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A principios de los años 60, la situación de la agricultura era crítica. La tasa de crecimiento del sector, el nivel de inversión y las fuentes de empleo eran bajísimos, deteriorándose progresivamente las condiciones sociales para el tercio de los chilenos que vivían en el campo, lo que provocaba la emigración de decenas de miles de trabajadores rurales.
La Iglesia Católica, preocupada por esta situación, emitió en marzo de 1962 una Carta Pastoral. En ella reflejaba la desesperación en que se encontraba el trabajador rural del país y llamaba la atención sobre la fuerte presión social que significaba esa inmensa cantidad de campesinos en condiciones tan deprimidas.
En dicha carta se lee:
"El problema consiste en el desequilibrio de eficiencia productiva entre el sector agrícola, por una parte, y el sector industrial y los servicios, por otra; y en la distancia que hay entre el estilo de vida de los pobladores del agro y los de la ciudad, de manera que quienes trabajan la tierra se sienten a menudo en inferior condición, como hombres deprimidos. Es un hecho lamentable que el hombre de campo, especialmente el que trabaja con sus manos la tierra, se siente desplazado del mundo moderno. La sociedad le ha dejado atrás en su loca carrera por el progreso. Una inmensa cantidad de campesinos significa hoy una fuerte presión social."
La situación económica, la presión de la Iglesia unida a la lucha de sectores del campesinado por sus demandas y la presión de Estados Unidos para llevar adelante la Alianza para el Progreso llevaron a dictar en 1962, bajo el Gobierno de Jorge Alessandri, la Primera Ley de Reforma Agraria.
Esta ley Nš 15.020 permitía la expropiación y subdivisión de las grandes propiedades inexplotadas o deficientemente explotadas. Con esta ley se creó la Corporación de la Reforma Agraria, CORA (1) . También se creó el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP (2). La CORA y el INDAP se relacionaban con el gobierno por intermedio del Ministro de Agricultura.
Esta ley permitió crear, además, el Consejo Superior de Fomento Agropecuario integrado por el Ministro de Agricultura, quien lo presidía y los Ministros de Economía, de Fomento y Reconstrucción, de Tierras y Colonización y por el Vicepresidente Ejecutivo de la CORA y el Presidente del Banco del Estado, entre otros. Su función era formular planes generales y regionales relacionados con la reforma agraria.
Por último, se creó un Tribunal Especial de expropiaciones agrícolas a fin de conocer los reclamos contra las expropiaciones.
Esta ley se cumplió mínimamente en la época de Alessandri y por eso fue conocida como "Ley del macetero", ya que no modificó sustancialmente la estructura agraria. La expropiación no alcanzó a los grandes latifundios, sino solamente a algunos predios abandonados o explotados ineficientemente o no trabajados directamente por sus dueños.
Por otra parte, para evitar la expropiación de sus fundos, algunos grandes terratenientes entregaron pequeñas parcelas a sus inquilinos, logrando así calmar el clima de intranquilidad que existía entre éstos.
La Iglesia Católica, a través de sectores progresistas, se incorporó al proceso de reforma agraria: el Obispo Manuel Larraín de Talca y el Cardenal Raúl Silva Henríquez, como un acto de justicia social, entregaron algunos fundos de propiedad de la Iglesia a los campesinos. Paralelamente, la Iglesia ayudó a crear una institución de apoyo y asistencia a los nuevos propietarios, el Instituto de Promoción Agraria, INPROA.
A los pocos meses del inicio del Gobierno de Eduardo Frei, esta ley fue aplicada por primera vez en su real carácter expropiatorio. Así, el 2 de Enero de 1965, en la provincia de Santiago, fue expropiado el fundo 'Lo Echevers'
En noviembre de 1965, el gobierno demócrata cristiano presentó al Congreso un nuevo proyecto de ley, el que se debatió durante más de un año y medio por los diferentes partidos políticos, por las organizaciones campesinas y por la opinión pública en general.
Se realizó una discusión profunda sobre un nuevo concepto de la función social de la propiedad, el que en una reforma constitucional aprobada en enero de 1967 se definió así: "la función social de la propiedad comprende cuanto exigen los intereses generales del Estado, la utilidad y salubridad, el mejor aprovechamiento de las fuentes de energías productivas en el servicio de la colectividad, y la elevación de las condiciones de vida del común de los habitantes."
En el intertanto, en abril de 1967, se promulgó la Ley 16.625 sobre sindicalización campesina, la que terminó con todas las trabas legales existentes y facilitó el surgimiento de importantes organizaciones.
Finalmente, en julio de 1967 entró en vigencia la nueva ley de reforma agraria No 16.640310 que amplió el marco de las expropiaciones. Introdujo especialmente la causal de exceso de superficie, estableció normas para el pago diferido, fijó nuevos procedimientos para la toma de posesión de los predios expropiados, facilitó la asignación de la tierra a cooperativas campesinas y, en general, profundizó el proceso anteriormente iniciado.
Desde la vigencia de esta nueva ley hasta el 31 de diciembre de 1969, la gran mayoría (83%) de los acuerdos de expropiación comprendió fundos con superficie mayor a 80 Has. de riego básico y predios ofrecidos por sus dueños.
Un 37% correspondía a las transacciones ofrecidas por sus dueños. El motivo de los terratenientes era evitar que sus fundos fueran expropiados por la causal de mala explotación, lo que significaría una indemnización menor y la pérdida del derecho a la reserva. Por otro lado, el interés de la CORA era evitar los reclamos de los propietarios ante los tribunales agrarios, trámites que postergaban enormemente la toma de posesión material de las tierras expropiadas por parte de este organismo.
En el período del Presidente Frei los predios expropiados se dieron una organización social y económica que se llamó asentamiento campesino. Era una sociedad entre la CORA y los campesinos por una etapa inicial y transitoria de 3 años, hasta la asignación definitiva de la propiedad.
Estos asentamientos tenían como fin explotar eficientemente las tierras, preparar a los asentados para que asumieran sus responsabilidades de propietarios y empresarios agrícolas y promover la creación de cooperativas u otras formas de organización de la comunidad.
Finalmente, la ley establecía las asignaciones en propiedad definitiva que podían efectuarse en propiedad familiar, cooperativa campesina o en copropiedad a cooperativas y a campesinos.
En cada predio expropiado se hizo un estudio técnico, especialmente de la calidad del suelo, lo que determinaría la cantidad de Has. de riego básico. A cada campesino con derecho a tierra se le asignaba una unidad agrícola familiar (7 u 8 Has. de riego básico). En la asignación de la tierra se consideraba con prioridad a los inquilinos y a los antiguos trabajadores que eran jefes de hogar. Si quedaba tierra, ella se asignaba a familias del sector previamente seleccionadas en base a un sistema de puntajes. Los asentados tenían derecho a su parcela, su casa con sitio y al uso de bienes comunes (bodegas, canales de regadío, caminos interiores y maquinarias).
Con esta política se marginó de los beneficios a los minifundistas, pequeños productores y los asalariados, quienes alcanzaban a más del 30 % de la fuerza total de trabajo y, en general, a todos los afuerinos de los fundos expropiados. Igualmente quedaban marginados los familiares solteros de los asentados, al no ser incorporados como socios al asentamiento.
El trabajo en la parcela era individual, pero se laboraba en forma comunitaria y asalariada los bienes comunes: lechería, plantación de frutales, criaderos de aves, etc. Los asentados programaban el año agrícola respecto a los cultivos, la explotación del predio, etc., asesorados por funcionarios de la CORA. La comercialización de los productos se hacía generalmente en forma comunitaria.
En los períodos de la cosecha se contrataba mano de obra temporal. Algunos asentados explotaban a los afuerinos pagándoles salarios miserables, reproduciendo así la mentalidad patronal.
En marzo de 1970, la reforma agraria había beneficiado a no más de un 9% de las familias potenciales para optar al derecho a la tierra y sólo se había cumplido el 25% de las metas fijadas por el gobierno.
Por otra parte, durante el gobierno del Presidente Freí, el Estado impulsó fuertemente la creación de sindicatos de trabajadores agrícolas y promovió la organización campesina destinada al fomento de la producción.
En 1965 los sindicatos campesinos constituidos en todo el país eran 32, con cerca de 2.120 afiliados. En el año 1966 estos habían aumentado a 201, con 10.650 campesinos afiliados.
El 27 de diciembre de 1967, con apoyo eclesiástico nació la Confederación Libertad.
En abril de 1968, con apoyo estatal, nació la Confederación Triunfo Campesino, que era mayoritariamente Demócrata Cristiana.
El 8 de agosto de ese mismo año, por el trabajo desarrollado en el campo por los partidos de izquierda, la Federación Campesina e Indígena se transformó en la Confederación Campesina e Indígena Ranquil.
En el año 1969 se constituyó una nueva confederación, la llamada Provincias Agrarias Unidas, la que fue organizada por los dueños de los fundos.
Durante el período de 1960 hasta 1966, la presión ejercida por el movimiento campesino estaba básicamente relacionada con aspectos económicos. Sólo el 1 % de las huelgas reivindicaba como petición específica la tierra.
En cambio, en los años 1968 y 1969 se aprecia una radicalización de la acción sindical, que exige ahora la propiedad de la tierra.
Así, en algunos conflictos provinciales (Nuble, Coquimbo) o regionales (Melipilla, Lontué, Isla de Maipo), iniciados a través de pliegos colectivos que no se solucionaron, se produjeron huelgas masivas "tomas" de fundos, con peticiones concretas de expropiación.
La solicitud de expropiación a la CORA se hacía a través de los sindicatos, cooperativas, comités de fundos o agrupaciones de pequeños productores.
Cuando asumió el Gobierno de la Unidad Popular, existía ya en marcha un fuerte proceso social en el área rural. Salvador Allende designó a Jacques Chonchol como su Ministro de Agricultura 3n, con el fin de completar la reforma agraria largamente prometida a los campesinos, proponiéndose completar las expropiaciones en el lapso de 18 meses.
La presión social en el campo se redobló con el sólo triunfo de Salvador Allende en los comicios presidenciales. Entre septiembre y diciembre de 1970 se produjeron 192 tomas de fundo, exigiendo su expropiación inmediata.
La presión campesina se mantendría durante todo el período de la Unidad Popular.
A su vez, la formación de sindicatos continuó y el número de afiliados en 1972 se duplicó.La lucha social por la tierra se intensificaba.
Los organismos patronales, por su parte, preparaban la defensa de sus intereses. Se movilizaban la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), La Confederación de Sindicatos de Empleadores Agrícolas (CEA), y el Consorcio de la Agricultura del Sur (CAS).
En el conflicto entre patrones y campesinos, la actitud de sometimiento del poder judicial ante los terratenientes era evidente. El poder judicial sólo intervenía para castigar a los campesinos involucrados en hechos de fuerza, sin sancionar la violencia patronal que mediante sus grupos de choque agredía a cualesquiera que atentase contra sus intereses.
El enfrentamiento producido entre los partidarios del programa de la UP, dentro del cual el de la Reforma Agraria era uno de los principales, y los sectores de oposición produjo un quiebre político ideológico en la democracia cristiana.
A los meses de asumido el gobierno de la Unidad Popular se escindió de la Democracia Cristiana el Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU), muy ligado al sector agrario. Esto trajo como consecuencia la división de la Confederación Triunfo Campesino, la que perdió la mitad de sus afiliados, quienes formaron la Confederación Unidad Obrero Campesina. Ella, junto a la Confederación Ranquil, apoyaban al gobierno y entre ambas reunían el 62% del movimiento campesino.
Los sectores demócratacristianos, ligados a la Confederación Triunfo Campesino, se unieron a la Confederación Provincias Agrarias Unidas para oponerse abiertamente al proceso de Reforma Agraria.
Se produjo así la división de las Federaciones Sindicales y su progresiva politización y confrontación. Frente a esto el gobierno de Allende decidió la formación de Consejos Campesinos con el objeto de convocar a todos los trabajadores del campo que apoyaban su programa, para lograr llevar a la práctica los objetivos de la UP. La Comisión Agraria
del gobierno precisó que estas organizaciones debían ser de convergencia en cada comuna para que los campesinos que participaban en ellas fueran capaces de diseñar y ejecutar la política agraria.Pero fue en ese momento cuando en esos propios Consejos surgieron discrepancias entre las posiciones socialistas, comunistas, del MAPU y del MIR. Además, dentro de cada uno de esos partidos se formaron tendencias, unas más radicales otras más moderadas ante la aplicación del programa de la UP.
Así y todo, el proceso de expropiaciones continuaba. Durante los 3 años de duración del gobierno de la UP se expropiaron 4.409 predios con 6.409.000 has, creándose de este modo una nueva área de la agricultura chilena: el sector reformado.
Dentro de este sector, la CORA constituyó otras organizaciones los Centros de Reforma Agraria, CERA, y los Centros de Producción (CEPRO); estos últimos en tierras estatales para producción intensiva como Estancias Ganaderas en Magallanes y Centros Vitivinícolas, entre otros.
En los CERA, se asignaba a una comunidad campesina toda la tierra para evitar los problemas de los primeros asentamientos; en que los campesinos daban a su tierra la mantención y características del fundo tradicional, reproduciendo la mentalidad de los patrones, que era la que ellos siempre habían conocido. Esto dificultó la creación de un modelo comunitario.
El lapso de la transferencia definitiva al campesino del predio expropiado, fue extendido de 3 a 5 años para facilitar a la CORA un mayor grado de influencia en programar, planificar, desarrollar la explotación de la tierra y capacitar a los campesinos. Solamente después de estos años los campesinos adquirirían el título de propiedad de su tierra.
Hacia mediados de 1973 se habían formado 296 CERA y 76 CEPRO, comprendiendo un total de 50.000 familias.
Con el Golpe Militar, todo el proceso de expropiaciones derivado de la reforma agraria se paralizó.
La función de la CORA sólo se limitó a normalizar la situación de los predios. En los fundos en transferencia y en los intervenidos, se hizo un estudio caso a caso para definir la situación final, asignando la tierra a los campesinos o devolviéndola a sus antiguos propietarios.
Un delegado militar fue designado en los Centros de Reforma Agraria y Centros de Producción importantes para realizar esta tarea.
En diciembre de 1973 se dictó el D.L. No 208 que prohibió asignar tierras a aquellos dirigentes o campesinos que hubiesen participado en la toma de fundos. Se legalizó así la persecución política en el campo.
Simultáneamente, el nuevo gobierno adoptó todas las medidas legales para limitar la actividad sindical en el campo. El Bando 36 del 18 de septiembre de 1973 anuló todos los pliegos de peticiones y la Dirección del Trabajo suspendió inmediatamente el financiamiento para las Confederaciones Ranquil y Unidad Obrero Campesina. Sus locales se allanaron, se incautaron sus bienes y se disolvieron la mayoría de los sindicatos y federaciones provinciales.
Mediante el D.L. Nš 32 del 4 de octubre de 1973 se establecieron tribunales especiales, integrados por al menos un representante de la Fuerzas Armadas, para decidir el término de contratos y nuevas causales de despidos, permitiendo así ratificar despidos ilegales y arbitrarios sin ningún tipo de indemnización ni subsidio de cesantía.
Respecto a la negociación colectiva, el D.L. Nš 275 de enero de 1974, la suspendió transitoriamente por un año, para aboliría definitivamente en octubre de ese mismo año por el D.L. Nš 670. Sólo en 1979 la negociación colectiva fue permitida en forma limitada y restringida con la puesta en vigencia del Plan Laboral de José Piñera, en ese entonces Ministro del Trabajo.
En noviembre de 1974 fue dictado el D.L. Nš 754 que declaró sin efecto los actos o contratos realizados entre el 4 de noviembre de 1970 y el 11 de septiembre de 1973, en los cuales el Estado de Chile había adquirido derechos en sociedades o el dominio u otros derechos reales sobre cualquier clase de bienes. Por la aplicación de este Decreto Ley todos los campesinos que eran miembros de las sociedades agrícolas creadas en la época del gobierno de la Unidad Popular, perdieron su derecho a la tenencia de la tierra.
El 16 de julio de 1978 el D.L. Nš 2.247 modificó la Ley de Reforma Agraria. Este decreto facilitó la venta directa de las tierras adquiridas por la CORA a asentados o socios de una sociedad agrícola con la condición de que no tuvieran deudas vencidas, o cuyas propiedades no se hubieran llamado a remate o a licitación pública. De esta forma, muchos campesinos que no cumplían estos requisitos perdieron sus tierras.
El 20 de octubre de 1978, el D.L. Nš 2346 declaró disueltas 7 organizaciones sindicales, entre ellas las Confederaciones campesinas Unidad Obrero Campesina y Ranquil.
En diciembre de 1978 fue aprobado el D.L. Nš 2.405 que disolvió la CORA. Desde el 1 de enero de 1979, hasta el 31 de diciembre de 1979, este organismo fue reemplazado por la Oficina de Normalización Agraria.
Con la dictación de esta ley, los pocos campesinos que aún habían podido conservar su tierra, al perder a la CORA como aval ante el Banco del Estado ya no tuvieron cómo negociar su deuda ante el fisco, perdieron el acceso a los créditos y se vieron en la necesidad de vender sus parcelas.
Algunos de los antiguos terratenientes se aprovecharon de esta situación para recuperar sus tierras y reconstruir sus antiguos fundos.
Notas:
1. Empresa autónoma del Estado, con personalidad jurídica de derecho público. Sus funciones eran: promover y efectuar la división de predios, reagrupar minifundios, crear centros especiales de producción agropecuaria, proporcionar créditos y asistencia a los parceleros, asignatarios y cooperativas.
2. Sus funciones eran: asistencia técnica gratuita y ayuda crediticia a los pequeños y medianos agricultores y promover la organización de cooperativas.
