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23jun05
Colombia persiste en perpetuar impunidad de graves crímenes.
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) dijo hoy que la nueva ley de desmovilización aprobada por el Congreso colombiano va a perpetuar la impunidad de graves crímenes cometidos en el marco del conflicto armado interno. "El Gobierno dice que la ley de Justicia y Paz permitirá la desmovilización y reinserción en la sociedad de paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)", dijo Nicholas Howen, Secretario General de la CIJ. "Pero en realidad, esta ley es un nuevo golpe para las víctimas de los paramilitares. Consolida la impunidad y excluye el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación", dijo.
La ley de Justicia y Paz se ha debatido durante casi dos años debido a una fuerte presión internacional y oposición interna. A pesar de esta presión, el texto adoptado queda lejos de ser conforme con los estándares internacionales de derechos humanos. La ley prevé una pena máxima de cinco a ocho años que no necesariamente tendrá que ser en una cárcel. Por ejemplo, incluso 18 meses pasados por un paramilitar en libertad en la zona de negociación de Santafé de Ralito pueden contar como tiempo de reclusión.
Particularmente preocupante es la falta de incentivos para revelar la totalidad de sus crímenes y el hecho de que, si años después de la "confesión" se descubre que han ocultado hechos, todavía se beneficiarían de penas alternativas. "Amnistías, indultos, y toda otra medida como las que contempla esta ley, garantizando la impunidad de los perpetradores, constituyen una violación de las obligaciones de Colombia bajo el derecho internacional", dijo Nicholas Howen.
La ley de Justicia y Paz complementa la legislación existente que legaliza la impunidad en Colombia. El Decreto 128 adoptado en enero de 2003 amnistió de facto a la mayoría de los paramilitares. "A pesar de la desmovilización formal de miles de paramilitares bajo ese decreto, siguen operando y cometiendo cientos de crímenes", añadió Nicholas Howen.
De acuerdo con el derecho internacional, el Estado colombiano tiene la obligación de perseguir, juzgar y castigar a los autores de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra con penas apropiadas a la gravedad de los hechos. "La impunidad de estos crímenes es intolerable y si Colombia ha fallado en garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, le corresponde a la Corte Penal Internacional y a su Fiscal tomar cartas en el asunto", concluyó el Secretario General.
Antecedentes
Las AUC declararon un cese al fuego en diciembre del 2002. En enero del 2003, para facilitar la desmovilización de estos grupos, el Gobierno promulgó el Decreto 128. La negociación se inició formalmente en la zona de concentración de Santafé de Ralito (Córdoba) en julio del 2004. Miles de casos de personas desaparecidas o asesinadas por paramilitares fueron reportados desde diciembre del 2002. A pesar de esta violación al cese de hostilidades, miles de paramilitares ya se desmovilizaron en los dos últimos años.
Ginebra, 23 de junio de 2005.
DDHH en Colombia
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