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19feb16
Juristas identifican al menos 12 delitos en caso Evo-Zapata
Abogados penalistas y constitucionalistas identificaron al menos 12 delitos en el polémico caso de Gabriela Zapata Montaño, madre de un hijo del presidente Evo Morales y ejecutiva de la empresa china CAMC, que se adjudicó millonarios contratos con el Estado.
A inicios de febrero, el periodista y presentador Carlos Valverde denunció que la empresa china CAMC se adjudicó millonarios proyectos y esto debido a que su ejecutiva comercial, Gabriela Zapata, es expareja y madre de un hijo del Presidente.
El Primer Mandatario admitió que tuvo una relación con Zapata Montaño, pero negó tráfico de influencias.
Autoridades de Gobierno confirmaron que CAMC se adjudicó siete proyectos; sin embargo, el contrato de construcción de la línea férrea Bulo Bulo- Montero fue resuelto y adicionalmente se inició el trámite para la ejecución de boletas de garantía por un monto de 158,8 millones de bolivianos.
En ese marco, la abogada Audalia Zurita dijo que según los antecedentes se evidenció delitos de uso indebido de influencias, legitimación de ganancias ilícitas, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, peculado, conducta antieconómica y organización criminal.
"El tráfico de influencias puede realizarse a través de terceros, que también se llaman operadores, no necesariamente tiene que figurar el Presidente, puede ser interpóstita persona, y ahí hay uso indebido de influencias. En este caso, la decisión no la tomó directamente el Presidente, la tomaron diferentes autoridades", explicó Zurita y agregó que si se evidencia que participaron varias personas en la contratación de la china CAMC, incluso, se puede tipificar que hubo una "organización criminal".
En la misma línea, el constitucionalista José Luis Santistevan indicó que hay contradicciones entre los procesos de contrataciones de CAMC, pues la compra de tres equipos petroleros fue en 2011 y la empresa china informa sobre la viabilidad que otorgó la Gerencia Comercial, cuando ésta recién aparece en 2013. "Aquí hay otro delito", dijo.
La diputada Norma Piérola (PDC) señaló que también hay indicios de que un posible beneficio en razón del cargo, consorcio de jueces, fiscales y/o abogados, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica.
"En este acaso aparecen fortunas, si aparecen fortunas es que hay comisiones de por medio y el Estado no reconoce comisiones absolutamente a nadie. Si hay dineros del Estado que han ido a manos de privados hay delito", indicó Piérola y recordó que la expareja de Morales devenida en empresaria vive en una mansión con un anticrético de 100 mil dólares.
Temas a investigar
Observación: El constitucionalista José Luis Santistevan dijo que por mandato de la Constitución los delitos penales de corrupción y daño económico al Estado no prescriben. Agregó que en todos los procesos de contratación de la empresa CAMC participan servidores y exservidores públicos dependientes del Presidente.
Normas: Santistevan señaló que todos los procesos de contratación se realizan en base decretos supremos que autorizan contrataciones directas y por excepción. Todas las contrataciones directas y/o por excepción deben ser sujetos de auditorías por mandato de la ley, pero no se conoce ningún resultado de auditorías sobre estos contratos.
Investigación: El jurista Santistevan sostuvo que la investigación no puede ser desarrollada por el Ministerio de Transparencia ni mucho menos por ministerios o una intervención del Gobierno, como la Contraloria, porque son parte del Órgano Ejecutivo involucrado en los hechos sometidos a investigación.
Descrédito: El jurista Eduardo León afirmó que la Contraloría y la Asamblea no son los órganos idóneos para investigar delitos porque carecen de competencias.
Gobierno prevé daño de Bs 60 millones
El Gobierno calcula que el daño económico que causó la empresa china CAMC al Estado boliviano, por incumplir el contrato para la construcción del primer tramo del tren de carga Montero-Bulo Bulo, asciende a unos 60 millones de bolivianos (8,6 millones de dólares), reveló el jueves el ministro de Obras Públicas, Milton Claros.
"El balance que nosotros estamos viendo es alrededor de unos 60 millones de bolivianos que se está generando como perjuicios y como daños", informó Claros, tras inaugurar una guardería en el Palacio de Telecomunicaciones de La Paz, donde funcionan al menos cinco ministerios.
Claros recordó que el Ministerio de Obras Públicas inició a principios de enero de este año una acción penal contra la empresa china CAMC por incumplimiento de contrato y ocasionar perjuicios al Estado boliviano, ya que el tren Montero - Bulo Bulo es un proyecto complementario a la Planta de Amoniaco y Urea que se construye en Cochabamba.
[Fuente: Página Siete, La Paz, 19feb16]
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