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19feb13
En un cínico documento Colombia afirma que en la masacre del Palacio no hubo desaparecidos
En 346 páginas, el Estado colombiano sostiene que uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente del país, el holocausto del Palacio de Justicia, fue responsabilidad exclusiva de la guerrilla del M-19 y asegura que las 11 personas que están desaparecidas desde hace más de 27 años murieron en el incendio.
"Los civiles desaparecidos perecieron calcinados bajo la custodia del grupo insurgente que los tomó como rehenes al interior del Palacio de Justicia (...) Entonces, la presunta violación a sus derechos obedeció, única y exclusivamente, a la acción de un tercero", dice la contestación de la demanda contra el país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está a punto de fallar el caso.
La posición es polémica porque desconoce las decisiones de un juez y el Tribunal Superior de Bogotá contra el coronel Alfonso Plazas Vega, quien comandó la recuperación del Palacio, y porque descalifica el informe de la Comisión de la Verdad creada por la Corte Suprema.
Además, niega las torturas contra varios de los sobrevivientes, entre ellos varios estudiantes, que la justicia colombiana ha dado por probadas en todas las instancias.
La defensa es similar a la que utilizó el país, también con Rafael Nieto como abogado, en el caso Santo Domingo, que terminó con condena para Colombia.
Nieto asegura que está demostrado que el M-19 "tuvo sus orígenes en el narcotráfico" y les da validez a las versiones según las cuales Iván Marino Ospina, uno de los fundadores de esa guerrilla, recibió un millón de dólares de Pablo Escobar para atacar el Palacio, con el fin de frenar la extradición.
También señala que "nada más falso" que las conclusiones de varios investigadores según las cuales entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 hubo un golpe de Estado, y destaca la posición del entonces presidente Belisario Betancur como "desprendida y patriótica".
El documento que está en manos de la Corte Interamericana contiene más afirmaciones que seguramente provocarán polémica.
Cuestiona las condenas contra el coronel Plazas y el general Jesús Armando Arias Cabrales y resalta que no están aún en firme.
Así, sostiene que "nunca ha sido probado que Carlos Augusto Rodríguez Vera (administrador de la cafetería) haya salido con vida o que su suerte haya sido definida por manos de autoridades militares". Ese es uno de los dos casos de desaparición que quedaron en firme contra Plazas en el Tribunal Superior de Bogotá.
Sobre Norma Constanza Herrera, sostiene que "sus restos fueron confundidos con los de un magistrado" cuyo cuerpo quedó calcinado: Pedro Elias Serrano. "Ella, dicen, murió en el cuarto piso del edificio por la acción criminal del M19", afirma Nieto.
Sobre otro de los casos emblemáticos, el del exmagistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, afirma que "no fue ni desaparecido ni ejecutado por agentes del Estado" y que está plenamente probado que "su muerte sucedió en el Palacio de Justicia cuando miembros del M-19 lo asesinaron".
Por ese caso, tres generales están siendo investigados, pues hay un video que muestra a Urán saliendo con vida de la edificación. Horas después, su cuerpo apareció entre los muertos del Palacio.
Nieto también le da validez a los testimonios del general Arias Cabrales (condenado a 35 años) y al coronel Edilberto Sánchez, jefe de Inteligencia de la Brigada 13, quienes negaron "categóricamente" que algún miembro del Ejército tuviera "instrucciones de impartir malos tratos a las personas que estaban en el Palacio".
La situación de Sánchez es compleja, porque algunos de los militares procesados lo han señalado como el directo responsable de lo que pasó con los sobrevivientes después de que fueron interrogados en la Casa del Florero. Su caso está a punto de resolverse en un juzgado de Bogotá.
Por ejemplo, en el caso de la guerrillera Irma Franco (que es objeto de otra demanda ante el Sistema Interamericano), el propio Plazas Vega ha señalado que podría haber evidencia de que fue desaparecida, pero que si esto ocurrió quien debe responder es Sánchez.
También hubo duros dardos para la Comisión de la Verdad integrada por tres expresidentes de la Corte Suprema. La defensa de Colombia sostiene que su versión "es una verdad privada y dicha desde un punto de vista que no representa más que a un sector". "Su informe estaba destinado a conmemorar a la Corte Suprema como víctima institucional y secundariamente a las demás víctimas y sus familias", cuestiona.
Y concluye: "Existe certeza de que las presuntas víctimas ingresaron al Palacio y allí fueron retenidas por el M-19, sin que hasta el momento se tengan noticias de ellas. La supuesta desaparición se dio mientras que los civiles estaban bajo la custodia del grupo guerrillero (...) El incendio causado por el M.19 condujo a la calcinación de los presuntos desaparecidos y esto impidió la identificación de los restos".
La defensa del Estado afirma que varios de los desaparecidos fueron enterrados en una fosa común del Cementerio del Sur de Bogotá.
Sin embargo, como lo reveló EL TIEMPO hace dos semanas, los análisis de ADN sobre todos los cuerpos que estaban allí ya descartaron esa posibilidad.
Reacción
El abogado Rafael Barrios, que representa a varias de las víctimas ante la Corte Interamericana, cuestionó que la defensa del Estado "desconozca las decisiones judiciales que se han dado en el país": "Sencillamente el abogado niega todo y desconoce las actuaciones judiciales, eso es muy grave", dijo Barrios.
[Fuente: Por Redacción justicia, El Tiempo, Bogotá, 19feb13]
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