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23ago06
Gobierno desmintió estar usando la desmovilización para negociar con ‘narcos’.
El alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, hizo tal aclaración tras la entrega, la semana pasada, de Juan Carlos Sierra, un presunto narcotraficante que se acogió al proceso de paz con los grupos de autodefensa.
“No hay proceso de sometimiento a la justicia de los narcotraficantes puros. Eso no está en consideración” , afirmó Restrepo en entrevista con la W radio.
Sierra, alias “El Tuso” , fue excluido de las negociaciones de paz en marzo del 2005 cuando el mismo Uribe lo tildó de “narcotraficante posando como paramilitar” y el Gobierno no lo reconoció como miembro de las Autodefensas.
Pero Sierra apareció entre los paramilitares que se entregaron la semana pasada a las autoridades para someterse a la Ley de Justicia y Paz, creada para enjuiciarlos por crímenes de lesa humanidad.
“Esa fue una decisión singular que no es aplicable a los capos del narcotráfico. El señor Sierra cambiaba droga por armas para aprovisionar a los frentes de las Autodefensas, era muy cercano a las Autodefensas, ellos dijeron que hacía parte de sus estructuras”, explicó el Comisionado de Paz.
Restrepo recordó que entre el 2004 y 2005 los jefes de los carteles colombianos de la droga le plantearon al Gobierno desmantelar sus estructuras, rutas, armas, y entregar el 70% de sus riquezas a cambio de sentencias reducidas en Colombia o Estados Unidos.
“Nosotros le consultamos esa propuesta a Estados Unidos, no hubo respuesta de su parte e interpretamos su silencio como una negativa. En ese momento quedó cerrada esa posibilidad”, indicó el Comisionado.
Según Restrepo, el temor a ser extraditados impide que algunos jefes paramilitares como Vicente Castaño y Rodrigo Tovar, y otros de menor rango, se entreguen al igual que el resto de sus homólogos y quedar detenidos mientras avanza su sometimiento a la justicia, condición que deben cumplir para no ser extraditados.
La Ley de Justicia y Paz los obliga a confesar todos sus delitos, entregar los bienes adquiridos con la violencia y el narcotráfico e indemnizar a sus millares de víctimas y les concede sentencias reducidas de entre 5 y 8 años de cárcel.
“Tanto Estados Unidos y el Gobierno colombiano tienen intereses muy delicados, éste es un tema que compromete la guerra contra la droga... pero también hay un proceso de paz en que está empeñado nuestro país”, dijo el Comisionado al comentar las discrepancias con los estadounidenses sobre el tema.
[Fuente: El Espectador, Bogotá, Col, 23ago06]
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