Madrid, 6 de junio de 1996
Izquierda Unida, ante el sobreseimiento total y definitivo adoptado por el ministro Instructor de la Corte Suprema de Chile, Eleodoro Ortiz Sepúlveda, del caso del ciudadano español, funcionario miembro de la CEPAL (organismo de la ONU), asesinado el 14 de julio de 1976 por la Brigada Mulchen, perteneciente a la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, organismo responsable de las desapariciones forzosas de personas y de los asesinatos dentro y fuera de Chile, durante la dictadura del general Pinochet, actual jefe de la fuerzas armadas chilenas.
A juicio de IU al aplicar la Ley de Amnistia, Decreto 2191, dictada por la Dictadura de Pinochet, en 1978, a los culpables de este crimen: Mayor (r) Guillermo Humberto Salinas Torres y al suboficial (r) José Remigio Ríos San Martín, el magistrado esta violando la Convención, suscrita por Chile el 29 de marzo de 1977, sobre Prevención y castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas. Por tanto, y contrariamente a lo defendido por el juez en la sentencia, IU afirma que CON LA AMNISTÍA SÍ SE VULNERAN LOS TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR CHILE.
El gobierno chileno, a través de su ministro portavoz del gobierno, Joaquín Brunner, ha pedido a la comunidad internacional, y al gobierno español en particular, "la comprensión" recordando que todavía se puede hacer justicia ya que el caso es apelable ante la Suprema Corte chilena. Está sería la última oportunidad de hacer justicia, dentro de Chile, en el caso Carmelo Soria.
Estamos ante una caso paradigmático de negación al derecho a la justicia por parte de un estado democrático. Estamos ante el triunfo de la impunidad que deja sin castigo a los criminales e indefensos a los familiares de los muertos.
La ley de Amnistía de Pinochet, recogía su fundamento último en el argumento de la "paz social", pero en IU sostenemos que el argumento de la paz social, conseguida a través de leyes que consolidan la injusticia es profundamente falso y, además, extremadamente perverso. Niega que la igualdad ante la ley y el derecho a la justicia son condiciones necesarias y no solo suficientes de los estados democráticos.
La impunidad entendida como mecanismo de consolidación de los criminales crea una fractura social e histórica que antes o después surgirá en forma de crisis en esos propios estados. Las democracias latinoamericanas no pueden construirse sobre la impunidad, y sin justicia no habrá nunca verdadera democracia en Chile.
La comunidad internacional y el Estado español deben exigir que se anulen todas las leyes que violan los acuerdos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se proceda al juicio de los responsables de crimenes extrajudiciales, de desaparciones forzosas de personas que se utilizaron masivamente como técnicas de contrainsurgencia. Estos crímenes son imprescriptibles y ellos lo deben saber.
Debemos exigir una lucha abierta y frontal contra "la soberbia" de los discursos de la Impunidad que pretenden construir democracias utilizando para ello la desigualdad ante la ley, la negación del derecho a la justicia que traen como consecuencia la preeminencia de los asesinos.
Carmelo Soria fue un militante y un luchador por la democracia y la libertad, y por ello y como tal, fue asesinado. Junto a él cayeron miles de compañeros que representaban la democracia en Chile. Izquierda Unida lamenta que en la decisión del juez Eleodoro Ortiz, no se haya producido una justa condena a los asesinos de Carmelo Soria. En una sentencia condenatoria, se hubiera condenado también a los asesinos de tantos luchadores por la libertad. Izquierda Unida, como tantos chilenos y españoles, teníamos la esperanza de que el caso Carmelo Soria no quedara impune, como tantos otros crímenes socurridos durante la dictadura.
No podemos olvidar en este momento, que la ley de Amnistía está firmada por el mismo general que destruyó un estado democrático, asesinando a miles de ciudadanos y bombardeando el palacio de la Moneda, sede del poder ejecutivo democrático chileno. Es muy importante recordar que esta ley no fue promulgada por el parlamento democrático, fue creada por Pinochet para condicionar el proceso democrático. Esta es la razón profunda de su perversidad.
Es conveniente recordar ahora que el descubirmiento de los asesinos de Carmelo Soria son consecuencia del caso Letelier, asesinado en Whasington e investigado por la justicia norteamericana. Ante el pedido de la justicia de EEUU, el país más poderoso de la tierra, los militares chilenos aceptaron que fuera a prisión el general Contreras, ex-director de la DINA, asesino de Orlando Letelier, ex-ministro de Relaciones Exteriores y Defensa del gobierno democrático y constitucional de Salvador Allende.
Sin embargo, ante el caso de un ciudadano español, justifican la impunidad que les permite la ley de Amnistía, como se expresa en las cínicas declaraciones del actual Auditor jefe del Ejército chileno, general Fernando Torres, al declarar: "Somos país independiente de España desde hace más de 150 años y no creo que sigamos siendo colonia ahora en materia jurídica", refiriéndose a la sentencia del caso Soria.
IU considera insuficiente la condena expresada por el Ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, y su muestra de decepción ante el sobresimiento del caso. Es necesario que el gobierno español demuestre la firmeza necesaria para la resolución positiva de este caso.
IU solicita la creación de los mecanismos jurídicos necesarios que garanticen la defensa de los ciudadanos españoles en el extranjero ante la justicia española, cuando se les niega el derecho a la justicia, se violan los derechos humanos fundamentales y los acuerdos internacionales que los protegen.
Izquierda Unida quiere rescatar del olvido y rendir un homenaje en la persona de Carmelo Soria a todos los militantes que tuvieron que exiliarse como consecuencia de su militancia democrática en la España de Franco y que luego sufrieron las consecuencias directas de los regímenes dictatoriales establecidos bajo las consignas de los estados de la Seguridad Nacional.
Carmelo Soria, nieto de Arturo Soria, fue tras la guerra un refundador del sindicato estudiantil FUE y militante del PCE. Detenido, fue conducido preso al campo de concentración situado en el actual Valle de los Caídos. Fue el cerebro de un célebre plan de fuga, que finaliza en el exilio en Buenos Aires.
Queremos mostrar nuestra solidaridad a la familia ante esta vergonzosa resolución judicial y apoyar los recursos legales que decidan utilizar para lograr la condena de los asesinos del compañero Carmelo Soria.
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6 de Junio de 1996