Equipo Nizkor - César Gaviria propone un modelo de impunidad similar al usado en España con el franquismo.

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15feb15

César Gaviria propone un modelo de impunidad similar al usado en España con el franquismo

Algunos de los debates que se han dado en el Senado de la República sobre el proceso la paz me han llevado a concluir que el proceso está generando la idea de ser uno recortado e insuficiente, muy a pesar de que estoy seguro que esa no es la intención del Gobierno ni de la Comisión Negociadora.
El debate de Iván Cepeda mostró el indeseable nivel de polarización al que hemos llegado, pero también señaló algunos nuevos caminos que habría que explorar para alcanzar la paz. Tanto Claudia López como Antonio Navarro fueron explícitos en mencionar la necesidad de un perdón mutuo de los sectores que han estado en conflicto y la necesidad de moderar el lenguaje y atemperar el clima de confrontación. La paz se dificulta en medio de un lenguaje tan agresivo y polarizante. Estoy seguro de que ellos piensan en justicia transicional, y no en un simple perdón como el que se aplicó después de la guerra de los Mil Días, o el que se adoptó para poner fin al llamado 'periodo de la violencia', o la decisión asumida por la sociedad para el proceso que se dio con el M-19, a lo largo del siglo XX, para no hablar del indulto automático que se ha otorgado a todos los miembros de la guerrilla y paramilitares que se han desmovilizado en los últimos gobiernos. Fueron varios miles los que se beneficiaron de este mecanismo tanto en el gobierno del presidente Uribe, en sus dos períodos, como en el gobierno del presidente Santos. Y esto se ha estado haciendo en tiempos de plena vigencia del Estatuto de Roma, sin que nadie haya acusado a nuestros gobernantes y autoridades militares por actuar de esa manera. Creo, por lo tanto, que muchos coincidimos con las afirmaciones del Fiscal General que ha estado hablando de justicia transicional para todos los partícipes del conflicto.
Como está planteado, el proceso de paz da la impresión de que este puede dejar vivos muchos rezagos y conflictos insolutos de la guerra, que solo se van a resolver algunos de los problemas de los combatientes con la justicia y que se está prestando para que muchos colombianos crean que está únicamente dirigido a resolver los problemas de las Farc con la justicia, y no todos los que se han generado dentro de la sociedad colombiana durante la guerra a lo largo de más de cincuenta años. (Lea: El derecho no puede ser un obstáculo para la paz: Corte Suprema)
Cuentas pendientes
Comienzo por señalar que hasta ahora solo se ha hablado de justicia transicional para los integrantes de las guerrillas como para los miembros de la Fuerza Pública tanto por parte del Presidente de la República como de los negociadores. Tal decisión deja por fuera a los miles de miembros de la sociedad civil, empresarios, políticos, miembros de la rama judicial que de una u otra manera han sido también protagonistas de ese conflicto y que tienen muchas cuentas pendientes con la justicia colombiana. Ante esta situación, han surgido inquietudes sobre la necesidad de que la justicia transicional también cubra a los sectores no combatientes de las distintas ramas de la sociedad que de alguna manera fueron financiadores, auxiliadores o pactaron compromisos con grupos paramilitares o guerrilleros por beneficios electorales o por simple intimidación y con el fin de adelantar su tarea proselitista. Ellos no han tenido acceso a ninguna de las disposiciones de la ley de Justicia y Paz, creo que por imprevisión tanto del Ejecutivo como del Legislativo.
Sería altamente inconveniente que, después de que la Ley de Justicia y Paz omitiera darles a estas personas una consideración especial, incurramos de nuevo en tal omisión. Eso dejaría por fuera a muchos implicados civiles que hoy son juzgados con normas mucho más rigurosas que las que se aplican a los jefes paramilitares. Si a los jefes paramilitares, esos sí, sin duda, incursos en gravísimos delitos de lesa humanidad, se les ha tratado con normas laxas, es apenas justo que los no combatientes reciban indulto a cambio de su reconocimiento de los delitos cometidos, de su solicitud de perdón y de su voluntad de reparar a las víctimas. A mi juicio se ha ignorado el principio de igualdad que debe regir en nuestra justicia según lo manda la Constitución de 1991. (Lea también: Santos afirma que militares tendrán seguridad jurídica en posconflicto)
También se corre un altísimo riesgo de que en el futuro los propios miembros de la Fuerza Pública puedan verse acusados injustamente, cuando la Fiscalía General y las otras autoridades judiciales actúen para establecer responsabilidades por cuenta de las muchísimas denuncias que se darán ante la Comisión de la Verdad, o de denuncias presentadas por los ciudadanos en los estrados judiciales o en los medios de comunicación.
Tener en las décadas siguientes a nuestro sistema judicial cargado con todos estos procesos impediría que nuestra justicia se concentrara en las nuevas organizaciones criminales y en la investigación de los delitos que hoy se cometen, perpetuando una impunidad ajena a los propósitos colectivos de nuestra sociedad. No será posible tener una justicia penal pronta y cumplida si ella tiene que cargar con centenares de miles de procesos surgidos de las acciones violentas de la guerra a la que tratamos de poner fin.
Para los miembros de la Fuerza Pública esto implicaría que van a tener que estar pendientes de estas eventualidades por el resto de sus vidas, casi sin posibilidad real de saldar sus obligaciones frente a la justicia. Sería vivir bajo la perspectiva de que los guerrilleros cuenten con libertad y muchos de los oficiales de la Fuerza Pública que defendieron nuestro orden jurídico, aun los que cometieron excesos, vayan a la cárcel. Esa es una perspectiva inaceptable para la inmensa mayoría de los colombianos.
Uso legítimo de la fuerza Ya el presidente Santos ha dicho que las Fuerzas Armadas también van a tener acceso a otra forma de justicia transicional, pero falta por definir cómo se va a dar ese proceso que, de seguro, amerita características diferentes a las que tiene el que se adelanta con la guerrilla. Nuestra Fuerza Pública debe quedar blindada para que no se den en Colombia las vicisitudes a las que han estado sometidas en otros países del continente, donde se han reabierto los procesos después de que los militares habían sido cubiertos por medidas de indulto o punto final. Esto de una u otra manera ha ocurrido en Uruguay, Argentina, Chile y Guatemala. En algunos de ellos, luego de varias décadas después de haber finalizado el conflicto interno, han sido reabiertos los procesos que habían concluido las responsabilidades penales. También se oye que en Colombia muchos oficiales, sin procesos pendientes, tienen más temores por denuncias temerarias en el futuro que los que sí tienen casos abiertos, y ello es tremendamente perturbador para el trámite del proceso. Tampoco podemos, si de veras queremos poner fin al conflicto, elevar responsabilidades penales por cada denuncia que los no combatientes hagan frente a la Comisión de la Verdad. Ello impediría y dificultaría llegar a la verdad. Allí no llegaremos si a ella no acuden los no combatientes libres de temor.
Lo que hemos tenido en Colombia no es la represión propia de dictaduras militares durante la guerra fría, fundamentada en razones ideológicas. Lo que hemos tenido en Colombia son unas Fuerzas Armadas defendiendo las instituciones constitucionales con el uso legítimo de la fuerza que ella les otorga, así se hayan presentado algunos condenables abusos o violaciones a los derechos humanos, que muchas se han sancionado de manera ejemplar, como debe ser, por nuestros organismos de justicia, en particular por los jueces, las salas penales de nuestros tribunales y la Corte Suprema de Justicia, y por iniciativa de la Fiscalía General.
Debemos dejar claro que las responsabilidades de los miembros de las Fuerzas Armadas, a la hora de aplicar la justicia transicional, deben limitarse a las faltas por acción comprobadas y no por omisión. La teoría de los máximos responsables de que habla el Marco Jurídico para la Paz puede ser aplicada a la guerrilla, pero solo puede aplicarse en sentido muy restringido para la alta oficialidad de la Fuerza Pública. Si no actuamos en ese sentido restringido se pueden cometer muchas injusticias que los colombianos no queremos ver contra oficiales o miembros de nuestras Fuerzas Armadas.
Es muy importante que en el establecimiento de estos procesos de justicia transicional participen y decidan el Gobierno, el Congreso y todos los ciudadanos por la vía refrendatoria. Como es importante, también, escuchar a las autoridades judiciales y a las cabezas de organismos de control para facilitar su consistencia y la cabal ejecución de las políticas criminales, fruto de esta decisión política colectiva.
Todas las medidas de justicia transicional que se vayan a aplicar de manera diferencial a los distintos actores, protagonistas del conflicto, deben ir en un mismo artículo, en una ley que autorice un referéndum para que tengan no solo rango constitucional, lo cual es altamente conveniente, sino la legitimidad política que ellas requieren. La ley de referendo solo debe tener el control de constitucionalidad que manda la Carta. Nada de choque de trenes ni de interpretaciones disímiles por parte de las distintas autoridades con funciones judiciales. Solo así podremos verdaderamente pasar la hoja de este conflicto que por cinco décadas ha desangrado la nación colombiana.
La decisión fundamental que debemos tomar los colombianos es si le vamos a poner o no fin al conflicto armado. Si le vamos a poner punto final a la guerra mediante la negociación de la paz, debemos cerrar la puerta a actuaciones judiciales que sigan buscando responsables por las acciones de la guerra. De lo que se trata entonces es de ponerle fin a la guerra de manera definitiva y de definir de una vez por todas las responsabilidades judiciales de los distintos actores.
Como es de todos conocido, este es el primer proceso de paz que se da bajo las nuevas reglas que han significado la creación de la Corte Penal Internacional y la necesidad de castigar los delitos de lesa humanidad. Me preocupa, sin embargo, que, de buena fe o con la intención de dañar el proceso, muchos traten de ver delitos de lesa humanidad en todos los crímenes de guerra o en cada denuncia aún no investigada ni probada, y así no haya normas expresas que así los califiquen en el Estatuto de Roma, ni precedentes judiciales en fallos de la Corte Penal Internacional.
Decisión política
La paz que estamos buscando afanosamente los colombianos es una decisión política colectiva que debe adecuarse a las nuevas reglas internacionales, sin que ellas prevalezcan sobre nuestra voluntad y deseo de paz. El respaldo internacional unánime y generalizado que se da en este momento debe interpretarse así. Estoy seguro de que la Corte Penal Internacional será una aliada del proceso de paz colombiano y no un escollo insalvable, como algunos pretenden hacerlo creer, y como lo han sugerido algunos funcionarios de rango subalterno, que no son los jueces de la Corte. Nadie, ni en Colombia ni en la Comunidad Internacional, puede esperar que surjan precedentes de derecho internacional que hagan imposible la paz de Colombia o que ignoren las experiencias de otros países para poner fin a guerras civiles de larga data, particularmente después del fin de la guerra fría. Si aludiendo al derecho penal internacional se pretende impedir que nuestra justicia transicional consolide una paz estable y duradera en Colombia, lejos de proteger a las víctimas y a los ciudadanos, se estarían perpetuando las condiciones de la violencia en perjuicio de sus derechos, y minaría gravemente la de los ciudadanos colombianos que tienen derecho a vivir en paz.
Esta idea de justicia transicional para todos se podría entender como la decisión política que involucre a todos los sectores de la sociedad que vivieron el conflicto, directa o indirectamente, y que se exprese en un conjunto de decisiones que garanticen la restauración del orden, la seguridad jurídica y la armonía social y política, condicionado este tratamiento a la no repetición, a la verdad y a la reparación, en aras de reconocer el daño causado a los civiles que han sido víctimas del conflicto armado.
Espero que los escépticos y opositores al proceso de paz tomen estas reflexiones con desprevención y serenidad. Ellas no van dirigidas a generar nuevas tensiones sino, por el contrario, a hallar puntos de encuentro y coincidencias. Parto de la base de que ningún ciudadano se está oponiendo al proceso de paz con razones mezquinas o antipatrióticas.
He discutido estos temas con algunos dirigentes, políticos, miembros de los organismos de control y con los responsables del proceso. La responsabilidad de estas opiniones son exclusivamente mías y en nada comprometen al Gobierno Nacional.
No quiero menoscabar mi decidido apoyo al proceso que el Presidente adelanta con las Farc y a la sabiduría y buen juicio con los que ha conducido el proceso hasta el momento. Lo que expreso aquí son opiniones y no propuestas. El proceso de paz debe tener la guía del Presidente de la República y él sabrá llevarlo a buen termino. No pretendo ser contradictor ni ofrecer un camino alternativo, y concluiré la tarea que me impuse expresando públicamente estas ideas y reflexiones.
[Fuente: Por César Gaviria Trujillo, El Tiempo, Bogotá, 15feb15]

Documento del Equipo Nizkor:
Crímenes contra la humanidad y crimen organizado en Colombia: Doctrina, jurisprudencia y normas de Derecho Internacional y de Derecho Internacional de Derechos Humanos de obligado cumplimiento para el sistema de justicia colombiano. 12 de junio de 2007
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/informecol.html

DDHH en Colombia
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