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08sep07
Preocupante diagnóstico de la Fiscalía sobre la Ley de Justicia y Paz.
La Ley de Justicia y Paz es un caos. Tanto, que la Fiscalía General de la Nación está pensando en la posibilidad de modificar el esquema del proceso y dejar de lado las audiencias individuales para pasar a juzgar a los paramilitares en grupo, es decir, teniendo en cuenta el bloque al que pertenecían. Este nuevo procedimiento se haría sin alterar el principio de responsabilidad individual y, según el ente investigador, las audiencias plurales permitirían avanzar de una manera más coordinada y eficiente en un mismo escenario y en menor tiempo.
Esa es una de las alternativas que se plantean en un documento interno de trabajo de la Fiscalía, conocido por El Espectador, en el que se hace un diagnóstico tras dos añ:os de aplicación de la Ley de Justicia y Paz y se plantean salidas urgentes para salir del atolladero en que se encuentra. El documento revela un panorama de desorganización: no se conocen los antecedentes penales de la gran mayoría de los que se acogieron a la Ley; no se sabe dónde están quienes no se encuentran detenidos; no se conoce a ciencia cierta cuáles son los bienes que han entregado; no se han construido en las cárceles los pabellones de justicia y paz especiales que se prometieron y ni siquiera el Ministerio de Defensa le ha enviado al del Interior y Justicia la lista de desmovilizados individuales postulados para ser beneficiados por la Ley, entre muchos otros problemas.
El diagnóstico establece que el Ministerio del Interior y Justicia ha postulado hasta el momento ante la Fiscalía a 2.771 personas, en condición de desmovilizados colectivos de las autodefensas. Sin embargo, de esta cifra, 2.183 carecen de antecedentes penales y de estos sólo se tienen ubicadas a 700 personas. Las cifras no le cuadran al Gobierno y la desinformación parece ser el común denominador. El número inicial de desmovilizados privados de la libertad, que fueron acreditados por los miembros representantes asciende a 3.578, pero el sistema de información del Inpec reporta tan sólo 1.774 ubicados en establecimientos de reclusión. De los restantes, 597 están en estudio de ubicación, 415 ya están en libertad y 792 aparecen sin registro.
De los desmovilizados presos, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz ha remitido al Ministerio del Interior y Justicia un total de 228 personas y este, a su turno, ha postulado ante la Fiscalía a 144. Eso quiere decir que, finalmente, la cifra de personas postuladas para Justicia y Paz hasta el momento asciende a 2.915.
Por lo que se ve, el tiempo es una de las mayores preocupaciones en el proceso. El documento de la Fiscalía revela que de los 2.771 postulados como desmovilizados colectivos, sólo se han llamado a versión libre a unos 50, lo que representa cerca del 1,5%, incluidos algunos de los ex comandantes, en los dos añ:os que lleva la aplicación de la Ley. La conclusión del ente investigado es contundente: "Si esa tendencia se mantuviera, el proceso para investigar y juzgar sólo a 2.915 personas se tardaría muchísimos añ:os (unos 59), más aún cuando todavía faltan muchas más personas por postular".
El ente investigador concluye también que la actual estructura de 22 fiscales para Justicia y Paz es escasa para poder avanzar en las investigaciones y es posible que las dos salas actuales de los Tribunales Superiores de Distrito de Bogotá y Barranquilla también resulten insuficientes.
En lo que tiene que ver con la reparación, la Fiscalía encontró que, con respecto a los bienes inmuebles entregados por los ‘paras’, la gran mayoría no se han podido identificar, están localizados en lugares de difícil acceso, el valor comercial es muy inferior al estimado por quien los ofrece para reparación, tienen problemas legales, deben impuestos o requieren de inversión para su sostenimiento. Por ejemplo, el jefe paramilitar conocido como Cuco Vanoy anunció la entrega de un hospital cuya administración y sostenimiento conlleva enormes dificultades para el Fondo de Reparación.
El documento de diagnóstico de la Fiscalía sobre la Ley de Justicia y Paz tiene un capítulo aparte para las víctimas y señ:ala que las mayores dificultades tienen que ver con su desplazamiento a los sitios donde se entregan las versiones libres, los temores y amenazas, el asesinato de algunos de sus líderes, el desconocimiento de la Ley y hasta la manipulación de abogados inescrupulosos. Se recomienda adelantar una investigación para establecer el porqué algunas víctimas han desistido de las denuncias y definir lo más pronto posible el programa de protección de víctimas del proceso de Justicia y Paz, con base en un estudio realizado por Planeación Nacional. El panorama es desolador y el balón está en terreno del Gobierno Nacional.
"El Gobierno sigue dando palos de ciego"
El representante a la Cámara por el Partido Liberal Germán Olano, quien coordina actualmente una comisión especial que busca dotar de mayores recursos, logísticos y económicos, a la Rama Judicial para hacer frente a los desafíos de la Ley de Justicia y Paz, habló sobre el diagnóstico de la Fiscalía.
¿La Ley sigue en un limbo?
Cada semana hay más desinformación del proceso. Definitivamente el marco jurídico no es claro y el Gobierno sigue dando palos de ciego. Hoy no se sabe qué va a pasar con aquellos que se desmovilizaron bajo leyes pasadas, como la 418 o la 975, que ya no están vigentes pero que les permite ser considerados como sediciosos. Definitivamente no hay confianza en el proceso.¿Y eso qué implica?
Que los desmovilizados no saben en qué terreno están y no cumplen con sus obligaciones, por ejemplo, decir la verdad. Por eso oímos que los de Itagüí tienen enfermedades mentales, pero lo que hay es una medición de esa información para ver hasta dónde pueden decir o no, esperando a ver qué va a pasar.¿Es posible la reparación?
Cada vez hay mayores dificultades y no hay posibilidades de que a las víctimas se les garanticen sus derechos. Hoy no tienen ni cómo asistir a las audiencias y mucho menos la posibilidad de la reparación. Lo que se ha establecido es que los paramilitares sólo han entregado cuatro motos, tres carros, un helicóptero y 24.000 hectáreas, para poder indemnizar a unas 70.000 personas.Usted hablaba del lío de la postulación...
Aquí hay un procedimiento para que las personas desmovilizadas puedan ser cobijadas por la ley. Esas postulaciones las hace el Ministerio del Interior y Justicia o la Oficina del Alto Comisionado. Se deben cumplir unos requisitos para hacer parte del proceso. ¿Pero qué vamos a hacer con aquellas que fueron postuladas y posteriormente, como en el caso de Macaco, les salen unas conductas por las que pueden ser procesadas bajo el procedimiento penal ordinario? ¿Cómo vamos a hacer para la despostulación? Eso no se ha dicho.[Fuente: El Espectador, Bogotá, Col, 08sep07]
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