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23nov04
La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados da el acuerdo que permitiría indemnizar a la Familia de Carmelo Soria.
La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, dio hoy el sí al proyecto de acuerdo aprobatorio del convenio entre Chile y Naciones Unidas por medio del cual el Estado se compromete a pagar una indemnización de 1,8 millones de dólares a la familia de Carmelo Soria, diplomático asesinado por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en 1976.
Esto, luego que el diputado DC Gabriel Ascencio participara de la instancia técnica en reemplazo de Waldo Mora, situación que rompió el empate que obligó a los parlamentarios a votar en dos oportunidades el polémico proyecto. De esta forma, la iniciativa quedó en condiciones de ser revisada por la Comisión de Hacienda presidida por Camilo Escalona para luego pasar a la sala de la Cámara, donde hasta el momento existen los votos necesarios para aprobar la millonaria indemnización, según informó terra.cl. Carmelo Soria, residía en Chile desde el final de la Guerra Civil Española (1936-1939), y fue secuestrado por la DINA el 14 de julio de 1976 y dos días después su cadáver apareció con huellas de tortura.
Hecho que impulsó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a recomendar (en 1999) al Gobierno chileno analizar compensaciones económicas para la familia de Soria. Al respecto, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Isabel Allende (PS), indicó que quienes votaron a favor tienen "conciencia que Carmelo Soria era un funcionario internacional que debió haber estado protegido porque hubo un error en el fallo de la Corte Suprema que en un momento se desconoció".
En tanto, tras ser consultada por el monto de indemnización a la familia de Carmelo Soria, la parlamentaria socialista aclaró que se trata de "1,8 millones de dólares, aunque recalcó que el convenio internacional debe primero ser aprobado por el parlamento en su conjunto". Por su parte, el ministro del Interior, José Miguel Insulza, explicó el convenio "no debe ser apreciado como una indemnización a los familiares, sino que más bien como un acuerdo para resolver un problema internacional complejo debido a que Chile debe proteger a los funcionarios diplomáticos extranjeros".
Historia del convenio
El acuerdo se estableció entre el Gobierno de Chile y la ONU, el 19 de junio de 2003, después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a las autoridades nacionales sancionar a los culpables del asesinato, cumplir con el Convenio sobre Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas y dejar sin efecto el Decreto Ley de Amnistía, que data de 1977.
Entre las consultas surgidas en la primera sesión en que se estudió esta iniciativa, los diputados se encargaron de precisar la calidad de Carmelo Soria como "funcionario internacional", y el grado de obligación que tiene Chile en acatar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El mensaje consigna que en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, se estableció que Soria, quien trabajaba en Chile para Celade-Cepal, "murió producto de la violación de sus derechos humanos, a manos de agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), quienes luego intentaron hacer aparecer su muerte como un suceso accidental".
La causa, investigada por la justicia civil y militar, no tuvo una solución satisfactoria para la familia, la que tras agotar todos los recursos judiciales en Chile, presentó una queja contra el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esta instancia, junto con señalar que Chile violó el derecho a la libertad personal, a la vida y a la integridad de Carmelo Soria, recomendó al Estado de Chile establecer la responsabilidad de los culpables en su asesinato, para que sean efectivamente sancionados.
También conminó a Chile a cumplir con el Convenio sobre Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas. Si el Estado no puede cumplir con la obligación de sancionar a los responsables, debe aceptar la habilitación de la jurisdicción universal para tales fines. Además, solicitó a Chile adecuar su legislación para dejar sin efecto la Ley de Amnistía, de modo de poder investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos contra Carmelo Soria, y adoptar las medidas necesarias para que los familiares reciban una adecuada y oportuna reparación, así como una justa indemnización compensatoria.
Por su parte, la familia Soria presentó una demanda civil contra el Fisco, que asciende a dos mil 300 millones de pesos por concepto de daño moral y lucro cesante.
Como consecuencia de todo esto, y tras negociaciones con la familia, el Estado de Chile suscribió un Acuerdo con la ONU, que establece el pago de una cifra única de 1,8 millones de dólares ex gratia, es decir, de gracia, a favor de la familia de Carmelo Soria.
La hija de Soria
Recordemos que tiempo atrás la hija de Soria llamó al Ejecutivo chileno a cumplir sus compromisos internacionales y advirtió que no iba a aceptar "más dilaciones por parte del Gobierno, porque me parecen impropias e impresentables". De la misma forma, comentó que su padre" era funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), y gozaba de inmunidad cuando los efectivos de la DINA lo asesinaron y le dejaron abandonado en el interior de su automóvil, en un canal de regadío", recordó.
[Fuente: Orbe, Chile.com, Santiago, 23nov04]
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