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28jul13
Muerte política ronda a 12 pesos pesados del Congreso
Por cuenta del fallido proyecto de reforma de la justicia, 12 miembros de las grandes ligas de la política en Colombia tienen en vilo sus investiduras como congresistas.
Senadores como Juan Manuel Corzo, Eduardo Enríquez Maya y representantes como Germán Varón Cotrino quedaron esta semana a un paso de la muerte política ante un sorpresivo giro en el Consejo de Estado frente al conflicto de intereses de los congresistas y que está haciendo carrera entre los 31 magistrados de la Sala Plena que deben fallar el caso.
Los congresistas fueron demandados, supuestamente, por haber legislado en causa propia cuando integraron la comisión de conciliación que dio vida a la reforma de la justicia, que fue objetada por el presidente Juan Manuel Santos y terminó hundida por el mismo Congreso en junio del 2012.
Según el abogado Saúl Villar, quien los demandó, ellos incurrieron en conflicto de intereses y en tráfico de influencias por haber incluido en el texto de la iniciativa temas que no fueron debatidos por ambas cámaras en sus ocho debates previos. Esos 'micos', dijo el demandante, beneficiaban a varios de ellos con investigaciones ante la Corte Suprema y el mismo Consejo de Estado.
Fuentes en ese tribunal coincidieron en que la nueva posición fue impulsada en la sesión de Sala Plena del pasado martes por tres magistrados de la secciones Primera, Segunda y Tercera, y arrastraron a diez de sus colegas. Lo que sumó una mayoría significativa (se necesitan 14 votos). Ellos apoyaron los argumentos de la demanda y se opusieron a la ponencia de Claudia Rojas Lasso, de la Sección Primera, que pide mantener las investiduras.
El proyecto de fallo dice que los congresistas están blindados por un inciso de la Constitución. La norma invalida cualquier inhabilidad que hubieran tenido para votar el acto legislativo que pretendía introducir reformas a la justicia.
Expertos dijeron que ese inciso -que fue tumbado por la Corte Constitucional en diciembre del 2012- no puede servir de justificación a la irregular actuación de los demandados. Como prueba, los magistrados revisaron en la sesión situaciones contenidas en el expediente, que pone a los legisladores en evidencia, como el haber sacado del recinto al ministro de Justicia de la época, Juan Carlos Esguerra.
Otros magistrados creen que hay suficientes pruebas para demostrar que la mayoría de los demandados llegaron a la conciliación con un pacto previo e incorporaron casi todos los cambios que en su momento generaron uno de los mayores escándalos. En este caso se configura "un conflicto moral" de intereses que no puede ser pasado por alto, dicen quienes se inclinan por la pérdida de investidura.
Algunos magistrados incluso pidieron al presidente del alto tribunal, Alfonso Vargas, que diera por terminado el debate y convocara a votación. Finalmente, un magistrado de la Sección Primera consideró necesario analizar el expediente antes de tomar una determinación y lo pidió en rotación.
Varios allegados al caso consideran que detrás de estas posiciones jurídicas se esconden otros intereses.
El texto de conciliación de la reforma protegía de un lado a congresistas investigados por sonados escándalos, como el de la 'parapolítica'. Y del otro, neutralizaba a los magistrados con gabelas, como el aumento de su periodo de 8 a 12 años, y de la edad de retiro forzoso a 70 años.
La discusión proseguirá el próximo martes, y no se descarta que en esa sesión se llegue a una decisión final. Por lo pronto, el debate mantiene en riesgo el futuro de varios de los pesos pesados de la política en el Congreso.
Demandados
Los senadores demandados por tráfico de influencias son: Jesús Ignacio García, Eduardo Enríquez Maya, Juan Carlos Restrepo, Juan Manuel Corzo, Luis Fernando Duque y Martín Emilio Morales; y los representantes son: Alejandro Carlos Chacón Camargo, Germán Varón Cotrino, Carlos Edward Osorio, Gustavo Puentes Díaz, Orlando Velandia Sepúlveda y Roosvelt Rodríguez Rengifo. La mayoría se abstuvo de dar una opinión sobre su caso, pero algunos pidieron que el alto tribunal analice los hechos de manera individual.
[Fuente: Por Redacción política, El Tiempo, Bogotá, 28jul13]
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