congresistas, gobernadores, alcaldes y concejales del Urabá chocoano y antioqueño aliados de los paramilitares.
Según 'El Alemán', el movimiento apoyado por el Bloque Elmer Cárdenas de las Auc se denominó Urabá Grande Unida y en Paz, o Proyecto Político del Darién Colombiano, y tuvo como fin meter a la clase política de Urabá Antioqueño y chocoano en el proyecto paramilitar.
El proyecto político del Elmer Cárdenas tuvo sus raíces en el trabajo minucioso de los denominados Promotores de Desarrollo Social - PDS. Ellos fueron cuadros del paramilitarismo, entrenados en las leyes comunales y en trabajo social, que conformaron y orientaron a las juntas de acción comunal. Estas fueron las incubadoras de políticos que fueron lanzados con el aval y la complicidad de los paramilitares. (Ver La telaraña de los 'paras' en el Urabá)
Con las elecciones del 2001, según 'El Alemán', "se inicia en cada uno de los corregimientos de los municipios de Urabá y Córdoba la realización de asambleas con el fin de escoger según el consenso electoral los candidatos por corregimiento al concejo municipal".
En 2010, la Fiscalía dictó 25 medidas de aseguramiento contra dirigentes políticos del Urabá, incluyendo alcaldes, concejales, diputados, ex funcionarios de gobiernos locales y algunos periodistas.
En septiembre de 2010, la Fiscalía acusó al entonces alcalde de Riosucio, Jorge Isaac Mosquera Caicedo (2008-2011), a los ex alcaldes Ricardo Azael Victoria Martínez (2001-2003) y Eulalio Lemus Moreno (2004-2007), y los ex concejales Manuel Padilla Córdoba y Libardo José Ferro Caicedo (2001-2003), por sus presuntos nexos con 'El Alemán'.
Por vínculos con el Élmer Cárdenas en Chocó, la Corte condenó en 2010 a los ex congresistas Robert Mendoza, Edgar Ulises Torres y Odín Sánchez, por haber salido elegidos al Congreso en 2002 con el apoyo de ese grupo paramilitar. La Corte dio plena credibilidad al testimonio de 'El Alemán'.(Ver Condenados los aliados políticos del Elmer Cárdenas en Chocó)
Según lo consideró el Alto Tribunal dio por hecho una reunión de 'El Alemán' con los candidatos al congreso del departamento Chocó de cara a las elecciones.
"Aún antes de que conforme a la voluntad regional, Robert Mendoza Ballesteros se uniera al movimiento político liderado por el congresista Édgar Eulises Torres en el tercer renglón de la lista a la Cámara de Representantes, Fredy Rendón Herrera alias " El Alemán", jefe de las autodefensas del Bloque Élmer Cárdenas, convocó a los principales artífices de ese movimiento regional para trazar pautas de 'ética política' conforme a la particular visión de una organización que, según su dicho, propició y garantizó la elección regional de Robert Mendoza Ballesteros y su inclusión en la lista del congresista Édgar Eulises Torres, también según él, aliado de las autodefensas", señaló la Corte en la sentencia.
El proyecto político de los paramilitares en Urabá Chocoano, también incluyó el denominado Pacto de Singapur, en el que los ex congresistas Torres y Sánchez, realizaron una alianza política con 'El Alemán', según confesó éste mismo, para llevar a la gobernación del Chocó a Julio Ibarguen Mosquera (2003-2007) y también para prestar apoyo al entonces candidato, y ex gobernador del Chocó 2008-2010, Patrocinio Sánchez Montes de Oca, hermano del condenado Odín.
Actualmente la Fiscalía delegada ante la Corte tiene abiertas investigaciones previas contra estos ex gobernadores.
Por nexos con paramilitares en el Chocó, el ente acusador, también adelanta procesos contra los ex gobernadores del Chocó Juan Hinestroza y Jose Luís Córdoba, mencionados en marzo del año pasado por, Jorge Iván Laverde, alias 'El Iguano'.
El pacto de Marizco, por su acrónimo significa Margen Izquierda de Córdoba, también hizo parte del denominado proyecto Urabá Grande Unida y en Paz. Según lo han declarado 'El Alemán' y varios desmovilizados del 'Elmer Cárdenas', este acuerdo se realizó con políticos de los municipios de Canaletes, Los Córdobas, Puerto Escondido, Moñitos y San Bernardo. Según Salvatore Mancuso, fue a través del cual se apoyaron las candidaturas al Senado para el año 2002 de Reginaldo Montes, y Mario Salomón Nader, quienes resultaron electos.
Sobre este pacto en particular, la Corte Suprema adelanta el juicio contra Nader. (A juicio Mario Salomón Nader por parapolítica)
Asimismo, en noviembre del año pasado, un fiscal de la Unidad Nacional contra el Terrorismo decidió mantener la detención preventiva sin excarcelación, a 11 políticos de Córdoba que al parecer hicieron alianzas con el Bloque Élmer Cárdenas de las autodefensas, al mando de Freddy Rendón Herrera, alias 'El Alemán' en el desarrollo de ese proyecto. Entre los procesados por la fiscalía se encuentran: los ex alcaldes del municipio de las Córdobas, Alfredo Fidalgo Arrieta y Juan Antonio Jabib Flores, quienes también son investigados por el asesinato de Saúl Pérez Díaz, aspirante a esa misma Alcaldía.
Por el Pacto de Marizco, también son investigados por la Fiscalía los concejales de Los Córdobas, Alfredo Fidalgo Arrieta López y José Acosta Navarro; el ex alcalde Saúl Carreazo Silgado; el ex alcalde de Canalete Mario José Buendía Vásquez; el ex alcalde de Moñitos Isaías Enrique Martínez Castro; el ex jefe de narcotráfico de Los Urabeños, Daniel Enrique Martínez Caraballo, alias Puerca; el aspirante a la Asamblea Noé de Jesús Doria González y el funcionario de la Umata en Los Córdobas Urbano Antonio Viana Madero.
La justicia también capturó a: Aniris Muñoz Vera, José Félix Martínez Bravo, Bonifacio Contreras y Pedro José Martínez Humánez. Y mediante resolución de 12 de octubre de 2011, el Despacho 25 de esta Unidad Antiterrorismo llamó a indagatoria a 21 personas, entre quienes se encuentran alcaldes y ex alcaldes, ex personeros, ex tesoreros, ex concejales de los municipios de Los Córdobas, Moñitos y Canaletes (Córdoba).
Según cifras de la Fiscalía, actualmente, 18 de los acusados se encuentran capturados o con medida de aseguramiento, por sus nexos con paramilitares y según el ente acusador sólo faltarían 3 ex funcionarios por judicializar.
La parapolítica en Antioquia: Antioquia es uno de los departamentos más afectados por la complicidad entre miembros de la clase política y líderes de las autodefensas, quizás porque allí fue donde se dio el mayor número de estructuras paramilitares: los bloques Bananero, Elmer Cárdenas en Urabá, Mineros en el Bajo Cauca, Cacique Nutibara, las Autodefensas del Magdalena Medio y el Bloque Héroes de Granada.(Ver parapolítica en Antioquia)
Según cifras de la Corporación Nuevo Arco Iris, hasta el momento, han sido procesados por vínculos con paramilitares 22 ex congresistas antioqueños, de los cuales siete han sido condenados, uno absuelto, a uno se le profirió auto inhibitorio y hay 10 en etapa de instrucción e investigación previa. Llamados a juicio están el ex senador Óscar Suárez Mira y el ex representante a la Cámara Estanislao Ortiz. A la espera de ser condenado o absuelto se encuentra el ex representante César Pérez García, acusado de ser el determinador de la masacre de Segovia.
Entre tanto, por nexos con el Bloque Élmer Cárdenas al mando de 'El Alemán', la Corte condenó a los ex senadores Antonio Valencia, Rubén Darío Quintero y Humberto Builes, quienes fueron responsabilizados como articuladores del proyecto Urabá Grande, Unida y en Paz.
Luego de haber aceptado aliarse con Rendón Herrera, también fueron condenados los ex representantes a la Cámara por Antioquia, Manuel Darío Avila Peralta, Jesús Enrique Doval Urango y César Augusto Andrade Moreno.
Sin embargo, sobre los nexos entre paramilitares y políticos en Antioquia aún hay varias investigaciones vigentes. Tal vez, la que más ampolla levanta es la investigación preliminar de la Fiscalía contra el ex gobernador de Antioquia y actual alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria.
Esta investigación surgió luego de que Rendón Herrera, durante el juicio que se llevó a cabo contra el ex congresista Humberto Builes, asegurara que ayudó a Gaviria en su campaña para la Gobernación de Antioquia en 2003. Gaviria ha negado rotundamente las acusaciones.
Su padre, Guillermo Gaviria Echeverry, reconocido empresario antioqueño y periodista dueño de El Mundo, también ha sido señalado de haber financiado a los paramilitares en el Urabá antioqueño por Raúl Hasbún, desmovilizado. Él y su familia aseguran que nada han tenido que ver con los 'paras'. (Ver los testimonios que enredan a Guillermo Gaviria Echeverri)
El pacto de Casanare: En junio de 2011, fueron condenados seis ex alcaldes de los municipios de Monterrey, Tauramena, Aguazul, Villanueva, Sabanalarga y Maní por ser firmantes del denominado pacto de Casanare.
Un acuerdo en el que los políticos se comprometieron con el jefe paramilitar Martín Llanos a entregar el 50 por ciento del presupuesto de sus municipios y el 10 por ciento de los contratos ejecutados a las autodefensas. (Ver Condenados seis ex alcaldes en el Casanare)
Por este caso la justicia tardó cuatro años en fallar. Tanto así que, aunque existían pruebas audiovisuales del encuentro, luego de dos años en prisión, un juez dejó libre a los alcaldes por vencimiento de términos. (Ver Parapolítica, mentiras y videos en el Casanare)
Pacto de Chivolo: Fue firmado el 28 de septiembre del 2000, en el corregimiento de La Estrella a veinte minutos del casco urbano de Chivolo, Magdalena, cuando Neyla Alfredina Soto Ruiz, representante social de las Auc en Magdalena, también conocida como 'La Sombrerona' o 'Sonia', citó por orden de 'Jorge 40' a cientos de candidatos a los diferentes cargos de elección popular. Aunque el pacto fue firmado por 13 candidatos a las alcaldías y 395 personas más entre aspirantes a concejos y asamblea, a la cita llegaron, 700 personas de todos los municipios del Magdalena. (Ver "Yo estuve en el pacto de Chivolo")
Este acuerdo se hizo famoso en los medios de comunicación gracias a una carta que envió, en agosto del 2008, la ex senadora Gina Parody al fiscal Mario Iguarán pidiéndole agilidad en los procesos que se llevaban contra políticos firmantes. La petición de la senadora desató una gran polémica, por el hecho de que, pese a tener conocimiento sobre esta reunión la Fiscalía no había abierto ninguna investigación contra las personas vinculadas a los acuerdos de Chivolo y Pivijay.
Cuatro meses después de enviada la carta, la Fiscalía llamó a indagatoria a diez políticos del Magdalena que figuraban como firmantes del acuerdo. El cinco de noviembre del 2008, fueron requeridos los ex alcaldes de Concordia, Aníbal Castro Martínez, José Ignacio Mercado Colón y Pablo José Salas Orozco; así como Miguel Antonio Aragón Escorcia, y los ex diputados de la Asamblea de Magdalena, Edgar Manuel Castro Castro, Fernando Jesús Mozo Ortiz, Franklin Lozano Pimienta y Jorge Vega Barrios.
Las investigaciones por este pacto estuvieron estancadas hasta febrero de 2012, cuando un fiscal antiterrorismo llamó a indagatoria a 115 políticos, entre ex alcaldes y ex concejales, por la firma de este convenio. Un mes después de conocerse esta decisión, a principios de mayo de 2012, fueron capturados 12 políticos locales por la firma de este pacto.
Entre los capturados se encuentran los ex concejales de Algarrobo Gustavo Enrique Carrillo Macías, Luís Carlos Puello Rodríguez, Gentil Rodríguez Zuñiga, Eusebio Manuel Vizcaino Varela y José Jorge Crespo Pérez y varios ex concejales del municipio de Salamina. (Ver Arrancaron capturas por el pacto de Chivolo)
Según las investigaciones hasta ahora reveladas por la justicia, de este Pacto de Chivolo surgió el movimiento político de 'Jorge 40' llamado "Provincia Unida por una mejor opción de vida", en el cual, los paramilitares le dieron el apoyo a José Domingo Dávila Armenta como aspirante a la Gobernación del Magdalena. Dávila Armenta fue llamado a juicio en julio de 2009 y condenado en febrero del 2011.
También, ONG con incidencia en Magdalena han denunciado que algunos de los participantes del pacto de Chivolo, a quienes la justicia se encontraba investigando, no solo continúan haciendo política en la región, sino además tienen control sobre predios despojados.
El pacto de Pivijay: el 22 de noviembre de 2001, políticos del departamento del Magdalena y paramilitares firmaron el denominado convenio político para el debate electoral del día 10 de marzo de 2002, con el fin apoyar la candidatura de Dieb Maloof al senado y de José Gamarra Sierra a la Cámara de representantes. En segundo renglón por el Senado quedó asignado Jorge Castro, y en segundo lugar a la Cámara, Gustavo Orozco.
Por la firma de este pacto, la Justicia ha condenado a los ex congresistas Maloff, Castro, Gamarra Sierra, y Orozco, y a los ex acaldes: Ramón Prieto Jure, Manuel Mesa Gamarra, Martha Miranda, Franklin Lozano, Daniel Solano, Arnulfo Borjas, Fernando Orozco, Carmen Castro, Jorge Vega Barrios, Fernando Mozo, este último prófugo de la Justicia.
El G8 bajo el mando de 'Jorge 40': En 2002, al igual que en Magdalena, 'Jorge 40' consolidó el poder paramilitar en los varios municipios mineros del Cesar, denominados G8 y conformados por El Copey, Bosconia, La Jagua, Astrea, Chiriguana, Chimichagua, Becerril y el Paso.
En el G8, 'Jorge 40' buscó el apoyo de la clase política local para favorecer en las elecciones del 2002 al ex senador Mauricio Pimiento, condenado por parapolítica y el ex representante a la Cámara Jorge Ramírez Urbina.
En el desarrollo de las investigaciones por estos convenios políticos, la Fiscalía acusó a los ex alcaldes de Astrea, Garibaldis López Acuña, Jaime Sajonero Pallares y Edgar Orlando Barrios ortega por aliarse con paramilitares del Bloque Norte de las Auc y poner sus administraciones bajo las órdenes del jefe paramilitar 'Jorge 40'. En febrero de 2012 el juzgado penal de circuito especializado de Bogotá condenó a tres ex alcaldes del municipio de Astrea, Cesar.
El pacto de Caldas: En Caldas, Iván Roberto Duque, alias 'Ernesto Báez' también diseñó una estrategia para posicionar el paramilitarismo en las más altas esferas políticas. La condena más reciente sobre estos acuerdos, es la sentencia de la Corte Suprema de Justicia contra el ex representante a la cámara Juan Pablo Sánchez hallado responsable de aliarse con los paramilitares del Bloque Cacique Pipintá. (Condenado por parapolítica Juan Pablo Sánchez)
Por estos mismo hechos, han sido condenados los ex representantes Emilio Enrique Ángel, Dixon Ferney Tapasco y Jairo Alberto Llanos.
La investigación contra Sánchez dejó en evidencia cómo los paramilitares participaron en el debate electoral y eligieron a sus candidatos mediante una fundación de carácter estudiantil denominada Fundación Iniciativas por la Paz (FIPAZ), que incluso ejecutó proyectos para los desmovilizados concentrados en la zona de ubicación de Santafé de Ralito. La Corte envió a la justicia ordinaria investigar a los miembros de la organización, que tuvo entre sus representantes legales al abogado Abelardo de la Espriella, cuya investigación fue cerrada por la Fiscalía.
La sentencia del Alto tribunal proferida contra Sánchez pedía: "consideradas las declaraciones trasladas a este proceso, de los señores Iván Roberto Gaviria Duque, alias "Ernesto Báez", Eurídice Cortés alias "Diana" y Hebert Veloza García alias "H.H.", que comprometen con la organización armada ilegal de las autodefensas, la gestión de la Fundación FIPAZ, se hace necesario establecer los verdaderos vínculos de... Abelardo de la Espriella".
Sin embargo, según fuentes de la Fiscalía consultadas por VerdadAbierta.com, desde antes que la Corte compulsara las copias, ya había una decisión que absolvía a De la Espriella y a unos políticos de los supuestos vínculos que tuvo la fundación.
El mismo De La Espriella aseguró en diálogo con VerdadAbierta.com, que la Fiscalía ya lo había investigado por estos hechos y precluyó el caso. (Ver Abelardo de la Espriella asegura que ya le precluyeron la investigación por nexos con 'paras')
Según una fuente conocedora de esta fundación, el ex congresista Carlos Moreno de Caro y el esposo de la ex fiscal Viviane Morales, Carlos Alonso Lucio también fueron amigos de esta iniciativa, que según testigos, fue financiada por el ex jefe narco-paramilitar Francisco Javier Zuluaga, alias 'Gordolindo', extraditado a Estados Unidos.
Convergencia Ciudadana: el símbolo de la parapolítica en Santander: Durante el 2011 y principios del 2012, varias figuras políticas del movimiento Convergencia Ciudadana fueron condenadas por sus nexos con paramilitares.
El 18 de enero de 2012, la Corte Suprema de Justicia condenó al ex senador Luis Alberto Gil, fundador de ese partido. Con Gil fueron condenados el ex senador Óscar Josué Reyes y el ex representante Alfonso Riaño. (Ver el fin de Convergencia Ciudadana)
Por nexos con paramilitares en Santander, durante el 2011 y principios del 2012, la Fiscalía abrió investigación contra el ex gobernador de ese departamento y miembro de ese mismo partido, Hugo Heliodoro Aguilar, juicio próximo a realizarse en la Corte Suprema de Justicia. Por su parte el Alto Tribunal llamó a indagatoria a los ex representantes a la Cámara, Alexander Ariza, Nelson Castillo y Rafael Castillo, todos de Convergencia, liderado en Santander por Gil.
Según se ha dado a conocer, entre Gil y el coronel Aguilar, fundadores de Convergencia, se propusieron entonces ganar las elecciones de Congreso en 2002 y las regionales del siguiente año, según lo probó el Alto Tribunal, apoyados por los paramilitares.
En julio de 2011, Aguilar fue capturado por presuntos nexos con los paramilitares, pero siguió con su plan de heredarles el poder a sus hijos. Así promovió la campaña de Richard Aguilar, quien ahora es el actual gobernador de Santander por el PIN, partido en el que mutó el acabado Convergencia Ciudadana.
¿Qué dejaron las alianzas entre los políticos y los paras?
Las investigaciones contra los políticos aliados de los paramilitares le han permitido a la justicia conocer detalles de los pactos entre políticos y paramilitares que cimentaron los lazos de corrupción en materia de contratación estatal, y que en los casos graves incluso, le permitieron a los paramilitares controlar las instituciones gubernamentales en muchas regiones del país, y los recursos del Estado destinados para la salud, educación y otros programas en material social.
Las revelaciones de varios desmovilizados sacaron a la luz pública escándalos como el del Hospital Materno Infantil de Soledad, en el que los paramilitares con la ayuda de políticos se apropiaron de los recursos destinados para esta entidad.
También se han desenmascarado organizaciones aparentemente sociales que en realidad estaban al servicio político de los paramilitares.
Según Álvaro Osorio, quien fue jefe de las Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema durante la Fiscalía de Vivian Morales, las investigaciones por casos de parapolítica desnudaron cuán cerca estuvieron los paramilitares de controlar en su totalidad algunos departamentos del país.
La dinámica según Osorio fue así: "Primero ellos contribuyeron con el candidato para financiar su campaña. Así, lograron que el candidato llegara a la Gobernación. Una vez era Gobernador entonces venía la contraprestación y esa contraprestación se reflejaba en nombramientos de personas adeptas a las Auc y el otorgamiento de contratos que nutrieran las arcas de las autodefensas. Esta es la forma de cooptar el Estado, pero a veces llega a tal punto el poder de los paramilitares que pudiera decirse que el poder real lo ejercen ellos, entonces empezó a funcionar toda la administración departamental en beneficio de sus intereses".
Los negocios, el agujero negro
Los paramilitares no solo querían gobernar, sino que detrás de esas alianzas existían otros intereses económicos. Por ejemplo, lavar dinero o controlar las decisiones sobre a quién y en qué términos entregar concesiones y contratos. Muchos empresarios se aliaron con los paramilitares para conseguir estos contratos que les aseguraron utilidades por muchos años.
¿Ha contribuido la parapolítica a la desarticulación de estas redes y estos negocios?
Investigadores judiciales consultados por VerdadAbierta.com aseguran que los negocios que quedaron de estas alianzas, hoy en manos de sus herederos siguen intactos.
"Las capturas de las principales cabezas no afectan las estructuras", dijo uno de los investigadores consultado. "Aunque el congresista investigado y condenado sea la cabeza, sus negocios no fueron investigados y tampoco lo son quienes los heredaron. Siguen así sacando rentas de la salud, las regalías, los contratos de servicios públicos". Otro funcionario judicial, que pidió reserva de su nombre, dijo que tampoco han avanzado las investigaciones contra empresarios que financiaron a los políticos y estaban estrechamente relacionados con los paramilitares".
Fuentes judiciales consultadas por Verdadabierta.com aseguran que el problema que enfrenta la justicia está en que el concierto para delinquir, delito que tipifica la conducta de pertenecer, aliarse o promover un grupo paramilitar es limitado y deja por fuera los delitos contra el patrimonio público, es decir el posible desvío de los dineros públicos a manos de los paramilitares o de sus aliados políticos o económicos.
Además de este primer obstáculo, es evidente que no existe una estructura de la Fiscalía especializada, ni dedicada exclusivamente a investigar las ramificaciones de la parapolítica. "La estructura de parapolítica" adscrita a la Unidad contra el terrorismo de la Fiscalía, que se encarga de las investigaciones contra políticos regionales y locales, es decir alcaldes, concejales y diputados, y que además maneja las investigaciones por para-economía, tienen un número enorme de casos de otros temas. Por eso, por voluntad que le pongan, los fiscales no dan abasto para avanzar los procesos.
VerdadAbierta.com conoció que el saliente director Nacional de Fiscalías, Néstor Novoa conformó un equipo que tenía como fin hacerle seguimiento a las peticiones de investigaciones que salen de la Unidad de Justicia y Paz. Sin embargo, este pequeño grupo es de conformación reciente y no tiene un carácter oficial.
Otro problema en las investigaciones contra aliados del paramilitarismo es el hecho de que no existe una articulación entre las investigaciones adelantadas por la Corte Suprema y la Fiscalía, lo que dificulta el seguimiento de las investigaciones que se derivan de los casos de importancia.
Y el último problema, que no es menor, es que muchos de los investigados aún siguen aliados con grupos armados y es peligroso seguirlos.
Lo que viene
En varias oportunidades, el posesionado fiscal Eduardo Montealegre aseguró que ahora si se tomaría la parapolítica en serio, por lo que anunció la captura de más de sesenta dirigentes políticos, detenciones que se hicieron efectivas a mediados de mayo. El Fiscal general anunció también investigaciones a los financiadores del paramilitarismo.
A esta declaración del Fiscal se suma el pronunciamiento del magistrado José Leónidas Bustos, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien a principios de abril aseguró que la última condena proferida por el Alto Tribunal contra el ex senador Javier Cáceres estaba lejos de ser 'el fin de la parapolítica'.
La visita de los magistrados auxiliares realizada hace pocos días a los jefes paramilitares extraditados busca, según lo dio a conocer el alto funcionario, pruebas testimoniales contra los más de cien políticos que actualmente están siendo procesados por esa corporación.
En comparación con lo que ha sucedido en otros países cuando crimen, grupos armados y política conspiran juntos, la justicia colombiana ha brillado por su eficacia. En cinco años ha resuelto centenares de casos y ha condenado a muchos políticos poderosos del nivel nacional y local. Pero el camino es largo, y aunque han pasado cinco años, todavía falta que la justicia dé con quienes se lucraron de esta tragedia, que según todos los observadores, son los que hasta ahora la han sacado más barata en todo el escándalo de la parapolítica.
[Fuente: Verdad Abierta, Bogotá, 05jun12]
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