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13may08
Ni justicia ni verdad para las víctimas
Lo más grave de todo es que con estas extradiciones el Gobierno expresa mayor preocupación por las relaciones con Estados Unidos y por el delito de narcotráfico, que por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra numerosos miembros de la sociedad colombiana.
En segundo lugar, es muy extraño que de un momento a otro el Gobierno se haya precipitado a extraditar a los jefes paramilitares, conociendo que desde un comienzo habían seguido delinquiendo.
Hay que recordar que las víctimas han denunciado permanentemente que en estos cinco años y medio se han registrado más de 3.500 asesinatos atribuidos a los paramilitares, sin que la administración del presidente Uribe hubiera accionado para impedirlo y sancionarlos.
Además, en tercer lugar, es inexplicable que el Gobierno haya sido quien incumplió las reglas que él mismo había promovido para el tratamiento de estos crímenes, a través de la Ley 975, en la forma como fue revisada por la Corte Constitucional. Mientras que en ese procedimiento se había iniciado un camino para esclarecer, sancionar y reparar todos los crímenes, así fuera de manera precaria, súbitamente se abandona ese mecanismo y se entrega a estas personas a una potencia extranjera.
En cuarto lugar, y como consecuencia de lo anterior, se priva a las víctimas de la posibilidad de ejercer sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Quienes afirman que las víctimas pueden ejercer tales derechos ante la justicia estadounidense están haciendo un mal chiste, pues es muy grande la distancia física y cultural para que ello sea posible.
Por consiguiente, y en quinto lugar, lo que queda claro en todo este asunto es que las autoridades colombianas no quieren ni pueden garantizar que se haga justicia en relación con los graves crímenes de lesa humanidad cometidos por los paramilitares.
Eso constituye un incumplimiento serio a sus obligaciones constitucionales y de los compromisos internacionales del Estado colombiano, que tarde o temprano será castigado dentro o fuera del país. El camino para las víctimas es más incierto ahora y, por tanto, se tendrán que buscar sanciones aquí o en los tribunales internacionales.
[Fuente: Gustavo Gallón, Comisión Colombiana de Juristas, El Espectador, Bogotá, Col, 13may08]
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