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22ago16
Declaración final de la Primera Cumbre Nacional de la Rama Judicial:
Una reflexión colectiva para la transformación de la Justicia
Los representantes de las Jurisdicciones Ordinaria y Contencioso Administrativa, del Consejo Superior de la Judicatura y de las organizaciones gremiales y sindicales del Sistema Judicial, reunidos en la ciudad de Bogotá el lunes 22 de agosto de 2016, en la Primera Cumbre Nacional de la Rama Judicial: Una reflexión colectiva para la transformación de la Justicia,
Preocupados por la situación y desafíos que enfrenta la justicia colombiana en el siglo XXI y la actual coyuntura social, institucional y política del país;
Unidos con el objetivo de aportar soluciones desde la experiencia que da la práctica y el quehacer judicial cotidiano;
Conscientes de que la razón de ser de la justicia radica en resolver pronta, civilizada y adecuadamente los conflictos entre los ciudadanos y entre estos y el Estado, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, así como guardar la integridad y supremacía de la Constitución,
Dispuestos a liderar y hacer parte de un gran pacto nacional por la dignidad de la justicia colombiana,
Declaramos:
El ejercicio del poder judicial debe ser reconocido nacional e internacionalmente como garante de una paz estable y duradera, derecho fundamental consagrado en nuestra Carta Superior.
El respeto y acatamiento a las decisiones judiciales, base esencial de la aceptación de la institucionalidad y convivencia ciudadana en una democracia, es una obligación de todos los ciudadanos y actores sociales, empezando por los funcionarios públicos.
El poder judicial reafirma su pleno compromiso con el momento histórico que atraviesa el país. Desde esta responsabilidad, reconoce y ratifica la necesidad de hacer ajustes puntuales a la Administración de Justicia, a partir del trabajo conjunto entre las ramas y organismos que soportan la estructura del Estado y la sociedad colombiana; para consolidar una transformación que arroje resultados a corto, mediano y largo plazo en el tejido social.
Es imprescindible, entonces, emprender una reforma a la Justicia, orientada abrindar una mejor prestación del servicio con criterio abiertamente incluyente. La solidez de una democracia se construye a partir del ejercicio eficiente, eficaz, efectivo y adecuado de la función judicial.
Para ello se recomienda la creación de una "Misión Justicia" que tenga en cuenta los estudios previos hechos por la rama judicial y por otros expertos, para entregar al país propuestas que solucionen de fondo los problemas que actualmente afronta el sistema judicial.
La rama judicial considera que esa transformación de la justicia tiene cinco rutas en las cuales se debe trabajar de manera urgente: incrementar su capacidad y presupuesto con el fin de responder a la demanda en todo el territorio nacional; mantener y fortalecer la independencia administrativa de los recursos; consolidar procesos de rendición de cuentas al ciudadano; reforzar la unidad de aplicación del ordenamiento jurídico; mejorar los procesos de comunicación internos y externos; y consolidar la capacitación de magistrados, jueces y empleados.
Por las anteriores razones, la rama, como garante de la convivencia social, reitera la urgencia de revisar los problemas de estructura y operación de la función judicial.
Para avanzar en todo lo anterior, se está realizando un diagnóstico serio y responsable, sobre la situación real de los distintos distritos judiciales y administrativos del país; actualizando el censo tanto de las condiciones de infraestructura y dotación, como de talento humano, de cada uno de los juzgados y tribunales que conforman la pirámide organizacional del poder judicial, con el propósito de conocer las necesidades y déficit en cuantoa salas de audiencia, tecnología, personaly herramientas que requiere cada distrito, municipio y departamento, y que han afectado el cumplimiento del derecho constitucional de los ciudadanos de contar con acceso pronto y eficaz a la justicia.
A partir del escenario actual de los despachos judiciales, es indispensable el compromiso del Estado para brindar las soluciones requeridas, con el objeto de incluirlas en el Plan Decenal de la Justicia 2017-2027.
La rama judicial reafirma su autonomía e independencia, atendiendo los principios básicos de eficiencia y eficaciaen el acceso a la justicia.
La rama judicial en su conjunto hace un llamado a las instituciones del Estado para desarrollar un trabajo coordinado con todos los actores que prestan el servicio judicial, incluidas instituciones comola Fiscalía General de la Nación,la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, e institutos como los de Medicina Legal y Ciencias Forenses,y Penitenciario y Carcelario, para garantizar la fluidez de los procesos judiciales y su desarrollo en tiempos prudenciales y oportunos.
La rama judicial propone la realización de un estudio que determine cuáles son las instituciones de las otras ramas del Estado cuyas actuaciones terminan innecesariamente involucradas en procesos judiciales, para que tomen las medidas adecuadas, cumplan con sus obligaciones y deberes, y de esta forma, disminuya el ingreso de demandas al sistema judicial, causa de la congestión que impide la asignación de una carga laboral razonable a los despachos y del consecuente deterioro de la buena prestación del servicio al ciudadano. En este sentido plantea, además, la institucionalización de proyectos como los que se adelantan en la Jurisdicción Contencioso Administrativa sobre cultura de la legalidad y, en la Jurisdicción Ordinaria,respecto del estado de la justicia en todo el territorio nacional.
Es indispensable, también, fortalecer la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla para auspiciar su potencial de formación integral en todo el país; proyecto que requiere un mayor presupuesto con el propósito de incrementar y cualificar la oferta de capacitación, formación y actualización de los servidores judiciales.
En esta misma dirección, la carrera judicial debe tender a consolidarse.
Finalmente, la rama judicial reafirma su preocupación respecto de la urgencia de ser fortalecida, para que los retos del posconflicto no colapsen su funcionamiento. Exhorta al Gobierno Nacional a brindar formación y capacitación integral sobre los acuerdos de La Habana y a sensibilizar sobre la justicia transicional.
Bogotá, D.C., 22 de agosto de 2016,
[Firmado]
Margarita Cabello Blanco
Presidenta Corte Suprema de Justicia[Firmado]
Danilo Rojas Betancourth
Presidente Consejo de Estado[Firmado]
Gloria Stella López Jaramillo
Presidenta Consejo Superior de la Judicatura[Firmado]
Iván A. Fajardo Bernal
Presidente Tribunal Superior de Bogotá[Firmado]
Orlando Tello Hernández
Presidente Tribunal Superior de Cundinamarca[Firmado]
Luis Alberto Álvarez Parra
Presidente Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca[Firmado]
Luis Fernando Otálvaro
Presidente Asonal Judicial S.I.[Firmado]
Fredy Machado López
Presidente Asonal Judicial[Firmado]
José Élver Muñoz Barrera
Presidente Asojudiciales[Firmado]
Luis Orlando Chinchilla V.
Presidente Vocero Judicial[Firmado]
Aida Mónica Rosero García
Presidenta Asojosur[Firmado]
Hermes Darío Lara Acuña
Presidente Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia
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