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09oct07
Declaración de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia ante el ataque institucional del poder ejecutivo.
La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en sesión extraordinaria verificada en la fecha, aprobó por unanimidad la siguiente
DECLARACIÓN:
El 10 de septiembre del año en curso, en desarrollo de sus funciones y con el concurso del personal del CTI y una Fiscal, los Magistrados Auxiliares de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Iván Velásquez Gómez y Luz Adriana Camargo Garzón, por solicitud del señor José Orlando Moncada Zapata, alias “Tasmania”, visitaron la ciudad de Medellín con el objeto de entrevistarlo; al día siguiente el Señor Presidente de la República se comunicó telefónicamente con el Dr. Velásquez Gómez para averiguarle si el entrevistado lo había involucrado en algún hecho delictivo, a lo que el funcionario respondió negativamente. Por lo anterior, el cuatro (4) de octubre pasado, en presencia de los Magistrados de la Sala de Casación Penal, el aludido Magistrado Auxiliar denunció tales acontecimientos ante los Señores Fiscal General de la Nación y Procurador General de la Nación.
En atención a lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, Resolvió:
- 1. Invitar a la sociedad a prestar colaboración y apoyo a la labor que, en estricto cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, realiza la Corte Suprema de Justicia, y exhortar a todas las autoridades a respetar la autonomía e independencia de los jueces de la República.
- 2. Rechazar enfáticamente las declaraciones que sugieren la existencia de un complot por parte de esta Corporación, por ser totalmente ajenas a la realidad.
- 3. Resaltar la misión que viene desarrollando la Sala de Casación Penal de esta Corporación y su Comisión de Apoyo, siempre comprometidas con sus funciones, la institucionalidad, la justicia, la democracia y la verdad.
- 4. Desaprobar cualquier injerencia sobre el normal desarrollo de las investigaciones en curso, que desconozca abiertamente el mandato constitucional de la independencia de los Jueces de la República, pues ésta, antes que constituir prerrogativa de los administradores de justicia, se erige como garantía esencial en beneficio de todos los ciudadanos, a quienes se convoca en su defensa.
- 5. Expresar su enorme preocupación, debido a que los recientes hechos pueden generar en la ciudadanía un errado entendimiento de la función que cumple la Corte Suprema de Justicia, o acerca de la honestidad y credibilidad de la institución o de sus funcionarios.
- 6. Resaltar que cada una de sus decisiones son el producto de ponderada e imparcial elaboración y meditación del cuerpo colegiado, y no de un funcionario o magistrado en particular; pensamiento diverso distorsiona la legitimidad y el fin de la centenaria labor de la Corporación.
- 7. Subrayar que la inversión de los recursos económicos que se efectúe en la Administración de Justicia no es un privilegio sino un deber del Estado, como medio para cumplir y hacer cumplir los derechos humanos, los compromisos internacionales y realizar los valores democráticos.
- 8. Respaldar de manera unánime e incondicional la actuación de los Presidentes de la Corte Suprema de Justicia y de su Sala de Casación Penal, quienes en sus declaraciones y conceptos han actuado fielmente como voceros de la Corporación, y en ningún caso a título personal.
Bogotá, D.C., 9 de octubre de 2007.
César Julio Valencia Copete, Presidente
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