EQUIPO NIZKOR |
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13jul05
Los intocables de la droga en Colombia.
En la guerra contra el terrorismo el lenguaje importa. Desde que George Bush lanzara su cruzada global contra el mal, una serie de gobiernos no precisamente muy democráticos se han dado prisa, de forma oportunista, en "renombrar" sus problemas internos y hacerlos aparecer como apéndices del proyecto de Bush. Uno de los más ruidosos de estos oportunistas estará en Londres hoy, donde será recibido por un Gobierno británico que ahora es el segundo entre sus fuentes de ayuda militar.
El visitante es el Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien afirmará que su plan de pacificación para Colombia merece más apoyo del contribuyente británico y, como argumentaran sus defensores en una conferencia celebrada en junio en Londres, que el inversor británico debiera ayudar a un país que tiene el atractivo de combinar un Gobierno firme con una contundente entrega al libre mercado.
La visita de Uribe ofrece el espectáculo poco usual de que la alfombra roja británica se extienda para un hombre que, cuando fue alcalde de Medellín -ciudad santuario de los barones de la droga- aceptó supuestamente fondos del célebre narco traficante Pablo Escobar. El padre de Uribe, Alberto, era buscado por los Estados Unidos, acusado de narcotráfico, en el momento en que fue asesinado en 1983.
También casualmente, sin duda, el director de la campaña presidencial de Uribe, Pedro Moreno Villa, fue considerado por el servicio aduanero de los Estados Unidos como el mayor importador de permanganato potásico -un producto químico que se emplea en la producción de cocaína- entre 1994 y 1998, si bien él insistía en que lo importaba con fines inocentes; en ese momento Uribe era gobernador del Departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín, y Moreno era su jefe de plantilla. También fue allí donde Uribe ideó su política de fomento de los grupos armados terroristas de derechas que ahora intenta legitimar.
El presidente Uribe llama a su plan "Justicia y Paz", una fina pieza de inversión lingüística aprobada por el Congreso colombiano en junio. Al amparo de la misma, ofrece amnistía y recompensas en efectivo a los paramilitares, muchos de los cuales son culpables de violaciones a los derechos humanos y tráfico de cocaína.
La solución del Presidente Uribe a esta infeliz situación ha consistido en perdonarles, permitiéndoles a algunos que cambien sus uniformes por los de empresas privadas de seguridad, y a otros que se enrolen para ir a Iraq. Ambas opciones ofrecen la posibilidad de continuidad de carrera para asesinos. Sin verdad es difícil que se consiga "Justicia y Paz", como apunta el Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Michael Frühling. El presidente Uribe es bien consciente de la importancia de la percepción. Colombia lleva 40 años inmersa en una guerra civil, pero para el Gobierno actual el problema es sencillamente un problema de terrorismo.
Uribe promulgó en junio un conjunto de directrices dirigidas a las agencias de la ONU, embajadores, agencias de desarrollo y grupos humanitarios, en las cuales sentaba los términos con los que había que definir el conflicto. Atrás quedan términos como "conflicto armado interno", "actores armados" o "partes en el conflicto" para describir a las fuerzas de seguridad. Lo mismo respecto de expresiones como "actores no estatales en el conflicto" para referirse a los rebeldes de izquierdas o los paramilitares de extrema derecha; o "comunidad de paz" o "zona humanitaria", expresiones usadas para describir a los colombianos que intentan permanecer neutrales. No es, insiste el Gobierno, una guerra civil o un conflicto armado, sino una amenaza terrorista proveniente de las guerrillas de izquierdas. El documento enfadó tanto al director del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados en Colombia, Roberto Meier, que advirtió que el ACNUR consideraría retirarse de Colombia si Uribe no se retractaba.
En los últimos cinco años los Estados Unidos se han gastado 3.000 (tres mil) millones de dólares en la guerra contra las drogas en Colombia, un comercio con el que los paramilitares están estrechamente vinculados. El dinero se canaliza a través del Plan Colombia, que termina en septiembre, pero que ha sido ahora renovado por un año más. Es razonable preguntar si ha sido renovado por ser un éxito o un fracaso: no ha tenido efecto alguno sobre la disponibilidad, precio de calle o pureza de las drogas que continúan llegando a los Estados Unidos. Si bien los funcionarios de Estados Unidos y de Colombia esgrimen que se han erradicado en Colombia un millón de acres de coca, la ONU testimonia que el área de cultivo en los Andes ha crecido un 3% el año pasado.
Washington ha incluido en una lista a 18 comandantes paramilitares como responsables de la mayor parte del tráfico de cocaína que llega a las ciudades de los Estados Unidos. A Estados Unidos le gustaría obtener su extradición, pero muchos de ellos, incluido el traficante de cocaína y jefe paramilitar Salvatore Mancuso, se han sumado con éxito al plan del presidente Uribe y han devenido intocables. Durante su estancia en Gran Bretaña, a Uribe se le ha prometido la posibilidad de hacerse una foto con Tony Blair y visitar el parlamento. Los diputados debieran mirar hacia Washington antes de prestarse a esta imagen.
El pasado julio, John Kerry y 22 senadores más firmaron una carta instando a Uribe a que enjuiciara a los oficiales que colaboraran con las unidades paramilitares. Algunos funcionarios del ejecutivo pueden comparar a Uribe con Abraham Lincoln, pero la Comisión de Asignación Presupuestaria del Senado, dijo la semana pasada que congelaría la financiación del plan de justicia y paz a menos que Uribe garantizara el desmantelamiento de los grupos paramilitares y la extradición de los comandantes. Ni una cosa ni otra es probable que ocurran al amparo del Plan.
[Fuente: Isabel Hilton, The Guardian (Gbr), 13jul05. Traducción al español de la versión original en inglés realizada por el Equipo Nizkor el 14jul05]
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