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26feb06
Ejércitos privados en la mira.
La captura de Enilce López, 'La Gata', que tenía más de 80 guardespaldas, dejó al descubierto que faltan controles sobre los departamentos de seguridad privada ¿Sabe el gobierno a quién le está autorizando escoltas y armas?
Dos cosas hicieron que durante muchos años Enilce López, 'La Gata', fuera intocable en la Costa: el dinero con el que compraba a los políticos, y su vistoso ejército privado. López siempre se movía en caravanas de carros blindados, rodeada de escoltas: tenía a su servicio 180 guardias de seguridad, por lo menos 30 de ellos con lustrosas subametralladoras. Sólo el día de su arresto estaba rodeada de 40 guardaespaldas, algunos de los cuales intentaron impedir la acción de la Fiscalía.
Este 'ejército privado' le había sido autorizado a 'La Gata' a través de sus empresas de chance y de su hijo Jorge Luis Alfonso López, alcalde de Magangué. El año pasado, ante la sospecha de que la controvertida empresaria estaba involucrada en negocios ilícitos, el entonces superintendente de vigilancia, Hernán Sanín -actual viceministro de Defensa-, le canceló estas licencias. Extrañamente, 'La Gata' obtuvo copia de las resoluciones antes de que éstas fueran oficiales e interpuso de inmediato una tutela, que ganó en primera instancia en un tribunal de la Costa, tras alegar que su vida corría grave peligro. Los múltiples atentados que le han hecho sus enemigos le sirvieron de excusa para seguir rodeada de escoltas. 'La Gata' logró tener más seguridad que Luis Carlos Sarmiento Angulo, que para todas sus empresas tiene autorizados 130 escoltas, o que Bavaria, que cuenta con 112, o una empresa de la magnitud de El Cerrejón, que tiene 80.
Lo paradójico es que ni en ese momento, ni aun ahora que la controvertida mujer se encuentra en la cárcel, ha sido posible desarmar todo su ejército. Aunque las licencias de Aposucre, Unicat, y la de su hijo han sido revocadas, aún sigue vigente la de su empresa Uniapuestas.
Este caso es una alerta sobre el poco control que hay sobre estos 'ejércitos privados' y los riesgos que ello significa. "El talón de Aquiles siempre han sido los departamentos de seguridad", dice el superintendente, Fernando Segura Aranzazu. Esta es una figura creada hace 12 años para que empresas y personas de alto riesgo de ser secuestrados o atacados se defendieran por sí mismas, ya que el Estado no podía garantizarles la seguridad. No trata de celadores, sino de escoltas que se pueden moverse por todo el país con sus armas, incluso con armas de uso restringido. En el país hay autorizados 1.456 de estos departamentos, la mayoría de ellos al servicio de empresas que trabajan en la legalidad, y que combinan varios sistemas de vigilancia. Pero en la lista se han colado muchos otros 'gatos', que los usan para actividades ilícitas. Lo grave es que nadie sabe quiénes son, cuántas armas tienen ni si las están usando para intimidar a otros. La Superintendencia sólo tiene 10 inspectores para todo el país y ha terminado por anular algunas licencias cuando ya los personajes están en las primeras planas de los periódicos, señalados como delincuentes.
Algo así ocurrió la semana pasada cuando un delegado de la Superintendencia de Vigilancia viajó a Bucaramanga y se enteró de que John Horacio Rueda, un destacado comerciante de oro que tenía un departamento de seguridad aprobado y en regla, está prófugo de la justicia desde junio de 2005. En ese momento, las autoridades allanaron y confiscaron sus propiedades porque descubrieron que su compraventa de oro esa la fachada para el lavado de activos. Igual ocurrió con el complejo turístico Las Gaviotas, en extinción de dominio desde 2004, que tiene aún licencia para 40 escoltas. Este departamento de seguridad está a nombre de Hugo Urrea Duque, quien fue acusado por la Fiscalía por lavado de activos.
Estos casos no son nuevos. Hace tres años, en la primera purga que se hizo a los departamentos de seguridad, se encontró, por ejemplo, que las familias de los Rodríguez Orejuela, y de narcotraficantes como 'Chupeta' tenían legalizados sus 'ejércitos' y ponían al frente de estos departamentos a sus familiares que no tienen antecedentes jurídicos. En aquel entonces, también se cancelaron licencias de personas que podrían tener nexos con los paramilitares, como fue el caso de Saúl Severini, hermano del alcalde de Pivijay, Magdalena.
"A través de la licencia la gente obtenía las armas y nunca más se volvía a saber de ellos, hasta que pedían la renovación", admite Segura. Sencillamente, no hay suficiente control sobre las armas y los escoltas. A eso se suma que no hay una buena coordinación con otras entidades del Estado y que hay corrupción dentro de la Superintendencia, como quedó demostrado con la filtración de las resoluciones contra la 'La Gata'.
Pero no todo el problema está en la Superintendencia de Vigilancia, como lo demostró de nuevo el caso de 'La Gata'. El año pasado, dos policías detuvieron a su medio hermano por conducir borracho. El alcalde de Magangué, Jorge Luis Alfonso López, hijo de 'La Gata', acompañado de ocho escoltas, humilló a los policías y les ordenó liberar al infractor. El ejército privado había logrado acorralar a la Policía, con la aquiescencia del alcalde. En enero, la Infantería de Marina reportó además que uno de los escoltas cargaba ilegalmente un fusil M-16, que es de uso privativo de las Fuerzas Armadas, que le había sido entregado a López en una guarnición militar.
Precisamente el comando general de las Fuerzas Militares es el encargado de controlar la tenencia y el porte de armas. Pero, a todas luces, sus controles no están funcionando. "Sorprende que organizaciones que luego se descubren como ilegales tengan departamentos de seguridad amparados. ¿Por qué muchos de ellos tienen armas de guerra?", se pregunta el especialista en seguridad Hugo Acero.
A medida que los índices de seguridad del país han mejorado, muchas empresas, como es lógico, han reducido sus escoltas. Y se han hecho más estrictos los requisitos. En los últimos tres años se cancelaron 300 licencias. Y cada vez se niegan más. Mientras en 2002 se negaron dos, el año pasado, 104. Sin embargo, muchas preocupaciones recaen sobre las que ya existen.
No se trata de estigmatizar toda la seguridad privada, necesaria en un país con los problemas de Colombia. Pero justamente porque el país vive una guerra interna es que los departamentos de seguridad deben meterse en cintura. Más aun cuando se prevé una explosión de 'ejércitos' privados en las regiones donde se han desmovilizado los paramilitares. Ya los ganaderos en San Alberto (Cesar) y en Barrancabermeja (Santander) les han solicitado al Presidente y al Ejército que los dejen armarse para defenderse de posibles incursiones de la guerrilla. No tiene sentido que mientras el Estado se esfuerza por recuperar el monopolio de la fuerza desarmando a las AUC y combatiendo duramente a las Farc, se permita volver al mismo ciclo de autodefensa que ha demostrado ser tan peligroso como los males que pretende combatir. Un ciclo de violencia que peligrosamente se podría amparar en unos departamentos de seguridad que no tienen control.
El polvorín de Corabastos.
Hace dos semanas un grupo de 30 hombres, exhibiendo armas en sus cintos, llegaron hasta un lote adyacente a Corabastos donde 300 vendedores de frutas y verduras se instalaron hace varios años. Los hombres dijeron que habían sido enviados por Luis Eduardo Murcia Chaparro, quien compró parte de ese terreno y ahora quiere venderlo por lotes. Murcia es un famoso esmeraldero que hace 12 años lideró el pacto de paz que se firmó en las minas de Boyacá. El año pasado la licencia que le autoriza tener 30 escoltas para él y su familia estuvo a punto de ser revocada, pero según una funcionaria de la Superintendencia "hasta los curas vinieron a interceder por él". Murcia le aseguró a SEMANA que él compró una parte de estos terrenos a la Compañía de Jesús. "Sí han ido unos señores a negociar los lotes pero nunca a intimidar a nadie" asegura.
Uno de los vendedores de esa plaza le dijo a esta revista que el año pasado compraron armas en el mercado negro para desterrar a otro hombre -Hugo Montero- que se había presentado como dueño de los predios tres años atrás y les obligó a pagar una mensualidad por cada carpa. En ese lapso pagaron más de 2.000 millones de pesos. "Estamos cansados y por eso nos armamos. La Policía nunca nos ha protegido", dice el comerciante. Esta nueva "autodefensa" se suma a los cerca de 20 grupos paramilitares que se disputan a Corabastos. Según registros de prensa, este lío ya ha dejado tres muertos y un comerciante herido, el cual quedó inválido.
Los esmeralderos.
En octubre pasado, el ministro de Defensa, Camilo Ospina, tuvo una reunión con los esmeralderos para hablar sobre los departamentos de seguridad. El ultimátum que les dio es que si no erradicaban 5.000 hectáreas de coca que hay en la zona de las esmeraldas, les cancelaría las licencias de 677 escoltas, 800 armas y 200 vehículos. La suspicacia de que algunos de estos departamentos de seguridad estén al servicio del narcotráfico no es descabellada. En los últimos años se han destruido en esa zona 80 laboratorios para el procesamiento de coca.
Víctor Carranza sigue siendo el que mantiene más hombres y armas. Los dos departamentos de seguridad (que no están a su nombre) suman 205 escoltas y 39 armas (la mayoría subametralladoras). Lo curioso es que sólo existe constancia de que ha contratado a 37 personas. Por eso, la Superintendencia está en proceso de recortar su licencia, a menos que Carranza demuestre que necesita dos centenares de hombres para su seguridad.
El otro hombre fuerte de las esmeraldas es Yesid Nieto, que tiene aprobados 30 escoltas. Es un hombre joven, considerado de la nueva generación de esmeralderos, que no vivieron la cruenta guerra por el oro verde. En la citada reunión de Corferias, el ministro Ospina le habló de frente y le dijo que tenía información de que Nieto estaba usando armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas en las minas. Nieto le contó a SEMANA que, por el contrario, logró demostrar que tiene el departamento de seguridad más pequeño de la zona. "Si me desarman, quienes quieren matarme lograrían inmediatamente su objetivo", dice Nieto. La preocupación para algunas autoridades es que la zona de las esmeraldas siempre ha tenido una paz frágil y sólo sostenible en épocas de crisis. Cuando se encuentran nuevas minas, como ahora, y se acerca una bonanza, los enfrentamientos arrecian.
'El cebollero' de Itagüí.
Alirio de Jesús Rendón Hurtado, más conocido como 'El cebollero', era un pequeño comerciante que llegó hace 20 años a la plaza mayorista de Itagüí, el mayor centro de abastos de Antioquia. A finales de los años 90, esta plaza era un territorio de disputa entre guerrilleros, paramilitares y bandas de delincuencia común. Entonces Rendón promovió la creación de una empresa de vigilancia privada con 50 muchachos y un departamento de seguridad que actualmente tiene aprobados 10 escoltas. Según testimonios de varios comerciantes, desde que Rendón maneja la plaza, no se volvieron a cometer homicidios, secuestros ni extorsiones. Pero la Policía ha recibido frecuentes denuncias sobre arbitrariedades cometidas por los hombres de Rendón. "Él maneja la seguridad y desde allí presiona todo el comercio, al punto que los productos se los ofrecen a él y es quien le pone precio a la carga. También hemos recibido denuncias de que sus hombres encierran en las bodegas a quienes no se someten a estas reglas", le relató a SEMANA un oficial de la Policía. Las quejas recurrentes hicieron que la Fuerza Pública realizara el año pasado un inmenso allanamiento en las instalaciones de la plaza, pero finalmente encontraron todo en regla. "Las autoridades tenían información errada y ellos mismos se dieron cuenta. Lo que nosotros hemos hecho es organizar a la gente, y somos un ejemplo para el resto del país. Aquí no se le prohíbe la entrada a nadie, pero protegemos a los comerciantes formales que pagan impuestos" dice Rendón. Aunque este hombre les quita el sueño a muchos en la Policía, en varias plazas de abastos del país es un verdadero ídolo.
El casanareño.
El ganadero Víctor Feliciano, dueño de Agrovicmart, tenía un enorme y bien armado departamento de seguridad. Hace más de 20 años, el papá de Feliciano se unió a Héctor Buitrago, en Casanare, para crear una de las primeras autodefensas campesinas del país. Años después, esta autodefensa se convirtió en un temible grupo paramilitar conocido como 'Los Buitragos' y luego en las autodefensas de Martín Llanos (hijo de Buitrago). Hace casi una década, Martín Llanos les declaró la guerra a los Feliciano. Los mató a casi todos y se apropió de sus tierras. Desde entonces, Víctor Feliciano, dueño de la empresa Agrovicmart, armó su pequeño ejército privado, pero legal. Este enfrentamiento duró varios años, y de su situación sacó provecho el Bloque Centauros. Aunque Feliciano negó ser parte de este bloque, algunos de sus hombres más cercanos están en la cárcel, acusados de pertenecer a las redes de lavados de activos que entonces manejaba Miguel Arroyave. A Feliciano se le negó la renovación de la licencia de su departamento de seguridad justamente por estos hechos. Sin embargo, la Superintendencia tiene denuncias de que sus escoltas siguen actuando en los límites entre Casanare y Meta. No es claro si las armas, que ya no tienen amparo, siguen en su poder.
El transportador de Bello.
No cabe duda de que Bello, Antioquia, llegó a ser uno de los municipios más violentos del país, por cuenta de las bandas y pandillas de delincuentes. Tan difícil era la situación, que Albeiro Quintero, dueño de Bellanita de Transportes, le mandó a poner caja fuerte a cada uno de sus 400 buses.
Su historia con las armas empezó en la época de Pablo Escobar. "Pablo me mandó a matar en cuatro oportunidades. La guerrilla me ha amenazado y secuestró a mi papá en los 90. El Ejército no me quiso vender armas, entonces tuve que comprarlas en el mercado negro", dice. Pero esas son épocas remotas y ahora Quintero tiene un departamento de seguridad legal de 40 escoltas. Algo reducido si se compara con los 60 que tenía el año pasado.
Quintero se ha hecho famoso porque en elecciones reparte los buses entre los distintos candidatos. A todos les regala el transporte, que es lo crucial para quien es, al estilo de la política tradicional, lleven la gente hasta los puestos. "Ahora estoy apoyando a 15 para el Senado y cinco para la Cámara". Por esta vía se ha convertido en el hombre que maneja los hilos de la política y la administración en Bello. "Crearon el mito de que soy muy poderoso porque me movilizo en helicóptero", dice. También afirma que su 'ejército' es pequeño, porque protege a 17 directivos que tiene la empresa.
[Fuente: La Semana, Bogotá, Col, 26feb06]
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