 | Este documento ha sido publicado el 21jul04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights |
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21ago04
El caso del asesinato de Carmelo Soria enfrenta a fuerzas parlamentarias y gobierno.
Los crímenes de Estado cometidos durante la dictadura siguen provocando dolores de cabeza al gobierno. El asesinato del diplomático español Carmelo Soria en 1976, significará desembolsar un millón y medio de dólares por concepto de indemnización, además de una serie de compromisos que firmó Chile con la ONU, luego que la familia Soria demandará al fisco ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Pero el cumplimiento no depende sólo de la voluntad del gobierno del Presidente Ricardo Lagos, sino que requiere del respaldo de la mayoría de la Cámara de Diputados y del Senado para sacar los fondos del Tesoro Público e implementar las acciones que determina el documento que en su momento firmó la canciller Soledad Alvear.
A la vuelta del receso distrital, corresponderá debatir el texto del Ejecutivo en las comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda de la Cámara Baja y los ánimos se prevén desde ya alterados por parte de algunos sectores de la derecha, que consideran injusto y discriminatorio este acto de reparación suscrito a nivel internacional.
Mala cara en la oposición.
Renovación Nacional ha dejado claro sus aprehensiones, al punto de que han señalado que piensan incorporarlo al debate de la comisión política del tienda que lidera Sergio Diez.
De acuerdo al diputado de la comisión de Relaciones Exteriores, Francisco Bayo (RN) "será en esta instancia partidaria donde se tome una posición definitiva. A mí por lo menos me produce cierto sentimiento de injusticia la celeridad con que se producen indemnizaciones en un sentido y no en otro, hay criterios diferentes para sancionar e indemnizar y declarar culpabilidades e inocencias".
Afirmó que existen dudas respecto de las repercusiones que podría tener la ratificación del acuerdo con la ONU, pues "Soria era un funcionario diplomático muy especial y de repente uno forja una imagen alrededor de lo que conviene una vez que se producen determinados hechos y por lo menos los antecedentes que yo tengo me inducen a pensar que no estaba tan claro su carácter de diplomático".
Justamente ese fue uno de los planteamientos que emanó desde los tribunales, y quedó ratificado en 1996 cuando se aplicó la amnistía y se sobreseyó la causa.
El ex diplomático español desarrollaba funciones en la Cepal, pero no de jefatura, lo que no lo incluiría entre los funcionarios internacionales protegidos. Sin embargo, la propia ONU le dio el carácter de funcionario superior permanente a través de documentos que así lo acreditan y que fueron aceptados por la cancillería de la época.
Este debate toma fuerza en el seno de la UDI, donde su jefe de bancada Rodrigo Álvarez señaló que "no hemos adoptado una decisión oficial, probablemente la próxima semana determinemos nuestro camino a seguir una vez que tengamos todos los antecedentes. Hay que evaluar los argumentos del Ejecutivo y hace falta un estudio acabado de los integrantes de las comisiones y posteriormente de la bancada".
El parlamentario del gremialismo Juan Masferrer, quien pertenece a la comisión de Relaciones Exteriores, sostuvo que corresponde "ver el detalle del acuerdo y el compromiso del gobierno con la familia y los organismos internacionales, creo que es un tema debatible, no es una cosa tan fácil, pues más allá de la indemnización no sé que otros compromisos adquiere el gobierno y los alcances que eso tiene".
Recalcó que "hay mucho paño por cortar en este tema. Indudablemente no ha existido la misma voluntad para otros casos tan emblemáticos y necesarios como el de Soria. El haber llegado a un acuerdo internacional significa que hay muertes que tienen valores distintos y eso no lo creo. No estamos teniendo la misma sensibilidad con otros, hay que ver todos los casos y están entrampados en el Congreso por ejemplo otros proyectos de DDHH y reparación".
Concertación cierra filas.
En la otra cara de la moneda, en la Concertación la máxima es lograr cuanto antes el acuerdo parlamentario. La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Isabel Allende, manifestó que "hay que explicar que esto es un compromiso que adquirió el Estado de Chile y en tal sentido debiera respaldarse. Yo entiendo que en algunos casos produce resquemores, pero ojalá haya comprensión para entender que este es un compromiso de Estado que se tiene que cumplir".
Advirtió que de no aprobarse el acuerdo se obstaculiza la marcha de los compromisos adquiridos y que ello puede exponer al país a que la Corte Interamericana vea el caso "e incluso pueda producir sanciones a Chile".
La parlamentaria enfatizó que "debiera respetarse y entenderse que no fue nada sencillo llegar a este acuerdo final, como una señal clara de que el Estado asume la responsabilidad que le cupo en el sentido que fueron agentes pagados por el Estado los que actuaron, y en el sentido de dar una señal de respeto a la familia de Carmelo Soria".
Similar es la mirada del diputado Jorge Tarud (PPD), quien indicó que a pesar de existir razones de Estado no se puede garantizar un respaldo absoluto. "Yo no sé si esto salga rápido, hay que ver que va a pasar. Es un compromiso del Estado, pero el problema es que no es el Ejecutivo el que vota en el parlamento y creo que puede haber cierta oposición de la derecha".
El diputado Eugenio Tuma, también PPD e integrante de la comisión de Hacienda, es más optimista. "Lo vamos a tramitar lo más rápido posible porque creo que este es un tema al que debiéramos haber dado respuesta hace muchos años ya. Hay un compromiso de Estado y un compromiso con la justicia de reparar en parte el mal causado por agentes del Estado".
Adelantó que para su aprobación se requiere mayoría simple de los parlamentarios, por lo que no debiera ser tan complicado el trámite a pesar de la posible negativa de la derecha. "Basta con los parlamentarios de la Concertación, pero además creo que va a haber legisladores de derecha que van a respaldar, en tanto se trata de una exigencia internacional".
El acuerdo.
El 19 de junio de 2003 se suscribió en Santiago el compromiso entre el gobierno chileno y la ONU que establece el pago de una cifra única y total de un millón 500 mil dólares por concepto de indemnización a favor de la familia de Carmelo Soria.
El acuerdo consta de ocho artículos permanentes, en que el fisco se compromete a reconocer la calidad de funcionario de la CELADE-CEPAL de Soria al momento de su homicidio a manos de agentes del Estado en 1976.
Se establece además que la familia Soria pondrá termino a la acción internacional y a las medidas de seguimiento del informe, esto incluye poner fin a la demanda judicial que persigue la responsabilidad extra contractual del Estado, caratulada "Soria contra el Fisco" que se encuentra en el Cuarto Juzgado Civil de Santiago, y evitar posteriores querellas o demandas contra el fisco.
Entre las medidas de reparación simbólicas, que incluye el acuerdo, se encuentra una declaración pública del gobierno chileno reconociendo la responsabilidad del Estado en la muerte de Soria y levantar una obra que recuerde la memoria del asesinado diplomático.
Asimismo el gobierno deberá presentar ante los tribunales una solicitud para reabrir el proceso criminal y perseguir la responsabilidad de quienes dieron muerte a Soria.
Hay que recordar que la investigación fue tramitada inicialmente por el Tercer Juzgado del Crimen de Santiago y luego por la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Violeta Guzmán. En 1993 la justicia militar trabó una contienda de competencia con el fuero ordinario que en definitiva significó que el proceso se quedó en manos de los tribunales castrenses.
La cancillería solicitó a la Suprema un ministro para que en calidad de tribunal unipersonal de excepción conociera de este asunto al verificarse la causal 2 del artículo 53 del código orgánico de tribunales, tratándose de un delito de jurisdicción de tribunales chilenos que podía afectar las relaciones internacionales, en este caso con España al ser Soria diplomático de esa nacionalidad.
En una primera instancia la Corte denegó la solicitud, pero más tarde designó a Marcos Libedinsky como ministro instructor. Tras estudiar el caso, el magistrado aplicó la amnistía, aunque advirtió que el homicidio fue ejecutado por la brigada Mulchén de la DINA sin determinar responsabilidades individuales.
Una nueva apelación hizo que la Corte Suprema reabriera el caso, encargando al ministro instructor diligencias específicas. Pero nuevamente el proceso se empantanó, Libedinsky se inhabilitó y el pleno designó a Eleodoro Ortiz.
El caso suma y sigue, pues Ortiz dictó dos procesamientos, pero otra vez la amnistía se hizo presente. El 23 de agosto de 1996 la Sala Penal del máximo tribunal del país rechazó el recurso de apelación de los querellantes y ratificó el fallo de Ortiz. La razón esgrimida era que Soria no era agente de una organización intergubernamental, pues esa calidad la ostentarían en Cepal sólo los jefes.
Mientras se realizaban estas gestiones en el plano criminal, en el civil se levantaba un segundo escenario. El 24 mayo del 2000, la familia Soria presentó una demanda contra el Fisco por daño moral estimado en 500 millones de pesos a favor de la viuda Laura Gonzalez y los tres hijos , y además, por concepto de lucro cesante, cifra que se fijó en 300 millones de pesos a favor de la viuda.
Tras una serie de conversaciones se llegó a la cifra de un millón y medio de dólares.
[Fuente: La Nación, Santiago de Chile, 21ago04]
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