Caso Carmelo Soria
Carmelo Soria, que militaba en el Partido Comunista, fue secuestrado por
agentes de la DINA el 14 de julio de 1976, cuando volvía dese su trabajo en
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL,
un organismo de la ONU) a su domicilio. Fue asesinado en una sesión de
tortura e interrogatorio en la casa del agente norteamericano de la DINA Michael
Townley. Los agentes pusieron luego el cadáver en el coche de Soria y lo
arrojaron por un despeñadero en las cercanías de Santiago,
intentando simular un accidente por ebriedad.
Próxima sentencia en Chile.
La justicia civil chilena -a través del juez Eliodoro Ortiz, miembro de
la Corte Suprema- se dispone a emitir sentencia sobre el caso del asesinato del
ciudadano español y funcionario de las Naciones Unidas Carmelo Soria,
muerto en 1976 por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA),
según los testigos. El magistrado, que integró la sala del Tribunal
Superior que condenó el año pasado a los dos máximos jefes
de la DINA por el asesinato del ex ministro Orlando Letelier, puede sentenciar de
dos maneras opuestas. O condena a los dos únicos procesados, el coronel
retirado del Ejército Guillermo Salinas y el ex suboficial de carabineros
José Ríos, o acoge la petición de la defensa de sobreseer el
juicio por aplciación de la Ley de amnistía de 1978, o prescribirlo
debido al tiempo transcurrido desde el crimen.
Carmen Soria, hija de la víctima, ha buscado apoyo para conseguir justicia
en reuniones con el presidente de la Cámara de Diputados, Jaime
Estévez; el del Partido Demócrata Cristiano, el principal del
país, Alejandro Foxley; diputados socialistas, el embajador de
España en Chile, Nabor García, y con el juez Ortiz en varias
ocasiones. Al término de la cita con Carmen Soria, el presidente de la
Cámara Baja sostuvo que "para Chile es importante que todos los asesinatos
cometidos en el pasado se esclarezcan, ya que la justicia es la base de la
paz".
Personas protegidas.
El diputado socialista chileno Jaime Naranjo informó que su colega
español del PSOE, Josep Pons, presentó una propuesta ante el
Parlamento Europeo en la que señala que Chile está obligado a
cumplir con un acuerdo suscrito con la ONU en 1973, y ratificado en 1976, que
establece penas para los crímenes en contra de personas internacionalmente
protegidas. Si el juez se atuviera a este acuerdo, no podría amnistiar a
los acusados del caso Soria, aplicando la la ley que dictó el
régimen del general Augusto Pinochet para amparar a quienes atropellaron
los derechos humanos entre 1973 y 1978.
Advirtió Carmen Soria que si el crimen es amnistiado buscará apoyo
entre los parlamentarios de la coalición gobernante para acusar
constitucionalmente al juez Ortiz. De no conseguirlo, acudirá ante la Corte
Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA) y al Tribunal
de Jusiticia de la Haya por denegación de Justicia.
Madrid 28 de mayo de 1996
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