EQUIPO NIZKOR |
|
25jul10
Justicia y paz: en cara y cruz
Una sola condena, 2.431 versiones libres, 299 mil víctimas registradas ante la Fiscalía, 2.719 fosas exhumadas y 973 cadáveres entregados a las víctimas del conflicto armado, son las cifras que dejan cinco años de vigencia de la Ley 975 o de Justicia y Paz.
Pensada para lograr el desmonte de las estructuras paramilitares en el país, la Ley facilitó la entrega de armas de 53. 659 desmovilizados de las Autodefensas (Auc), el Eln y las Farc desde 2002 a julio de 2010.
Según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Reintegración, 31. 810 hombres y mujeres lo hicieron en bloque y más de 21 mil abandonaron la ilegalidad de forma individual.
Sin embargo, no todos los desmovilizados que deciden dejar las armas reciben los beneficios. Actualmente, el Gobierno ha postulado a 4.162 personas responsables de delitos de lesa humanidad, quienes antes deberán cumplir ante la Justicia con la entrega de todos sus bienes para la reparación y confesar el paradero de sus víctimas para ser condenados bajo el amparo de la "Pena Alternativa", la cual estima una pena mínima de 5 años y una máxima de 8.
De los postulados, 1.731 no han sido escuchados en versiones libres. De los 2.431 que sí lo han hecho en presencia de los familiares de sus víctimas, 25. 177 actos criminales fueron confesados y apenas enunciados 44. 406. Sin embargo, sólo 1.541 diligencias han finalizado.
Pero más allá de los reportes y tras cinco años de la Ley, aún quedan varios interrogantes abiertos ¿Qué tanta verdad, justicia y reparación se ha conseguido? y ¿han sido suficientes los bienes entregados por los victimarios para reparar a sus víctimas?
De hecho, en este lapso sólo se ha producido la condena de los ex jefes paramilitares Edwar Cobos alias 'Diego Vecino' y Úber Bánquez alias 'Juancho Dique' el pasado 29 de junio, por la masacre de 11 personas y el desplazamiento de 300 familias ocurrida el 10 de marzo del 2000 en Mampuján, corregimiento de María La Baja, departamento de Bolívar.
El fallo estableció un monto por encima de los 20 mil millones de pesos para la reparación de los campesinos afectados en la masacre y ordenó al Estado la construcción de escuelas, redes de servios públicos, carreteras y puentes en Mampuján.
El Alto Comisionado para la Paz y la Reintegración, Frank Pearl, junto al director de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), Gustavo Gallón, quien este jueves presentó el informe "Colombia: La metáfora de desmantelamiento de los grupos paramilitares", un seguimiento de la aplicación de la citada norma, presentaron "las dos caras de la moneda".
Desmovilizaciones
Para Gustavo Gallón el paramilitarismo no sólo no se ha desmotado sino que la desmovilización ha sido un fenómeno en el cuál el Gobierno ha mentido.
"Por ejemplo, el presidente habló el 20 de julio de 53 mil desmovilizados a través de la ley de Justicia y Paz, lo cual es totalmente falso. Las personas que se han vinculado a la Ley y se han presentado ante la Fiscalía son alrededor de 700", aseguró.
La controversia parece radicar en que el Gobierno contabiliza a los desmovilizados de las Auc, el Eln y las Farc y el Presidente no aclaró que no todos fueron vinculados en la Ley.
No obstante, para el Alto Comisionado las personas postuladas "son una cantidad de gente en un el proceso de justicia transicional más grande del mundo".
¿Poca verdad?
Gollón considera que la verdad que se conoce es muy poca. "Valoramos la poca verdad que se ha conocido, pero creemos que no se han extraído todas las consecuencia de esa verdad. Diversos paramilitares han revelado la complicidad de muchos agentes y personajes (estatales y empresarios) con los grupos paramilitares en relación con los cuales no hay investigaciones eficaces hasta el momento. Lo más grave es que agentes del gobierno han declarado que supuestamente el país no está preparado para conocer la verdad".
Por su parte, Pearl dijo que el balance por ahora es bueno y que se avanza en la consecución de la verdad. "Estamos empezando a saber, como país, qué pasó para tener la oportunidad de entender los errores y no repetirlos. Las víctimas están empezando a ser reparadas y hay un marco jurídico e institucional que funciona y que hay que mejorar".
¿Poca justicia?
En relación con la consecución de la Justicia, Pearl consideró la Ley 975 como la "ley de justicia transicional más ambiciosa del mundo, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía se creó hace 4 años y ha tenido unos resultados positivos".
Producto de Justicia y Paz se han compulsado 344 copias a la Fiscalía para que investigue penalmente a 444 políticos, 344 miembros de la Fuerza Pública y 113 servidores públicos.
Gallón reconoce que el hecho que la Corte juzgue a 'parapolíticos' por crímenes de lesa humanidad es positivo. "Siempre hemos sostenido que el paramilitarismo es un crimen de lesa humanidad en sí mismo, pues no se organiza un grupo de este tipo para encender velas en una iglesia sino con el objeto de matar población civil, entonces ser cómplice del paramilitarismo es ser partícipe del crimen".
Pero en cuanto al aparato de justicia, dijo aún es insuficiente el refuerzo que el Gobierno realizó. "Se empezó con 20 fiscales y luego aumentó el número de funcionarios vinculados. Hay todavía un universo de crímenes".
¿Poca reparación?
El tema de la reparación y restitución de tierras es tal vez el que menos resultados ha arrojado. En cinco años, los postulados han entregado 93 predios avaluados en más de 20.600 millones de pesos, pero las víctimas señalan que están lejos de recibir los títulos que les fueron usurpados y, aún más, de regresar y habitarlos.
"Se calculan en 6 millones de hectáreas las tierras usurpadas y se han devuelto 5 mil. La desproporción es total", dijo Gallón.
El Gobierno intenta limitar los topes de reparación de las víctimas para establecerlos en 20 millones de pesos, algo que para el jurista es "contrario a lo que dice la Ley, según la cuál debe garantizarse una reparación de acuerdo con las leyes internacionales y esos estándares señalan que debe haber una reparación integral y esos topes que se han propuesto representan apenas entre un 2 y 3% de lo estipulado".
Pero el Gobierno creó un fondo para la reparación individual por vía administrativa que puede llegar a los 7 billones de pesos en 10 años y cuenta con 8.925 millones de pesos en el Fondo Nacional para la Reparación, que provienen de la venta de los bienes muebles entregados por los desmovilizados.
Extradición: ¿si o no?
Las víctimas denunciaron la extradición, el 13 de mayo de 2008, de 14 ex jefes paramilitares hacia Estados Unidos, argumentando violación de su derecho de acceso a la justicia, la verdad y la reparación.
La decisión del Presidente, Álvaro Uribe Vélez, abrió un debate acerca de los acuerdos entre ambos países para que los extraditados continúen declarando en Justicia y Paz.
"Debemos trabajar en los protocolos para coordinar mejor los dos sistemas judiciales", señaló Pearl. "Hay que mantener la extradición como mecanismo efectivo de la lucha contra el narcotráfico y al mismo tiempo poder garantizarle a las víctimas en Colombia que los derechos van a ser reparados", agregó.
Por su parte Gallón aseguró que la decisión trabó el proceso. "Es supremamente difícil para las víctimas tener acceso a la justicia en esas condiciones con personas que están físicamente fuera del país, con unos obstáculos jurídicos que limitan el acceso de estas personas".
¿Son paramilitares las 'bandas criminales'?
Frank Pearl: "No. Los grupos paramilitares nacieron con un objetivo único que era el de combatir y acabar con la guerrilla. Las bandas criminales como 'Los Rastrojos', llevan como 19 años haciendo narcotráfico. Lo que pasa es que logran reclutar desmovilizados para hacer narcotráfico".
Gustavo Gallón: "Sí. El Gobierno les puso un nombre distinto a los grupos en actividad cambiar la realidad pero lo cierto es que en la s regiones siguen actuando estos grupos. No tiene ya en este momento quizás los uniformes militares pero ejercen coerción, tiene control político y económico y matan gente hasta el punto que el mismo gobierno lo reconoció al crear a hora en julio una Comité Interinstitucional para hacerle frente a este fenómeno".
[Fuente: Por Alejandra Bonilla, Colprensa, Bogotá, 25jul10]
 | This document has been published on 02Feb11 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |