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20abr11
Según la OEA 3.578 desmovilizados de las AUC han vuelto a la violencia
Además de la seguridad a las víctimas, principalmente las que están en curso del proceso de restitución de tierras, hay dos temas que preocupan a la OEA y que pueden afectar los avances del proceso de paz con el que el Gobierno colombiano consiguió el desmonte de las Autodefensas.
Los desmovilizados de las autodefensas y los menores de edad siguen siendo población blanco de reclutamiento por parte de las organizaciones armadas ilegales que emergieron del paramilitarismo, las llamadas bandas criminales.
Según la OEA, desde mediados de 2005, las amenazas, homicidios, desplazamientos y reclutamiento de esta población por parte de los grupos al margen de la ley, han sido “una constante”.
Para ello se remite a los datos del Registro Nacional de Capturas, privados de libertad y fallecidos (de 2003 a diciembre de 2010), que señalan que 1.844 desmovilizados colectivos han sido capturados, 179 desmovilizados colectivos han muerto en enfrentamiento y 1.555 han muerto por homicidio.
“Con esto, se puede decir que al menos 3.578 desmovilizados se han visto directamente involucrados en contextos de violencia. Estas cifras son objeto de preocupación para la Secretaría ya que muestran el alto grado de afectación de la población desmovilizada colectiva desde el inicio del proceso”, advierte la OEA.
Una de las explicaciones que advierte la OEA cuestiona el programa de reincorporación a la vida civil que adelanta el Gobierno, ya que advierte que la reinserción a la vida civil por parte de los desmovilizados, especialmente la relacionada a la actividad económica, es la fase del proceso “que presenta mayores dificultades”.
“La falta de oportunidades laborales, la estigmatización que dicen sentir los desmovilizados a la hora de buscar empleo, y los problemas operativos que se han presentado en algunos proyectos productivos, son temas recurrentes desde el 2007”, dice el informe de la OEA.
Aunque la OEA destaca la labor de la Alta Consejería para la Reincorporación, considera importante realizar “mayores esfuerzos de articulación” para superar las debilidades en temas como el apoyo a la reincorporación económica de los excombatientes, el mejoramiento de la situación de seguridad de los desmovilizados en general, el seguimiento a los desmovilizados no activos en el programa, así como el fortalecimiento de un enfoque familiar y comunitario en la reintegración.
Para ello, propone la OEA “seguir estrechando los lazos de confianza entre comunidades receptoras y desmovilizadas, y entre éstos y la Fuerza Pública, así como el mayor compromiso del sector privado” en la política de reinserción.
También advierte, que la decisión de la Corte Constitucional, de declarar inexequible el principio de oportunidad para desmovilizados que no estén incursos en delitos de lesa humanidad, “complica” la situación de quienes dejaron las armas y los pone “en riesgo” de volver a delinquir.
Medellín, Bogotá y Cúcuta: aumenta reclutamiento de menores
Para la OEA también preocupa que los menores siguen siendo blanco del reclutamiento por parte de las organizaciones ilegales.
Las situaciones de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, según la OEA, se evidencian en áreas urbanas de Medellín, Bogotá y Cúcuta, principalmente. Asimismo, señala la grave situación de reclutamiento de esta población, en el presente año, en el Chocó (concretamente en la subregión del Bajo Baudó) y en la cordillera del departamento de Nariño (Policarpa, áreas rurales de Rosario y Leyva).
También la OEA llama la atención al gobierno colombiano por el incremento de reclutamiento de menores de poblaciones indígenas y afrocolombianas. “Se destacan los casos de los jóvenes en el área rural del Norte del Cauca y de integrantes de la comunidad Embera en la subregión del Bajo Baudó en el Chocó, que, ante la falta de una respuesta eficaz, buscan soluciones propias para evitar el reclutamiento”.
La Secretaría Genberal de la OEA insiste al Gobierno colombiano en la necesidad de generar medidas de protección y prevención para que niños, niñas y adolescentes no sean involucrados en el fenómeno de la violencia.
“La creación y puesta en marcha de programas en materia de educación, creación de oportunidades laborales para los jóvenes y prevención del reclutamiento son de suma importancia en el nuevo contexto”.
El Décimo Quinto Informe del Secretario General al consejo permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia destaca varias decisiones del gobierno de Juan Manuel Santos para enfrentar los desafíos de la violencia tras la desarticulación de las Autodefensas.
Especialmente los proyectos presentados en el Congreso referentes a la reparación a las víctimas y la restitución de tierras, y la política de seguridad ciudadana, que incluye reformas al código penal y que para la OEA son “iniciativas oportunas” para enfrentar a las organizaciones ilegales.
[Fuente: Revista Semana, Bogotá, 20abr11]
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