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13oct07
Los destinos cruzados del magistrado Iván Velásquez Gómez y el Presidente Uribe
Sólo en 1992 se conocieron. Iván Velásquez Gómez, en calidad de procurador regional de Antioquia, y Álvaro Uribe Vélez, como senador de la República. Coincidieron en una reunión con el entonces alcalde de Medellín Luis Alfredo Ramos y otros dirigentes. En ella buscaban una mediación con la familia de Pablo Escobar, para que el capo frenara el terrorismo que había desatado luego de su fuga de la cárcel de La Catedral, en julio de ese mismo año.
Sin embargo, por distintos caminos, muchos de ellos paralelos y casi siempre en Antioquia, Velásquez Gómez y Uribe Vélez cruzaron sus destinos, el primero en la justicia y el segundo en la política. Cuando el hoy Presidente de la República, con matrícula de honor, obtenía su grado como abogado de la Universidad de Antioquia, en 1977, el hoy magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, con excelente desempeño académico, cursaba segundo año de derecho en la misma facultad del Alma Máter.
Entre 1977 y 1983, Uribe Vélez fue sucesivamente secretario general del Ministerio de Trabajo, director de la Aeronáutica Civil y alcalde de la capital antioqueña. A su vez, Velásquez Gómez, durante ese mismo tiempo, no sólo concluyó exitosamente sus estudios, sino que además paralelamente ingresó a la Rama Judicial oficiando como escribiente del Juzgado 19 de Medellín, entonces a cargo de Marisela Ruiz, y después como auxiliar del juez superior de la misma ciudad y con los años magistrado de la Corte Suprema, Carlos Mejía.
En 1983, con su título en la mano, el abogado Iván Velásquez Gómez empezó a litigar en Medellín y se vinculó a la cátedra universitaria en el área de derecho público, creando entre sus estudiantes la vocación de un decidido compromiso con la justicia. Entre tanto, el abogado Uribe Vélez pasó por el Concejo de Medellín y luego, en disidencia con el Directorio Liberal de Antioquia que comandaba el poderoso cacique electoral Bernardo Guerra, saltó al Congreso en 1986 junto a su primo Mario Uribe Escobar.
En frentes distintos, Velásquez Gómez y Uribe Vélez vivieron los días aciagos de finales de los años 80, cuando las guerras de la guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico dejaron una estela de horror en toda Colombia. Uribe se destacó como legislador, sacó adelante múltiples proyectos de naturaleza laboral y en 1990 fue destacado como uno de los mejores senadores. Velásquez Gómez asumió la dirección del Colegio Antioqueño de Abogados y lo convirtió en un estrado para el debate abierto.
Sus colegas de entonces recuerdan a Uribe Vélez animando la controversia frente a la necesidad de buscar salidas jurídicas a la crisis que vivía el país por cuenta del narcoterrorismo y la violencia política. Por su parte, discípulos y contradictores de Velásquez Gómez ponderan la forma como éste alentó la discusión en Medellín, en medio de una ciudad que veía caer asesinados a sus líderes populares, producto de una feroz campaña de exterminio de la extrema derecha.
"Muchos abogados o estudiantes de derecho de mi generación aún recordamos el debate público que, a instancias de Iván Velásquez, se propició en el Colegio Antioqueño de Abogados sobre los alcances, beneficios y vacíos del Estatuto para la Defensa de la Democracia que expidió el gobierno de Virgilio Barco para hacerles frente a los violentos", comentó uno de los testigos de ese debate, quien con los años llegaría a ser fiscal de Derechos Humanos. "Era emocionante sentirnos con vocación de defensa de las garantías fundamentales".
En 1992, Uribe Vélez e Iván Velásquez acrecentaron su dimensión de líderes. Tras la Asamblea Nacional Constituyente, el primero volvió a salir elegido senador y asumió una de las banderas que, para bien o para mal, lo proyectó como un dirigente de largo aliento: la polémica Ley 100 o de seguridad social. El segundo, a sus 37 años y respaldado por el jefe del Ministerio Público Carlos Gustavo Arrieta, llegó como titular a la Procuraduría Regional de Antioquia. Rápidamente cruzaron sus vidas.
El 22 de julio de 1992, Pablo Escobar Gaviria se evadió de La Catedral y reemprendió su cruzada narcoterrorista. Medellín volvió a estremecerse con el horror y los líderes de este departamento sumaron alternativas para menguar la ola de violencia. Fue una época crítica para el gobierno de César Gaviria: la justicia empezó a indagar por las irregularidades en La Catedral y muy pocos funcionarios salieron bien librados. Iván Velásquez lo hizo porque sus conceptos e investigaciones resultaron determinantes a la hora de asignar responsables.
Al concluir su vertical gestión en la Procuraduría, Iván Velásquez ya había alcanzado notoriedad en Bogotá y por eso, tras un corto tiempo apoyando este organismo en otras investigaciones, ingresó como abogado auxiliar del Consejo de Estado. Por esta misma época, Álvaro Uribe Vélez adelantó una reñida campaña política por la Gobernación de Antioquia, cargo que ganó en las urnas y que ocupó entre 1995 y 1997. Su estilo de gobierno, que centró su gestión en la seguridad, generó admiración o rechazo.
Cuando Uribe dejó la Gobernación y viajó a Londres a estudiar en Oxford y a preparar su futura aspiración presidencial, a instancias del electo fiscal Alfonso Gómez Méndez, como director regional de Fiscalías de Medellín llegó el abogado Iván Velásquez. Desde entonces, sin que se hubieran cruzado palabra alguna, nunca ha faltado la controversia. En parte, porque Velásquez tuvo que ocuparse de una polémica tarea: investigar innumerables hechos de violencia ocurridos durante el tiempo en que Uribe gobernó en Antioquia.
Y lo hizo sin contemplaciones contra organizaciones ilegales de extrema izquierda y de violencia paramilitar. De entrada, impulsó las pesquisas por las masacres cometidas por los paramilitares en El Aro, Ituango y La Granja, entre 1995 y 1997. Además, fue uno de los artífices de las investigaciones por el avance de los grupos de autodefensa en la región de Urabá y las averiguaciones por presuntos excesos de la Brigada XVII y la Operación Génesis, comandadas por el hoy general en retiro Rito Alejo del Río.
Uno de los principales denunciantes de los crímenes del paramilitarismo era el presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, Jesús María Valle Jaramillo. De hecho, no sólo demandó investigaciones por las masacres en ese departamento y por las relaciones de la Fuerza Pública con grupos ilegales, sino que sus vehementes acusaciones lo llevaron a confrontar directamente con el gobernador Uribe. Oficiales del Ejército acusaron a Valle de injuria y calumnia.
Sin embargo, Valle Jaramillo no pudo conocer el destino de sus denuncias porque hacia las 2 de la tarde del 27 de febrero de 1998, dos sujetos ingresaron a su despacho en pleno centro de Medellín y lo asesinaron a balazos. La Fiscalía Regional, a cargo de Iván Velásquez, escudriñó a fondo este nuevo hecho de violencia y logró acusar a 10 personas por homicidio agravado. Con el curso de los años, el expediente se fue resquebrajando hasta quedar prácticamente en la impunidad.
La actividad de Iván Velásquez fue incansable y el 30 de abril de 1998 logró quizás el más importantes positivo de las autoridades contra los grupos paramilitares en Antioquia. Ese día, durante un allanamiento al parqueadero Padilla de Medellín, donde funcionaba la oficina de Jacinto Alberto Soto Toro, contador del jefe de las Autodefensas Carlos Castaño Gil, se descubrió la red de operaciones financieras de esta organización ilegal a través de dos empresas de fachada.
Esta investigación, mediante el rastreo de 495 cuentas bancarias y más de 40 mil transacciones, condujo a la Fiscalía a la Fundación para la Paz de Córdoba, Funpazcor, epicentro de la telaraña financiera que, en pocos años, movió más de 25 mil millones de pesos del paramilitarismo. Lenta y disciplinadamente, la Fiscalía fue aclarando el papel ilegal de más de 40 empresas y agroindustrias de Antioquia y Córdoba y el desempeño de más de 300 personas vinculadas a distintos frentes de esa organización.
Y aún más. Casi desde los tiempos de Pablo Escobar Gaviria, en Medellín era un secreto a voces que el hombre que había heredado su poder era el empresario deportivo Gustavo Upegui López, quien manejaba un organización clandestina dedicada al sicariato y al narcotráfico conocida como la Oficina de Envigado. En diciembre de 1998, con apoyo desde Bogotá, la Fiscalía puso tras las rejas a este polémico individuo. Además, recaudó pruebas para indagar toda su organización criminal y sus nexos con miembros de la Fuerza Pública.
No obstante, el fiscal Iván Velásquez no pudo terminar sus averiguaciones pues en 1999 renunció a su cargo. Jamás lo doblegaron las amenazas. Nunca cesó en sus pesquisas y a los fiscales bajo su mando que le pedían pausa o que le manifestaban sus temores, él les respondía como hoy lo recuerda uno de ellos: "El miedo es personal, las dudas son personales, pero este es el momento que nos tocó vivir. Esta es nuestra patria y el verdadero asilo está aquí. Ocurra lo que ocurra este fue el destino que la vida nos asignó".
Siguió con firmeza indeclinable, aunque viera caer o marchar al exilio a sus propios amigos y compañeros de batalla del CTI y de la Fiscalía. Humberto Parra, asesinado en junio de 1998; Andrés Holguín, acribillado el 14 de diciembre del mismo año; Luis Fernando González, ultimado pocas semanas antes; Augusto de Jesús Botero, también en la lista de los héroes caídos de la justicia; John Jairo Ruiz, Manuel Guillermo López, Tomás Eduardo Santacruz, uno a uno fueron asesinados y sus crímenes aún siguen impunes.
Apenas un mes duró sin trabajo el abogado Velásquez. Renunció en abril de 1999 y en mayo ya estaba nombrado como magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia. Sin embargo, era claro que su destino ya no estaba en su terruño. En mayo de 2000, invitado por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Álvaro Orlando Pérez, asumió como magistrado auxiliar. Su misión parecía orientada a proyectar fallos de casación y controvertir sentencias.
Por la misma época, Álvaro Uribe había regresado al país y tras una exitosa campaña política alcanzó la Presidencia en 2002. En pocas semanas, su estilo de gobierno cautivó a las mayorías del país, al punto que apenas promediando el segundo año de su gobierno ya se avizoraba su reelección. No obstante, su decisión de promover un proceso de paz con los grupos de Autodefensa se convirtió en el florero de Llorente de una interminable controversia política y pública.
Todo marchaba bien en su gobierno. La economía creció, la seguridad se afianzó, sus iniciativas legislativas eran aprobadas sin mayores contratiempos, se modificó la Constitución para aprobar la reelección presidencial inmediata y en 2006, nuevamente en primera vuelta y con el respaldo de más de 7 millones de votos, Uribe Vélez volvió a ganar la Presidencia. Pero, sin solución definitiva, seguía cojeando el proceso de paz con las Auc, al tiempo que crecían las denuncias conexas.
En noviembre del año pasado, apenas tres meses después de iniciar su segundo mandato, la tempestad de la parapolítica empezó a arreciar. En diciembre ya estaban presos tres parlamentarios de Sucre, y para febrero de 2007 ya eran nueve los parlamentarios detenidos. Y de nuevo, como en sus épocas de procurador o fiscal, el abogado Iván Velásquez era el eje de las pesquisas. La Corte Suprema decidió crear una comisión de investigación y el coordinador de la misma no podía ser otro que Iván Velásquez.
Entonces, de manera inusitada, empezó a recorrer el país en busca de pruebas. Demasiado apasionado para algunos, pero con recio carácter para otros, poco a poco, debido a su experiencia y conocimiento del tema, el expediente parapolítico siguió creciendo. Como también aumentaron los reclamos en su contra por parte de algunos de los procesados, que se quejaron de su condición como interrogador implacable. Hasta que ocurrió lo que todos veían venir: el verdadero choque de trenes.
El episodio ya lo conoce el país. En la Fiscalía de Medellín, el lunes 10 de septiembre, el magistrado Velásquez se entrevistó con el procesado José Orlando Moncada, alias Tasmania, y en la conversación se habló de hechos relacionados con supuestas acusaciones contra el presidente Uribe. En pocas horas Uribe se enteró y llamó al magistrado. No hablaban desde 1992, y en pocas palabras Velásquez negó que hubiera acusaciones contra el Primer Mandatario.
Sin embargo, al día siguiente, Velásquez informó a la Sala Penal de la Corte sobre la conversación con el Presidente. La Sala convocó al Fiscal y al Procurador y los enteró de los hechos. Entre tanto, Tasmania y su abogado habían informado a la Presidencia sobre presuntas ofertas non sanctas del magistrado Velásquez, ratificadas después bajo juramento ante la Fiscalía. Entonces, antes de que el asunto se filtrara a los medios, el presidente Uribe Vélez salió a encararlo acusando.
Hoy, la desconcertada opinión del país está dividida. Nadie quiere que confronten sus altos dignatarios con tanta virulencia, pero cada quien defiende sus posiciones. Uribe Vélez califica a los magistrados de la Corte como farsantes. Los magistrados ripostan exigiendo respeto y señalando al Presidente de obstruir a la justicia. Los dardos van y vienen. "Clientelistas judiciales", arremete Uribe. "Respaldo a Velásquez", contesta la Corte. La Fiscalía tiene una papa caliente.
Entre tanto, la gente en la calle especula: "es que quieren atajar la parapolítica"; "es una maniobra judicial para desprestigiar al Presidente"; "lo único que se busca es sacar a Iván Velásquez del sonado expediente"; "el Presidente tiene derecho a pedir investigaciones y los magistrados de la Corte no son la excepción"; "Uribe quiere proteger a su primo Mario Uribe"; "La Corte quiere tumbar al Gobierno". Lo único claro en este mar de señalamientos y rumores es que alguien miente.
El jueves pasado se conoció una nueva denuncia en contra del magistrado Velásquez. Esta vez de un procesado del paramilitarismo protegido en Washington, quien dice que también le ofrecieron dádivas judiciales a cambio de acusar al Presidente. La pelea sigue desde dos orillas que parecen irreconciliables. Y entre tanto, los dos protagonistas de esta historia, Iván Velásquez y Álvaro Uribe, con igual carácter y convicciones, despachan a escasas dos cuadras de distancia, apenas separados por la Plaza de Bolívar y el Capitolio.
[Fuente: El Espectador, Bogotá, Col, 13oct07]
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