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07oct07
El paramilitarismo en la Costa produjo una contrarreforma política
El paramilitarismo dejó de ser un hecho de criminalidad y se convirtió en el problema político más grande de Colombia. La afirmación del académico Gustavo Duncan, especialista en conflicto armado, resume cómo durante más de 20 años, las autodefensas lograron establecer, a través de la violencia, un dominio local en 221 municipios del país y, principalmente, en los siete departamentos de la Costa Caribe.
El discurso contrainsurgente con el cual nació el paramilitarismo mostró después otras aristas que permitieron la expansión del fenómeno y un mayor dinamismo. Las alianzas entre los ‘narcos’, ‘paras’, latifundistas y políticos facilitaron la imposición, a través de las armas, de un nuevo modelo económico y social. Las conclusiones de investigaciones sobre tenencia de tierras y los resultados de las elecciones a Senado y Cámara de 2002 y 2006 así lo demuestran.
Los paras contribuyeron en la elección de 221 alcaldes, 4.000 concejales y 9 gobernadores.
De acuerdo con los estudios de la Corporación Nuevo Arco Iris, un millón 850 mil votos salieron de zonas de control paramilitar, especialmente, de las regiones. Con el caudal de votos, 33 candidatos obtuvieron curules al Senado y 50 a la Cámara. Es decir, la tercera parte de la votación para el Congreso.
En 2003 la Contraloría General de la Nación realizó un estudio detallado sobre tenencia de tierras. El vicecontralor de la época, Luis Bernardo Flórez, denunció que 4.5 millones de hectáreas, las mejores del país, habían sido apropiadas por los grupos armados ilegales y el narcotráfico. “Es la más aberrante concentración de la tierra. Una auténtica contrarreforma agraria”, afirmó el ex funcionario en una entrevista concedida al diario La República, el 10 de junio de 2003.
El control político y económico estuvo precedido de una ola inusitada de violencia. En la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía hay radicadas unas 20 mil declaraciones de víctimas que dan cuenta del mismo número de hechos criminales atribuidos al Bloque Norte de las Autodefensas, cuyo objetivo principal fue controlar la Costa Caribe. Entre los crímenes figuran 200 masacres ocurridas en los departamentos del Cesar, La Guajira, Magdalena y Atlántico entre 2000 y 2005. La expansión paramilitar estuvo caracterizada por la sangre, las asociaciones estratégicas, el control económico y, finalmente, el poder político.
¿Por qué los ‘paras’ se hicieron tan fuertes en el norte del país? ¿A qué se debió que los nexos entre políticos costeños y paramilitares fueran más evidentes en la región?
El Heraldo consultó a tres prestigiosos investigadores y académicos que han seguido de cerca el conflicto armado. De acuerdo con las conclusiones entregadas por Teófilo Vásquez, León Valencia y Armando Borrero, se presenta un análisis de lo que significó la presencia de las Autodefensas en esta región.
Los señores feudales
Armando Borrero, ex consejero presidencial en asuntos de seguridad, señala que la Costa presenta varias condiciones que facilitaron el arraigo de las autodefensas: una clase económica poderosa y latifundista, pero asfixiada por las extorsiones y secuestros perpetrados por la guerrilla, y unas bases sociales controladas durante décadas por una dirigencia política clientelista.
La propiedad de la tierra es un elemento esencial en el nacimiento de las AUC porque son los ganaderos y grandes propietarios los que auspiciaron la creación de grupos de seguridad privada. Además, el sentido de apropiación desmedida de predios tiene una intención política antes que económica.
“Lo que sucedió fue que este grupo social estimuló la formación de bandas armadas para defenderse, pero durante el proceso quienes lo propician después pierden el control”, afirmó el ex consejero.
A estos grupos se sumaron las redes desarticuladas de delincuencia que quedaron rezagadas después de la bonanza marimbera de la década de los 70. Así lo afirma la politóloga e investigadora Priscila Zúñiga en una monografía publicada en el libro ‘Parapolítica’. La ruta de expansión paramilitar y los acuerdos políticos’, de la Corporación Nuevo Arco Iris y la Agencia Sueca de Cooperación.
En el caso del Magdalena, los sectores económicos dedicados a la producción y comercialización del banano, café y ganado, fueron los principales financiadores. Para la muestra un botón: C.I. Técnica Baltime de Colombia S.A., subsidiaria de la empresa norteamericana Dole Fruit Company; y Banaldex S.A., mejor conocida como Chiquita Brands, son señaladas por entregar a cambio de ‘seguridad’ gruesas sumas de dinero a los paramilitares. En septiembre, un tribunal federal de Estados Unidos aceptó el acuerdo entre el Departamento de Justicia de ese país y la Chiquita Brands que determinó una multa de 25 millones de dólares por estos pagos.
En cuanto a la clase dirigente, en Santa Marta, por ejemplo, el poder político ha sido ostentado por el Partido Liberal. Incluso, el Distrito no ha tenido ningún alcalde conservador por elección popular. Y en el resto de la Costa, las familias Araújo, Gnecco, García y Jattin tienen una larga tradición en el poder.
En esta región, históricamente se han definido las elecciones de Presidente y se juega el equilibrio en el Legislativo, situación que no ha sido ignorada por los caciques políticos que de generación en generación se han perpetuado como clase dirigente.
Nuevos ricos, nuevos políticos
Detrás de lo que se conoce como ‘parapolítica’, cuyo epicentro del escándalo se ha concentrado en el norte del país, hay un elemento que muy poco se ha tocado.
Teófilo Vásquez, investigador social del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), pone el dedo en la llaga cuando asegura que la ‘parapolítica’ puede interpretarse como la tensión entre una nueva clase emergente dedicada a actividades ilegales con el propósito de figurar en el panorama político del país, y la clase tradicional cuyo poder y cacicazgo ha sido transmitido por herencia.
La empresaria del negocio de las apuestas, Enilse López, conocida como ‘La Gata’, es uno de los ejemplos. A ‘La Gata’, quien se encuentra detenida e investigada por enriquecimiento ilícito y peculado, se le acusa de financiar grupos de Autodefensas.
En un principio, su poder económico solo se circunscribía a uno o dos municipios de Bolívar, pero el negocio se fue expandiendo hasta monopolizar las apuestas en el resto de la Costa.
El éxito del ‘chance’ le permitió ubicarse de frente y tras las bambalinas del escenario político. El hijo, Jorge Alfonso López, logró con su apoyo conquistar la Alcaldía de Magangué. ‘La Gata’, en una diligencia judicial, se atrevió a asegurar que le había prestado dinero para la campaña electoral al alcalde de Cartagena, Nicolás Curi.
Otro caso es el de la ex congresista Eleonora Pineda, quien trabajó como estilista en el corregimiento El Caramelo (Córdoba). De repente fue elegida como concejal del municipio de Tierralta con 700 votos y después se lanzó a la Cámara de Representantes. Su éxito fue tan rotundo como sorpresivo: salió elegida con una votación de 82 mil votos, de los cuales 12 mil se obtuvieron en Tierralta cuya población es apenas de 30 mil habitantes. Pineda hace parte del listado de los 18 congresistas investigados por la Corte Suprema de Justicia por sus relaciones con las Autodefensas y todos son políticos elegidos por la Costa.
Eleonora no es la única figura anónima que sale a relucir en el panorama nacional con un respaldo electoral de gran magnitud. El estudio sobre ‘parapolítica’ de la Corporación Nuevo Arco Iris muestra que entre 2002 y 2006 se crearon seis nuevos movimientos políticos (Mira, Cambio Radical, Colombia Viva, Alas, el Partido de la U y Colombia Democrática), integrados por disidentes de los partidos tradicionales —que tuvieron mucho éxito en los comicios— expulsados de otros movimientos y políticos locales que buscaban mayor autonomía y flexibilidad.
‘Narcos’, los grandes financiadores
El poder militar de las Autodefensas fue posible gracias a la asociación entre ‘paras’ y ‘narcos’. León Valencia, director de la Corporación Nuevo Arcoiris, explica que fueron los ‘narcos’ quienes mitigaron la crisis del sector agrícola para la época de la apertura económica.
Cuando la mayoría de los latifundistas se declaró en quiebra aparecieron los narcotraficantes con sus grandes capitales, que a su vez sirvieron para armar a los grupos de seguridad privada.
El ex consejero presidencial, por su parte, señala que la presencia del narcotráfico es fundamental en la expansión del proyecto ‘para’ porque fue la coca la que permitió amasar grandes cantidades de dinero y le dio el acceso a las armas. “El narcotráfico los convierte (‘paras’) en su brazo armado. Con un poder económico gigantesco cobran cada vez más autonomía y empiezan a controlar la vida política, condicionan a los políticos locales o introducen a sus propios cuadros”.
Los corredores por donde transita la droga son muy apetecidos por los grupos armados. Hernán Giraldo, ‘El patrón de la Sierra’, y Rodrigo Tovar Pupo, ‘Jorge 40’, se encarnizaron en una disputa por el control de la Sierra Nevada de Santa Marta porque significaba el dominio de los cultivos ilícitos y la salida de la droga por el mar.
“Con el narcotráfico se pone en juego los modelos de sociedad, de orden económico y social al que aspiran las Autodefensas”, puntualizó Vásquez.
Un estado y sociedad civil débiles
Uno de los argumentos más utilizados por los jefes paramilitares durante las audiencias de versión libre que busca justificar las acciones criminales tiene que ver con el abandono del Estado. Los miembros de las autodefensas alegan que entraron a suplir funciones estatales y que su intención era mejorar la calidad de vida de las comunidades.
Pero más allá de fortalecer al Estado, lo terminaron debilitando. Armando Borrero explica que “se configura una situación de asalto al Estado por parte de unos grupos que dicen defenderlo, pero no nos podemos olvidar de una cosa: esos grupos son siempre enemigos del Estado, lo debilitan más”.
Si las instituciones del Estado no funcionaban, la cohesión social tampoco. Borrero señala que solo el 15 por ciento de la población colombiana pertenece a algún tipo de organización. Es decir, la mayor parte no está organizada como sociedad civil, lo que hace más débiles a las comunidades para resistir la violencia.
Ejercer justicia fue una de las funciones estatales que se abrogaron los paramilitares. “Justicia rápida, expedita y eficaz, sin importar los medios”, dijo Borrero. De esta manera, la gente se sentía segura con la presencia de los actores, pero a un precio muy alto”.
Las masacres, la apropiación de tierras a costa de lo que fuera y el poder político sometieron fácilmente a comunidades fragmentadas y sin proyectos comunes.
El paramilitarismo representó un retroceso a los avances en materia de participación y construcción de Nación consagrados en la Constitución de 1991. La intimidación armada y un desgastado discurso antisubversivo fueron los únicos argumentos que esgrimieron los ‘paras’ para llevar a feliz término su objetivo final: alcanzar un estatus político y preservar unas condiciones sociales que solo los favorecían a ellos.
[Fuente: Por Isis Beleño, El Heraldo, Barranquilla, 07oct07]
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