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23jun05
"Contrato con la impunidad"
"Estamos muy decepcionados con la ley de Justicia y Paz" dice investigador de Amnistía Internacional. El organismo la calificó de "contrato con la impunidad" y anunció que llamará a la comunidad internacional a no avalar ningún proceso bajo esta ley.
"No solo no es conforme a las normas internacionales relativas a los derechos a la verdad, justicia y la reparación de las victimas y sus familiares, sino que va a consolidar el problema de impunidad en Colombia”, dijo a EL TIEMPO Marcelo Pollack, investigador principal de Amnistía para Colombia.
Pollack censuró varios puntos de la Ley. En primer lugar, dijo que tanto el plazo de 60 días para investigar a más de 10.000 paramilitares, como el número de investigadores judiciales que serán asignados a esta labor -sólo 20- hace “claramente imposible que se puedan llevar a cabo investigaciones plenas, serias e imparciales”.
También criticó las penas de 4 a 8 años previstas para los autores de violaciones a derechos humanos. “Todas las normas internacionales hablan de que los crímenes serios contra los derechos humanos tienen que ser juzgados y sentenciados con penas que reflejen la seriedad de los casos. Y si uno habla de masacres, desapariciones, de secuestros, una pena de 4 a 8 años es claramente insatisfactoria”.
A lo cual añadió una larga lista de puntos de preocupación entre las que figuran:
1. Que “un desmovilizado pueda dar versión libre, pero no esté obligado a hacerlo, ni tampoco haya incentivos para que esa persona dé toda la información de la que dispone”;
2. Que “los combatientes puedan desmovilizarse individualmente, a pesar de que sus grupos sigan activos”; 3. La falta de garantías del desmantelamiento de los aparatos político, económico y criminal de los paramilitares, que “siguen teniendo el control de amplias zonas”;
4. Las múltiples ventajas de las que gozarán los cerca de 60 paramilitares cobijados por el decreto 128, y que van desde la reducción de penas hasta la posibilidad de que tengan “una finca por cárcel”;
5. La nula participación de las víctimas en este proceso, etc.
Finalmente, Pollack lamentó que el gobierno no quiera reconocer “lo que es claro para todo el mundo”, y es que “en Colombia hay un conflicto interno armado”, y advirtió que “si el Estado colombiano no puede o no quiere investigar y llevar a juicio a los violadores de derechos humanos”, tales casos podrían ir a parar a la Corte Penal Internacional.
[Fuente: Por Víctor Manuel Vargas, El Tiempo, Bogotá, 23Jun05]
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