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Tayiñ noy (trawnmapu) kom epu
keyiñmen, kom mogen rvf y amgey.La naturaleza nos da todo lo que tenemos; nosotros
entendemos que todo lo que tenemos es sagrado.Nicolasa Quintremán
Indice El consejo de Conadi fue informado de estos hechos
Segunda misión técnica al Alto Bío-Bío
Nueva sesión del consejo de CONADI
Los temas y actores relevantes del período
Reunión en la Moneda
El informe Abeliuk
Abeliuk asiste al Consejo Nacional del 23 de julio
Nuevas gestiones en la Moneda
Reacciona ENDESA
Principales efectos del informe Abeliuk
Análisis de los hechos
La crisis del 5 de agosto de 1998
Hechos consumados: ENDESA inicia obras en Ralco
A fines de abril de 1998 viajaron a Santiago varios dirigentes de las Comunidades Pehuenches radicadas en Ralco Lepoy y Quepuca Ralco encabezados por el Lonko mayor, el Presidente de la Junta de Caciques del Alto Bío Bío, Antolín Curriao. Solicitaron conversar con el Director de Conadi para presentarle una denuncia.
Fue un viaje sacrificado desde estas alejadas localidades hasta la capital. Bajar desde Quepuca Ralco al poblado de Santa Bárbara, en período de invierno, puede significar un tránsito de hasta cinco horas en algún vehículo local. Luego, hay que trasladarse a Los Angeles (otras dos horas) y abordar ahí un bus a la capital (diez a doce horas). Para personas de edad, como los Caciques del Alto Bío Bío, esto representa un intenso esfuerzo.
Sin embargo, pudo más la fuerza de los hechos que motivaron su viaje que el cansancio mismo que esto les significaba. Ya en Santiago, y en la reunión prevista, señalaron que la Empresa a cargo del Proyecto Ralco, Endesa, había iniciado importantes obras de ejecución de caminos en territorio indígena y deseaban saber, en forma directa si Conadi había autorizado tales obras. Se les señaló que la Corporación no estaba en antecedentes de estos hechos y que, por cierto, ni el Consejo Nacional ni la Dirección Nacional habían formulado autorización alguna en dicho sentido, además, por una razón de fondo y muy atendible: estando pendiente la resolución principal de conadi sobre solicitudes de permutas de tierras, mal podría la Corporación otorgar autorizaciones de obras en territorio indígena. En consecuencia, de acuerdo a lo denunciado por el Cacique Antolín Curriao, estábamos ante un hecho irregular.
En conformidad a los antecedentes entregados en esa reunión de fines de abril de 1998, se resolvió efectuar una inspección técnica en la zona. Para dichos efectos, un equipo de profesionales de la Corporación viajó a Quepuca Ralco y se constituyó en dicha localidad sin previo aviso, a objeto de constatar en terreno los hechos.
Así se hizo, y entre los días miércoles 20 y jueves 21 de mayo de 1998, una Misión Técnica, presidida por el Fiscal de la Corporación, don Carlos Vargas Tapia y personal jurídico de la Dirección de Conadi en Cañete, más profesionales topógrafos acompañados además por un camarógrafo de televisión. Ramón Daza, se instalaron en el Alto Bío Bío y recorrieron las zonas de faenas, constatando que efectivamente, Endesa había iniciado importantes obras de ejecución de caminos en la hijuela Nº 69 de propiedad de Juan Domingo y María Luisa Quipaiñán-Piñaleo y había iniciado la construcción de un importante puente en el sector El Avellano. En particular, en la hijuela de la familia Quipaiñán-Piñaleo se estaba construyendo un camino de unos 300 metros hacia la base del sector denominado El Palmucho, donde se prevé instalar la base de la represa de 155 metros de altura. La ejecución de este camino se llevaba a cabo en territorio protegido por la Ley 19.253 de Pueblos Indígenas. Del recorrido efectuado se hizo un registro en video y los profesionales en terreno levantaron un completo informe técnico.
El martes 26 de mayo de 1998, se efectuó una reunión en la Dirección Nacional de Temuco, presidida por el Director Nacional y el Fiscal de la Corporación. En dicha reunión se revisó el video con la filmación de estos trabajos y se conoció un informe preliminar del comité jurídico con observaciones críticas que formular bajo la hipótesis de estar ante una servidumbre voluntaria de caminos, que en cualquier caso, debía contar con la autorización de Conadi. Los hechos fueron analizados con rigor. Al comité jurídico de Conadi le asistía la convicción de estar frente a una irregularidad evidente.
Con estos antecedentes, el Director de Conadi llamó a Santiago, el mismo día 26 de mayo de 1998, al Ministro de Mideplán, Germán Quintana Peña y le solicitó una urgente reunión en el Ministerio, la que quedó comprometida para el jueves 28 de mayo a las 15:30 horas en Santiago.
Quintana, de militancia demócrata cristiana y de profesión ingeniero, cuenta con una importante trayectoria en el ámbito gubernamental. Fue asesor en el Gobierno del Presidente Aylwin y tuvo a su cargo tareas muy relevantes relacionadas con diseño informático en el Ministerio del Interior. Luego, fue nombrado Intendente de la Región Metropolitana por el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Desde la Intendencia fue trasladado al cargo de Ministro de Mideplán, el Ministerio de Planificación y Cooperación Social, en un momento crítico, cuando el Ministerio se encontraba sin Ministro titular por la anterior renuncia del socialista Roberto Pizarro, lo que significó dos meses sin Ministro, siendo el cargo ejercido por el Subsecretario Antonio Lara (DC) en calidad de Ministro Subrogante.
Pizarro había reemplazado a otro socialista, el abogado y dentista político Luis Maira Aguirre, posteriormente nombrado Embajador en México. Ambos personeros habían realizado importantes esfuerzos para relevar la agenda social y los compromisos de la Concertación de Partidos por la Democracia en favor de los más pobres.
De hecho, Mideplán -en tanto ente coordinador de la planificación de políticas gubernamentales- contaba con importantes instrumentos para medir los progresos de estas políticas en la tarea de superar la pobreza, entre ellos la Encuesta Casen. En 1997 los resultados de la Encuesta Casen golpearon crudamente al Gobierno, cuando los fríos datos indicaron que, en el caso de la IX Región de la Araucanía, donde está concentrada una importante cuota de población indígena rural, los índices señalaban que la pobreza no había sido superada en la mayoría de las localidades indígenas de la región y que, por el contrario, había aumentado.
En forma progresiva los Ministros Maira y Pizarro comenzaron a enfatizar las debilidades y limitaciones de la estrategia gubernamental respecto de las metas de superación de la pobreza. Particularmente, Pizarro debió lidiar en forma constante con el sector financiero de Gobierno para lograr priorizaciones relevantes en el tratamiento presupuestario de la agenda social. Esto constituía su mayor preocupación y se reflejaba específicamente en la situación presupuestaria de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, respecto de la cual se requería una mayor asignación de recursos que permitiese a conadi cumplir adecuadamente con la aplicación de la Ley Indígena.
La situación en general no mejoró sustancialmente y en marzo de 1998 el Ministro Roberto Pizarro renunció al cargo de Ministro de Mideplán, luego de constatarse su no participación en el tratamiento de una nueva propuesta de Agenda Social, cuyo diseño recavó en el equipo político ministerial, con predominio del titular de Hacienda, ante lo cual Pizarro consideró que se estaba excluyendo la competencia de Mideplán.
A partir de ese momento, Mideplán quedó sin titular y la vacancia fue inusitadamente prolongada, puesto que el Partido Socialista, enfrentado a la salida de dos Ministros de su colectividad, optó por dejar el cargo de Mideplán a la libre disposición presidencial de poder nombrar a un personero de cualquier otra colectividad política de la alianza gubernamental, por considerar que el ejercicio de dicho cargo ministerial no contaba con todas las condiciones políticas suficientes para garantizar una adecuada influencia en la coordinación de políticas sociales.
El Presidente nombró entonces al ex-Intendente de Santiago, Germán Quintana, quien llegó al cargo de Ministro de Mideplán a mediados del mes de mayo de 1998, cuando el tema Ralco estaba en pleno desarrollo y su antecesor, Roberto Pizarro, venía efectuando un riguroso seguimiento ministerial desde los inicios del proyecto.
El 28 de mayo llegó el Director de Conadi al Gabinete del nuevo Ministro de Planificación y junto al Fiscal del Ministerio, Alfonso Laso, y el Subsecretario Antonio Lara, examinaron los antecedentes de la misión técnica realizada en Ralco Lepoy. El Fiscal desplegó un mapa del Alto Bío Bío en la amplia mesa de reuniones del gabinete y fue indicando las zonas afectadas por el inicio de obras. Se analizó parte del video con la filmación recogida y se conversó sobre los efectos de esta situación. El Fiscal de Mideplán compartió el pre-informe jurídico de los abogados de Conadi: estábamos ante una irregularidad como resultado de una simulación de servidumbre de camino.
Pero surgió una duda legal respecto del instrumento a través del cual se configuró esta servidumbre: un contrato de arriendo entre Endesa y la familia indígena Quipainán Piñaleo, materia que es aceptada por la Ley Indígena hasta por cinco años. El Ministro instruyó continuar con el examen legal y adoptar los cursos de acción correspondientes.
El consejo de CONADI fue informado de estos hechos
El martes 2 de junio de 1998, el Consejo Nacional se reunió en Santiago, en el Ministerio de Bienes Nacionales. El tratamiento del tema fue determinante en el debate del Consejo, lo que se puede deducir del Acta oficial de la Sesión correspondiente a esa fecha, luego que el Director Nacional informase de la situación. El tema, ese día, formó parte de los puntos principales de la agenda del Consejo.
En efecto, la sesión de la tarde del Consejo comenzó a las 16:30 pm. El Fiscal de Mideplán, Alfonso Laso, informó sobre los exitosos resultados de un fallo de la Corte Suprema ganado frente a un recurso de protección en contra de la Declaración presidencial del Área de Desarrollo del Alto Bío Bío, interpuesto por un grupo de empresarios particulares de la zona, la Sociedad Agrícola y Ganadera y Forestal Trompelhueno S.A. Dichos particulares estimaban que en una parte del Área declarada no habían indígenas; que podía acreditarse la no existencia de Pehuenches; que las familias mapuches habían emigrado y que la Ley, al hablar de mapuches, no especificaba su calidad de Pehuenches...
Por otra parte, dichos particulares argumentaron ante los Tribunales que la Declaración presidencial había afectado su derecho de propiedad y por ello recurrieron entonces de queja ante la respectiva Corte de Apelaciones.
Mideplán se hizo cargo de la defensa del Decreto firmado por el Presidente, y al Fiscal Alfonso Laso le correspondió el deber de defender la Declaración de Área de Desarrollo Indígena para los Pehuenches, logrando finalmente un fallo contundente por cinco votos contra cero por parte de los miembros de la respectiva Sala de la Corte Suprema, cerrándose así, tal vez, uno de los pocos capítulos de litigios jurídicos en donde una etnia obtiene un triunfo legal tan destacado. El Consejo Nacional expresó su reconocimiento y felicitaciones al Fiscal de Mideplán por este éxito jurídico.
Es en este marco que el Director de conadi informó entonces sobre la Misión Técnica realizada en el Alto Bío Bío a fin de verificar las obras que Endesa estaba ejecutando sin autorización de la Corporación. En su resumen informó de la reunión con el Ministro de Mideplán y señaló que se había procedido a solicitar informes a varios servicios sectoriales.
Se abrió el debate sobre el punto.
"El Consejero Juan Huenupi piensa que no hay más que esperar y que se debe actuar rápidamente porque Endesa está haciendo obras definitivas y han pasado por encima de la Ley Indígena". (Del Acta del 2 de junio de 1998).
Huenupi conoce la zona. La visita de manera asidua. El fue electo Consejero Nacional Indígena en 1994 con una importante votación de los Pehuenches del Alto Bío Bío. Ha venido siguiendo, cotidianamente, la realidad de sus comunidades. Conoce a los Caciques y dirigentes de las comunidades. Ha estado en sus casas compartiendo con ellos junto al fogón y el mate. Huenupi siente dolor por su pueblo. Ha visto la división de las familias; sabe del quiebre de la organización ancestral. Cada visita suya al Alto Bío Bío lo devuelve a su tierra, Contulmo, en donde es Concejal del Municipio en representación de su partido, el PPD, con nuevas preocupaciones y dolores. Se siente impotente pero sigue confiando en que la Conadi podrá hacer algo en defensa de sus hermanos Pehuenches.
Interviene Mylene Valenzuela, abogada del Ministerio de Justicia, Consejera Nacional en representación del Presidente. "¿Qué va a significar en definitiva para los Pehuenches el asunto del Bío Bío? -reflexiona-. Cree que es necesario evaluar el desarrollo de la defensa jurídica y que se informe al Consejo sobre la estrategia a seguir".
Mylene Valenzuela posee una importante trayectoria en el tratamiento del tema indígena desde los tiempos del Gobierno del Presidente Aylwin. Gran parte de su práctica profesional ha estado ligada al tema indígena, desde que nació la discusión pública sobre la Ley Indígena. Querida v respetada por los Consejeros Indígenas, ganó su confianza y afecto, además, por su compromiso y trabajo en favor de la difusión de los derechos de los Pueblos.
Desde su cargo de Consejera Nacional de Conadi promovió diversas iniciativas; organizó Talleres sobre Estudio Jurídico de la Ley; impulsó Seminarios con Jueces de la VIII, IX y X regiones; inspiró y ayudó a organizar una relevante Semana Cultural Indígena en la Universidad Central de Santiago, logrando que por primera vez, una importante Universidad privada se interesase en la difusión del tema indígena. Había visitado en varias ocasiones el Alto Bío Bío y en terreno, compartiendo con las familias Pehuenches, escuchando sus relatos y conociendo directamente la realidad, se formó sus propias impresiones y convicciones que le llevaron a sostener una infranqueable crítica a las actuaciones de Endesa en la zona.
El miércoles 29 de julio de 1998, luego de diversas reuniones ministeriales a las que fue citada, tuvo que presentar su renuncia....
El debate continuó en el Consejo del 2 de junio de 1998 con la intervención de José Santos Millao, Consejero Nacional Mapuche. "Este Consejo debe apurar los casos y ya debería pronunciarse (en relación al tema de fondo que son las permutas de tierras). Dar más tiempo es dar luz verde a Endesa".
Santos cuenta con una reflexión política aguda. Aun cuando sus opciones ideológicas no se corresponden con la Concertación de Partidos por la Democracia, mantiene con los demás Consejeros Nacionales Indígenas una unidad de criterios muy sólida e indigenista, lo que hace que en todo coincida con Queupuán y Chodimán, ambos militantes destacados de la Democracia Cristiana; con Huenupi, Gómez y Hotus, del PPD; con los independientes Justo Zuleta y Beatriz Painequeo. Es que el tema indígena hermana a sus representantes más allá de las fronteras de partidos y Ralco sobre todo, solidifica con mucha fuerza la condición de sentirse parte de un mismo Pueblo, el Pueblo Mapuche y las Comunidades Aymara, Pascuense y Atacameña.
José Queupuán expone su parecer: "Si la situación del Alto Bío Bío está llegando a su fase final, habría que adoptar una fórmula rápida para decidir. Este Consejo tiene que tomar una postura única. La Conadi tiene la obligación de defender los territorios indígenas".
Francisco Chodimán, Consejero mapuche de la IX Región comparte la preocupación de Queupuán. "Cuando Endesa comienza a construir y aun nosotros no tenemos clara nuestra postura con respecto al Alto Bío Bío hay que hacer algo".
El tema no requiere mayor análisis. Y queda instalada la sólida sensación de estar siendo sobrepasados por los hechos consumados por endesa y que la Corporación indígena no estaba siendo respetada.
El Director señaló que se concurriría de nuevo al Alto Bío Bío. Que la fecha sería el 12 y 13 de junio. Que esa misión era definitiva para recabar todos los antecedentes. El Consejo acordó entonces reunirse el jueves 25 de junio de 1998 para conocer los antecedentes finales y resolver. Previamente, se resolvió notificar a Endosa de esta misión técnica y se solicitó la presencia de alguno de sus ejecutivos en la zona. Adicionalmente, el Consejo acordó solicitar a varios Servicios Públicos (Conama, Conaf, Sag, Vialidad) sus informes respecto de eventuales autorizaciones de obras en la zona.
Segunda misión técnica al Alto Bío-Bío
La misión, presidida ahora por el Director Nacional de conadi, la integraron además el Subdirector Nacional de la Corporación, Víctor Alonqueo; el Fiscal de Conadi, Carlos Vargas; el abogado de Conadi, Egon Matus; el abogado del Programa de Defensa Jurídica, Alfredo Grandón; profesionales topógrafos y nuevamente la cámara de Ramón Daza.
A las 08:00 am del sábado 13 de junio de 1998 la Misión Técnica comenzó su trabajo visitando primero las obras de construcción de un puente en el sector de El Avellano. Ahí estaban esperando ejecutivos de Endesa y de la Empresa Besalco, quienes -informados con anterioridad de esta visita- permitieron el acceso de la comitiva hasta la zona misma de faenas.
Siguiendo hacia Ralco Lepoy, la misión pudo constatar importantes obras viales, de ampliación y mejoramiento de caminos, además del corte de bosque nativo en las zonas de ensanchamiento. En un momento del viaje el equipo se detuvo en un lugar en donde está la Piedra Machi Cura, declarada Monumento Histórico por el Consejo de Monumentos Nacionales.
Este lugar estaba conformado por un bellísima entorno natural y la Piedra, de grandes dimensiones, forma parte de un espacio ceremonial religioso de carácter ancestral. Los Pehuenches la consideran una "piedra sagrada", pues -según cuentan las historias locales- debajo de esa piedra permanece enterrada una antigua Machi que obra milagros a través de las plantas medicinales que florecen alrededor de la Piedra.
A fines de 1997 se produjo un importante problema en esta zona pues la empresa a cargo de las obras de mejoramiento y ensanchamiento de caminos, como resultado del desconocimiento de la religiosidad indígena, al momento de dinamitar los cerros adyacentes estuvieron a punto de demoler la Piedra Machi Cura, situación que fue advertida a tiempo por los Pehuenches, quienes realizaron urgentes gestiones para evitar que su Piedra Sagrada fuese demolida.
El hecho generó algunos inconvenientes. La empresa seguía un estricto plan de manejo que no contemplaba desvíos. No obstante sus ejecutivos locales comprendieron la importancia de preservar la Piedra sagrada y cambiaron el trazado original a objeto de no tocar dicha piedra, lo que efectivamente se hizo, quedando pendiente por parte de endesa la recuperación del entorno original.
En ese lugar la comitiva se detuvo un momento. Había una delegación de Pehuenches esperando el paso del equipo de profesionales de Conadi y se realizó una breve rogativa.
Camino arriba la comitiva conversó con Berta Jara Curriao, quien suscribió un contrato de arrendamiento de sus tierras con Endesa. Muy cerca de su modesto hogar grandes maquinarias trabajaban en la construcción de una parte del camino que en el proyecto original empalma con la ruta que conduce hacia la represa Ralco.
Kilómetros más arriba el equipo entabló un extenso diálogo con otra afectada, Francisca Curriao, una mujer de avanzada edad, esmirriada, con su rostro delgado surcado por muchas arrugas, nada de lo cual -sin embargo- opacaba su vitalidad. Con sencillas palabras explicó que estando muy enferma personas de Endesa la pasaron a buscar y la llevaron a Santa Bárbara con la promesa de ser atendida por personal médico, y que ahí le solicitaron firmar un documento que escasamente comprendió. Acto seguido la habrían hecho firmar con su dedo pulgar puesto que ella no sabe leer ni escribir. Junto con ella firmó un pariente. De este modo habría quedado "constituida" la escritura de arrendamiento, a través de la cual se autorizaba una servidumbre de camino... El testimonio de Francisca Jara fue registrado en video.
La comitiva de Conadi recorrió la hijuela en su vasta extensión: efectivamente, los hechos hablaban por sí mismos. Diversos árboles nativos habían sido cortados y permanecían las señales de grandes maquinarias que habían abierto una amplia huella en su terreno.
El equipo de Conadi continuó su marcha hacia El Palmucho. Ahí se conversó con Juan Quipaiñán. En la casa tenían una copia de la escritura suscrita con Endosa. Las otras personas consultadas señalaron no tener, en ese momento, una copia de dicho documento legal. Al examinar con detención la escritura, los abogados de Conadi confirmaron sus sospechas. En el contenido de la escritura se describían las características de la construcción de caminos según así se había solicitado también a la Superintendencia de Servicios Eléctricos (SEC) en la petición de la concesión definitiva para construir.
Este elemento fue clave en el examen jurídico de rigor, puesto que aun cuando la Ley Indígena 19.253 permite contratos de arriendo hasta por cinco años, la constitución de cualquier tipo de gravamen sobre tierra indígena protegida por la Ley, legalmente requiere ser autorizada por la Corporación. Tal es el caso de servidumbres cuya finalidad es ajena a los fines específicos del propio terreno.
Para corroborar los hechos la comitiva pudo acceder a la zona de construcción de caminos. Conforme nos adentramos hacia el Palmucho, la escena que se presentó ante nuestra vista era impresionante: entre tres y cuatro excavadoras y retro excavadoras de gran calibre se realizaba la fatigosa tarea de abrir huella y ensanchar camino. Grandes camiones entraban y salían con su carga de tierra y piedras. Una importante masa de árboles nativos había sido cortada a ras para permitir el avance de las poderosas máquinas excavadoras que avanzaban, metro a metro, sobre la planicie del río, zona destinada a la construcción de la base de la represa.
El amplio bosque natural del sector del Palmucho ahora era parte del pasado. Y la tierra de la hijuela de la familia Quipaiñán-Piñaleo sufría los efectos de una profunda e irreversible transformación.
En una de las orillas del amplio camino en construcción, la comitiva de Conadi sólo observó en silencio la magnitud de las faenas.
El Director dialogó con los ingenieros de Besalco, quienes le aseguraron que estas obras eran preliminares y que se contaba con las respectivas autorizaciones para ejecutarlas. Se les consultó sobre el plazo de la obra y señalaron que una vez concluida la represa el espacio territorial volvería a sus características naturales....
El Director preguntó cómo se haría volver a la tierra su estado natural y qué pasaría con los árboles cortados. Los profesionales de Besalco señalaron haber instalado un invernadero en donde tenían bajo control la siembra de nuevos árboles que reemplazarían a los que fueron cortados.
Lo cierto es que a la comitiva de Conadi le asistió la convicción de estar ante una obra cuyos impactos no son reversibles y que lo que se veía, en terreno, era la ejecución de las obras principales destinadas a la construcción de la represa Ralco, aun antes que Conadi resolviese sobre el tema de fondo de las permutas de tierras.
Así concluyó esta segunda Misión Técnica y el equipo de conadi, a su regreso a Temuco, elaboró su informe final.
Nueva sesión del consejo de CONADI
El jueves 25 de junio de 1998 se reunió el Consejo Nacional de conadi en el Ministerio de Bienes Nacionales en Santiago. Los antecedentes que a continuación se señalan son públicos y constan en el Acta oficial de la Sesión correspondiente a la fecha descrita.
"El Presidente del Consejo (que en la Ley coincide con el de Director Nacional) informa acerca de la segunda visita técnica realizada al Alto Bío Bío los días viernes 12 y sábado 13 de junio de 1998, oportunidad en la que concurrió, previo acuerdo del Consejo Nacional de fecha 2 de junio de 1998, acompañado por el Subdirector Nacional Sur, Víctor Alonqueo; el Fiscal, Carlos Vargas; el abogado de Cañete, Egon Matus de La Parra; el abogado Alfredo Grandón, del Programa de Defensa Jurídica de la VIII Región; del ingeniero, Juan Escobar; el Jefe de Gabinete y conductores de la Corporación, con el objeto de realizar una segunda inspección. La primera se había llevado a cabo el 21 de mayo de 1998, materia que fue ampliamente informada en la Sesión del 2 de junio de 1998.
"En esta segunda visita técnica del 12 y 13 de junio de 1998, el Director conoció en terreno los alcances de las obras de construcción de un puente en el sector El Avellano; recorrió la ampliación de caminos; se entrevistó con la familia de Berta Jara Curriao; Francisca Curriao y la familia de Quipaiñán-Piñaleo; revisó antecedentes en el lugar mismo de los hechos y conversó largamente con cada familia a objeto de interiorizarse de los detalles de suscripción de los contratos de arrendamiento, verificando en terreno la realización de importantes obras viales que a simple vista representan un carácter definitivo, a juzgar por la intensidad de las mismas y por su magnitud.
"Con posterioridad, en vista del presente Consejo del 25 de junio de 1998, se reunió el equipo jurídico a cargo del tema Ralco y se llegó a la conclusión de estar frente a una infracción de la Ley Indígena, puesto que en el contexto del contrato de arriendo examinado, se habría constituido la figura de una simulación de servidumbre, materia que permite a Endesa, en una situación legal dudosa, llevar a cabo las obras detectadas en terreno. El Fiscal quedó encomendado de preparar un informe jurídico al Consejo, a objeto de solicitar su autorización para deducir ante tribunales la solicitud de nulidad de derecho público de tales contratos, y pedir como medida precautoria la paralización de faenas en el Alto Bío Bío.
"El Fiscal de la Corporación informa sobre el particular. Se refiere a la situación que se ha producido en los últimos días en relación a los trabajos de carácter definitivo que ha iniciado la Endesa para la construcción de la represa Ralco en el Alto Bío Bío, a través de la empresa contratista Besalco.
"Como ha informado el Sr. Director Nacional, la Endesa, amparada en contratos de arrendamiento suscritos con personas pehuenches, ha dado inicio a obras que, según nuestro concepto, corresponden a aquellas de carácter definitivo, orientadas a la construcción de la represa. Es necesario acotar que la concesión provisoria otorgada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) por el plazo de dos años, venció en enero de 1998.
"A pesar de no existir por parte de la SEC la concesión definitiva, actualmente se construyen las obras a través de contratos que endesa, por privativa voluntad, por sí o mediante terceros inicie los trabajos relacionados con las obras de construcción y faenas de la central hidroeléctrica Ralco, cualquiera que sean las actividades conducentes a este objeto. A mayor abundamiento, la Endesa podrá instalar construcciones en la mencionada hijuela, construir caminos interiores y efectuar cortes de la vegetación de bosque nativo con el objeto de obtener los fines señalados.
"De acuerdo al criterio del equipo jurídico encargado del tema Ralco, en este caso estaríamos en presencia de una grave vulneración de la Ley Indígena, por cuanto la Ley 19.253 en su artículo 13 establece claramente que todo gravamen que recaiga sobre tierras indígenas, debe ser con previa autorización de la Corporación. Sin duda, los trabajos descritos más arriba corresponden al gravamen de una servidumbre especial, definida en el DFL Nº 1 del año 1982, artículo 47 y siguientes, de tal manera que al haberlos iniciado, la endesa ha omitido hacer uso de la Ley aplicable para estos efectos (la Ley Indígena).
"Que por su parte el Artículo 39, letra E de la Ley 19.253 señala como una de las obligaciones de la conadi el velar por la protección de las tierras indígenas a través de los mecanismos que establece esta Ley (Artículo 13, que señala además una serie de requisitos para que la propia conadi pueda autorizar los gravámenes), de tal manera que es nuestra opinión, que la Conadi, amparada en esta disposición legal, tiene el deber de iniciar las acciones judiciales tendientes a dar cumplimiento a la referida disposición legal.
"Fundado en lo anterior, el contrato de arriendo celebrado entre las partes descritas constituye un fraude a la Ley Indígena, ya que ha existido una colusión voluntaria o no, informada o no entre el pehuenche y Endesa para eludir la norma aplicable a la situación descrita. Concretamente se ha buscado apoyo en una norma distinta para evadir el cumplimiento de la Ley Indígena.
"Que por otra parte el propio artículo 13 mencionado establece en su inciso final que los actos y contratos celebrados en contravención a este artículo adolecerán de nulidad absoluta, cuya acción corresponde a todo aquel que tenga interés en ella, y el interés de la Conadi estaría representado por el interés general en el cumplimiento de la Ley Indígena y particularmente en su deber de protección de las tierras indígenas (Artículo 1º, inciso final)".
Concluyó así la información entregada al conocimiento de los Miembros del Consejo Nacional, integrado por Subsecretarios de Gobierno, representantes del Presidente de la República y Consejeros Nacionales Indígenas.
Durante un par de horas transcurrió un extenso debate acerca de la forma y del fondo del problema detectado. Los Consejeros estimaron estar ante una situación delicada y de compleja maniobrabilidad legal.
Las obras comenzaron a ser ejecutadas en abril. Los contratos datan de comienzos de año. Lo que indica que endesa venía preparándose para entrar en acción desde mucho antes de mayo. Cuando el Consejo de conadi conoció estos antecedentes ya habían transcurrido, a lo menos, dos meses de ejecución de obras y los Consejeros creyeron estar ante una política de hechos consumados que resultaba del todo perjudicial para la aplicación de la Ley Indígena.
No obstante, y por la unanimidad de los Consejeros presentes en la reunión del 25 de junio de 1998, se acordó recurrir a la elaboración de un segundo informe jurídico, esta vez a cargo de un experto externo, no ligado a la Corporación, que asegurase un tratamiento técnico y legal, complementario a lo efectuado por el equipo jurídico y la Fiscalía de Conadi. Y dado que a los Consejeros les asistió la convicción de estar ante un hecho muy irregular e inaceptable, se puso un plazo de 15 días para la elaboración de dicho informe externo y se fijó como fecha para una nueva sesión del Consejo Nacional, el día jueves 23 de julio de 1998. Con acuerdo del Consejo la Dirección Nacional de conadi contrató los servicios profesionales del profesor en Derecho, don Rene Abeliuk, ex-Ministro de Estado en el Gobierno del Presidente Patricio Aylwin.
Los temas y actores relevantes del período
Los días transcurrieron con cierta intensidad. Previo al Consejo Nacional del 25 de junio de 1998, en donde se abordó este delicado tema jurídico, el miércoles 24 de junio, se realizó en La Moneda un trascendental acto histórico: el Presidente Frei firmó el Decreto que declaró el día 24 de junio de cada año como el Día Nacional de los Pueblos Indígenas.
Con la presencia de 250 representantes de todas las etnias del país, esa tibia mañana del 24 de junio, cuando se celebra el Weñol Tripantu (Nueva Época), significó cumplir con un acto relevante, deseado por las comunidades indígenas durante muchos años.
En efecto, en forma tradicional las comunidades indígenas vienen celebrando en la semana del 20 al 24 de junio de cada año, la Fiesta del Año Nuevo Indígena.
Es una fecha que coincide con el solsticio de invierno, cuando el sol se aleja de la tierra y ésta se renueva, dando paso a una nueva etapa de fertilidad. Los indígenas celebran este acontecimiento como parte de su cosmovisión religiosa y social.
En la familia indígena rural, más tradicional, el Weñol Tripantu es esperado con entusiasmo y buenos deseos. La familia se baña en las aguas de la madrugada en el arroyuelo cercano; limpia su cuerpo y su mente; cambia sus ropas por otras nuevas y pulcras; preparan comidas y comparten con gran respeto y cariño. Se renuevan las promesas y se perdonan las faltas.
La tierra recibe las primeras gotas del mudai con que se celebra la relación con ella. Se da gradas por los frutos recibidos y se ruega bendiciones por los frutos que han de venir. Luego, viene la fiesta, los juegos que comparten niños y mozalbetes; en tanto los ancianos gozan del afecto de sus seres queridos y ríen con sus propias anécdotas de antaño.
El Año Nuevo Indígena es un momento de reencuentro y de amistad. Se renueva el compromiso de querer la tierra y amar la naturaleza. La familia y la comunidad adhieren así al significado de la Nueva Época.
El Presidente Frei recibió en su gabinete al Consejo Nacional de la Corporación. Saludó cordialmente a los Subsecretarios de Gobierno y a sus representantes personales. En particular, saludó con especial deferencia a los Consejeros Nacionales Indígenas: Elias Gómez, aymara; Justo Zuleta, atacameño; Beatriz Painequeo, representante de los mapuches urbanos; Alberto Hotus, presidente del Consejo de Ancianos de Isla de Pascua; Juan Huenupi, mapuche de la VIII Región del Bío Bío; José Santos Millao, Presidente de Ad Mapu y mapuche de la IX Región; Francisco Chodimán, representante mapuche de la IX Región y José Queupuán, mapuche de la X Región.
Cada Consejero Indígena expuso ante el Presidente sus preocupaciones: hay problemas con los derechos de aguas en el norte. Las comunidades Aymara están preocupadas por la instalación de megaproyectos turísticos y por la eventual desafectación de áreas reservadas. Las comunidades de Atacama resienten la sequedad del desierto, los problemas productivos y la carencia de oportunidades. Los mapuches urbanos constituyen una inmensa mayoría en Santiago: son casi 460 mil personas, en su mayoría pobres. En el sur, Juan Huenupi, del Bío Bío, expone ante el Presidente el drama de los Pehuenches, la división de las familias ante el proyecto Ralco, los efectos que se están produciendo en la organización ancestral de esta cultura. Le pide al Primer Mandatario ayuda para superar estos efectos.
El Consejero Santos demanda un Nuevo Trato. Señala que más allá de Ralco está en riesgo el diálogo del mundo indígena con el Estado. Que se está llegando a un límite delicado v difícil. Queupuán está en silencio: tiene la responsabilidad de hablar, en breves instantes más, ante todos los asistentes que ya esperan en el Patio de los Cañones el inicio de la ceremonia que instala el 24 de junio como Día Nacional de los Pueblos Indígenas.
La audiencia había concluido. El Presidente escuchó con respetuoso silencio. Tiene consigo una carpeta con los planteamientos de los representantes de los Pueblos Originarios. Los Consejeros bajaron entonces al patio principal.
Más de 400 personas estaban dispuestas en el lugar. Los dignatarios indígenas provenientes de distintas regiones del país, comparten lugares con Ministros de Estado, Subsecretarios, Embajadores, Jefes de Servicios Públicos, personal de conadi, invitados de comunidades indígenas de Santiago, dirigentes políticos y de organismos no gubernamentales: es un encuentro cálido y expectante.
El Presidente hace su entrada al recinto de la ceremonia. Los participantes aplauden. Lo acompaña su esposa, la Primera Dama de la Nación. En la testera principal lo esperan el Ministro de Mideplán, Germán Quintana, y el Director Nacional de Conadi.
La Corporación de Desarrollo Indígena, con este acto de singular importancia, ha ganado para el país y su democracia un momento brillante de compromiso y reconocimiento hacia sus comunidades indígenas.
Se anuncia el Himno Nacional. La ceremonia se inicia con ese marco solemne. Es el Día Nacional de los Pueblos Indígenas.
José Queupuán es Concejal en la comuna de San Juan de la Costa. De militancia democratacristiana. Fue elegido por las comunidades mapuches huilliches como Consejero Nacional Indígena de conadi hace ya cuatro años. Ha mantenido intacta su identidad cultural y junto con ser un servidor público destacado en su Municipio, Queupuán ha representado con vitalidad al mundo indígena. Entre sus pares, fue elegido para dirigir el mensaje de las comunidades en este acto. Sus palabras fueron escuchadas en silencio por todos los asistentes.
"Señor Presidente,
Es para mí un gran honor representar en este acto la opinión de los Pueblos Indígenas de Chile. En primer lugar, debo destacar y valorar este importante gesto histórico que hoy estamos realizando el Gobierno y los Pueblos Indígenas. Creo que esto demuestra, de alguna manera, un paso importante en la lucha por la defensa de nuestros valores culturales como nuestro Weñol Tripantu para los Mapuches o Marakata para los Aymara. Gracias, Señor Presidente, por apoyar este llamado.
"Junto con esto debo reconocer que durante los últimos años los Pueblos Indígenas hemos dado pasos muy importantes. La existencia de la Ley Indígena no es una mera casualidad, como tampoco lo es la conadi. Esto es el producto de las múltiples luchas que los Pueblos Indígenas han dado por muchos años en distintos momentos de la historia de este país, pero también es necesario destacar y reconocer la labor de un gran hombre que con su sencillez e inteligencia supo escuchar el clamor nuestro en los momentos más oscuros de nuestra historia. Me refiero a don Patricio Aylwin Azocar. Gracias, don Patricio, por su aporte a nuestra noble causa.
"También es cierto que en estos años hemos recuperado importantes hectáreas de tierras, como financiado muchos proyectos en el sector urbano y rural a los jóvenes y mujeres. Hemos avanzado en la protección de nuestros recursos hídricos. En definitiva, hemos progresado pausadamente en la dignificación de nuestros pueblos. Así como se deben reconocer los logros, debemos también ser enfáticos en señalar que aun son insuficientes.
"Señor Presidente: los Pueblos Indígenas de Chile necesitamos generar nuestro propio proyecto de futuro; queremos un desarrollo social, político, económico y cultural de acuerdo a nuestra propia identidad. ¿Qué queremos del Estado? mayor participación en la toma de decisiones cuando se trate de nosotros o tenga relación con nuestra cultura. Necesitamos del Estado un mayor compromiso y sensibilidad; exigimos que se respete nuestro patrimonio cultural y religioso; exigimos mayor respeto por nuestra idiosincrasia y valores propios. Consideramos que el Estado y la Sociedad chilena aun están en deuda con nosotros; por ello, exigimos y solicitamos un nuevo trato y un nuevo compromiso que nos permita orientar con mayor propiedad nuestro desarrollo.
"Señor Presidente: los Pueblos Indígenas no nos oponemos al desarrollo ni al crecimiento económico, pero creemos que éste no debe hacerse a costa de la destrucción de la Madre Tierra o de nuestra cultura. Me refiero a los megaproyectos que se están implementando en nuestros territorios. Como dijo el Gran Jefe Sioux Seattle: "lo que le ocurra a la tierra, más tarde nos ocurrirá a nosotros".
"También quiero recalcar que nunca renunciaremos a la defensa de nuestros derechos y valores ancestrales, como por ejemplo, lo que le ocurre a nuestros Hermanos Pehuenches del Alto Bío Bío; no renunciaremos a exigir mayor respeto y protección a nuestra ecología, a nuestro medio ambiente. En otras palabras, a nuestra naturaleza.
"Por último, deseamos que este día sirva para generar un mayor compromiso y sensibilidad del Estado y de la sociedad chilena para con los Pueblos Indígenas. Lamentable sería que a partir de hoy avancemos menos que antes, que este Weñol Tripantu o Marataka nos ayude a compartir armónicamente nuestro destino, para unimos en pos del bien común para todos.
"Como lo anunciara el poeta Neruda: "han envasado el agua; han envasado el aire; hoy han patentado el genoma humano, el conocimiento ancestral de nuestros Pueblos, las plantas y sus secretos medicinales". Esperamos que esta decretación no signifique envasar el Año nuevo Indígena; que eso no suceda en el futuro. Muchas gracias".
Las palabras de José Queupuán Huaiquil fueron seguidas de un intenso y prolongado aplauso. A continuación hizo uso de la palabra el Director de Conadi. En parte central de su alocución, junto con destacar la importancia de este hecho, señaló:
"Se hace justicia con este acto solemne de establecer un Día Nacional de los Pueblos Indígenas, que en los próximos años podrá ser celebrado con mucha amplitud en colegios, municipios, juntas de vecinos, comunidades rurales y urbanas, servicios públicos y centros académicos. La temática indígena será parte de un proceso más amplio de conocimiento y sobre todo de descubrimiento.
"En efecto, decía que nuestra sociedad desconoce la riqueza de nuestro mundo cultural y de nuestra cosmovisión. Durante décadas lo indígena ha sido reducido a estereotipos e imágenes incorrectas de nuestra gente y comunidades.
"La propia historia de Chile no ha sido justa en ese sentido con el mundo indígena, destacando sólo aspectos guerreros o conflictos, cuestión que en cierto modo todavía constituye algún foco de atención de ciertos medios comunicacionales. Importa conocer ahora al mundo indígena en su exacta dimensión social, cultural y antropológica. Esto significa que deben abrirse caminos para un encuentro intercultural entre indígenas y no indígenas, para pensar y construir juntos una sociedad mejor, más justa y sin discriminaciones.
"La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, conadi, nació a la vida pública en abril de 1994. Cuenta con sólo cuatro años de existencia y ha llevado a cabo una importante labor de promoción y difusión de la Ley Indígena, en medio de procesos complejos, en donde no están ausentes las tensiones, pero en donde ha podido más el entendimiento y el diálogo con las comunidades indígenas. Nos sentimos orgullosos de haber contribuido a este momento, especialmente cuando Ud. Señor Presidente, en 1997, en una sesión de trabajo con nuestro Consejo Nacional, acogió nuestra solicitud de declarar el 24 de junio como Día Nacional de los Pueblos Indígenas.
"Queda aun un vasto camino por recorrer. Las soluciones a los problemas históricos llegan con la paciencia del tiempo, de la experiencia y de la sabiduría de todos. Nos damos cuenta de las necesidades no satisfechas y de las importantes expectativas que tiene el mundo indígena en relación al reconocimiento cabal de sus derechos. En cuatro años de existencia de la Ley se han logrado avances importantes y todos sabemos que es así, y que será necesario continuar avanzando, tarea en la cual conadi y las comunidades están empeñadas de cara al nuevo siglo.
"Señor Presidente: agradecemos su decisión de decretar el 24 de junio como Día Nacional de nuestros Pueblos. Se abre un camino ancho para transitar hacia mejores condiciones de vida para nuestras comunidades y, sobre todo, se abre la oportunidad para que nunca más lo indígena pueda ser motivo de desaire, indiferencia o marginación.
"Las generaciones presentes y futuras recordarán este momento, como otro paso más, en el logro de ser reconocidos conforme a su dignidad de personas y de Pueblos. Muchas gracias".
El Presidente de la República culminó la ceremonia con su Mensaje y compromiso. En parte sustancial de su discurso dijo que "al instituir este Día, satisfacemos un viejo anhelo de las comunidades indígenas: que esta fiesta fuera reconocida como parte del patrimonio cultural del país".
"Por cierto, ello constituye una invitación que el gobierno formula a toda la sociedad para acoger, reconocer, difundir y respetar nuestras culturas ancestrales. Sólo un pueblo que reconoce y respeta sus orígenes puede enfrentar los desafíos de los tiempos actuales con una sólida identidad cultural.
"Esta Declaración es también un llamado a superar la discriminación social y a mejorar las condiciones de vida de nuestras comunidades étnicas. Debemos conservar y promover el desarrollo de sus culturas, de su lengua y de su identidad, junto con adoptar las medidas legales que permitan ampliar sus derechos en la sociedad.
"Este ha sido el centro de la preocupación gubernamental en cuanto al desarrollo de nuestras etnias. Desde el comienzo de los gobiernos de la Concertación, la política democrática hacia los pueblos indígenas ha buscado su incorporación al desarrollo nacional, respetando su diversidad y los patrones culturales y costumbres que les son propios; al mismo tiempo, hemos procurado solucionar sus problemas de tierras y aguas. Para ello se creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y se promulgó la Ley 19.253 sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas."
La intervención del Presidente dio cuenta de importantes realidades y lo principal, junto con Decretar el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, es que formuló importantes anuncios en beneficio de los estudiantes indígenas, el incremento de recursos -vía Agenda Social- para abordar los temas de tierras y aguas e importantes medidas legales tal como la agilización legislativa del proyecto de reconocimiento de la norma 169 de la OIT.
Mientras tanto el abogado Rene Abeliuk realiza su estudio del tema encomendado por el Consejo Nacional de conadi. Son días que dejan transcurrir importantes acontecimientos. Se celebra en Santiago, en la Universidad Central, una Semana Cultural Indígena con la participación de representaciones étnicas del norte y sur del país. Y entre los días 18 y 20 de julio, se dan cita en la localidad de Chiu Chiu, en la Segunda Región, 250 representantes de la totalidad de las comunidades indígenas atacameñas en su primer Congreso Nacional de Pueblos Atacameños.
Para estas comunidades es un acontecimiento el que después de muchos años de espera y de muchas reuniones, logran consensuar un encuentro de esta magnitud, apoyados por conadi y otros servicios públicos. La plaza de Chiu Chiu se viste de gala; el colegio del poblado es la sede del evento social y cultural; los delegados reflexionan en 16 comisiones temáticas... Chiu Chiu está alegre y agitado: algo nuevo está naciendo entre su gente.
Reunión en la Moneda: Autoridades se preocupan por efectos legales de una eventual demanda contra ENDESA
El sábado 18 de julio, antes de partir a Calama para dirigirse al Congreso de Pueblos Atácamenos, el Director de Conadi fue citado a una reunión en el Palacio de La Moneda, por el nuevo Ministro de mideplán, Germán Quintana, la que comenzó alrededor de las 11:00 horas. Días antes, el 13 de julio. Rene Abeliuk había entregado su informe en derecho.
Era una despejada mañana y las autoridades fueron llegando a la reunión con el objeto de conversar sobre el nuevo informe jurídico y los escenarios del Consejo próximo del 23 de julio. Concurrieron los subsecretarios miembros del Consejo y se repasaron los antecedentes que obraban en poder del Gobierno y que también habían sido entregados a los Consejeros.
El Informe Abeliuk estaba en la mesa... Sus conclusiones son determinantes: confirmaba ampliamente el criterio jurídico de los abogados de conadi. El examen fue conclusivo: Endesa había incurrido en una infracción de la Ley Indígena.
Se analizaron los cursos de acción. El Director de conadi era partidario de impetrar los cursos legales correspondientes. Estimaba que si la Ley Indígena había sido vulnerada debía actuarse consecuentemente demandando la responsabilidad de la endesa en Tribunales, puesto que no debieran existir privilegios ante la Ley. El punto fue objeto de intensa discusión y finalmente se llegó al acuerdo de acoger una recomendación que formuló el propio abogado informante en el sentido de efectuar, previamente, una notificación formal a ENDESA.
Luego de este acuerdo, que debía ser sometido a la consideración del Consejo Nacional de 23 de julio de 1998, se efectuó un análisis del tema de permutas. La idea subyacente, planteada por el Ministro y algunos subsecretarios, era que aquellas permutas que no cumplieran con las formalidades dispuestas por la Ley no podrían ser aprobadas, pero que aquellas que sí las cumpliesen deberían ser aceptadas. El Director de Conadi expresó sus dudas respecto de esto último citando un ejemplo: en el caso de aquellas solicitudes cuyas familias deberán ser trasladadas al Fundo El Barco, los informes de conadi indican que los niveles de sustentabilidad en dicho fundo son muy precarios y de alto riesgo para la estadía y cotidianidad de las familias.
El Barco está a poco más de 900 metros sobre el nivel del mar. Tratándose de cordillera, nieva intensamente la mayor parte del año, afectándose con ello la capacidad de cultivo y de forraje para los animales.
En consecuencia, dar por aceptado este tipo de solicitud, aun cuando se cumpliese la formalidad del caso, implicaría someter a una familia pehuenche -de por vida- a condiciones muy negativas de sustentabilidad. Por lo tanto, en este caso, lo mínimo no es lo mejor. Y en estas circunstancias había varias solicitudes de permutas presentadas, todo lo cual hacía aconsejable su no aceptabilidad.
El tema no fue zanjado en esta reunión, pero quedó en evidencia que se había configurado una diferencia de opinión, que días más tarde, el 5 de agosto de 1998, sería resuelta con la solicitud de renuncia del Director Nacional de conadi.
Para comprender entonces la magnitud de estos acontecimientos, será necesario remontarse a la fuente del conflicto principal: la acción de endesa, de iniciar obras en el Alto Bío Bío, afectando la legalidad de la Ley Indígena.
El informe Abeliuk: ENDESA ha incurrido en un acto contrario a Ley Indígena
¿Cometió ENDESA una irregularidad, al suscribir contratos de arriendo con familias Pehuenches y a través de este mecanismo lograr el hecho cierto de adelantar la ejecución de obras de gran envergadura, sin recurrir para ello a la autorización debida por parte de conadi, tratándose de obras en tierras indígenas?...
La respuesta a esta pregunta era clave en el discernimiento gubernamental en el cual participaron Ministros de Estado, Subsecretarios, autoridades de conadi, abogados de la Corporación Indígena v expertos en derecho civil.
¿Por qué era una respuesta clave? Porque la constatación de esta irregularidad ponía a la Conadi ante el deber de presentar cargos legales en contra de la poderosa Compañía eléctrica, lo que significaba iniciar un juicio en donde se pondrían en juego intereses extremadamente relevantes, políticos y sobre todo financieros.
Por otra parte, la verificación legal de los antecedentes implicaba que los miembros del Consejo Nacional se enfrentaban ante una política de hechos consumados, en la medida que endesa iniciaba las obras correspondientes, en territorio indígena, aun antes de que dicho Consejo, en tanto máxima autoridad estableada por Ley para dirimir los casos de solicitud de permutas de tierra, se hubiese reunido siquiera para resolver dicho propósito.
¿Cometió ENDESA una infracción? ¿Pasó a llevar la Ley Indígena? ¿Por qué no informó que estaba iniciando obras de gran envergadura en terrenos indígenas?
Las preguntas quemaban, y con razón las autoridades de mideplán y de La Moneda estaban inquietas, pues de confirmarse los antecedentes sería inevitable para la Corporación Indígena demandar a endesa ante los Tribunales.
Rene Abeliuk acogió el especial encargo del Consejo Nacional de conadi y durante intensos quince días, entre el 1° y el 15 de julio de 1998, se abocó al estudio de los antecedentes que se pusieron a su disposición. Por cierto, tratándose de la elaboración de un informe por parte de un experto externo, su examen fue absolutamente independiente de todo tipo de influencias, como corresponde al profesionalismo de un hombre respetado y querido en el foro jurídico y universitario.
No fueron necesarios quince días... Los hechos estaban hablando por sí mismos. El 13 de julio de 1998, el profesor Rene Abeliuk entregó su informe a las autoridades de mideplán. Copia del mismo fue enviado al Director de conadi, el que luego de estudiarlo y conocer la trascendencia de sus conclusiones lo envió por correo expreso a cada miembro del Consejo Nacional teniendo en consideración la sesión acordada para el 23 de julio de 1998.
El Informe de Rene Abeliuk contiene 47 páginas. Se inicia con el Capítulo I, "Planteamiento del Problema" y comienza del siguiente modo:
"Lo que se me ha planteado -señala el destacado jurista- se refiere a la naturaleza jurídica del contrato de arrendamiento del 6 de noviembre de 1997, otorgado en Santa Bárbara ante el Notario Público, don Selim Parra Alvarez, entre los señores Juan Antonio y María Luisa Quipaiñán Piñaleo, en adelante en este informe los "propietarios" y la Empresa Nacional de Electricidad S.A., en adelante "ENDESA".
En el punto II el jurista aborda las "Estipulaciones Contractuales" en relación a la "cosa arrendada":
primero: En virtud de este contrato, los propietarios (indígenas) dieron en arrendamiento a ENDESA 4 retazos de terrenos, designados B, C, D y E de la Parcela N° 69, originada de la división del predio Fundo Ralco, sector Quepuca, de la localidad del Alto Bío Bío, inscrita a nombre de sus dueños a Fojas 1.445, vuelta Nº 10905 del Registro de Propiedades de 1991 del Conservador de Bienes Raíces de Los Angeles, con una superficie de 45,6 hectáreas. Rol de Contribuciones Nº 219-415 de Santa Bárbara y exenta de su pago.
segundo: superficie arrendada.
a) El retazo "B" tiene una superficie de 7,5 hectáreas, e incluye dentro de su perímetro al retazo "A" de aproximadamente media hectárea y con acceso independiente, que se excluye del arriendo, b) El retazo "C" tiene una superficie aproximada de 3 hectáreas, y c) El retazo "E" consiste en una faja de terreno sinuosa con un ancho promedio de 25 metros y una superficie total aproximada de 5 hectáreas. En total, aproximadamente 16,5 hectáreas.
tercero: Objeto del Arriendo.
El objeto del arriendo es, respectivamente:
a) para los retazos "B" y "C": "instalaciones de faenas de las obras de construcción de la presa Ralco y actividades anexas.
b) para el retazo "D": "para instalaciones de faenas y para el establecimiento de una línea de transmisión eléctrica y de una subestación eléctrica que forman parte del proyecto de la central hidroeléctrica Ralco", y
c) para el retazo "E": "construcción, operación, mantenimiento y modernización de caminos necesarios para el acceso a las faenas y obras de construcción y mantenimiento de las obras del proyecto de central hidroeléctrica Ralco, ubicadas en este sector.
cuarto: renta del Arrendamiento.
La renta del arrendamiento fue de $ 53 millones de pesos, pagaderos la mitad al contado, y quedando la otra mitad depositada en Notaría para pagarse 15 días después que el arrendatario tome posesión material de los terrenos.
quinto: anexo del arriendo.
El arriendo incluye otros retazos de terreno a determinarse por un anexo complementario a la escritura, con una renta de $ 3 millones 300 mil pesos por cada hectárea que se utilice.
sexto: facultades del arrendatario.
Se convino además que: "la arrendataria (endesa) queda especialmente facultada para hacer uso de los retazos arrendados y destinarlos a su privativa voluntad, por sí o mediante contratistas, a los fines relacionados con la construcción y faenas de la central hidroeléctrica Ralco, a la que se encuentra abocada, cualesquiera que sean las actividades que estime conducentes a este objeto. Asimismo, queda especialmente facultada la arrendataria para subarrendar a sociedades, filiales o coligadas con ella y a contratistas y subcontratistas el todo o parte del o de los retazos arrendados, durante toda la vigencia del presente contrato. Las partes están de acuerdo en que la arrendataria podrá establecer, en el o los retazos arrendados, depósitos de rocas y suelos, y efectuar cortes de la vegetación, árboles y arbustos, para obtener los fines señalados al comienzo de esta cláusula, debiendo la arrendataria obtener las autorizaciones correspondientes para tales fines y bajo su responsabilidad.
séptimo: Término del Arriendo.
El contrato se pactó por cinco años, conviniéndose que a su "término el arrendatario se obliga a restituir materialmente el predio arrendado al arrendador o a quien lo suceda, totalmente libre de ocupantes, materiales y equipos, sin perjuicio de la subsistencia posterior a ese término de los permisos o autorizaciones a que se refiere la cláusula tercera"( Cláusula 6a, parte final).
Ahora, bien la cláusula tercera se refiere al plazo del contrato, por lo cual no se entiende a qué permisos o autorizaciones se refiere el contrato, en la parte antes transcrita, especialmente si es a las que le dio el arrendamiento para la ocupación del predio, o a las que se refiere la clausula novena.
octavo: Cambio de destino del Inmueble.
En la clausula octava se sujetan los terrenos arrendados a la prohibición de cambiar su destino en los términos de los artículos 55 y 56 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Agrega la estipulación: Sin perjuicio de los derechos que otorga la Ley General de Servicios Eléctricos a los titulares de concesiones definitivas para centrales hidráulicas, respecto de los retazos referidos.
noveno: Mandato al Arrendador.
Por la cláusula y los propietarios autorizan al arrendatario (endesa) "para elevar y suscribir en su representación las solicitudes que se requieran ante cualquier autoridad administrativa" necesarias para la consecución de los fines del contrato, siendo ellas de exclusiva responsabilidad del arrendatario y "eximiendo de toda responsabilidad al arrendador".
Hasta aquí la descripción que hace el jurista Rene Abeliuk del contrato de arriendo en comento. En su extenso informe legal, el profesional abordó un completo análisis de la Ley Indígena y de la Ley Eléctrica. Refiriéndose a la Ley Indígena destacó el Artículo 13 que dice:
"Las tierras indígenas, por exigirlo el interés nacional, gozarán de la protección de esta Ley; no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripciones, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia. No obstante, se permitirá gravarlas, previa autorización de la Corporación (conadi). Este gravamen no podrá comprender la casa-habitación de la familia indígena y el terreno necesario para la subsistencia.
"Igualmente -dice la Ley- las tierras cuyos titulares sean Comunidades Indígenas no podrán ser arrendadas, dadas en comodato, ni cedidas a terceros en uso, goce o administración. Las de personas naturales indígenas podrán serlo por un plazo no superior a cinco años. En todo caso, éstas con la autorización de la Corporación (Conadi), se podrán permutar por tierras de no indígenas, de similar valor comercial, debidamente acreditado, las que se considerarán tierras indígenas, desafectándose las primeras. Los actos y contratos celebrados en contravención a este artículo adolecerán de nulidad absoluta".
¿Cuál es la interpretación jurídica del problema? Abeliuk analizó el DFL N 1 del Ministerio de Minería, de fecha 22 de julio de 1982, en relación a la Ley Eléctrica, para analizar las normas aplicables al caso Ralco. Dicha Ley establece que la producción, el transporte, la distribución y el régimen de concesiones v tarifas de la energía eléctrica son materias que se regirán por esta Ley, lo que comprende las concesiones para construir y explotar centrales hidroeléctricas.
En materia de servidumbres eléctricas, el abogado explicó que hay normas que reglamentan los derechos que otorgan las servidumbres para construir represas y se refieren a la ocupación de terrenos, construcción de habitaciones para el personal y la guarda de materiales. En tal sentido, el titular del predio dominante tiene derecho a ocupar y cerrar los terrenos necesarios para embalses, vertederos, clasificadores, estanques de acumulación de aguas, cámaras de presión, cañerías, centrales hidroeléctricas con sus dependencias, habitaciones para el personal de vigilancia, caminos de acceso, depósitos de materiales y, en general, todas las obras requeridas para las instalaciones hidroeléctricas.
En relación a procedimientos y competencias, Abeliuk señaló que la Ley Eléctrica concede al Juez en cuya jurisdicción esté ubicado el predio sirviente, las facultades para resolver las controversias del caso (art.70), pero que esto implica algunas diferencias importantes con la Ley Indígena, especialmente lo señalado en los artículos 56 y siguientes de esta Ley:
"Las cuestiones a que diere lugar el dominio, posesión, división, administración, explotación, uso y goce de tierras indígenas, y los actos y contratos que se refieran o incidan en ellas, y en que sean parte o tengan interés indígenas, serán resueltas por el Juez de Letras competente en la comuna donde se encontrare ubicado el inmueble, de conformidad con las disposiciones de los Libros I y II del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo a las siguientes normas. La competencia, eso sí, coincide en ambas disposiciones, ya que el predio sujeto a la Ley 19.253 es el sirviente".
Hechas estas descripciones de rigor, el jurista inició el examen del fondo del problema. Señaló que si se celebra un contrato de arrendamiento por un plazo no superior a cinco años sobre propiedades pertenecientes a personas naturales indígenas, este contrato en principio es válido y no requiere autorización de la conadi. Esta es, según veremos, una innovación de la Ley 19.253, ya que en la legislación anterior a ella, el arrendamiento requería autorización.
En el caso del contrato de arriendo de ENDESA con Quipaiñán, sin embargo, se trata de una situación muy peculiar porque se obtienen los mismos resultados de la servidumbre en cuanto a sus efectos, derechos, obligaciones y cargas, utilizando la fórmula jurídica del arrendamiento.
"La consulta que se me ha formulado, se refiere a la calificación del contrato descrito en el presente informe en relación a esta doble legislación, esto es, si corresponde efectivamente a la que han hecho las partes, de arrendamiento por cinco años, o realmente, no obstante la calificación de ello, es otro acto jurídico, y en tal caso, qué consecuencias esto acarrea en cuanto a sus requisitos, efectos y sanción en caso de existir alguna infracción legal".
Para avanzar hacia las conclusiones, Abeliuk estimó indispensable ilustrar a los Miembros del Consejo Nacional de conadi acerca de la naturaleza jurídica del contrato en análisis. Para ello señaló que "los actos y contratos que otorgan los particulares son lo que son y no necesariamente lo que las partes o las autoridades que intervienen en el acto, como Notarios o Conservadores de Bienes Raíces u otros funcionarios, digan".
Desde su experiencia académica y profesional. René Abeliuk, en el tratamiento sobre las obligaciones, señaló que "calificar un contrato es determinar su naturaleza jurídica, esto es, decidir si es compraventa, permuta, innominado, etc". Para el abogado tiene enorme trascendencia esta acción, porque ella permite establecer las disposiciones que lo rigen, y así aplicar las prohibiciones legales y las normas supletorias que gobiernan lo que las partes no consideraron en sus estipulaciones.
"Esto tiene vital importancia cuando, con la calificación que las partes dan al acto, en el que otorgan, no se requiere de una autorización o de un requisito establecido por la Ley para cumplir sus finalidades en el acto o contrato que origina la duda de calificación".
Cuando el Consejo Nacional de conadi resolvió recurrir al consultor, la consulta subyacente era saber si la Corporación de Desarrollo Indígena estaba ante un acto de simulación de una servidumbre en el contrato de arrendamiento suscrito entre endesa y Juan Quipaiñán. Los abogados de la Corporación ya habían emitido un primer informe jurídico señalando que la institución no tendría competencia en el acto mismo de suscripción del arriendo puesto que la Ley Indígena lo permite, tratándose de propietarios naturales indígenas, hasta por un plazo de cinco años. En este punto hay plena coincidencia entre lo ya informado por Abeliuk y lo previamente establecido por el equipo jurídico de conadi.
El punto principal de interrogante era si a través de dicho contrato de arrendamiento se realizó, en realidad, otro acto jurídico, que es el de simular una servidumbre voluntaria para la construcción de caminos con la finalidad de la represa, lo que -a juicio del equipo jurídico de conadi- es una forma de gravamen en donde sí cabía la necesidad imperativa de la autorización ex antes del Consejo Nacional de la Corporación. Abeliuk, en su informe, abordó, entonces, el delicado tema de La Simulación.
Conceptualmente el hecho se caracteriza porque las partes, de común acuerdo, crean una situación jurídica aparente que difiere de la real; en ella existen dos acuerdos de voluntad: uno, el real, y el otro, que está destinado a crear una situación aparente, ficticia y distinta de la verdadera que permanece secreta entre las partes.
Existe una forma de simulación que es lícita, que no tiene por objeto perjudicar a terceros; no tiene un fin fraudulento, sino que por múltiples razones deja oculta alguna parte de la declaración real de voluntad. Es el caso de una persona que por razones comerciales no desea que nadie se entere de una negociación por ella celebrada, o quiere efectuar un acto de beneficiencia, sin que lo sepa la persona favorecida, etc. Esta especie de simulación es perfectamente lícita y así se ha fallado.
Hay una forma de simulación ilícita que sí tiene por objeto engañar a terceros o el fraude a la Ley. Para su configuración deben darse cuatro elementos: a) la disconformidad entre la voluntad interna y lo declarado; b) esta disconformidad debe ser consciente y deliberada, pues en caso contrario nos encontraremos frente a un error; c) por acuerdo de las partes, con lo que quedan al margen los casos de fuerza y de reserva mental. En ésta una de las partes ignora que existe diferencia entre la voluntad declarada por la contraparte y la real de ella, mientras que en la simulación las dos partes quieren una cosa distinta a la que declaran; y, d) la intención de perjudicar a terceros.
Existe también una forma de simulación que puede ser absoluta, relativa o por interposición de personas. En la absoluta el acto es totalmente ficticio, y sólo existe formalmente. En la relativa, el acto que aparece al exterior existe, pero hay acuerdo entre las partes que lo modifica y queda oculto. El ejemplo que se da es el caso de que la simulación tenga "por objeto eludir una prohibición legal, como ocurre por ejemplo, con la que señala el artículo 1.796 para la compraventa entre cónyuges no divorciados que dicho precepto prohíbe". El acto se disfraza de otra convención para eludir la prohibición legal.
Este discernimiento sobre la simulación era particularmente relevante para el análisis del Consejo Nacional de conadi, pues como consecuencia de lo expuesto, respecto de la calificación del acto de contrato y la simulación, no cabía la menor duda que, si se llegaba a la conclusión de que el acto real, en el caso del contrato de arriendo entre endesa y la familia Quipaiñán-Piñaleo, era la constitución de una servidumbre y no un verdadero arrendamiento, correspondía establecer la verdadera naturaleza jurídica de dicho acto, ya que de haberse constituido un gravamen, bajo la forma de arrendamiento, sin autorización de conadi, dicho acto podría quedar sometido a una
sanción de nulidad absoluta, de acuerdo al inciso final del artículo 13 de la Ley 19.253.
Así era de delicada la situación para endesa.
Para el jurista era también preciso ahondar aun mucho más en el complejo tema analizando la relación existente entre Arrendamiento y Servidumbre. Hasta el momento lo que teníamos ante nosotros era lo siguiente: endesa suscribió un contrato de arriendo de terreno con Juan Quipaiñán: la hijuela 69. Este contrato se hizo por cinco años. El propietario natural indígena entregó la tierra a endesa y la empresa, ahora como arrendataria hace pleno uso de dicha tierra con el propósito de construir un camino que tiene como destino abrir una ruta hacia la construcción de la represa.
La Ley Indígena permite el arrendamiento hasta por cinco años. Nuestra duda era si endesa había simulado o no, a través de la figura del arriendo una servidumbre que imponía un gravamen especial sobre la tierra arrendada, tratándose de tierra indígena. Si esto era así, la conadi tenía que haber sido informada para autorizar o no dicha servidumbre antes de haber sido suscrito el contrato. Al respecto Abeliuk dijo al Consejo Nacional:
"Lo que distingue fundamentalmente al arriendo de la servidumbre, es que en ésta hay un gravamen de predio a predio, y en el arrendamiento, el traspaso temporal de la tenencia de una cosa para el uso y goce de una persona. Podrían llegar a coincidir ambas instituciones cuando en la servidumbre se paga una indemnización que equivale al precio, y en el arriendo, el uso y goce permite establecer una carga en favor de otro predio. Sin embargo, no hay confusión si lo único que contiene el acto jurídico es un gravamen sobre un predio en favor de otro predio, y no la explotación personal del mismo, máxime si se trata de bienes raíces destinados a actividades económicas y no a viviendas.
"En el caso que nos preocupa (contrato ENDESA-Quipaiñán) no cabe duda que la
institución jurídica adecuada es la Servidumbre, y ello unido a los demás antecedentes
que se mencionan a continuación, es lo que nos lleva a la conclusión de este informe".
En palabras sencillas: ENDESA sabía que requería abrir un camino a través de la Hijuela 69 para llegar a la base del Palmucho, sector en donde debe construirse el muro de contención de las aguas. Para tal finalidad se imponía la forma de conseguir una servidumbre de tránsito. Para ello debía solicitar la autorización de conadi pues, de acuerdo a la Ley Indígena, sólo esta entidad puede autorizar dicha servidumbre cuando se trata de tierras indígenas. Para evitar este procedimiento, endesa escogió otro camino: suscribir un contrato de arriendo de la Hijuela. Abeliuk en su Informe al Consejo Nacional concluyó que lo que la empresa debió haber hecho era solicitar una servidumbre, la "institución jurídica adecuada" para sus propósitos.
Previamente, el abogado René Abeliuk estimó indispensable analizar la situación correspondiente al carácter de los predios sometidos a esta singular forma de "contrato acorriendo" y en particular el efecto de cambiar el destino de los mismos. El interesante análisis que ofrece a los miembros del Consejo Nacional, también coincide con el enfoque experto del comité de abogados de conadi.
Abeliuk buscó establecer si el contrato de arrendamiento que se analizó era posible constituirlo como tal cuando se trata de predios rústicos. Un predio rústico es "todo inmueble susceptible de uso agrícola, ganadero o forestal, que esté comprendido en zonas rurales o urbanas".
A su juicio, complementariamente, el Código Civil (párrafo 6°, Título 26, libro 4) discurre sobre la idea de la explotación de un predio rústico sólo para fines agrícolas, tal como se desprende del Decreto Ley No 993 del 21 de abril de 1975, y no para la obtención de otros beneficios, como es el caso de la construcción de una central hidroeléctrica, aun cuando este mismo Decreto intenta flexibilizar las restricciones del caso.
En otras palabras, el Decreto Ley Nº 993 no se aplica a los contratos de arrendamiento, medierías o aparcerías a que se refiere el Art. 8° de la Ley 17.729, que justamente era la anterior Ley de Protección Indígena. Dicha Ley en este punto era más restrictiva que la actual Ley Indígena puesto que para autorizar los arriendos de tierras indígenas se requería la autorización del Instituto de Desarrollo Indígena (ex -IDI), reemplazado hoy por la conadi. Además, de acuerdo a la Ley 17.729 las tierras sólo podían ser arrendadas a otros indígenas y para fines agrícolas, lo que confirma que el arrendamiento de predios rústicos para los efectos de este Decreto Ley es exclusivamente para estos fines. Esta obligación fue modificada por el artículo 78 de la actual Ley Indígena 19.253.
El análisis que realizó Rene Abeliuk sobre el particular aspecto del arriendo de predios rústicos, sumado a los antecedentes previos del informe, le permite formular su primera y más relevante conclusión:
"Dado que en el contrato que examinamos no hay explotación agrícola por el arrendatario, se aplica esta norma, y en consecuencia no se trataría ya de una arrendamiento".
En palabras precisas: ENDESA no arrendó el terreno de Quipaiñán para usarlo con fines agrícolas, sino para constituir una servidumbre de camino y, por ende, cambió la finalidad del predio. Adicionalmente, al hacerlo constituyó un gravamen que requería autorización previa de Conadi.
La duda jurídica estaba despejada.
A juicio del abogado, esto traía dos consecuencias inmediatas: a) que si no es arrendamiento (el contrato) no cabría dentro de la excepción del Artículo 13 de la Ley 19.253, que sólo libera de autorización de la conadi a aquellos actos. En efecto, sería otro contrato, o uno innominado que establece un gravamen, y requeriría, por ende, la autorización de la conadi, ya que sólo los contratos enumerados en el inciso 2° del artículo 13 no lo necesitan y, b) se aplican las normas de la mediería y aparcería, que evidentemente exigen cultivos y explotación agrícola. Y como tal no es el caso, no se cumpliría la Ley.
A igual importante conclusión habían llegado los abogados de conadi en su informe preliminar. Sin embargo, la valiosa síntesis del jurista Rene Abeliuk, por provenir precisamente de un calificado profesional externo, no vinculado de modo alguno a conadi, dio a su informe una connotación objetiva necesaria para que la totalidad de los miembros del Consejo asumieran la verdad irredargüible de que la Ley Indígena había sido gravemente afectada por endesa. Esto incluyó, inevitablemente, al conjunto de los Consejeros: Indígenas, Subsecretarios de Gobierno, representantes del Presidente de la República y Director Nacional.
El extenso análisis jurídico abordó también otro capítulo de temas que se relacionan con las Servidumbres Administrativas y su correspondencia con la Ley Eléctrica. Persiste en el escenario del tema Ralco la eventualidad de una severa controversia jurídica entre la Ley Indígena y la Ley Eléctrica. En cierto modo, la forma de resolver dicha controversia será muy relevante para el futuro de las relaciones entre el movimiento ciudadano indígena y el Estado. Por otra parte, la simulación de una forma de servidumbre a través de un contrato de arrendamiento de un predio rústico que cambia su destino, tiene como contenido las características propias de una concesión eléctrica. Esto había sido detectado por el equipo jurídico de conadi que había concurrido al Alto Bío Bío en el mes de mayo de 1998 en la inspección técnica correspondiente. Al respecto el abogado Abeliuk informó claramente que la Ley General de Servicios Eléctricos contempla sólo servidumbres y ninguna otra forma para imponer limitaciones a los predios afectados por la construcción de una represa. Y acota de manera determinante: Para nada esta Ley contempla los arrendamientos.
En el capítulo XI del Informe Abeliuk (Otras consideraciones) se abordó finalmente lo obrado por endesa en Quepuca Ralco. Al respecto señaló:
"En la solicitud de concesión definitiva de líneas eléctricas para la central hidroeléctrica Ralco, publicada en el Diario Oficial del 2 de enero de 1998, Endesa dijo: para los efectos de las servidumbres que se impondrán, se adjunta la lista de propiedades afectadas y 29 planos especiales de servidumbres, y en la "lista de servidumbres" figura al final: "Juan Antonio Quipaiñán Piñaleo; María Luisa Quipaiñán Piñaleo, Hijuela 69, Quepuca Ralco, área 4.800 M2, Subestación. Esto se refiere a las líneas eléctricas, pero para la construcción. La solicitud de concesión definitiva de la central misma se publicó en el Diario Oficial del 15 de abril de 1998. En ella se dijo:
"Las obras ocuparán las propiedades que se indican en la siguiente tabla, con el nombre del respectivo propietario. En las propiedades particulares se deberán constituir servidumbres en conformidad al DFL antes citado."
"Con el Nº 66 en la lista se indica "Quipaiñán Piñaleo María Luisa; Quipaiñán Piñaleo Juan Antonio. Hijuela 69, Quepuca, Alto Bío Bío, Sector Palmucho, Comuna de Santa Bárbara, 45,60 hectáreas de superficie afectada (que es la superficie total del predio).
"Pues bien, si el peticionario (endesa) entiende que debe constituir servidumbre en conformidad a la Ley Eléctrica, es obvio que con mayor razón debemos concluir lo propio, quienes estimamos que no es el arrendamiento la fórmula adecuada para estos efectos, y menos cuando con ello se afectan tantas disposiciones legales citadas. Reafirman también lo señalado las cláusulas mismas del arrendamiento, a que nos hemos referido y que tampoco corresponden a este tipo de contratos.
"a) Desde luego, porque en este caso la renta de arrendamiento se paga anticipada por todo el período del arriendo. Ello es obviamente posible en los contratos de arrendamiento, pero no es lo normal. Unido a todos los demás elementos señalados, permiten concluir que esta suma es la indemnización de la servidumbre, y no una renta de arrendamiento".
Cabe destacar que, previamente a este conclusión del consultor, los abogados de conadi, en mayo de 1998, es decir, dos meses antes del Informe Abeliuk, habían llegado exactamente a iguales resultados luego de examinar el contrato suscrito entre ENDESA-Quipaiñán. Rene Abeliuk establece:
"b) Los usos del predio no son los de un arrendamiento de predio rústico, sino corresponden exactamente a las facultades que la servidumbre eléctrica establece para el concesionario en el DFL 1 citado.
"c) El arriendo incluye otros retazos de terrenos a determinarse.
"d) No está para nada claro lo que ocurre al término del arriendo, pues como se ha señalado en este Informe, quedan subsistentes los permisos y autorizaciones a que se refiere la clausula 3, donde ellos tampoco se contemplan. Pero, además, tampoco está claro cómo queda afectado el predio mismo una vez que la represa esté construida, elemento que sólo quedará totalmente definido a la extinción del arriendo".
En sus Conclusiones, el jurista termina señalando que el caso analizado corresponde, entonces, a una servidumbre y que, por tanto, "la figura del arriendo no es la que correspondía". Ergo: endesa había incurrido en una importante falta.
"Se trata de una servidumbre.
"De acuerdo a lo señalado, de que la calificación de las partes no define la naturaleza jurídica del acto, estimo que éste es realmente una servidumbre. Ahora bien, sin necesidad de pronunciarse respecto a si la servidumbre establecida en la Ley Eléctrica es legal y sujeta a lo que se ha dicho en este informe, la que se ha pactado es obviamente convencional y, por ende, habría requerido todas las autorizaciones correspondientes, y entre ellas la de Conadi. Es cierto que en las llamadas servidumbres administrativas no siempre es posible distinguir el predio dominante, y en tal caso puede no ser propio hablar de "servidumbre". Pero, tratándose de una central hidroeléctrica este problema no se da.
Cabe señalar que los objetos del arrendamiento en examen coinciden con los de la Ley Eléctrica para las servidumbres que ella reglamenta, e incluso una es claramente una servidumbre de tránsito. Además, para los efectos que nos interesa no cabe duda que el predio sirviente sufre un gravamen, por lo cual, de todos modos se le aplicaría el artículo 13 déla Ley Indígena".
La conclusión de Rene Abeliuk, experto externo consultado por el Consejo de la Corporación, es tajante y decisiva para el debate del 23 de julio de 1998:
"Como consecuencia de todo lo dicho puedo contestar que, en opinión del suscrito, el contrato examinado (endesa - familia Quipaiñán Piñaleo), no constituye un arriendo sino que una servidumbre voluntaria, o en todo caso, un gravamen sobre el predio supuestamente arrendado, por lo que requiere la automación de Conadi".
El jurista en todo caso diferencia su conclusión estricta sobre la naturaleza jurídica de dicho contrato, de su opinión particular respecto de la central Ralco propiamente tal. Al respecto dice que "Esto corresponde a una planificación nacional de antigua data, y que es el pivote energético en que se asienta gran parte del desarrollo y crecimiento del país. Y es por ello -dice- que deben respetarse escrupulosamente las leyes que se han ido dictando para evitar o paliar los inconvenientes que se le critican a esta planificación". Por cierto, en este contexto de simpatía personal por el proyecto Ralco, es aun mucho más notable para la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, conadi, el hecho de que el jurista Rene Abeliuk haya efectuado su riguroso análisis con entera imparcialidad, profesionalismo y convicción jurídica, lo que en su momento, durante el debate del Consejo Nacional del 23 de julio fue reconocido por los Consejeros Nacionales y así se le expresó al prestigioso profesor en Derecho y ex-Ministro de Estado del Presidente Patricio Aylwin.
Abeliuk asiste al Consejo Nacional del 23 de julio
Los Consejeros Nacionales habían recibido el Informe de Rene Abeliuk y cada uno lo había analizado en profundidad. El Consejo Nacional se reunió en el Ministerio de Bienes Nacionales el jueves 23 de julio de 1998. Concurrió especialmente invitado el experto legal. También asistió en pleno el equipo jurídico de conadi integrado por el Fiscal Carlos Vargas, la abogada Sandra Jelves, de Temuco; el abogado Egon Matus de la Parra, de la Dirección regional de Cañete y el abogado Sergio Oliva, profesional de apoyo externo.
La sesión se inició con una extensa exposición de parte del abogado Abeliuk acerca de su informe. Los Consejeros le formularon diversas preguntas y luego, se abrió el debate respectivo.
En términos generales, de acuerdo al Acta oficial de la Sesión del 23 de julio de 1998, los Consejeros llegaron a la conclusión de enviar un oficio a endesa, solicitándole dejar sin efecto el contrato suscrito con la familia Quipaiñán Piñaleo y paralizar las obras puestas en ejecución en Ralco. El Consejo acordó otorgarle a endesa un plazo de cinco días, el que culminaría el miércoles 29 de julio de 1998. De igual modo, el Consejo acordó recibir sólo hasta ese día nuevas solicitudes de permutas y toda documentación complementaria que fuere pertinente, luego de lo cual no se daría por aceptado ningún nuevo documento. En todo este procedimiento se actuó con la plena unanimidad del Consejo. Es importante destacar este antecedente pues ello implicó la aprobación respectiva por parte de los Subsecretarios representantes del Gobierno y de quienes representan al Presidente. En síntesis, se actuó con su total acuerdo.
De este modo, el Consejo se preparó para entrar a la resolución de los temas de fondo y de forma relacionados con Is permutas de tierras. Para dicho efecto, fijó los días jueves 6 y viernes 7 de agosto de 1998 como fechas para dar inicio al procedimiento de resolución de permutas. Acordó que la sesión se llevaría a efecto en la ciudad de Concepción, en la VIII Región.
A las 10:17 horas del viernes 24 de julio, el Director Nacional de conadi ingresó a la oficina de partes de Endesa en Santiago, el Oficio Nº 328, en donde dio a conocer a los ejecutivos de esta empresa las decisiones adoptadas por el Consejo Nacional. Dicho oficio señalaba lo siguiente:
"Sres. ENDESA,
De nuestra consideración,
El Consejo Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, conadi, reunido en la ciudad de Santiago, el jueves 23 de julio de 1998, ha dispuesto informar a Ud. el siguiente acuerdo:
1.-E1 Consejo Nacional ha resuelto iniciar el procedimiento de resolución definitiva de las solicitudes de permutas y constitución de servidumbres, ingresadas a esta Corporación por intermedio de Endesa y relacionadas con el proyecto Central Hidroeléctrica Ralco, a partir del día jueves 6 de agosto de 1998.
2.-Para dicho efecto, el Consejo ha resuelto establecer como último día para el ingreso de nuevas solicitudes, tanto de permutas como de servidumbres y documentos anexos relacionados con las solicitudes referidas, el día miércoles 29 de julio de 1998.
3.-E1 Consejo Nacional ha resuelto además solicitar a Endesa efectuar las acciones pertinentes a fin de resciliar o dejar sin efecto el contrato de arrendamiento suscrito entre Endesa y los hermanos Juan Francisco y María Luisa Quipaiñán Piñaleo, toda vez que, habiéndose tomado conocimiento de su existencia, y previo el análisis jurídico de rigor, se ha concluido que tal acto jurídico vulnera la Ley 19.253, por cuanto se han obtenido a través de éste, los efectos propios correspondientes a una servidumbre voluntaria que no ha sido autorizada por esta Corporación. Al mismo tiempo, se solicita a Endesa poner término de inmediato a las faenas que actualmente se ejecutan dentro del predio indígena. Lo anterior, se hace extensible a los demás contratos de arrendamiento de similares características.
4.-E1 Consejo Nacional ha resuelto otorgar un plazo perentorio de 5 días a contar de la fecha de notificación del presente acuerdo, para dar cumplimiento a lo solicitado en el punto anterior, dejando establecido que, en caso contrario, esta Corporación, en ejercicio de las facultades que le otorga el Artículo 39 de la Ley 19.253, deberá ejercer las acciones legales pertinentes.
Lo que pongo en su conocimiento.
Firmado: Director Nacional de Conadi".
A través de un comunicado escrito se informó de este acto soberano a todos los medios de prensa. Se cumplió así la resolución del Consejo de notificar a endesa de las irregularidades cometidas.
En los días posteriores autoridades de mideplán sostuvieron una reunión con abogados de endesa, a quienes indicaron la necesidad de reforzar la documentación agregando los antecedentes complementarios que faltasen a objeto de que las solicitudes fuesen acogidas a trámite.
El lunes 27 de julio el Director de conadi se reunió con el Ministro de mideplán en donde se efectuó un extenso análisis del tema Ralco y de los escenarios probables. El martes 28 de julio viajó a Temuco y sostuvo otra extensa reunión de trabajo con el equipo jurídico de conadi en la tarea de supervisar la prepararación de las carpetas con la documentación de resumen de las solicitudes de permutas de tierras.
El miércoles 29 de julio asistió a La Moneda a una reunión con los Ministros Brunner (Secretario General de Gobierno), Germán Quintana (Mideplán) y el Subsecretario Sergio Galilea (Secretaría General de la Presidencia). La preocupación por el procedimiento de resolución de permutas y su aprobación ya estaba instalada en el Ejecutivo con intensidad.
La conversación fue indicando que habría posiciones diferenciadas en el tratamiento de fondo de tales solicitudes. Al Director de conadi le asistía la certeza de que el Informe Jurídico de la Corporación era correcto y que no sería posible aprobar dichas solicitudes. Las autoridades presentes estimaron que, en el caso a caso, habría solicitudes que cumplen las formalidades indicadas por la Ley Indígena y que podrían ser aprobadas. El Director señaló que aun en aquellos casos que reuniesen las formalidades mínimas, los efectos que la relocalización tendrá para la sustentabilidad definitiva de las familias pehuenches resultarían precarias y de difícil superación para siempre. Por lo tanto, en tales condiciones, los aspectos de forma no dan cuenta de los problemas de fondo y por ello, tales solicitudes no eran aceptables. Señaló además que dado que endesa había incurrido en una grave infracción a la Ley Indígena, confirmado por dos informes jurídicos, uno de ellos solicitado por el propio Gobierno, era necesario impetrar una demanda legal en contra de la empresa.
Se llegó de este modo a un punto de conversación en donde fue evidente la diferencia de opinión entre el Director de conadi y las autoridades presentes en la reunión.
La conversación se hizo más compleja, pues el Director tenía conocimiento de reuniones previas, privadas, que se estaban llevando a cabo con los Consejeros Mylene Valenzuela y Cristian Vives, y le asistía la preocupación en cuanto a que se les pudiese hacer renunciar... Señaló entonces a las autoridades que compartía con dichos Consejeros las mismas certezas y convicciones, y que sería una muy mala señal política para el mundo indígena su salida del cargo de Consejeros Nacionales de conadi, estando a muy pocos días del histórico Consejo Nacional del 6 y 7 de agosto.
Lo que no sabía el Director de conadi es que a primera hora de la mañana de ese mismo día, el Consejero Cristian Vives había sido invitado a presentar su renuncia. Y que lo mismo acontecía al mediodía con la Consejera Mylene Valenzuela. De ambos hechos sólo tomó conocimiento en la media tarde del 29 de julio, oportunidad en la que llamó por teléfono al Ministro Quintana para presentarle su protesta por estas renuncias prácticamente obligadas y su preocupación por los efectos que esto implicaría para la conadi y sus relaciones con el mundo indígena. Acto seguido, le informó al Ministro que había enviado con carácter de urgente un oficio a La Moneda solicitando una audiencia con el Primer Mandatario para antes del Consejo del 6 y 7 de agosto, a objeto de informarle personalmente y con el equipo jurídico de conadi, de la real situación existente en el Alto Bío Bío. El Director mantuvo hasta el último minuto del 5 de agosto de 1998 la esperanza de que el Presidente le recibiera junto a los abogados de conadi...
A los medios de prensa diría, luego de su obligada renuncia, que tenía la certeza de que el Presidente escucharía sus planteamientos y que habría dispuesto las medidas para corregir los graves problemas de fondo detectados y comprobados.
Sin embargo, la situación se mezcló con un intempestivo cambio de gabinete que copó, por cierto, las preocupaciones del Primer Mandatario, todo lo cual hizo imposible la urgente audiencia solicitada. Agravó la situación el hecho de que asumieron nuevos Ministros en el área política del Ejecutivo, Raúl Troncoso (DC) en Interior; Jorge Arrate (PS) en la Secretaría General de Gobierno y John Biehí (DC) en la Secretaría General de la Presidencia. Los tres Ministros asumieron sus cargos y entre sus temas prioritarios, puestos en su agenda por los Subsecretarios respectivos y autoridades de mideplán, estaba el conocimiento de los hechos relativos al tema Ralco, la situación del Consejo de conadi y a esa altura, las dificultades de no poder contar con el voto favorable del Director de conadi, para hacer aprobar las solicitudes de permutas.
Coincide que los tres ministros nuevos, ciertamente, desconocían en su absoluta totalidad los antecedentes del tema y su principal preocupación política es dar una inmediata imagen de coherencia institucional: conadi sería el ejemplo más inmediato y urgente de estas medidas. Arrate (PS) lo reconoce con varios días posteriores a la crisis desatada por Mideplán en conadi, cuando da por aceptado que si se cometió un error político con la renuncia del Director de conadi, ello era inevitable...
El destino y la suerte de la Corporación fue echada con la misma oportunidad del cambio de Gabinete, sumado al hecho de que el Presidente no pudo conceder la audiencia solicitada por el Director de conadi. A la situación hay que agregar un viaje del Ministro Germán Quintana a Portugal, precisamente, en los días más complejos que enfrentaba la conadi, con lo cual las gestiones políticas del caso quedaron en manos de dos Subsecretarios: Sergio Galilea, de la Secretaría General de la Presidencia y Antonio Lara, en calidad de Ministro subrogante de Mideplán.
En la tarde del 29 de julio se cumplió el plazo dado por el Consejo Nacional de conadi a endesa para dejar sin efecto el contrato de arriendo con la familia Quipaiñán Piñaleo y paralizar las obras en Ralco. Diversos medios estaban expectantes pues se entendía que endesa debía cumplir con lo exigido por conadi.
Mientras tanto, decenas de personas acudieron hasta Ralco para comprobar si endesa acataría lo ordenado legalmente por conadi.
Antes de las 17:00 horas del 29 de julio, al final del plazo dado por conadi, la endesa ingresó dos oficios a la Corporación en la Dirección Nacional de Temuco: 1) el Oficio 229 y 2) el Oficio Nº 373. A continuación declaró su "satisfacción respecto a que el Consejo Nacional haya acordado iniciar, a partir del 6 de agosto de 1998, el procedimiento de resolución definitiva de las solicitudes de permutas y constitución de servidumbres ingresadas a Conadi a contar del mes de agosto de 1998".
En el párrafo principal de su Oficio 229, y en relación a nuestra solicitud concreta de dejar sin efecto el contrato de arriendo suscrito con Juan y María Luisa Quipaiñán Piñaleo y paralizar las obras en Ralco, la empresa señaló que "no obstante no estar de acuerdo con la calificación de servidumbre voluntaria que el Consejo ha efectuado respecto de los contratos de arriendo, Endesa, sin renunciar a su posición jurídica y con el propósito de evitar cualquier mala interpretación que pudiera derivarse de la decisión de suscribir en su oportunidad dichos contratos, ha decidido someter su contenido a la autorización de la Conadi, para lo cual consideramos que, una vez obtenida dicha autorización, las partes suscriptoras de los contratos, junto con el representante legal de Conadi, podrían suscribir una escritura modificatoria o aclaratoria sobre el particular. Lo anterior permite evitar una confrontación en cuanto a la interpretación jurídica de dichos contratos, situación que se podría prolongar en el tiempo, sin una solución concreta al problema existente en perjuicio de todas las partes. A su vez, en cuanto a una eventual resciliación, no podríamos pronunciarnos, toda vez que no hemos advertido una manifestación de voluntad de nuestros co-contratantes en tal sentido".
En resumen: Endesa informaba de su negativa a dejar sin efecto el contrato señalado y, por otra parte, manteniendo su criterio jurídico favorable al contrato de arriendo, informaba que ahora sí, solicitaría la autorización respectiva a la Corporación; esto es, tres meses después de iniciadas las obras y a pesar de existir dos informes jurídicos negativos, el del equipo de abogados de Conadi y el del experto externo Rene Abeliuk.
El segundo documento es un oficio conductor con el resumen de nuevos antecedentes y documentos complementarios a las solicitudes de permutas. Se trata de un oficio de la Gerencia del proyecto Ralco con el número 373, fechado al 29 de julio de 1998, en donde se informó de la incorporación de documentación complementaria a las solicitudes de permutas, consistente en certificados notariales en donde se verifica la infraestructura existente en las parcelas que se señalan en los fundos El Barco y El Huachi; copias de contratos de construcción de las referidas infraestructuras; copias autorizadas de boletas bancarias de garantía relativas a casas e infraestructuras pendientes o en actual construcción en los fundos El Barco y El Huachi, emitidas a favor de personas pehuenches contratantes de las promesas respectivas; escritura pública de poder mediante la cual el Directorio de endesa faculta, irrevocablemente, a los Seremis de Agricultura y Bienes Nacionales de la VIII Región, "para que cualquiera de ellos, en representación de la compañía, suscriba los contratos de cesión y transferencia de bien raíz a favor de personas pehuenches, consistentes en la devolución de saldos de terreno y un certificado en relación a la capacidad de contratar del señor Segundo Alamán Huenchucán". El señor Alamán es una persona muy mayor de edad, ciego y sordo, que no sabe leer ni escribir y que firmó la permuta a ruego, es decir un familiar firmando por él...
De ambos documentos la Dirección de conadi envió inmediata copia por correo expreso a los miembros del Consejo Nacional. Pero en lo sustantivo, el oficio 229 de endesa dejaba entender claramente que la empresa no paralizaría las obras y que al no contar con la manifestación de voluntad del co-contratante (la familia indígena) no podía cumplir con nuestra solicitud.
En el Alto Bío Bío, mientras tanto, se encontraba una determinada cantidad de personas, concentrada a la espera de los acontecimientos. Querían comprobar por sí mismos si endesa paralizaría las obras. La tensión en la zona recién se iniciaba.
El jueves 30 de julio el Director de conadi se reunió en privado con el Arzobispo de la Iglesia Católica de Santiago, Monseñor Francisco Javier Errázuriz. En la confidencia del encuentro le narró todos estos acontecimientos y le presentó un resumen general de la situación de Ralco, le explicó los procedimientos aplicados por endesa y las dificultades que encuentra la aplicación de la Ley Indígena frente a los megaproyectos. Monseñor Errázuriz escuchó con respetuoso silencio el extenso relato que le presentó el Director Nacional; solicitó más antecedentes y confidenció sus propias preocupaciones sobre estas delicadas materias. Como la reunión fue privada su contenido sólo permanece en la reserva de quienes conversaron. A la salida de la audiencia, que duró una hora, el Arzobispo de Santiago, saludó y despidió afectuosamente al Director de Conadi.
En la tarde del mismo jueves 30, el Director se reunió con consultores expertos en temas ambientales (técnicos y profesionales de nivel académico y consultores de gran experiencia y prestigio), con quienes pudo compartir una completa visión de los hechos relacionados con Ralco, la demanda energética del país y los proyectos en desarrollo, más sus implicancias en la Ley Indígena, confirmando de este modo, muchas de sus aprensiones frente al proyecto.
El viernes 31 de julio, desde Mideplán, el Ministro subrogante le hizo llegar copia de un oficio interno de la Fiscalía del Ministerio en donde se declaraba inhábil la ciudad de Concepción para la sesión del Consejo del 6 y 7 de agosto, aludiendo fundamentalmente al hecho cierto de que al no existir sede de conadi en dicha ciudad, los acuerdos del Consejo pudiesen ser impugnados legalmente a posterior. En precaución de esa posibilidad, aunque fuese remota, el Subsecretario Lara solicitó trasladar la sesión a Santiago. Para dicho efecto, el Director le señaló que debía consultar la opinión formal, por escrito, de todos los Consejeros Nacionales, lo que se hizo por distintos medios: fax, teléfono, telegrama, etc.
Paralelamente, a través de un comunicado de prensa se informó desde mideplán del nombramiento de los dos nuevos Consejeros Nacionales en reemplazo de Mylene Valenzuela y Cristian Vives. Se trataba del abogado Rodrigo González (PS), asesor jurídico en la Secretaría General de la Presidencia y de Hernán Correa (DC), ingeniero del Banco del Estado, con lo cual el Ejecutivo completaba una votación segura de 8 consejeros (cinco subsecretarios y tres representantes presidenciales), respecto de 8 consejeros indígenas. El Director, en este recompuesto escenario, quedó como el voto dirimente del Consejo Nacional, según así lo establece el artículo 43 de la Ley Indígena.
Durante el día viernes 31 se trabajó intensamente en la oficina de la dirección nacional de conadi en Santiago, en la elaboración de un informe especial para el Ministro de mideplán. Dicho informe contiene un resumen cronológico de actividades relacionadas con el tratamiento del tema Ralco desde junio de 1997 a julio de 1998. La idea era que el Ministro contase con la información fidedigna de cuánto se había hecho en el Alto Bío Bío en este tema pues carecía de la historia previa. El informe fue entregado en su propio domicilio la noche del viernes 31 de julio. El Ministro, en tanto, en cumplimiento de deberes institucionales viajó a Portugal.
Durante este día, la Fiscalía de conadi había iniciado el despacho por correo expreso, a los Consejeros Nacionales, de las carpetas conteniendo la importante documentación-resumen de las solicitudes de permutas de 84 familias pehuenches.
El proceso de toma de decisiones había comenzado.
Principales efectos del informe Abeliuk
Por cierto, los directivos y abogados de la conadi acogieron con beneplácito el contundente informe de Rene Abeliuk. Se hacía justicia con su propia labor, pues se confirmaba en todo su ancho y profundidad su diagnóstico y juicio preliminar. Como bien acotó el jurista externo, estábamos ante una clara infracción por parte de endesa que afectaba de manera severa a la Ley Indígena y vulneraba las facultades legales de conadi.
Copias del mismo texto fueron analizadas con extrema rigurosidad por otros abogados: los de la Fiscalía de Mideplán, de la Secretaría General de Gobierno, de la Sub-Secretaría General de la Presidencia, por asesores del Ministro de Planificación; del Subsecretario de Bienes Nacionales... Se veía un asunto complejo y muy difícil. Era evidente que este daño a la Ley Indígena no sería desconocido por el Consejo Nacional de conadi y se preveía una dura y justificada reacción institucional hacia endesa.
El sábado 18 de julio de 1998, como ya se dijo, se realizó la reunión privada en el Palacio de La Moneda y se analizó la fórmula planteada por el propio jurista externo, en orden a recomendar al Consejo Nacional de la Corporación la notificación, por oficio, a endesa de esta irregularidad con la exigencia de dejar sin efecto el contrato de arriendo y paralizar de inmediato las obras en el Alto Bío Bío, otorgándosele un plazo breve a la Compañía Eléctrica.
En esta misma reunión se estimó que, desde el punto de vista político-jurídico lo más relevante era resolver el tema de fondo relativo a las solicitudes de permutas. En consecuencia, las autoridades presentes en la reunión convinieron también en poner en tabla, a plazo breve, la resolución de tales permutas. De hecho, días antes el Subsecretario General de Gobierno, Claudio Huepe, había adelantado a la prensa, de motu proprio que "en un plazo de dos meses la conadi debería resolver" el tema de permutas...
El Director de conadi salió esa mañana del sábado 18 de julio desde La Moneda con destino al aeropuerto y abordó un avión a Calama. Más de 250 dirigentes indígenas, de las distintas comunidades atacameñas de la segunda región, se reunirían por primera vez en su Primer Congreso Nacional de Pueblos Atácamenos. Compartiría con ellos tres días de trabajo, junto a los profesionales de la conadi de San Pedro de Atacama y de la Subdirección Nacional del norte. El Director inauguró el Congreso esa noche en la concurrida plaza de Chiu Chiu, con una importante presencia de autoridades, y en parte de su reflexión le dice a los dirigentes de las comunidades indígenas reunidas que se acercan tiempos muy difíciles; que la Ley Indígena está siendo probada con extrema intensidad.
"¿Por qué estamos aquí, en Chiu Chiu? Ustedes vienen desde lugares muy remotos. Pero esto no es sólo un asunto de distancias. Ustedes vienen desde largas injusticias y después de atravesar por muchas discriminaciones. La Ley Indígena fue aprobada por la unanimidad del Congreso Nacional para ustedes, sus hijos, sus familias, pero sobre todo para promover y defender su cultura y sus valores.
"Estamos aquí, en esta noche de Chiu Chiu, porque queremos re-encontramos. Entre ustedes primero, porque han pasado muchos años sin reflexionar en común sobre su presente y su futuro. Por eso esto es el Primer Congreso del Pueblo Atacameño. En mayo, en 1997, fue el Primer Congreso de las Comunidades Aymara. En noviembre, de 1997, fue el Congreso Nacional del Pueblo Mapuche. Hace poco, en Magallanes, fue el reencuentro de las comunidades Kawhaskar. Estamos aquí para compartir dolores y esperanzas, para organizamos mejor, para que la sociedad nos conozca y nos escuche mejor.
"Estamos aquí para que Chile los reconozca realmente como parte de su cultura y de su patrimonio. Tenemos una Ley que es de Uds. Confíen en la Ley. Confíen en la conadi. Nosotros tenemos un compromiso con Uds., con su historia y con su cultura. Confíen en los caminos de la paz y del diálogo..."
¿Por qué endesa tomó el camino de vulnerar las facultades de conadi y afectar el Artículo 13 de la Ley Indígena?
Hay una posible explicación más política y económica que jurídica. Para endesa existe un calendario de construcción que tiene estrecha relación, por cierto, con los capitales invertidos y por invertir. En realidad, esta obra debió haber comenzado en agosto de 1997, a más tardar, según se desprende de declaraciones públicas del ex Gerente de Ralco, Gastón Aigneren, que salió del cargo mientras transcurre el escándalo de la venta de Chispas a endesa España.
Los primeros informes sectoriales sobre Ralco en el ámbito gubernamental no fueron positivos. Este proyecto fue sometido a dos importantes "ventanillas" sectoriales: la Ley 19.300 del Medio Ambiente y la Ley 19.253 de Pueblos Indígenas, al tratarse de una obra que afecta territorio y comunidades indígenas.
La autoridad gubernamental aplicó primero las normas de certificación ambiental. Comenzó con la Ley 19.300. Es decir, procuró despejar las relevantes limitaciones ambientales del proyecto. En el estudio de este tema intervinieron tres Directores de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, Conama: José Goñi, quien se alejó del cargo para asumir como diplomático en el extranjero. Le reemplazó Viviano Blanlot. Bajo su gestión la Conama fue determinando diversas recomendaciones al proyecto Ralco y en junio de 1997, finalmente, lo dio por aprobado.
Esta resolución, apelada posteriormente por endesa, implicó importantes reacciones del mundo indígena. La sede de conama fue ocupada por indígenas y ambientalistas de Santiago. También fueron ocupadas las sedes de Conadi en Santiago, Temuco e Iquique. La aprobación ambiental de Ralco abrió las primeras heridas...
En este contexto Vivianne Blanlot tuvo que dejar el cargo de Directora de conama y fue reemplazada por Rodrigo Egaña, proveniente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. A Egaña le correspondió hacerse cargo de la apelación presentada por endesa al fallo de conama, el que fue ratificado en parte sustancial por el Consejo de Ministros de conama un par de meses después, con lo que el Proyecto Ralco quedó absolutamente aprobado en términos ambientales.
En el caso de conadi, la situación tenía otras aristas. Los informes de la Corporación en 1996 relativos al Proyecto Ralco fueron negativos. En marzo de 1997, la Dirección Nacional de conadi emitió un nuevo informe negativo hacia el proyecto calificándolo además de "ilegal".
El Director Nacional de ese entonces, Mauricio Huenchulaf, se reunió con los Pehuenches en Ralco, junto con los Consejeros Nacionales Indígenas; les informó sobre lo resuelto y adelantó su propia opinión sobre la materia, manifestando su rechazo al Proyecto. Cuatro semanas después, el 22 de abril de 1997, tuvo que dejar su cargo en un marco ambiguo de imputaciones administrativas y conflictos internos en conadi... Lo cierto es que para el movimiento indígena esto era la primera señal de intervención de conadi.
Apreciación personal de estos hechos
El 22 de abril de 1997, semanas después de estos acontecimientos protagonizados por el Consejo Indígena y el Director institucional en Ralco, el Gobierno destituyó a los tres principales directivos de conadi, el Director Mauricio Huenchulaf, el Subdirector Sur, Víctor Hugo Painemal y al Fiscal de la Corporación, Nelson Zúñiga.
Se informó a la opinión pública que estos cambios obedecían a la necesidad de producir un reordenamiento de la institución, debido a complejos desórdenes internos, conflictos personales y políticos entre directivos e importantes deficiencias orgánicas. El cuadro de conadi no era alentador para el Gobierno y tampoco lo era para el mundo indígena.
En ese contexto, el reemplazo de Huenchulaf implicaba nombrar a un director con perfil profesional, con experiencia política nacional y con mayor capacidad en la gestión gubernamental. Por cierto, se necesitaba que el nuevo Director pudiese manejar adecuadamente las múltiples relaciones con las autoridades de gobierno, especialmente del nivel central.
Este reemplazo no fue fácil pues se realizó en medio de una tensión muy importante, especialmente en la zona sur. Los directivos fueron destituidos en muy pocas horas y el nombramiento del nuevo Director no demoró más de 48 horas, luego de intensas gestiones llevadas a cabo por el Subsecretario Sergio Galilea, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. El tercer recambio demoró tres meses...
En honor a la verdad, asumir el cargo de Director Nacional de conadi no fue una decisión fácil. Y deseo referirme en términos personales a ello en este capítulo. Las informaciones disponibles sobre el Proyecto Ralco y lo sucedido en la conama, indicaban que la endesa había copado importantes niveles de influencia en el aparato gubernamental. De hecho, los directivos de Servicios Públicos que habían dado señales "negativas" o que habían presentado "diferencias insalvables" fueron removidos de sus cargos. Esto implicaba escaso margen de maniobralidad para ejercer funciones públicas con la debida seriedad política que cada caso revestía. La situación del mundo indígena era muy compleja. Había aumentado su desconfianza hacia el Gobierno; había disminuido su credibilidad hacia las políticas públicas indígenas... Las comunidades se sentían abandonadas... Y sin el suficiente respaldo político, cualquier Director que reemplazase a Mauricio Huenchulaf, quien ya venía con una carga de críticas muy fuertes por parte del mundo indígena, no estaría en condiciones de responder de manera eficiente.
Dado que el cargo de Director de conadi estaba siendo ocupado por un militante del Partido Por la Democracia (PPD), en el marco de los equilibrios internos de la alianza, correspondía que otro militante del PPD asumiese. Eso apuntó entonces a muy pocos nombres en el PPD, puesto que el Partido estaba recién iniciando un proceso interno de convocatoria a la militancia indígena y ya se había constituido una incipiente Comisión Nacional Indígena, pero no era suficiente.
Siendo Asesor del Ministro Ricardo Lagos, en la tarde del jueves 24 de abril de 1997, la agenda del Ministro permitió cerca de las 19:00 horas una tranquila y reservada conversación sobre esta materia, dado que en tanto colaborador del Ministro, era indispensable conocer su parecer ante la insistencia de varias autoridades de La Moneda y de Mideplán, Ministerio que a esa altura del proceso ya estaba al frente de la operación de recambio.
Es importante destacar la extraordinaria sensibilidad del Ministro Lagos ante la materia indígena. Durante la conversación, rodeada de un clima de respeto y afecto, y luego de analizar los pro y los contra de este difícil paso, y después de adoptar la decisión correspondiente, de colaborar con nuestras autoridades en asumir esta tarea, llamé entonces al Ministro Roberto Pizarro (PS) y le comuniqué que estaría en su despacho a las 16:00 horas del viernes 25 de abril.
Esa noche del jueves 24 de abril, redacté una nota personal al Subsecretario Sergio Galilea, militante del PPD y con quien compartíamos tareas comunes en la Dirección Nacional del Partido. Galilea había realizado las principales gestiones internas encaminadas
a mi nombramiento en el cargo de Director de conadi y me pareció adecuado presentarle una reflexión por escrito que a la postre, con el paso del tiempo, resultó ser una evaluación anticipada de lo que venía por delante. En parte le escribí esa noche lo siguiente:
"Todos los observadores que he consultado coinciden en señalar que estamos asistiendo a una fase de término de las relaciones establecidas en el Acuerdo de Nueva Imperial de 1989. Es más, en la reciente Asamblea racional Mapuche de Temuco, que concluyó antes de ayer (21 de abril de 1998), ya se habla en sus conclusiones de la fase Nueva Imperial-Ralco, como el paradigma del proceso de crisis de la relación indígenas-Gobierno.
"En los temas que le son más sensibles, como el de la propiedad de la tierra, lo que perciben es que se han ido sumando nuevos conflictos y que los antiguos permanecen pendientes y sin resolución eficaz. Se suma a esto la percepción de que los megaproyectos, tales como el de Ralco, vienen a ser más bien la expresión de una manera de entender el desarrollo económico con prescindencia del elemento cultural y étnico, lo que es tremendamente sensible en el Alto Bío Bío.
"El panorama del mundo indígena, en consecuencia, es hostil en este momento. La recomposición de los acuerdos y el restablecimiento de las confianzas es una tarea enorme. Todas las opiniones consultadas coinciden en que el tema no se recupera con un simple cambio en la dirección de conadi. Los cambios tienen que ser globales en la estrategia de fondo y se requiere de parte del Gobierno una actitud nueva y un compromiso real de encarar, con sentido autocrítico, nuestras falencias como Gobierno en este tema.
"Las señales respecto de esto tienen que ser sin dudas ante el país: reconocimiento constitucional de los Pueblos Indígenas; la ratificación del Convenio 169 de la OIT; asignación de mejores recursos; involucramiento efectivo de los Ministerios, etc., entendiéndose que estas señales sólo ayudarán a recomponer el escenario de conversaciones, quedando pendiente la resolución de conflictos de propiedad que son los factores demostrativos de una nueva conducta y, ojalá, la recuperación de ciertos niveles de credibilidad y confianza.
"Sitúo el tema Ralco. Definitivamente este tema permitirá al mundo indígena acumular fuerza contestaría. Se le percibe como un símbolo. En la Asamblea de Temuco se ha hablado de la "tercera conquista", en referencia a su materialización. Y el tema comienza a tener efectos en la conadi : su Director expresa un tipo de planteamiento polémico sobre el proyecto. Y el efecto es su alejamiento. Así se percibe. Y para no ser menos, el Consejo aprueba una resolución que pone en riesgo la estabilidad de conadi, puesto que los Consejeros Indígenas anuncian anticipadamente su retiro del Consejo y con ello el quiebre del Acuerdo de Nueva Imperial, en caso de ejecutarse el proyecto. Ralco aglutinará importantes expresiones de entidades ecologistas del país y del extranjero; las comunidades indígenas verán en Ralco parte de su propia destrucción... La palabra etnocidio podría comenzar a ser un lugar común en la denuncia publica (...)
En el tema de los megaproyectos, particularmente en el caso Ralco, tiene que existir disposición a establecer condiciones, requisitos y medidas que impidan, en definitiva, que este Proyecto signifique la destrucción de los términos culturales y materiales del mundo indígena. Soy franco: sustancialmente este proyecto no debiera realizarse. Pero, la realidad política y económica está indicando algo distinto.
En consecuencia, el Gobierno tiene que anunciar la instalación de una Comisión Nacional de Diálogo, de muy alto nivel, que examine las implicancias del tema. Esta Comisión integrada por representantes gemimos de los Pueblos afectados y por personalidades sin discusión en el ámbito nacional, tiene que contar con facultades para establecer las condiciones de una negociación, avalada por el Gobierno y en particular por la Presidencia, en orden a que las compensaciones sean de tal naturaleza, que no quede duda alguna en el mundo indígena y en la sociedad, que Ralco es sólo un accidente y no un factor de destrucción de la simbología más trascendental indígena. Todo esto, destinado a cautelar que este Gobierno nuestro en particular, no sea juzgado en el mediano plazo, como el Gobierno que en el umbral del siglo XXI autorizó una obra que, en definitiva, trajo nuevos conflictos, violentó el alma de los Pueblos Indígenas y, lo que es más duro de comprender, que con esta obra borró el espíritu de los compromisos históricos logrados en Nueva Imperial. Cabe señalar que el Pacto de Nueva Imperial es único en la Historia reciente de Chile. Saber valorar este punto es importante.
"En lo personal y en lo político quiero mantener mi consecuencia con mi historia y mi compromiso en materia de Derechos Humanos. Como sabes, 17 años estuve al frente del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, y presidí muchas campañas del movimiento de Derechos Humanos. Continué bajo el Gobierno del Presidente Aylwin, en la Secretaría General de Gobierno, presidiendo la Comisión Asesora en DDHH. Es un tema que inspira mi vitalidad como hombre y como cristiano. Comprenderás entonces que no liaré nada que vaya en sentido contrario de este compromiso.
"Los Pueblos Indígenas me son muy queridos. Soy parte de su tradición y cultura, y tuve la oportunidad de educarme y de integrarme de manera distinta. Comprendo bien su realidad y me gustaría mucho que cambiara. No deseo asumir una responsabilidad tan compleja y difícil si en esto, como ha sucedido hasta la fecha, se ha descargado sobre conadi responsabilidades que -con creces- han excedido sus capacidades'.
"También quiero ser concreto: ante eventuales movilizaciones futuras de comunidades indígenas se precisará una conducta tremendamente cuidadosa de la fuerza pública. No estaré en condiciones políticas y morales de avalar actos represivos. Deberá emplearse todo esfuerzo de la autoridad, hasta el agotamiento, en orden a disminuir al máximo el factor de respuesta que no sea proporcional a la magnitud de los hechos que se pretende cautelar.
"Si luego de examinar esta nota de principios básicos, aun persiste en ti y en los Señores Ministros que estudian esta delicada situación, la idea de designarme en el cargo de Director de conadi, quisiera entenderlo entonces como una acuerdo formal con lo expuesto, más el memo de ayer jueves, relacionado con el desarrollo de conadi propiamente tal. De ser así, espero confiado en el Señor y en la capacidad política de nuestro Gobierno, poder hacer lo que esté a la altura de mis capacidades".
Redactada esta carta en la noche del jueves 24 de abril de 1997 fue entregada a primera hora del viernes 25, en La Moneda al amigo Sergio Galilea. Sobre la misma conversé días después con el Ministro Roberto Pizarro, a quien le entregué una copia reservada. A mediodía día del viernes se había resuelto mi nombramiento. Simultáneamente se informó a la prensa de la destitución de Mauricio Huenchulaf...
Las noticias provenientes desde Temuco no eran alentadoras. Dirigentes de diversas comunidades indígenas habían ocupado la sede de la Dirección Nacional en protesta por la destitución de Huenchulaf y habían firmado una durísima declaración descalificando el nombramiento del nuevo Director, al que motejaron como "yanacona" de Endesa...
Decirle a un descendiente indígena "yanacona" es una dolorosa ofensa, pues se trata de aquel indígena que se puso al servicio del conquistador español. O sea... un traidor a su pueblo. Para alguien procedente desde el mundo de los Derechos Humanos y con un intenso compromiso social, dicha declaración -firmada además por todos los Consejeros Nacionales Indígenas- fue una herida muy profunda. Creo que algunas autoridades nunca comprendieron el impacto que este hecho implicó en lo personal, aunque ahora está superado y con creces, pero visto en el tiempo, y ubicados en el escenario crítico de los sucesos de abril de 1997 esto era inevitable, a juzgar por el modo como la autoridad efectuó los cambios en la dirección de conadi. Todo ello, ciertamente, fue fruto de urgencias políticas del momento... Ralco estaba en el horizonte.
A las 16:00 horas del viernes 25 de abril de 1997, fui recibido por el Ministro de Mideplán Roberto Pizarro, Antonio Lara, Subsecretario, Alfonso Laso, Fiscal y otras autoridades del Ministerio, iniciándose una extensa reunión de trabajo. El lunes 28 de abril debía abordar un avión a Temuco y tomar posesión del cargo.
Ciertamente, la prensa regional en Temuco estaba lo suficientemente agitada esa mañana del lunes 28 de abril de 1997. En el aeropuerto de Temuco me esperaban funcionarios del Gobierno Regional con quienes nos trasladamos de inmediato a la Intendencia. Un amigo, el Intendente Oscar Eltit, fue el anfitrión durante tres difíciles días. En los meses siguientes brindaría un importante respaldo a la gestión regional de conadi.
Hasta la zona debió concurrir el Ministro Pizarro para parlamentar con los ocupantes de la sede de conadi. Logró establecer ciertos compromisos, pero los dirigentes no querían dejar la sede y continuaban sin aceptar al nuevo Director. En algún momento, desde el Ministerio del Interior surgieron instrucciones de "descomprimir" estos hechos y las Fuerzas Especiales de Carabineros de Temuco se aprestaron a actuar para desocupar la sede nacional.
En la tarde del martes 29 de abril me negué rotundamente a cualquier fórmula de desalojo policial, conducta que mantuve permanentemente en situaciones posteriores, y señalé que de hacerse efectivo retornaría de inmediato a Santiago sin asumir el cargo... La situación era crítica, porque alrededor de la ocupación de la sede de la Dirección Nacional en Temuco se estaban produciendo otras movilizaciones que estaban teniendo eco nacional e internacional. No obstante la orden de desalojar fue suspendida.
Los Ministros Brunner y Villarzú llamaron telefónicamente a la Intendencia regional para conversar con las autoridades sobre estos hechos. Señalaron su total respaldo al nuevo Director y la confianza de que contaría con todo el apoyo necesario para su gestión. Esa misma tarde en una concurrida e improvisada conferencia de prensa en Temuco declaré que "la sede de la conadi en Temuco, es la casa de los Pueblos Indígenas y que ellos pueden permanecer ahí el tiempo que lo estimen necesario, porque es su casa". Estimaba que era su derecho conversar a puerta cerrada sobre lo que acontecía en conadi. Era necesario además enviar una señal de concordia hacia los ocupantes indígenas y Consejeros de las Etnias.
El miércoles 30 de abril llegaron a Temuco el Subsecretario Antonio Lara y el Fiscal Alfonso Laso. La sede de conadi continuaba ocupada. En un momento de la mañana, resolvieron concurrir personalmente al lugar de la ocupación y parlamentar con los indígenas ocupantes. De la sede colgaban lienzos y mucha gente se movía alrededor. En medio de un agitado clima, Lara y Lazo lograron ingresar a la sede y luego de un cierto tiempo y en medio de insultos y alguna escaramuza de golpes tuvieron que regresar a la Intendencia con algunos resultados menores. El Subsecretario Antonio Lara (PDC) asumió esa decisión de enfrentar un clima difícil y hostil, tanto al momento de asumir yo el cargo de Director de conadi, como al momento de dejar dicho cargo, un año y tres meses después, cuando en Santiago, en la sede de conadi, fue el blanco de airadas reacciones de otro grupo numeroso de indígenas. En justicia, hay que señalar que Antonio Lara brindó siempre un sólido respaldo a mi gestión como Director de conadi, en todo lo concerniente al desarrollo administrativo de la Corporación, incluso en situaciones que afectaron a algunos de sus propios camaradas de partido (PDC) en actos administrativos irregulares, como fue el caso de la oficina de conadi en Santiago, en donde aplicamos severas medidas por situaciones irregulares ocurridas entre 1994 y 1996 y que afectaron a dos funcionarios militantes de su partido. Es en el tema Ralco, y en el modo de proceder en el momento más determinante de las decisiones de conadi, en donde el Subsecretario debió actuar con otros imperativos.
Al mediodía del miércoles 30 de abril fue posible, finalmente, asumir el cargo de Director Nacional de conadi en la sede de la Subdirección Nacional Sur, hasta donde llegamos, siendo recibidos cordialmente por los expectantes funcionarios de dicha subdirección. Por alguna razón, dicha sede no había sido ocupada por los dirigentes indígenas, de tal modo que fue posible efectuar ahí la sencilla ceremonia de asunción del cargo, que consistió en una conferencia de prensa, en donde el Subsecretario Antonio Lara dio a conocer el nombramiento y el nuevo Director dio a conocer los alcances básicos de su gestión.
A partir de ese momento, fue necesario recorrer un pedregoso e intenso camino para restablecer la confianza del movimiento indígena en la Ley, la conadi y el Gobierno, lo que significó recorrer el país, a lo menos, en dos ocasiones entre 1997 y 1998, sosteniendo intensos encuentros con dirigentes de todas las etnias y con unas 250 comunidades en terreno. En eso estábamos cuando se llegó al 5 de agosto de 1998, fecha en que las autoridades me solicitaron la renuncia, esta vez nítidamente por "diferencias insalvables" en relación al tema Ralco, abriéndose un nuevo período de tensiones, esta vez más profundas que las reacciones ocurridas en abril de 1997.
La crisis del 5 de agosto de 1998 y sus efectos
El lunes 3 de agosto se iniciaron los preparativos para coordinar la sesión del Consejo Nacional en Santiago, en la sede metropolitana. El martes 4 de agosto el Director viajó a Temuco para reunirse con el equipo jurídico. Se revisó a fondo el informe enviado a los Consejeros y el Director señaló su conformidad con el trabajo técnico realizado por el equipo jurídico. Estando en Temuco recibió una llamada del Ministro (S) Antonio Lara quien le citó a una reunión temprano, al día siguiente, miércoles 5 de agosto, en Mideplán, en Santiago.
Dicha reunión comenzó a las 09:30 am y sorpresivamente se hizo presente el Subsecretario General de la Presidencia, Sergio Galilea. En efecto, durante dos horas y media, con grados distintos de intensidad, las tres autoridades intercambiaron diversos puntos de vista sobre el tema de las permutas. Cerca del mediodía quedó claro que no había acuerdo en el procedimiento sustancial de tratamiento y que el informe jurídico de los abogados de conadi sería aprobado con los votos conforme de los ocho Consejeros Nacionales Indígenas y el voto dirimente positivo del Director Nacional de la Corporación.
En síntesis, nueve votos se impondrían ante los ocho votos de gobierno, con lo cual el Consejo aprobaría el Informe Jurídico de la institución y no daría por aprobadas las solicitudes de permutas.
Esta reunión fue decisiva para la suerte del Consejo Nacional que debía constituirse al día siguiente. La expectativa noticiosa ya estaba instalada. ¿Aprobaría la Corporación las solicitudes de permutas? ¿Se demandaría a endesa en los Tribunales?... Todo indicaba que la votación sería estrecha. De ahí la justificada expectación de los periodistas.
No obstante, la importancia de esta conversación en mideplán se relacionó con el modo de encarar la resolución de las diferencias establecidas. Para comprenderlo es necesario describir los contenidos esenciales de lo conversado.
No hay dudas en los Subsecretarios Galilea y Lara de los efectos políticos y financieros que la decisión del Consejo tendría para el proyecto Ralco. El punto de partida era que se trataba de un proyecto ya aprobado por las autoridades ambientales del Gobierno, y que así estaba comprendido en la certificación ambiental de conama. En consecuencia, no le correspondía a la conadi pronunciarse sobre el proyecto sino, fundamentalmente, sobre las solicitudes de permutas. Y si éstas cumplían con las formalidades mínimas, desaprobarlas podría significar incurrir en un acto institucional imposible de sostener legalmente. Si había solicitudes que no cumplían con tales formalidades ellas no tendrían que ser aprobadas, pero nada impedía que en vez de lo uno o lo otro, el Consejo pudiese pronunciarse sobre la significación de nuevas condiciones para mejorar la oferta de endesa, para lo cual la empresa estaría obligada a aceptar lo nuevo solicitado si es que quería ver aprobadas las permutas.
A este argumento político el Director respondió con el análisis jurídico efectuado por la Corporación. Esto es que si bien el proyecto cuenta con la aprobación de conama, para cumplir sus expectativas requiere de la aprobación de la Ley 19.253, es decir, de la conadi. En este caso no se trata de una ventanilla inserta en conama sino de una segunda ventanilla decisional. Así fue reconocido por lo demás en la propia resolución de conama en 1997, como veremos en el capítulo correspondiente al análisis del Proyecto Ralco. En consecuencia, la resolución de permutas es parte importante de la decisión final sobre el proyecto.
En segundo lugar, el extenso trabajo del equipo jurídico a lo largo de siete meses de labor, tanto en terreno como examinando la documentación pertinente, indicaba claras deficiencias de forma y de fondo en las solicitudes presentadas, todo lo cual hacía desaconsejable su aprobación, aun en el caso de aquellas solicitudes que cumpliesen el mínimo de condiciones. A modo de ejemplo, se citó el caso del Fundo El Barco, que no ofrece condiciones razonables de sustentabilidad permanente en el tiempo para una familia. En este caso, aun cuando la solicitud cumpliese las normas básicas, la familia quedaría condenada a una condición precaria de por vida.
Se argumentó entonces que el informe jurídico de los abogados de la Corporación era deficiente y que la información entregada a los Consejeros contenía errores importantes y que estaba incompleta. Al respecto se dijo en la reunión que tales errores -de existir podían ser evaluados y corregidos durante el transcurso de la tarde del miércoles 5 de agosto, entre los abogados de conadi y el Fiscal de Mideplán, para lo cual el Director pidió una reunión de trabajo a partir de las 15:00 pm., lo que se dio por aceptado.
Efectivamente, los abogados se reunieron y lo que se logró establecer era que entre la Fiscalía de Mideplán y los abogados de la Corporación existían ángulos diversos para evaluar un mismo antecedente. Lo que correspondía entonces era que las diferencias de opinión fuesen expuestas donde correspondía: el Consejo Nacional que se reuniría al día siguiente, instancia soberana de decisiones de acuerdo a la Ley Indígena.
Se dijo entonces que dicho informe no podía entrar al debate si contenía errores. El Director contra-argumentó señalando que si efectivamente el informe jurídico-técnico no dejaba conforme a los miembros del Consejo, nada impedía que el Consejo, por mayoría o unanimidad, tal como se había hecho muchas veces, solicitase un segundo informe y se diese un nuevo plazo para resolver. Estaba en sus facultades plenas el poder hacerlo.
Surgió entonces la aprensión de fondo: ¿Y qué sucedería si el Consejo aprobaba el Informe? Eso indicaba que entonces no había errores o que el Consejo lo consideraba un informe adecuado. En ese caso, el Consejo pasaba a la etapa de resolución de las solicitudes de permutas, caso a caso, tal como lo estipula el Instructivo 582 de diciembre de 1997, sobre permutas de tierras indígenas. En esas circunstancias, consultado el Director sobre su voto, en el caso a caso, el Director señaló que no concurriría, definitivamente, a la aprobación de tales permutas.
La segunda aprensión se relacionó con el mejor mensaje comunicacional previsible al finalizar el Consejo. Para el Subsecretario Galilea, el mensaje no era que el Consejo de conadi aprobase o no las permutas, sino que el Consejo impusiese mejores condiciones para que tales permutas pudiesen ser aprobadas con mejores ofertas, lo que daría a la conadi una valiosa oportunidad para enmendar lo obrado por endesa y de paso potenciar las ofertas hechas a los Pehuenches y lograr para ellos una mejor negociación.
El Director respondió que ése no era el mensaje más adecuado para la situación actual de las relaciones del mundo indígena con el Gobierno. Había un asunto de confianza y de credibilidad que estaba en juego, especialmente cuando estaba comprobado que endesa había pasado a llevar la Ley Indígena y había vulnerado las facultades del Consejo de Conadi. El mensaje comunicacional sugerido significaba abrir confrontaciones innecesarias con el mundo indígena. Pero el asunto no era sólo político, sino también jurídico. Es decir, se requería dar una señal contundente ante el país y las comunidades indígenas de que ciertos abusos y procedimientos inadecuados, que afectasen a la Ley Indígena y a las comunidades, no serían aceptados. El país debía saber que el Gobierno velaba efectivamente por la protección de las etnias, particularmente, de la etnia pehuenche y que ciertas empresas debían saber cumplir con la luz indígena.
Para ello, el mensaje comunicacional que debía entregar la conadi era simple (aunque no por ello menos complejo): que en el cumplimiento de sus deberes institucionales y de acuerdo al examen jurídico de rigor, el Consejo declaraba no aceptables las solicitudes de permutas y, además, resolvía impetrar la demanda ante Tribunales de nulidad absoluta del contrato suscrito entre endesa y la familia Quipaiñán Piñaleo, junto con exigir por la vía de Tribunales la paralización de las obras en ejecución que no contaban con la autorización del Consejo de la Corporación. Eran dos decisiones inevitables de adoptar, además, porque endesa ante lo solicitado por el Consejo Nacional del 23 de julio no había dado siquiera una señal de buena voluntad. La empresa sólo paralizó las obras, con posterioridad, y luego de que se desencadenaron en el Alto Bío Bío importantes movilizaciones y las comunidades cortaron el tránsito de camiones en el Puente Ñireco.
Los Subsecretarios Lara y Galilea insistieron en su opinión. En un momento, el Subsecretario Lara creyó pertinente entonces suspender la sesión del Consejo Nacional, aun estando a pocas horas de su instalación. El Director señaló que no estaba en sus facultades revocar una decisión anterior del Consejo, el que por su composición mixta (Gobierno-Pueblos Indígenas), cuenta con una jurisprudencia de respeto a sus decisiones soberanas. Máxime cuando no existía causal justificada para suspender el Consejo. La reunión concluyó al mediodía y cada personero volvió a sus labores habituales.
Camino hacia conadi, el Director de la Corporación comprendió en ese momento que su permanencia en el cargo sólo era cuestión de días o de pocas horas. Ya en conadi se reunió con el equipo asesor en Santiago y le comunicó que estaba pronto el desenlace de importantes acontecimientos político-institucionales. Solicitó a la Jefa de Prensa preparar un borrador de comunicado y pidió que se informase a los Consejeros Indígenas que ya estaban en Santiago que estuviesen atentos al curso de los hechos, especialmente, porque era probable que el Consejo fuese suspendido a última hora por órdenes superiores del Ministerio.
Cerca de las 14:30 horas recibió una llamada telefónica del Ministro (S) de Mideplán. Se le informó que hubo una reunión con el Presidente de la República y que el Primer Mandatario compartía el análisis de sus colaboradores cercanos. En consecuencia se pidió al Director de conadi suspender de inmediato el Consejo Nacional. El Director insistió en que no estaba en sus facultades dicha suspensión sin causal justificada y reiteró que le permitieran instalar el Consejo de acuerdo a las normas de la Ley Indígena. Se le indicó que la orden gubernamental era suspenderlo. Como no fue posible acceder a dicha instrucción, se le informó entonces al Director que el Ministro estaba autorizado por el Presidente para requerir su renuncia inmediata al cargo de Director Nacional de la Corporación.
A las 16:00 pm un administrativo de mideplán hizo llegar por mano al Director de conadi un sobre "reservado" con una nota en donde se formuló la solicitud de renuncia, "la que debe hacerse efectiva ahora".
El Director convocó de nuevo al equipo asesor y a Directivos que ya habían llegado a la conadi en Santiago y a las 17:00 hrs les informó la situación producida. A continuación, redactó una nota de renuncia, la que dirigió al Presidente, con copia al Ministro (S) de Mideplán:
Santiago, 05 de agosto de 1998.
Excmo.Señor
Presidente de la República
don Eduardo Freí Ruiz-Tagle
Palacio de La Moneda
Presente
Apreciado Señor Presidente,
El Señor Ministro (S) de Mideplán me ha comunicado en el día de hoy, miércoles 5 de agosto de 1998, la decisión gubernamental de solicitar mi renuncia al cargo de Director Nacional de conadi, luego de cumplirse una serie de reuniones, relacionadas con la decisión del Consejo Nacional de conadi, de fecha 23 de julio de 1998, en orden a iniciar el procedimiento de resolución de solicitudes de permutas de Tierras indígenas Pehuenches vinculadas con el Proyecto Ralco. Con esta nota hago efectiva dicha solicitud de renuncia.
En nuestro examen institucional, conforme a Derecho, y de acuerdo a las normas de la Ley Indígena y reglamentos aprobados por el Consejo de la Institución, llegué a la convicción de que tales solicitudes no pueden ser aprobadas, por no cumplirse un conjunto de requisitos de forma y de fondo analizados con rigor. Existe, además, un hecho real y contundente que es, que el Proyecto Ralco implica efectos irreversibles para la Cultura Pehuenche, su modo de vida, su identidad, sus raíces y su cosmovisión, todo lo cual requiere una consideración de procedimiento que es de superior calidad a la formalidad de permutas que se generaron como resultado de la puesta en marcha de un proyecto industrial en particular, y no como fruto de una decisión y voluntad consciente de los Pehuenches y de sus comunidades.
La Ley Indígena, aprobada por la unanimidad del Congreso Nacional en octubre de 1993, mandata al "Estado y a todas sus instituciones" la tarea de "respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación". Se desprende de este artículo la exigencia que tenemos todos los chilenos de cuidar la existencia de nuestros Pueblos originarios. El Proyecto Ralco, sin duda, afecta este hecho de manera muy definitiva. De ahí, que se hace imprescindible un procedimiento transparente ante la sociedad, que tenga como finalidad generar un amplio consenso nacional en torno al valor que tiene el impacto irreversible para nuestras culturas. En este sentido, los procedimientos empleados por endesa, en su relación con las familias y las comunidades pehuenches merecieron de parte de nuestra Corporación profundas y muy sentidas observaciones que hacen dudosa su propuesta de compensación territorial y de mitigaciones sociales y culturales.
Luego de compartir estos y muchos otros elementos de análisis con autoridades ministeriales, quedó de manifiesto que se produjo una diferencia importante de opinión respecto de nuestras conclusiones institucionales, y como resultado de esto se me ha informado entonces de la necesidad de presentar mi renuncia al cargo de Director Nacional de conadi.
Deseo expresar a Ud. Señor Presidente mis sinceros agradecimientos por brindarme la oportunidad de ponerme al servicio de conadi y de las comunidades indígenas del país. En un año y medio de labor hemos tratado de hacer lo mejor que sea posible para relevar el tema indígena en la sociedad, en los servicios públicos y en la opinión de muchas personas. Recorrí gran parte de diversas comunidades en el país. Restablecimos un importante margen de credibilidad y de confianza en las políticas indígenas del Gobierno y en la aplicación de la Ley Indígena. Ud. ayudó poderosamente en esto al brindar mayor acogida a estas realidades, declarando el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, aumentando de manera significativa la cobertura del Programa de Becas Indígenas e incentivando nuevos recursos para el Fondo de Tierras y Aguas. Encontré acogida en su persona a nuestros planteamientos institucionales y le estoy agradecido por ello y por la oportunidad brindada de servir a nuestros pueblos, de lo cual estoy orgulloso por sus enseñanzas y por su historia.
Chile tiene en los Pueblos Indígenas una gran riqueza social y cultural. Nuestras comunidades esperan mejores oportunidades para sostener y desarrollar su Cultura y su Identidad. El Gobierno puede hacer mucho más todavía por nuestros indígenas. Agradezco la oportunidad que Ud. me dio de haber podido colaborar en ello en este breve tiempo.
Le saluda con afecto y le deseo mucho éxito en su gestión".
Alas 18:00 pm del miércoles 5 de agosto de 1998 caía este telón. Pero, de manera impredecible, se abrió un nuevo proceso. Desde La Moneda, se filtró la información de esta renuncia y los periodistas acudieron agitadamente a la sede de conadi en Santiago. Algunas radioemisoras alcanzaron a difundir noticias extras. Probablemente, ello ayudó a que también llegaran hasta la sede de Arturo Prat 134, dirigentes de diversas comunidades indígenas de la capital. A las 19:00 horas, al momento de tener que retirarse desde conadi, el ahora ex-Director Nacional debió hacer frente a la prensa nacional y explicar ante la opinión pública los delicados acontecimientos.
El Consejo Nacional de conadi había sido abortado.
Dos de sus Consejeros Nacionales tuvieron que renunciar. Y con la nueva renuncia no voluntaria del Director Nacional institucional, en menos de un año y medio, en la relación entre mundo indígena. Estado y sociedad se abrió una mayor herida.
Los días siguientes estarían plagados de hechos noticiosos provenientes de distintas regiones. La renuncia del Director de conadi, ordenada por mideplán, traspasó las fronteras de Santiago. Los Consejeros Nacionales Indígenas se reunieron la noche del miércoles 5 de agosto con el renunciado Director Nacional quien les explicó los hechos.
Al día siguiente, el jueves 6 de agosto, se hicieron presentes en la Conadi y exigieron la presencia del Ministro (S) de Mideplán antes del mediodía. Antonio Lara llegó, efectivamente, acompañado del Fiscal Alfonso Laso y otros funcionarios del Ministerio. Se reunió en privado con los Consejeros Indígenas a quienes entregó la versión gubernamental de los hechos.
En La Moneda, el recién nombrado Ministro del Interior, Raúl Troncóso, (DC) declaró que la renuncia del Director de conadi obedecía a su obstinación de no querer suspender el Consejo de conadi para dar más plazo a reunir antecedentes...Más tarde, autoridades de mideplán señalarían a los medios de prensa que la razón de la renuncia radicaba en un deficiente informe jurídico sobre permutas que el Director no había querido completar. Luego, se insinuaría incluso que el Director habría ocultado información...
El Ministro Secretario General de Gobierno, Jorge Arrate, en un programa noticioso televisivo sólo señaló que se trataba de diferencias insalvables con el funcionario y que por ello, tratándose de un cargo de confianza, tenía que irse del cargo... Las autoridades tenían varios argumentos para un mismo hecho y no había coincidencia en las razones de fondo.
Concluida la reunión con los Consejeros Indígenas, en donde no se llegó a resoluciones, el Ministro (S) Lara ofreció una improvisada conferencia de prensa en la misma sede de conadi, la que se vio interrumpida y alterada por un amplio grupo de dirigentes de las Comunidades Mapuches de Santiago que reaccionaron ante su persona con inusitada hostilidad, lo que hizo necesario que el Ministro y acompañantes tuvieran que refugiarse en una oficina contigua al salón de reuniones, para salir horas después custodiados con fuerzas policiales especiales.
Los Consejeros Nacionales Indígenas demandaron que el Consejo se constituyese de inmediato y solicitaron que éste fuese presidido por el Fiscal de la Corporación, Carlos Vargas, el que ante la renuncia del Director titular, por Ley asume como Director Nacional subrogante, no pudo concurrir hasta la sede de conadi. De hacerlo se habría constituido el quórum necesario para efectuar una reunión que sería exigida por los Consejeros apenas apareciese. Vargas permaneció en Santiago, a la espera de nuevas instrucciones y sin poder acercarse hasta la conadi para tomar el control de la situación. En Mideplán debió firmar obligadamente una resolución, previamente preparada, suspendiendo el Consejo Nacional hasta nueva fecha....
Hasta la sede de Arturo Prat llegó mucha gente durante el día jueves 6 de agosto. Esta situación causó natural preocupación en las autoridades del Ministerio. Se solicitó entonces y se constituyó en el área un fuerte piquete de Carabineros. Se aisló la sede con vallas anti-motines y se ordenó el cambio de las chapas de las puertas principales de la Corporación, de tal modo que ni los funcionarios de la Corporación pudieron ingresar a sus oficinas. En ese sentido, es válido aceptar el hecho de que la Corporación, con estos procedimientos y señales, estaba interdicta e intervenida ante los ojos del mundo indígena.
Así lo entendieron los Consejeros Nacionales Indígenas quienes en su insistencia por constituir el Consejo, concurrieron de nuevo en la mañana del viernes 7 de agosto de 1998 hasta la sede de conadi para intentar ingresar a su propia casa institucional, pero se encontraron con un amplio resguardo policial y las puertas cerradas. Mediante un teléfono celular llamaron al Ministro (S) de Mideplán para que concurriese a explicar por qué se había intervenido de este modo a la Corporación dando un plazo hasta el mediodía de dicho viernes 7 de agosto.
Llegada la hora, y dado que las autoridades de mideplán no llegaron a la zona en conflicto, el Consejero Indígena José Quepuan, en representación de sus pares, improvisó una conferencia de prensa en plena vía pública y declaró congeladas las relaciones del mundo indígena con el Gobierno.
La calle Arturo Prat estaba convulsionada adicionalmente en ese momento con la presencia de más de un centenar de miembros de comunidades indígenas que protestaron por la destitución del Director Nacional de conadi e intentaron ocupar parte de la vereda para manifestarse, siendo impedidos de hacerlo por efectivos policiales.
En la sede del Partido Por la Democracia, en tanto, se anunció una conferencia de prensa de la directiva. El ex-Director, miembro de la Comisión Política del partido, fue convocado a una reunión urgente con la Mesa Directiva Nacional y durante casi dos horas se examinó la situación, luego de lo cual, ante una concurrida conferencia de prensa, el Presidente del Partido, Senador Sergio Bitar, expresó su total respaldo y el reconocimiento del Partido a la labor cumplida por el ex-Director en conadi. Lamentó lo sucedido y señaló que en el Gobierno se había producido una grave desinteligencia política al destituir a un dirigente nacional que cumplía con la tarea de hacer cumplir la Ley Indígena. "En Chile no hay privilegiados y si una empresa afecta los intereses del mundo indígena y no cumple con las exigencias legales pertinentes, esa empresa debe sentir el rigor de la ley", dijo Bitar, y demandó una mayor sensibilidad por los Pueblos Indígenas del país.
Los hechos se fueron desencadenando en forma impredecible. El gobierno regional de la VIII Región tuvo que enviar fuerzas policiales al Alto Bío Bío. A la zona comenzaron a llegar en forma masiva centenares de personas. En Temuco se realizó una multitudinaria concentración aun en medio de una intensa lluvia. Dirigentes y comunidades indígenas de Osorno, ocuparon pacíficamente la sede de conadi en Osorno. En Santiago, la noche del 5 de agosto más de 1.500 personas desfilaron por el centro capitalino expresando su protesta. En el norte reaccionaron las comunidades aymarás y atacameñas con actos en la Plaza de Arica, en Iquique, Calama y con declaraciones públicas y movilizaciones.
Ralco estremeció las noticias. La televisión transmitía despachos noticiosos constantes. Un grupo representativo de dirigentes mapuches de Santiago inició una larga caminata por la carretera 68, hacia Valparaíso, hasta la sede del Congreso Nacional. Era un hecho inédito: mujeres y hombres con sus vestimentas típicas, jóvenes, adultos y niños realizaron la sacrificada marcha a pie por casi 120 kilómetros que caminaron esforzadamente en tres días. Las imágenes de televisión, transmitidas desde la carretera misma, impactaron la conciencia de muchas personas en el país.
En el Alto Bío Bío miembros de comunidades pehuenches, estudiantes y ambientalistas ocuparon el privilegiado Puente Ñireco que delimita el amplio territorio Pehuenche y resolvieron con ello impedir el paso de camiones de la empresa Besalco a cargo de las obras iniciadas en Ralco. Se expresaron de ese modo las acciones en contra de endesa, la que -ahora sí- se vio obligada a paralizar las obras que había iniciado en el Alto Bío Bío sin autorización de la conadi.
Durante todo el mes de agosto, el tema Ralco, conadi y los Pehuenches ocupó planas periodísticas. La opinión pública se sensibilizó ante estos hechos. Y se sucedieron diversos reportajes en televisión, informes especiales y crónicas en diarios y radios; también acudieron importantes corresponsales extranjeros al área de conflicto. La Cadena norteamericana CNN brindó un reportaje especial para millones de tele espectadores... La crisis impuesta en conadi abrió frentes nacionales e internacionales sin precedente.
¿En qué consistió, en realidad, la desinteligencia política a la que aludió el Senador Sergio Bitar, Presidente del PPD?
Lo adecuado era que las autoridades hubiesen permitido el normal desenvolvimiento del Consejo Nacional de conadi en las fechas estimadas, 6 y 7 de agosto de 1998. Si de verdad, el informe jurídico de la Corporación no hubiese dejado conforme a los miembros del Consejo, nada impedía que el Consejo hubiese fijado un nuevo plazo para resolver las permutas de tierras. Y en lo concerniente a la demanda de nulidad absoluta sobre lo obrado por endesa en el Alto Bío Bío, era absolutamente indispensable que dicha demanda se hubiese interpuesto como correspondía hacerlo cuando se había confirmado, de manera fehaciente, que la empresa había incurrido en una falta jurídica. Esto era lo normal que correspondía que un Servicio Público autónomo y descentralizado como conadi hiciera.
¿Por qué la autoridad de mideplán intervino este normal curso de los acontecimientos? ¿Se contaba con órdenes taxativas de hacer aprobar las permutas a como diera lugar? No es posible, porque de ser efectivo, eso sería una intervención en las decisiones del Consejo Nacional de conadi. ¿Por qué ocurrió entonces? Lo dijo el Senador Bitar: por una desinteligencia política. Y cabe agregar: por un acto de desconfianza hacia el Consejo Nacional de la Corporación, lo que produjo la renuncia de los Consejeros Mylene Valenzuela y Cristian Vives, primero, el 29 de julio, y luego, la renuncia del Director Nacional horas antes de iniciarse el Consejo Nacional propiamente tal, el 5 de agosto de 1998.
¿Qué habría sucedido si el Consejo se hubiese reunido?
El primer punto de la tabla era el informe relativo al cumplimiento de nuestra solicitud a endesa, en orden a dejar sin efecto el contrato de arriendo y paralizar las obras. Como los hechos eran de sobra evidentes, esto era -a esa altura- un punto de fácil e inmediato despacho. En consecuencia, se habría resuelto presentar la demanda ante los Tribunales. Los abogados de conadi, por instrucciones del Director Nacional, estaban listos para ello apenas concluyese el Consejo.
El segundo tema en tabla (conocido previamente por todos los Consejeros) era el Informe Jurídico del Comité de abogados de conadi encargados del tema Ralco. Ese informe abordaría la globalidad de las solicitudes de permutas de tierras Pehuenches y se extendería por casi una hora y media, luego de lo cual el Director sometería a la aprobación o no, por parte del Consejo, de dicho Informe.
Si era aprobado, se iniciaba entonces el procedimiento acordado el 23 de julio, de examinar cada una de las 83 solicitudes de permutas, conforme al Instructivo 582 sobre Resolución de Permutas, aprobado en diciembre de 1997, lo que fácilmente llevaría hasta el día siguiente. Por cierto, de acuerdo al tenor del examen era un hecho cierto que las solicitudes de permutas no serían aceptadas.
Si el informe jurídico no era aprobado, entonces los Consejeros, en uso de sus facultades legales, habrían dispuesto un nuevo plazo para decidir, con lo cual la resolución contaría con una nueva fecha. Ahora bien, obviamente, era difícil que el informe de los abogados de la conadi fuese rechazado. Se trata de un equipo muy competente de profesionales, que venían trabajando el tema desde casi un año, con procedimientos rigurosos que serán demostrados más adelante. Gran parte de su labor estuvo acompañada por la Fiscalía de Mideplán. En consecuencia, con dificultad y sólo ante errores de gran magnitud, dicho informe podría haber sido declarado insuficiente. Por lo tanto, era más que proba- ble que la reunión prevista completase su propósito. ¿Por qué esto no fue apreciado del mismo modo por las autoridades de mideplán y del Ejecutivo?
La respuesta es que se había instalado la aprensión de que conadi, en tanto organismo de Gobierno, no podía aparecer incoando un juicio contra endesa con el consiguiente riesgo de hacer aparecer al Gobierno en una posición judicialmente insostenible, especialmente frente a empresas cuya influencia en el campo de las inversiones privadas es muy relevante. De hecho, hay que señalar que después de producidos los cambios ordenados en conadi, los efectos del Informe Abeliuk prácticamente se diluyeron y transcurridos los últimos meses de 1998, la exigencia de la demanda legal contra endesa desapareció de la agenda gubernamental, quedando de ese modo dos informes jurídicos sin su debida aplicación...
En segundo lugar, para algunas autoridades del Ejecutivo, el proyecto Ralco está aprobado ambiental y definitivamente. Por lo tanto, lo que conadi debe cautelar es que los Pehuenches afectados por el proyecto obtengan las mejores compensaciones posibles, de acuerdo a la legalidad vigente y en correspondencia con la Ley Indígena.
Se ha dicho también que era razonable que Mideplán estimase necesario requerir más tiempo para completar el informe jurídico de la Corporación y que por ello se creía necesario suspender el Consejo, lo cual -a su juicio- dependía exclusivamente de la voluntad política del Director Nacional de conadi.
Afirmar esto implica desconocer la mecánica del Consejo Nacional de conadi. Si dicho Consejo estuviese conformado sólo por funcionarios de Gobierno el tema sería fácilmente zanjado, puesto que tratándose de funcionarios dependientes de la autoridad gubernamental, simplemente se les habría notificado la suspensión del Consejo y punto.
Sin embargo, en virtud de la Ley Indígena, el Consejo cuenta con una composición mixta, con 8 representantes del ámbito gubernamental y 8 representantes de las etnias, los que además son elegidos por sus comunidades. El Consejo de conadi es la única instancia en donde los representantes de los Pueblos Indígenas ejercen una forma concreta de co-gobierno sobre políticas indígenas y en donde su voto vale igual que el voto de un Subsecretario gubernamental o un representante del Presidente. Esto es en virtud de la Ley Indígena. Por lo tanto, en la jurisprudencia del Consejo, sólo el Consejo puede revocar un acuerdo anterior y el Director tiene limitadas sus atribuciones, entre ellas, no poder suspender el Consejo sin causal justificada.
En otro aspecto procedimental, se señaló que el pronunciamiento de conadi se relaciona sólo y exclusivamente con el valor comercial, superior o equivalente de las tierras a permutar. Toda otra consideración sería ajena a su resolución.
Pero el punto es contradicho con la existencia formal del Instructivo 582 sobre Resolución de Permutas, el que fue aprobado por la unanimidad de los Consejeros Nacionales en diciembre de 1997, participando en ello, por cierto, los representantes gubernamentales. Dicho Instructivo, en sus artículos 7 y 9 indica como factor de evaluación de permutas la plusvalía presente y futura y el valor cultural agregado de las tierras indígenas. Las solicitudes presentadas por endesa hasta el plazo del 29 de julio de 1998 sólo contemplaban el valor comercial de los terrenos a permutar, los que en algunos casos alcanzaban ciertamente el valor superior o equivalente, pero en otros casos no.
Prácticamente desde el 5 de agosto hasta octubre de 1998 el Consejo Nacional no pudo constituirse. La institución funcionó con importantes limitantes. El comité Ralco, constituido en conadi para efectuar el seguimiento del tema, fue disuelto. La documentación principal fue trasladada a dependencias de mideplán y otros funcionarios se hicieron cargo del examen de las permutas.
La realidad de los hechos, con su carga de temores y desconfianzas hacia el mundo indígena, con la imperiosa necesidad de que no se generasen conflictos con la poderosa influencia de endesa, hizo posible la desinteligencia que puso al Alto Bío Bío, y sobre todo al mundo indígena y su relación con el Estado en uno de los momentos más difíciles de superar.
Fuentes Bibliográficas
1.-Acta de la Sesión del Consejo Nacional de Conadi, del 2 de junio de 1998.
2.-Acta de la Sesión del Consejo Nacional de Conadi, del 25 de junio de 1998.
3.-Informe jurídico del abogado Rene Abeliuk, en relación al contrato de arriendo suscrito entre Endesa y la familia Quipaiñán-Piñaleo en Ralco.
4.-Acta de la Sesión del Consejo Nacional de Conadi, del 23 de julio de 1998.
5.-Informe de la Fiscalía Nacional de conadi sobre las solicitudes de permutas de tierras Pehuenches, presentado al Consejo Nacional el 30 de julio de 1998.
