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28ene19
El Gobierno de Colombia niega que haya enviado a emisario secreto a hablar con ELN en Cuba
El Gobierno de Colombia negó que haya encargado al exsenador Everth Bustamante llevar a cabo diálogos de paz a finales del 2018 con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los cuales rompió el Ejecutivo hace una semana a raíz de un atentado con coche bomba de esa guerrilla a la Policía en Bogotá.
"En el marco de la Constitución y de la Ley, y por precisas instrucciones del Presidente Iván Duque Márquez, el único autorizado para llevar a cabo conversaciones relacionadas con un eventual diálogo con el ELN, es el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos Arévalo", señaló la Oficina del Alto Comisionado de Paz en un comunicado.
Según informó en la noche del sábado el telenoticiero Noticias Uno, Bustamante fue comisionado de manera secreta por el Gobierno colombiano para dialogar con los delegados de paz del ELN en La Habana (Cuba).
"Contrario a lo que han dado a entender el presidente (Iván) Duque y su comisionado de Paz, Miguel Ceballos, el actual Gobierno ha conversado en secreto con la delegación del ELN en Cuba", señaló Noticias Uno.
Según ese medio, "el vocero presidencial que estuvo en La Habana dos veces, a finales del año 2018, fue el exsenador Everth Bustamante".
Sin embargo, el excongresista negó esa versión el 27 de enero.
"Conocida por el Gobierno Nacional la intención del Señor Everth Bustamente García de viajar a la Isla de Cuba por decisión, cuenta y riesgo propios, el Alto Comisionado para la Paz se permite certificar que no concedió ninguna autorización al señor Bustamante García para actuar ni interlocutar con el ELN en nombre del Gobierno Nacional", señaló el comunicado de la Oficina del Alto Comisionado.
De ser cierta la versión de Noticias Uno, mostraría que el Gobierno de Duque sí tuvo acercamientos con la guerrilla y que como tal no tiene justificación para desatender el protocolo de ruptura de negociaciones de paz con los delegados del ELN en La Habana, a los cuales ha levantado la suspensión de órdenes de captura, ha pedido a Interpol que emita circulares rojas en su contra y pedido a Cuba que los entregue en extradición.
El ELN mantenía diálogos públicos de paz desde febrero de 2017 con el entonces Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), pero los mismos fueron suspendidos el pasado 7 de agosto, cuando Duque asumió la Presidencia y exigió al grupo rebelde que liberara a todos los secuestrados y cesara sus ataques a la infraestructura del país como condición para descongelar las negociaciones.
Sin embargo, a raíz del atentado del pasado 17 de enero contra la Escuela de Cadetes General Santander, en Bogotá, que se cobró la vida de 21 estudiantes de esa institución y que dejó 68 más heridos, el Gobierno canceló los diálogos de manera unilateral y reclamó a Cuba que entregue en extradición a los diez delegados de paz que permanecen en la isla.
Cuba, por su parte, sostiene que respetará el protocolo, así como también lo señaló el Gobierno de Noruega, que hace parte de los países garantes junto con Venezuela, Chile y Brasil.
Venezuela, por su parte, no se ha pronunciado sobre el asunto, mientras que Chile y Brasil respaldan a Colombia para que los responsables sean llevados ante la justicia, pero no se han referido respecto del protocolo.
El Gobierno colombiano sostiene que desconoce el protocolo de ruptura de negociaciones porque, entre otras cosas, no se ha reunido con los delegados del ELN, no ha firmado ningún protocolo y porque las reglas cambiaron cuando la guerrilla cometió el atentado, el cual es calificado como terrorista por el Consejo de Seguridad de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El protocolo señala, entre otras cosas, que en caso de una ruptura de los diálogos de paz, el Gobierno colombiano debe permitir el retorno al país de los delegados del ELN, para lo cual las partes contarán con dos semanas para planear dicho regreso, cuyo procedimiento será redactado en conjunto con los países garantes.
Varias voces respaldan la solicitud del Gobierno colombiano, mientras que otras más sostienen que debe respetar el protocolo porque fue firmado por el gobierno anterior en nombre del Estado colombiano y ante la comunidad internacional, por lo que esa obligación no cesa con el cambio de administración.
[Fuente: Sputnik News, Bogotá, 28ene19]
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