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08dic06
Los escándalos acosan al gobierno de Uribe Velez
El gobierno colombiano se halla en una encrucijada por una secuencia de escándalos, todos relacionados con los vínculos de políticos, funcionarios del Estado y del aparato judicial con grupos paramilitares y narcotraficantes.
La conclusión del proceso de paz entre las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el Ejecutivo es el último episodio de lo que se ha dado en llamar aquí Parapolítica, nexos de políticos con miembros de esos sectores s de extrema derecha.
Analistas consultados por Prensa Latina coincidieron en que la crisis AUC-Gobierno está relacionada con la decisión de los cabecillas de esos grupos de revelar la verdad sobre sus vínculos con representantes de los diferentes estamentos de la sociedad.
Para los observadores, las autoridades oficiales consideran que el país no está preparado para escuchar las relaciones establecidas entre esas personas al margen de la ley y políticos, empresarios, comerciantes, ganaderos, terratenientes y militares, entre otros.
Tal vez por ello, aseveraron, no resultó casual que tres días después de anunciar su intención de divulgar la verdad, el presidente colombiano, Alvaro Uribe, ordenó el traslado de los 59 jefes de las AUC desmovilizados a una cárcel de máxima seguridad.
Los cabecillas paramilitares estaban concentrados en el centro recreativo La Ceja, en el departamento de Antioquia, a la espera de ser juzgados por la controvertida Ley de Justicia y Paz, que para muchos colombianos les otorga demasiados beneficios.
Entonces, los analistas afirman que el traslado de prisión viene a ser un tapabocas para los jefes paramilitares, pues ya tienen bastante con las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia a nueve congresistas por el escándalo de la Parapolítica.
Tres de esos nueve parlamentarios están privados de su libertad, mientras otros seis rinden indagatoria ante los magistrados sobre sus presuntos nexos con los grupos paramilitares, responsables de numerosos crímenes y de controlar vastas regiones del país.
Esos legisladores están señalados de coaligarse con los paramilitares para obtener sus curules e incrementar su influencia en las zonas donde operan.
Uno de esos senadores, Alvaro Araujo, hermano de la canciller, María Consuelo, aparece entre los señalados por la Corte Suprema de Justicia de haberse reunido en varias ocasiones con el jefe paramilitar Rodrigo Tovar, alias Jorge 40.
Araujo aseveró recientemente que si él era sindicado de tener nexos con el paramilitarismo, funcionarios del gobierno serían salpicados y además de su hermana, mencionó hasta el presidente colombiano.
A este escándalo se suma, los develados vínculos del destituido presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Alfredo Escobar, con el narcotraficante italiano Giogio Sale, capturado por lavado de dólares y ampliamente conocido aquí por sus lujosos negocios.
Además, el gobierno tuvo que separar de sus cargos a varios funcionarios del Instituto Nacional de Vías por la manera ilegal en que otorgaron contratos del Plan 2500, uno de los programas bandera del presidente Uribe.
También, el Ejecutivo enfrenta señalamientos contra el ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (policía secreta) Jorge Noguera por favorecer a los paramilitares y contra su ex embajador en Chile Salvador Arana por sus nexos con esas grupos.
Algunos observadores locales sostienen que a Uribe no le ha ido nada bien en su segundo mandato, pues desde que asumió la presidencia en agosto pasado para otro período de cuatro años son constantes los escándalos de todo tipo.
[Fuente: Prensa Latina, Bogotá, Col, 08dic06]
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