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03jul05
Los paramilitares se infiltraron en las economías regionales.
Reporteros de EL TIEMPO llegaron al corazón de algunos de sus negocios ilícitosy hallaron indicios de la penetración de estas organizaciones
Contrabando de gasolina, arroz y vehículos, juegos de azar, prostíbulos y negocios de confecciones y textiles hacen parte de sus nuevas inversiones.
Pese al proceso de paz y al compromiso de entregar los bienes obtenidos ilegalmente, las autodefensas se están moviendo para ocultar y aumentar sus fortunas.
El Estado se enfrenta al reto de identificar el origen y el monto de unas finanzas que en los últimos 20 años han crecido inadvertidas. Solo 250 propiedades paramilitares han sido afectadas por la extinción de dominio.
Aprobada la ley de justicia y paz, según la cual las autodefensas desmovilizadas están obligadas a entregar los bienes obtenidos ilegalmente para reparar a las víctimas, el Estado se ve enfrentado, quizás, a lo más intrincado del mundo paramilitar: sus finanzas.
Una maraña que en 20 años no se ha esculcado.
Para cuando concluya la entrega de armas, en diciembre próximo de acuerdo con el cronograma, debería estar funcionando el Fondo de Reparación, una especie de caja que guardará los dineros que deben distribuirse entre las víctimas de acuerdo con las sentencias de los tribunales.
Su financiación, sin embargo, es incierta en la medida en que depende en buena parte de la voluntad de los paramilitares para confesar el origen de sus fortunas.
Y peor, según confirman investigadores de los organismos de seguridad, es que se están moviendo para ocultarlas y legalizarlas.
"A través de una enorme cadena de testaferrato están lavado sus dineros. Incluso, se ha detectado compra de tierras en países como Ecuador y Costa Rica", asegura el coronel óscar Naranjo, director de la Dijín, una de las entidades que hace parte del 'Bloque de Búsqueda' creado a finales del año pasado para detectar bienes de las autodefensas.
Hay 'paras' dedicados a lavar capitales a través de negocios que hace rato trascendieron las inversiones en tierras y ganado, sus economías tradicionales.
Contrabando de gasolina, arroz, electrodomésticos y vehículos, transporte público (colectivos y mototaxis), juegos de azar (chance y casinos), confecciones, construcción y prostitución hacen parte del portafolio de autodefensas y narcotraficantes, sea que se entiendan como dos grupos distintos o como uno solo.
De hecho, investigadores del DAS y de la Dijín consultados por este diario calculan que siete de cada diez 'narcos' trabajan en llave con los paramilitares. Por una razón sencilla: porque los 'paras' controlan corredores de salida de la droga hacia el exterior.
Esto, explica Gustavo Duncan, autor de varias investigaciones sobre las finanzas de los grupos armados ilegales, les da un valor agregado que los narcotraficantes no desaprovechan.
Dólar, en promoción.
La caída del dólar a precios de hace tres años, explicada en el aumento de remesas (dinero que envían los colombianos que viven en el exterior) y de exportaciones, también tendría mucho que ver con las movidas paramilitares.
Precisamente, en regiones con influencia de las autodefensas el dólar se negocia a precios muy por debajo del nacional. Por ejemplo, en la Plazoleta de Los Centauros de Villavicencio hay días en que puede comprarse a menos de dos mil pesos. En Montería (Córdoba) y Honda (Tolima) ha llegado a tener valores parecidos.
"¿Cómo se explica ese fenómeno en regiones que no son siquiera exportadoras?, se pregunta el representante a la Cámara Gustavo Petro, para quien es evidente el blanqueo de dineros de ‘paras’ y ‘narcos’.
"Nunca, como ahora, la economía estuvo tan atravesada por dineros ilegales. El país está asistiendo a la consolidación de una economía mafiosa", dice.
A la par que negocian con el Gobierno en Ralito, las autodefensas están copando las economías regionales.
El decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y ex director de Planeación Nacional Juan Carlos Echeverry advierte que "no existen datos concretos" para arriesgar una medición sobre la penetración actual de los dineros ilegales en la economía colombiana. Pero recuerda que el prestigioso diario The Economist ha señalado dos indicadores que permiten suponer que el narcotráfico puede estar pasando por una época de bonanza, pese a la persecución de las autoridades: "El precio de la cocaína ha caído en las calles de algunas ciudades del primer mundo, probablemente por un exceso de oferta. Y el precio de los insumos químicos que se necesitan para refinar la coca ha subido en Colombia, lo que podría sugerir que la producción se mantiene".
En ciudades y campos.
Las autoridades saben que, en el Eje Cafetero, narcotraficantes del norte del Valle y jefes 'paras' como 'Ernesto Báez' aprovecharon la crisis del café para comprar tierras a bajos precios.
Por eso, investigan los fondos de los que salieron algunos grandes proyectos turísticos desarrollados en los últimos años en la zona.
En el Chocó, la Defensoría del Pueblo y varias organizaciones humanitarias han cuestionado la adquisición de 21.142 hectáreas de los territorios colectivos de comunidades negras que hoy aparecen a nombre de empresas del sector de la palma de aceite.
Según denuncias avaladas por el propio Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), el proceso fue consecuencia directa de la violencia paramilitar contra los verdaderos dueños de los territorios ancestrales.
A través de una resolución, la Defensoría emplazó a siete empresas de palma africana de Urabá para que "suspendan de manera inmediata el avance de los cultivos en los territorios colectivos de Jijuamiandó y Curvaradó y en otros territorios colectivos del Chocó". EL TIEMPO quiso conocer el punto de vista de Fedepalma, que agremia a los productores de palma africana, pero se abstuvo de pronunciarse.
La resolución de la Defensoría también menciona a tres empresas de ganadería de Urabá.
Al otro lado del país, en Norte de Santander, donde el año pasado se desmovilizaron 1.425 combatientes del bloque Catatumbo, también se ha evidenciado la circulación de capitales ilícitos.
Un estudio de la Fundación Cultura Democrática, que será publicado en los próximos días bajo el título Paz, te han vestido de negro, encontró que entre el 2001 y el 2003, pese a la caída del comercio en Cúcuta por la crisis política en Venezuela, la red financiera de la ciudad manejó fondos por encima del promedio nacional, que provenían, según la Fundación, de actividades de las autodefensas.
Hoy, las autoridades investigan posibles nexos entre algunas arroceras y el grupo de 'Jorge 40', uno de los jefes ‘paras’ que están blanqueando dólares a través de la importación y el contrabando del cereal desde el vecino país.
A través de trochas que vienen desde Urueña y San Antonio, en Venezuela, semanalmente ingresan a la capital nortesantandereana al menos cinco tractomulas cargadas de arroz, que se vende en el país a precios por debajo de los del mercado.
No siempre los compradores hacen buen negocio: "Por cada cinco bultos de arroz de buena calidad están mezclando uno de 'partido' para maximizar las ganancias", dice un reporte de inteligencia conocido por este diario.
Esta modalidad de lavado de activos es una de las que tiene en crisis a los arroceros, según denunció el propio ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias.
Ya las autoridades han comprobado la infiltración paramilitar en algunas ARS. Y la captura del concejal de Santa Marta Héctor Ignacio Rodríguez, esta semana, sugiere que pudo pasar lo mismo con el programa de Familias Guardabosques.
Al tiempo, se han insertado en economías subterráneas en las que antes participaban de manera indirecta, vendiendo seguridad o simplemente cobrando 'vacunas'.
Capitales esquivos.
Los dineros que han salido del negocio de la droga y de otros ilegales son los que, supuestamente, deberían nutrir el Fondo de Reparación a las Víctimas. Pero la esperanza es poca si se tiene en cuenta que en ocho años de vigencia de la Ley de Extinción de Dominio, sólo seis jefes de las autodefensas se han visto afectados por procesos de este tipo.
Dos de ellos, Miguel ángel y Víctor Mejía Múnera, 'Los Mellizos', lo fueron en su condición de narcotraficantes 'pura sangre'. En total, son apenas 250 los bienes y propiedades identificados como pertenecientes a los 'paras'.
Desde hace una semana, Diego Fernando Murillo Bejarano, 'Don Berna', y Carlos y Vicente Castaño tienen procesos de extinción de dominio que marcharán a la par del proceso de paz.
Sin embargo, hombres como Salvatore Mancuso, cuyas propiedades en Córdoba son reconocidas, y Ramón Isaza, mandamás por más de 25 años en el Magdalena Medio antioqueño y hoy máximo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), no tienen un solo proceso de extinción. Tampoco Carlos Mario Jiménez, 'Macaco', pese a ser considerado el verdadero poder en las Auc.
"No ha sido fácil desnarcotizar la extinción de dominio, pero la consigna es buscar los bienes ilegales sean de quien sean", admite Fernando Giraldo, coordinador de la Unidad contra el Lavado de Activos de la Fiscalía.
Ninguna institución se atreve a hacer un cálculo de cuánta plata pueden tener los jefes 'paras', salvo que la cifra se cuenta "por miles de millones de dólares". A Miguel Arroyave, por ejemplo, le incautaron propiedades por 3.000 millones de pesos. "Pero eso es nada –dice un investigador–-. El hombre era prácticamente el dueño de San Carlos de Guaroa y Granada, en el Meta. En Bogotá controlaba sanandresitos y redes de prostitución".
Basada en esta cruda realidad, la Fundación Seguridad & Democracia dice que se ha golpeado el aparato militar de las autodefensas y se han desmovilizado cerca de cinco mil combatientes en medio del proceso de paz, pero no se han afectado sus estructuras política y económica. "Así, la desarticulación de esos grupos es solo parcial".
Apenas ahora el Estado empieza a investigar en forma la filtración de los paramilitares en la economía, como lo reconocen distintas autoridades. Pero los colombianos, como lo demuestra una encuesta de Napoléon Franco, la perciben en alto grado.
Y si bien el principal objetivo de los 'paras' es mover sus dineros hacia economías legales para evitar extinciones de dominio, mantienen sus fuentes tradicionales de financiación: narcotráfico y extorsión.
El Gobierno confía, en todo caso, en que si la colaboración de los paramilitares no es efectiva las instituciones puedan penetrar su enmarañado poder económico, a través del cual buscan y alcanzan, irremediablemente, el poder político.
El ‘boom’ de los mototaxis.
En Montería hay un rumor que corre tan rápido como los vehículos que lo protagonizan. Ninguna autoridad lo ha comprobado, pero en las calles se dice que muchos mototaxistas están relacionados con los ‘paras’, a través de trabajos de inteligencia que realizan en sus recorridos por la ciudad y por las veredas.
Son los ojos y los oídos que dan el reporte de quiénes salen y quiénes entran en las zonas controladas por las autodefensas. Además, se comenta que algunos jefes ‘paras’ son dueños de muchos de esos vehículos que, hoy por hoy, pueden llegar a los 750.000 en todo el país.
El modelo no es nuevo. Fue utilizado por los Rodríguez Orejuela en Cali y por Pablo Escobar en Medellín, pero con taxis de servicio público.
De hecho, el mototaxismo nació en las entrañas de los enclaves ‘paras’. Arrancó en la vereda La Cotorra, en cercanías de Montería, en 1991, y de allí se extendió a todo el norte del país.
Tan solo en Tierralta, el municipio al que pertenece la zona de ubicación de Santa Fe de Ralito, hay 8 cooperativas que agrupan 900 motos. En Lorica y Ciénaga de Oro hay 600 motos. En Montería pueden ser 7 mil los mototaxis; y en Planeta Rica, otros 2 mil.
Carlos, un mototaxista de Tierralta, afirma que la primera y única vez que ha sentido la presencia del paramilitarismo en su actividad fue por la temporada electoral de 2003, cuando lo citaron a una reunión en las afueras de la población.
Allí, junto a sus colegas, escuchó a un hombre vestido de civil que, sin una amenaza expresa, les sugirió que para el día de las elecciones llevaran gratis a la gente hacia las zonas de votación y, luego, de regreso a sus hogares. El hombre incluso les sugirió por quién votar.
"Nos dijo que deberíamos acompañar la candidatura de un señor que era el candidato que más simpatías despertaba en ‘la gente de allá arriba’ (la cúpula paramilitar) . No era una obligación ni hubo presiones, pero sentí que debía hacer lo que el hombre decía", afirma el mototaxista, que pidió reserva de su identidad.
[Fuente: El Tiempo, Bogotá, Col, 03jul05]
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