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27dic16
La pelea de Andrés Felipe Arias para no volver a Colombia
El exministro Andrés Felipe Arias, quien fue detenido el 24 de agosto en Miami, tiene sus energías concentradas en un solo propósito: salvar su pellejo logrando que el juez de su caso le dé la razón y determine que entre Colombia y Estados Unidos no hay tratado de extradición vigente. Así lo argumentó hace un par de meses y anexó una declaración de su mayor aliado, el expresidente Álvaro Uribe, quien secundó el argumento como si acaso él mismo no hubiera aprobado durante sus dos gobiernos más de mil extradiciones a ese país.
A los ojos del gobierno de EE.UU., que Arias le haya pedido a la Corte del Distrito Sur de Florida determinar si Colombia ratificó exitosamente el tratado de extradición con Estados Unidos es inapropiado. Ese fue el adjetivo que usó el fiscal Robert Emery, en un documento de 18 páginas que le envió hace menos de dos semanas a esa Corte. Allí, desde el pasado 11 de agosto, reposa la solicitud de Colombia para que Arias sea extraditado, pues sobre él pesa una condena de 17 años de prisión en el país por el resonado caso Agro Ingreso Seguro.
"Arias Leiva no le pide a esta Corte que interprete el tratado o que decida si se ajusta a la Constitución (de EE.UU). Lo que le pide inapropiadamente es que decida si Colombia ratificó con éxito el tratado, un asunto que va más allá del alcance de su revisión", señaló el fiscal Emery. Y agregó un segundo punto clave, en su concepto, para denegar la petición: "Arias Leiva no ha citado una sola decisión –ni el gobierno de los EE.UU. conoce alguna– en la cual una corte haya declarado que un tratado no está en vigencia cuando el Departamento de Estado ha dicho que sí lo está".
Arias, prófugo desde hace dos años y medio, está resuelto a hacer de todo para evitar su extradición a Colombia, en donde lo espera un fallo de la Corte Suprema proferido el 16 de julio de 2014 "como autor de las conductas punibles de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación". La Corte Suprema estableció que Arias, como ministro de Agricultura, permitió la entrega fraudulenta de millonarios subsidios no reembolsables para proyectos agrícolas.
Poco antes de conocer su pena, Arias y su familia huyeron a Miami y solicitaron asilo. Durante el trámite, Arias debía guardar silencio. Pero desde que fue capturado en agosto pasado, ha recurrido en múltiples ocasiones a las redes sociales –hace una semana, por ejemplo, en un video le pidió al presidente Santos que no "despedace" a su familia– y ha hablado con varios medios. La última entrevista que dio fue en la revista Semana, publicada hace tres días, en la que señaló que "el juez analizará en esta etapa es si hay o no tratado de extradición".
La Fiscalía de Estados Unidos, no obstante, reiteró en su documento que los jueces de ese país no son los funcionarios llamados a cuestionar un acuerdo de esa naturaleza, pues es un asunto de relaciones exteriores que solo le compete al presidente. El fiscal Robert Emery explicó que si Arias tuviera la razón, cada corte estadounidense que ha certificado la extradición de un fugitivo colombiano se habría extralimitado, lo que no es el caso. Añadió que si el tratado fue o no ratificado adecuadamente en Colombia, no es una cuestión judicial, sino política.
El exministro alegó que entre Colombia y Estados Unidos no hay tratado de extradición en vigencia porque, aunque ambos países lo firmaron en 1979, en Colombia lo tumbó la Corte Suprema en 1986. En este contexto, para Arias y sus defensores ningún juez estadounidense tendría la potestad de aprobar su extradición. Y, entonces, Arias podría seguir con la vida que estaba construyendo en Miami y con su petición de asilo, lejos de los 17 años de prisión que tendría que cumplir si pisa suelo colombiano.
No obstante, según la Fiscalía de Estados Unidos, el tratado de extradición entre su país y Colombia está en firme porque desde que lo firmaron, hace 37 años, ninguno de los dos países ha manifestado su intención de anularlo. De acuerdo con los principios del derecho internacional, recalcó el fiscal Emery, se entiende que este tratado de extradición es un compromiso entre gobiernos. Su vigencia fue apoyada también por la Cancillería colombiana que, el pasado 2 de diciembre, así se lo notificó al Departamento de Estado de EE.UU.
"La pregunta relevante es si el tratado se ajusta a las leyes estadounidenses, no a las leyes de otra nación", indicó el fiscal Robert Emery, quien también reiteró que solo el presidente es quien tiene el poder de manejar las relaciones exteriores del país y de firmar acuerdos con otras naciones. Aunque Andrés Felipe Arias afirma que no es válido, el tratado de extradición con Colombia figura en el listado de acuerdos vigentes del Departamento de Estado de EE.UU.
Molestias en la Corte
En su entrevista con Semana, y en medio de un enrevesado panorama, Arias atizó aún más la hoguera al asegurar las Farc habían pedido su cabeza. "El caso de Uribito nunca fue objeto de discusión en La Habana, ni tenía por qué serlo. No invente, señor Andrés Felipe Arias", le respondió de inmediato, desde su cuenta de Twitter, el jefe de la guerrilla Iván Márquez. Y no solo allí cayó mal su comentario: fuentes cercanas a la Corte Suprema le contaron a este diario lo molestos que están los magistrados de la Sala Penal con tremenda aseveración.
"Es como si dijera que la Corte Suprema se alió con las Farc para pedir a Arias en extradición y eso es un absurdo", reclamaron las fuentes consultadas, quienes indicaron que Arias está pendiente de cumplir una condena de 17 años de prisión por un proceso que "nada tiene que ver con la guerrilla", sino con sus responsabilidades frente a las anomalías que se presentaron a la hora de designar los subsidios de Agro Ingreso Seguro. Un caso por el que otras personas, no sólo él, también han sido condenadas.
Tanto el exministro como el expresidente Uribe, quien nombró a Arias en su gabinete entre 2005 y 2009, han dicho hasta la saciedad que este es un caso de "persecución política". Un argumento muy cuestionable si se tiene en cuenta que no sólo Arias ha sido procesado por Agro Ingreso Seguro. En el banquillo de los acusados también se sentó la exreina de belleza Valerie Domínguez, quien firmó documentos para que la familia de su entonces novio, Juan Manuel Dávila, recibiera más subsidios de los que la norma permitía.
Valerie Domínguez fue absuelta; Juan Manuel Dávila, sus padres y su hermana fueron condenados por haberse apropiado de plata del Estado a través de fraudes. Otros integrantes de la alta sociedad caribeña, como José Francisco e Inés Vives Lacouture o Alfredo Lacouture, recibieron sentencias. El exministro Arias, además, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por 16 años por este mismo caso y quien impuso la sanción fue el propio exprocurador Alejandro Ordóñez, hoy tan cercano políticamente a Uribe. Otro dato que pone a tambalear su idea de la "persecución política".
La contradicción de Uribe
En su declaración para ayudar a Andrés Felipe Arias, el expresidente Álvaro Uribe le expresó a la Corte del Distrito Sur de Florida que Colombia no reconoce el tratado como válido porque, internamente, no fue ratificado. Uribe dijo también que las extradiciones de su gobierno se habían aprobado porque la legislación interna lo permite. Arias, por su parte, arguyó que el único beneficiado era Colombia, aunque el Departamento de Estado de EE.UU. piensa distinto: "(Colombia) consistentemente extradita cada año a los EE.UU. más fugitivos que cualquier otro país".
El documento del expresidente Uribe, sin embargo, encierra una total incoherencia: si no había tratado, ¿cómo fue que aprobó más de un millar de extradiciones de colombianos y extranjeros a Estados Unidos mientras era el jefe de Estado? Entre 1997 –cuando la extradición fue restablecida luego de su prohibición constitucional en 1991– y 2002, los gobiernos Samper y Pastrana dieron luz verde a la extradición a EE.UU. de aproximadamente 91 personas. Con Uribe, esa cifra se multiplicó doce veces.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Justicia, entre 2003 y 2010 –cuando Uribe era el presidente de la República––, el Gobierno aprobó la extradición de 1.100 personas a Estados Unidos. De ellos, el 97 % eran ciudadanos colombianos. Seis años después de haber terminado su mandato y de tantas extradiciones ejecutadas, el expresidente ahora sostiene que no hay tratado de extradición con Estados Unidos. Un argumento extraño para quien, desde el poder, extraditó nada más y nada menos que a 13 jefes paramilitares que él mismo desmovilizó.
Un argumento ya usado
Andrés Felipe Arias no es el primer fugitivo colombiano que recurre al argumento de que no hay tratado de extradición con EE.UU. por decisión de la Corte Suprema colombiana. Lo mismo alegó, por ejemplo, Mauricio Pardo Hasche, pedido en extradición por Colombia tras haber sido detenido en Florida en el año 2000. Pardo Hasche había sido condenado en 1997 y 1998 por extorsión y secuestro. Su víctima, según la justicia: Eduardo Puyana, el padre de Nohra Puyana, la esposa del expresidente Andrés Pastrana.
En el expediente de Pardo Hasche quedó consignado que la posible motivación para haber secuestrado a Puyana era que su hermano David Puyana se había robado US $2'000.000 de la familia Pardo. Esa deuda los llevó a la ruina, advertía la revista Semana en 1992; los Puyana negaban haber hecho negocios con los Pardo. Testigos sin rostro identificaron a Pardo Hasche como responsable del secuestro, que se cometió en abril de 1991. Dos años más tarde, el cuerpo de Eduardo Puyana fue hallado cerca de Bogotá; había muerto en cautiverio.
Al final, la idea de que no había tratado de extradición vigente fue rechazada y Pardo fue enviado a Colombia en 2006. Él, igual que Andrés Felipe Arias, alegó que en Colombia no tenía posibilidad de un juicio justo por razones políticas. En su caso específico, porque su supuesta víctima era el suegro de quien, para la época de su detención, ejercía como presidente de la República. La Corte que estudió su caso le respondió que si no se había defendido en su proceso era porque había elegido huir.
El 17 de noviembre pasado, el juez que maneja el caso de Andrés Felipe Arias aceptó otorgarle libertad condicional al exministro tras pagar una fianza de US$10.000* –su familia se vería obligada a pagar US$1'000.000 si Arias violara alguna de las condiciones de su libertad. Para mantenerse libre tiene que seguir cumpliendo con ciertas condiciones, como no cambiar de residencia sin permiso ni abandonar el Distrito Sur de la Florida. Con esa libertad recobrada, Arias está dispuesto a jugarse todas sus cartas para evitar su regreso al país en donde, sí o sí, lo espera la cárcel por cuenta del proceso de Agro Ingreso Seguro.
[Fuente: Por Diana Durán Núñez y Juan David Laverde Palma, El Espectador, Bogotá, 27dic16]
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