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11jul10
Justicia y Paz, en deuda con las víctimas
A pesar de los avances logrados durante los primeros años de vigencia de la Ley de Justicia y Paz, expertos aseguran que con este marco jurídico, difícilmente se conseguirá la justicia y la paz que se anuncia.
Organizaciones sociales y de víctimas reconocen los avances que se han obtenido durante los cinco años de vigencia de la Ley de Justicia y Paz, sin embargo, advierten que no todas las víctimas son incluidas, pero además que los derechos a la reparación, restitución y a la no repetición no se están cumpliendo, concepto que comparte el Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ).
En un balance presentado en días pasados en Bogotá, el comisionado de Paz, Frank Pearl, dio a conocer las cifras que dan cuenta de los resultados obtenidos gracias, según él, a esta Ley. Entre estos, se encuentra la desmovilización de 53.037 personas entre agosto del 2002 y abril de 2010, de las cuales 4.162 están postuladas a Justicia y Paz; además, gracias a las versiones libres se han conocido 40.455 hechos violentos; de ellos, 22.419 ya fueron confesados.
Pero quizá el avance más significativo ha sido el hallazgo de 2.579 fosas, donde se han exhumado 3.131 cadáveres, de los cuales ya han sido plenamente identificados 1.046. Esto ha permitido que cientos de familias recupéren los restos de sus seres queridos y terminen con la incertidumbre de no conocer el paradero ni la suerte de éstos. Además, el Comisionado de Paz advierte que uno de los logros más importantes fue el haber visibilizado a las víctimas en el país.
No todas están incluidas
Ante esto, Gerardo Vega, director de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), regional Antioquia, aseguró que con esta Ley se evitó que los delitos quedaran en la impunidad, pero además que "las víctimas perdieran el miedo a denunciar y a reclamar sus derechos. Muestra de ello, es que 330 mil personas solicitaran una reparación económica", afirma Vega. Sin embargo, Camilo Bernal, director nacional del ICTJ, centro que analiza todos los procesos de justicia transicional, indica que, "aunque se logró visibilizar a los afectados por la violencia, no todas las víctimas fueron reconocidas".
Según el abogado, "el diseño de la Ley solo incluye a los grupos armados al margen de la ley y garantizar los derechos de sus víctimas, pero lo que se ha observado en estos años es que esos grupos, sobre todo las AUC, contaron con la ayuda de servidores públicos que facilitaron su actuación criminal. Es decir, se reconoció solo un sector y esto causó que se invisibilizara otro, y éste no ha logrado que le sean reconocidos sus derechos". Al respecto, Gerardo Vega considera que "se deben incluir las víctimas de crímenes de Estado, no para que los agentes asuman un responsabilidad penal inmediata, pero si una reparación administrativa, y la penal se decida luego. En ocasiones estas acciones fueron con intención y otras no, pero ambas produjeron víctimas".
La extradición de los jefes paramilitares en 2008, provocó el rechazo de organizaciones de víctimas, quienes consideran que este procedimiento afectó el conocimiento de la verdad de sus hechos.
Esta situación, según Bernal, produjo que se conformara un movimiento de víctimas del Estado, el cual les permitiera entrar en la agenda pública y defender sus derechos, logros que aún no han sido consolidados.
Restitución y no repetición
Pero tal vez el tema que más genera controversia entre las organizaciones sociales, políticos, las víctimas y organismos internacionales, es la restitución de bienes. Pues aunque se tiene conocimiento que cerca de 5 millones de hectáreas fueron usurpadas por las autodefensas, pero tan sólo se han devuelto a sus legítimos dueños 1.500 hectáreas, pese a las herramientas institucionales creadas para ello. Según Vega, esta es una de las deudas más grandes de Justicia y Paz, debido a que la carga para la restitución de bienes está sobra las víctimas y no sobre los victimarios.
"Son cerca de 4 millones de desplazados que hay en Colombia, y el gran problema es que ellos son los que deben demostrar que son los verdaderos propietarios de sus tierras. Este es un proceso difícil, largo y en ocasiones, sin resultados. Ante esto, se debe crear una ley que permita agilizar los procesos de restituciones", indicó el Comisionado regional. Para Camilo Bernal, la situación es aún más grave, debido a que, según él, además de no contar con mecanismos de restitución inmediata, las víctimas que reclaman sus tierras están siendo asesinadas, violando el derecho a la no repetición el cual está incluido en la Ley de Justica y Paz.
"En restitución de bienes la Ley ha fracasado en la implementación de mecanismo que permitan restablecer los bienes a la población desplazada, debido a que las reparación judiciales no han llegado a feliz término, además se habla de falta de recursos económicos. La Fiscalía obligó a crear una sub unidad para la persecución de los bienes de los paramilitares, porque se necesitan muchos más recursos pues ya en Justicia y Paz no hay bienes y el fondo para la reparación alcanza unos $36 mil millones, monto que es insuficiente", aseveró Bernal.
Para el experto en justicia transicional, la solución sería que a través de la determinación de las zonas de influencia de las AUC, se retornaran los bienes reclamados, pues es de conocimiento que estos grupos obligaron a ceder o vender sus propiedades por montos insignificantes.
Lo cierto es que tanto Bernal como Vega, reconocen que la implementación de la Ley de Justicia y Paz inició un camino para el esclarecimiento de la verdad, pero advierten que ésta no es suficiente para lograr sus objetivos. Según ellos, falta una mayor voluntad política para girar recursos que reconocer los derechos de todas las víctimas de la violencia en Colombia, además de asegurar que haya justicia penal, pero sobre todo, que no se permita la repetición de los hechos violentos que produzcan muchas más víctimas.
CONDENAS - "Hay que rodear a la justicia"
El gobierno de Álvaro Uribe Vélez trabajó en la elaboración de un marco regulatorio que permitiera el desmonte de los grupos armados ilegales, en especial las autodefensas, concediendo beneficios penales a cambio del esclarecimiento de los hechos, la restitución de bienes y la reparación de víctimas. Es decir, los excombatientes pagarían un máximo de condena de 8 años de prisión a cambio de devolver todas las propiedades usurpadas y reparar económicamente.
Aunque organizaciones de derechos humanos consideraron que esta medida no lograría un justicia verdadera, otras organizaciones consideran que esta ley beneficia más a las víctimas que las amnistías e indultos concedidos en el siglo pasado, como es el caso de los acuerdos con la guerrilla del M-19.
Una de las mayores criticas que se le ha hecho a este proceso ha sido la falta de condena a los jefes paramilitares. Ante esto, Camilo Bernal indica que la extradición a EE.UU de los cabecillas de este grupo impidió conocer más hechos provocados por ellos y saber qué otros sectores de la sociedad se aliaron en este propósito. Sin embargo, el experto asegura que ante la magnitud de la penetración de los paramilitares en la sociedad "es imposible pedir que los jueces determinen la verdad y los responsables de casi tres décadas de violencia en cinco años, por lo que hay que rodear a los jueces y fiscales y confiar en sus sentencias".
[Fuente: Por Alejandro Calle Cardona, El Mundo, Medellín, 11jul10]
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