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14may08
Ante el colapso de la ley de 'Justicia y Paz'
Rechazo abierto a la impunidad que se impuso en Colombia con la extradición de los líderes paramilitares a los Estados Unidos por parte del Gobierno Nacional.
Los hechos de la interrupción forzosa de las investigaciones judiciales adelantadas por la Unidad Especializada de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, en el caso de los 14 líderes paramilitares que hicieron parte de cúpula paramilitar de las llamadas "Autodefensas Unidas de Colombia, AUC " y que fueron entregados en la mañana de hoy, en extradición a los Estados Unidos de América por el Gobierno Nacional; sellan el final del proceso de negociación con grupos paramilitares en Colombia y el desplome de la jurisdicción de la Ley 975 de "Justicia y Paz" en el marco de la más aberrante e inaceptable impunidad.
Con esta intempestiva decisión por parte del Gobierno del Presidente Uribe, se confirma la más absoluta desprotección en que se encuentran las millones de víctimas del paramilitarismo en Colombia y de su siniestra alianza con el Terrorismo de Estado. Lo cual igualmente señala que la ley 975, mal llamada de Justicia y Paz, nunca fue un instrumento para producir la real y efectiva administración de justicia en Colombia, para el caso de los más denigrantes y salvajes expedientes de violación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Por el contrario se trata de una ley de impunidad y legalización de una siniestra alianza de muerte y criminalidad, que hoy ha generado la más grave crisis de ilegitimidad, que ha conocido la historia reciente del país.
Queda igualmente ratificado, que no hay en Colombia, garantías para las víctimas y sus derechos inalienables e imprescriptibles a la Justicia, la Verdad y la Reparación integral, así como a las garantías de no repetición. En tal sentido, hago nuevamente, un llamado público a la Corte Penal Internacional, para que conforme a su jurisdicción vigente en Colombia desde Noviembre del 2002 y a las facultades que le otorga el Estatuto de Roma, los instrumentos del derecho internacional público en materia de crímenes de lesa humanidad y la Constitución Política de Colombia, intervenga de manera inmediata en nuestro país, para evitar que se imponga en Colombia, la más absoluta impunidad en el delito atroz de Genocidio, que hoy es de su competencia. Tal como lo hiciera, en Junio del 2005, en la plenaria de la Cámara de Representantes, en mi voto negativo a la aprobación de la ley 975 de Justicia y Paz.
De la misma manera, hago un llamado a nombre de mi partido, el Polo Democrático Alternativo, desde la plenaria del Senado de la República; al pueblo colombiano, a las organizaciones de base, a los movimientos sociales, a las instituciones educativas a las organizaciones de víctimas y de derechos humanos, a la opinión pública nacional, al movimiento campesino, al movimiento sindical, a los ciudadanos y ciudadanas de este país, a movilizarnos de forma inmediata por una Asamblea Nacional Constituyente, la cual es la única salida legítima a crisis sin control de todo el régimen político, encabezado por la Administración del Presidente Uribe y su bancada en el Congreso de Colombia, que son insolventes, ilegítimos, e incapaces de garantizar las más mínimas garantías y derechos fundamentales consagradas en nuestra Constitución Política.
Firmado.
Alexander López Maya, Senador de la RepúblicaBogotá, 14 de mayo de 2008
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