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20nov07
Análisis sobre las indemnizaciones que provocarán las 3.588 fosas declaradas por los paramilitares
EN EL marco de los procesos de verdad, justicia y reparación de las víctimas de la violencia, el monto de los resarcimientos podría ascender otros 62 mil millones de pesos, aproximadamente, por concepto de las indemnizaciones a los familiares de quienes podrían encontrase en las fosas que faltan por ser ubicadas y que vienen confesando los desmovilizados de las autodefensas.
La cifra anterior surge de las 3.588 fosas que han confesado los desmovilizados a las autoridades, para lo cual el Estado ha anunciado que indemnizará a cada familia que se compruebe el hallazgo de un familiar suyo en estas tumbas.
El Ejecutivo ha insistido en que cada víctima recibirá 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes si se comprueba la plena identidad de alguno de los cadáveres que se hallen en las fosas, lo cual determinaría que quienes accedan a este beneficio percibirán 17’348.000 de pesos.
Si bien los desmovilizados han denunciado a las autoridades que existen 3.588 fosas disgregadas en todo el país, la cifra se incrementa, en la medida en que la misma Fiscalía ha revelado que en cada una de ellas puede haber entre uno y diez o más cuerpos sepultados.
En este orden de ideas y en un plano optimista, si las autoridades encontraran un cuerpo por cada fosa denunciada y que éste sea plenamente identificado, la indemnización que se tendría que pagar a los familiares será de 62.244 millones 624 mil pesos.
La cifra se desprendería de multiplicar el número de sepulcros que estarían sujetos a localización, según la información entregada por desmovilizados a los Fiscales de las Unidades de Justicia y Paz.
Al momento, y según lo informado por las agencias del Estado, además de los 3.588 sepulcros que faltan por ubicar, ya fueron excavadas 858 fosas en las que se encontraron 1.033 restos de personas, y ya hay identificadas otras 558 tumbas. Situación que, de entrada, ya engrosa el monto de las reparaciones pecuniarias.
Estos recursos de ayudas, de acuerdo a la Ley de Justicia y Paz se cancelarían del Fondo para la Reparación de las Víctimas, que se integra de acuerdo a la norma por "por todos los bienes o recursos que a cualquier título se entreguen por las personas o grupos armados organizados ilegales a que se refiere la presente ley, por recursos provenientes del presupuesto nacional y donaciones en dinero o en especie, nacionales o extranjeras".
No obstante, de acuerdo a la Contraloría General de la República, hasta el momento, y desde 2005 sólo se han entregado a la Oficina del Alto Comisionado de Paz 298 bienes, que en su mayoría son automotores.
Algunos recursos
Una de las inquietudes que surgen de esta situación, es por cuánto tiempo el Estado tendrá que disponer de recursos para efectuar las reparaciones que deberían provenir del valor de los bienes de los beneficiados con Justicia y Paz.
En el informe presentado por la Contraloría la semana pasada se indicó que de los 298 bienes de desmovilizados que ya fueron entregados, 107 fueron camionetas, 45 semovientes, 42 casas, 29 motocicletas, 22 camiones, de los cuales. De acuerdo al mismo documento, una fracción fueron puestos a disposición de la Fiscalía, otra a la Policía Nacional, y el resto aún no contaban con destinatario. Además, explicó que el trámite para incorporar éstos al patrimonio del Fondo de
Reparación requiere de un gran esfuerzo de las instituciones.
Según Acción Social, los desmovilizados que han entregado bienes al Fondo de Reparación han sido siete. Lo reportado por esta agencia fueron nueve inmuebles, dinero por cuantía de 652 millones de pesos, cuatro motores fuera de borda, un televisor de 29 pulgadas, y 70 pares de zapatos.
Otras cifras
Las agencias del Estado también reportaron que han entregado ayudas a 27.727 familias, por un valor cercano a los 20 mil millones de pesos, por concepto de daños menores que les hayan causado los victimarios, que fueron repartidos de a dos salarios mínimos legales vigentes, es decir 867.400 miles de pesos.
En materia de infraestructura creada en lugares que resultaron afectados por acciones de los grupos armados ilegales, se han realizado 510 obras que costaron 69 mil 414 millones de pesos.
Con relación a la reconstrucción de viviendas se readecuaron 7.739 hogares, cuyo costo fue de 6.815 millones de pesos y en este rubro fueron entregados 36.596 millones de pesos en subsidios
[Fuente: El Nuevo Siglo, Bogotá, 20nov07]
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