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28feb11
Magistrado aprueba que víctimas de Simití se beneficien de bien entregado al Fondo de Reparación
En una decisión sin precedentes en el país, Álvaro Cerón Coral, magistrado de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, le permitió a Acción Social constituir una fiducia con el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM) para que víctimas de Monterrey, municipio de Simití, en el sur de Bolívar, exploten el proyecto productivo Corpoagrosur.
Esta decisión se da luego de que el PDPMM solicitó a Acción Social que le entregara el manejo de la cooperativa, que fue entregada por el Bloque Central Bolívar al Fondo de Reparación de Víctimas.
La petición venía de tiempo atrás, sin embargo no había sido posible inicialmente pues Acción Social no es el dueño del proyecto, solo lo administra como Director del Fondo de Reparación. Por eso se buscó una salida alternativa a través de ley 1151 de 2007 y del artículo 8 de la Ley 975 de 2005, que permite la entrega temporal de bienes por parte de los postulados para reparaciones colectivas e individuales.
Este tipo de decisiones son una medida extraordinaria que permite que los bienes que están en el Fondo puedan ser entregados a programas sociales para su administración. Esto tiene dos efectos grandes: evita el deterioro y la ocupación de los bienes por terceros de manera indebida y, segundo, se genera usufructos que pueden seguir alimentando el Fondo.
Por eso, entendiendo estas motivaciones y en aras de evitar la depreciación del bien, el magistrado autorizó el contrato de fiducia a celebrarse entre Acción social y PDPMM, con la condición de que los beneficiarios sean víctimas del conflicto. El magistrado dio libertad a las partes para que definan los términos de la temporalidad.
La CNRR celebra esta decisión del magistrado pues el proceso de Justicia y Paz requiere de creatividad jurídica y de soluciones alternativa que vayan en pro de las víctimas del conflicto armado.
A la audiencia asistieron Jorge Eduardo Valderrama, de la Subdirección de Atención de Víctimas de Acción Social; Ana Feney Ospina, fiscal 41 de Justicia y paz; Doris Lorena Pérez, procuradora judicial; William García Cartagena, defensor de víctimas; Arnold Pérez, líder de víctimas; y el postulado Rodrigo Pérez Alzate, conocido como Julián Bolívar.
Estuvieron, igualmente, Alejandro Reyes, asesor del Ministerio de Agricultura; Guillermo Valderrama, representante legal del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM); el padre Francisco de Roux, ex director del PDPMM; y por la CNRR Antioquia José Arley Muñoz Úsuga, coordinador regional, y la abogada Paola Cadavid Acevedo.
[Fuente: CNRR, Medellín, 28feb11]
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